El Comité de Facilitación del Comercio Internacional analizó junto a Deloitte cómo opera el First Sale for Export, un criterio de valoración aduanera que permite rebajar la base sobre la que se calcula ese recargo, y qué respaldo documental exige para sostenerse ante una fiscalización posterior de la CBP.

Cuando una empresa chilena declara sus mercancías ante la aduana de Estados Unidos, informa el precio de la última venta de la cadena, la que le hace al importador. Ese es el monto más alto del recorrido y sobre él se calcula el arancel. La normativa estadounidense admite, cumplidas ciertas condiciones, declarar una venta anterior. La diferencia entre una base y otra explica por qué dos empresas con el mismo producto y la misma tasa pueden terminar pagando cifras distintas.

Esa diferencia de base ordenó el conversatorio "Estrategias de Mitigación Arancelaria" que el Comité de Facilitación del Comercio Internacional de AmCham Chile realizó junto a Deloitte, una sesión organizada en torno a una pregunta operativa: qué puede hacer hoy un exportador chileno mientras las negociaciones entre ambos gobiernos siguen su curso. Bajo la Sección 301 —la disposición de la legislación comercial estadounidense que faculta al Representante Comercial de Estados Unidos para aplicar aranceles tras una investigación—, las mercancías chilenas alcanzadas por la medida enfrentan un recargo de 12,5% que se suma al arancel base del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se mantiene en cero.

Fernanda Soza, Gerente General de AmCham Chile, abrió el encuentro describiendo el cambio arancelario como una condición estructural del comercio bilateral, con efectos en los márgenes y en decisiones concretas de las empresas socias sobre cómo y desde dónde atienden el mercado estadounidense. "En AmCham creemos que nuestro rol en momentos como este no es reaccionar con alarma, sino convocar", señaló, y situó la sesión dentro del marco institucional que sostiene la relación entre ambos países, el Tratado de Libre Comercio y el Convenio Tributario que evita la doble tributación.

La exposición técnica estuvo a cargo de Gabriela Landeros Herrera, Senior Manager de Global Trade & Customs de Deloitte Chile, quien llegó a la firma este año tras diecisiete años en el Servicio Nacional de Aduanas, nueve de ellos como subdirectora técnica. Su punto de partida fue una distinción que la conversación pública suele saltarse. "No nos quedamos solo en lo que se queda el público en general, que habla de la tasa. También hay que mirar la base, porque si la base es distinta, la conversación también es distinta", planteó.

El First Sale for Export es un criterio de valoración aduanera vigente en Estados Unidos, con base legal en la sección 1401a(b) del título 19 del Código de ese país, que permite declarar el valor en aduana sobre el precio de una venta previa a la última transacción anterior a la importación. En el ejemplo que presentó Deloitte, un productor vende al intermediario en 80 dólares y este al importador estadounidense en 100. Con la misma tasa de 12,5%, el arancel baja de 12,5 a 10 dólares por unidad. Landeros fue explícita sobre el estatus normativo del mecanismo, para despejar cualquier lectura de atajo: "Esto no es una franquicia, no es una excepción en la normativa de Estados Unidos: es un método".

Ese método exige condiciones verificables: una venta genuina, con transferencia real del título de propiedad y del riesgo; mercancías destinadas a Estados Unidos desde el origen; sustento de que la vinculación entre partes relacionadas no influyó en el precio declarado, y la información necesaria sobre regalías o licencias para incorporar los ajustes legales que correspondan.

La mayor parte de la presentación se ocupó de lo que viene después del ahorro. "El ahorro es solo el primer paso de este proceso, pero no es solo ahí donde uno se queda", dijo la especialista. La CBP, el servicio aduanero estadounidense, revisa el valor declarado una vez que la mercancía ya entró al país, según el criterio de la Organización Mundial de Aduanas. "El valor nunca se fiscaliza en la frontera", resumió. Una auditoría de ese tipo alcanza los estados contables y financieros de la compañía, y cruza información del Servicio de Impuestos Internos sobre precios de transferencia y rentabilidad con datos de las aduanas de origen. Landeros mencionó pronunciamientos escritos de la CBP sobre casos concretos, los rulings, en que una estructura de First Sale se cae porque el intermediario carece de sustancia real, es decir, de personas, activos y decisiones propias que respalden su papel en la cadena.

A eso se suma una tensión regulatoria que afecta a cualquier empresa con partes relacionadas. La Aduana mira el valor declarado y el Servicio de Impuestos Internos, la rentabilidad de la operación, y la compañía debe sustentar la misma transacción ante ambas autoridades sin contradecirse. "La empresa es como el jamón del sándwich entre estas dos autoridades que miran cosas distintas", graficó. La ejecutiva advirtió también que el mecanismo no sirve para todas: hay empresas cuya estructura ya lo permite sin que lo sepan y otras donde el rediseño necesario supera el beneficio esperado.

Jivan Datta, Principal de International Tax de Deloitte en Estados Unidos y líder global del área de la firma dedicada al alineamiento de la cadena de valor, llevó la discusión desde la operación aduanera hacia el diseño de la cadena de suministro. Su presentación describió el desplazamiento desde modelos con propiedad intelectual centralizada y manufactura por contrato hacia estructuras regionales con funciones efectivas. Las compañías que salieron de China hacia el sudeste asiático o India, explicó, se encontraron con que los ajustes arancelarios podían alcanzarlas igual en el nuevo destino, y la agilidad terminó desplazando al costo como criterio dominante de diseño. Sus conclusiones apuntaron a que los hubs regionales necesitan la misma sustancia que exige la valoración aduanera y a que cada cambio digital o de inteligencia artificial tiene una consecuencia tributaria.

Ambas exposiciones llegaron por caminos distintos a la misma exigencia, que la estructura declarada sea real y esté documentada de punta a punta. Landeros lo sintetizó en una frase: "Todos estos componentes tienen que contar la misma historia".

Sobre las decisiones de instalación regional, la especialista citó a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, según la cual la red de acuerdos comerciales de Chile alcanza cerca del 90% del PIB mundial, y agregó una advertencia: "Eso hace a Chile muy competitivo en la toma de decisiones. Pero no basta eso para querer instalarse en Chile". Deloitte sitúa al país como el de la red de tratados más amplia de la región, con antecedentes como plataforma de inversión y capacidad de alojar funciones de valor o de propiedad intelectual donde la sustancia sea real. En la Alianza del Pacífico, la acumulación de origen permite que los insumos provenientes de los países miembros se computen como originarios, lo que amplía el margen para decidir dónde se fabrica cada componente.