Columna de opinión de Constanza Salas, Head of legal de Cervecería AB InBev.

En los últimos años, la transformación digital ha revolucionado e incluso redefinido innumerables sectores, y el ámbito legal no ha sido la excepción. En efecto, el sector jurídico, tradicionalmente reticente a la innovación tecnológica, ha comenzado a adoptar con mayor rapidez herramientas digitales, especialmente tras la pandemia. La flexibilidad y eficiencia que ofrece la digitalización han demostrado ser una ventaja competitiva clave para las empresas. No obstante, no es baladí que esta transformación deba ir acompañada de una estrategia sólida de gestión de riesgos, asegurando que la tecnología sea una aliada sin comprometer la privacidad, la seguridad, la responsabilidad y la ética en la práctica legal.

En este contexto, la automatización de tareas repetitivas, como la creación de contratos comunes y el uso de software de gestión de contratos (Contract Lifecycle Management, CLM), puede reducir significativamente el tiempo invertido en estas actividades, minimizando costos, tiempos de respuesta y errores humanos, lo que permite a los equipos legales centrarse en tareas de mayor valor estratégico para la empresa.

Asimismo, la digitalización del repositorio documental y el uso de almacenamiento en la nube facilitan el acceso inmediato a la información, mejorando la toma de decisiones, la eficiencia operativa y la gestión del conocimiento dentro de los equipos legales.

A su vez, esta gestión mediante tecnología genera datos que se convierten en insumos clave para la toma de decisiones estratégicas. En efecto, la integración de sistemas de analítica jurídica permite generar reportes detallados que facilitan decisiones fundamentadas, alineando la estrategia legal con los objetivos del negocio. De hecho, según estudios, en 2024 el 60% de los departamentos legales de grandes empresas ya habían implementado tecnologías de automatización para mejorar la eficiencia operativa, y se espera que esta tendencia continúe en aumento.

Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios que aporta la digitalización, es fundamental no encandilarse con sus ventajas y abordar con cautela los desafíos que conlleva su implementación para así mitigarlos adecuadamente.

Uno de los riesgos más críticos es la ciberseguridad. La información legal es altamente sensible y cualquier brecha en la protección de datos puede derivar en pérdidas económicas, daños reputacionales y sanciones regulatorias. Por ello, la implementación de medidas de seguridad, como la encriptación de datos, la autenticación multifactorial y auditorías periódicas, resulta fundamental para mitigar estos riesgos. En ese sentido, según la consultora Forrester, se estima que para 2025 el 75% de los equipos legales in-house habrá experimentado al menos un intento de ciberataque dirigido, lo que refuerza la urgencia de una estrategia robusta en ciberseguridad.

Otro aspecto crítico a considerar es la dependencia tecnológica. La integración de nuevas plataformas digitales debe realizarse con una estrategia de actualización y escalabilidad que evite que fallos en los sistemas obstaculicen la operatividad del departamento legal. La capacitación continua en nuevas herramientas también es clave para garantizar una transición efectiva hacia un entorno digitalizado. Solo así los abogados podremos aprovechar al máximo el potencial de la tecnología sin comprometer la calidad de nuestro trabajo.

Ahora bien, aunque la automatización ha sido un gran avance para la eficiencia operativa, el uso desmedido e indiscriminado de herramientas de LegalTech podría afectar negativamente la calidad de la asesoría legal. En efecto, si bien los algoritmos permiten analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones con rapidez, la interpretación y aplicación del derecho requieren un enfoque crítico y contextualizado que solo los profesionales del derecho pueden proporcionar. Así, la excesiva dependencia de la automatización podría derivar en respuestas estándar que no consideren los matices específicos de cada caso, reduciendo la capacidad de los abogados para ofrecer soluciones personalizadas y estratégicas. La tecnología puede optimizar la identificación de riesgos y tendencias, pero no sustituye el criterio humano en la interpretación normativa, la toma de decisiones y la estrategia legal; más bien, la complementa.

En el caso de la inteligencia artificial, su aplicación en el análisis legal presenta desafíos adicionales en términos de responsabilidad y ética. Aunque estas herramientas pueden optimizar la identificación de riesgos y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, es fundamental que los profesionales del derecho mantengan una visión crítica sobre sus implicancias. La regulación de la IA en el ámbito jurídico sigue siendo un área en desarrollo, y organismos internacionales han comenzado a debatir sobre la necesidad de establecer marcos normativos claros para su uso. Mientras tanto, los abogados in-house deben evaluar con criterio el impacto de estas tecnologías en el entorno empresarial y garantizar que su implementación fortalezca, y no debilite, la práctica del derecho.

El avance tecnológico no solo es inevitable, sino que representa una oportunidad invaluable para transformar el ejercicio del derecho en algo más ágil, eficiente y estratégico. La clave no es resistirse a la digitalización, sino adoptarla con inteligencia y responsabilidad. Un ecosistema legal digitalizado debe priorizar la seguridad, la ética y el juicio humano como pilares fundamentales, asegurando que la tecnología no solo optimice procesos, sino que también los fortalezca.