El diputado Diego Schalper, autor de una de las mociones, compartió el panel con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que ingresó indicaciones al texto, y con representantes de la academia y el mundo jurídico, en una conversación sobre las exigencias que podrían enfrentar las plataformas.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, a través de su Mesa de Regulación Digital, realizó el conversatorio “Regulación de plataformas e inteligencia artificial para entornos digitales seguros”, un panel moderado por Cristóbal Lea-Plaza, secretario ejecutivo de la Mesa y Gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google. Participaron el diputado Diego Schalper, autor de uno de los proyectos de protección digital infantil que se discuten en la Cámara de Diputados, quien abrió la ronda de intervenciones; Magdalena Claro, a cargo del Centro para el Bienestar y Desarrollo de la Adolescencia y Niñez en la Era Digital (BAND); Bárbara Reyes, directora en Magliona Abogados, y Sebastián Sotomayor, coordinador legislativo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En sus palabras de bienvenida, Fernanda Soza, Gerente General de AmCham Chile, vinculó la discusión con el ingreso de la inteligencia artificial a las empresas. “La adopción tecnológica no avanza simplemente porque las herramientas estén disponibles, sino porque hay confianza. Y esa confianza se construye, en buena medida, cuando las personas, y especialmente las familias, sienten que el entorno digital es un lugar seguro”, afirmó.

La preocupación de las familias tiene respaldo en cifras. Según el informe “Growing up in the social media age” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), elaborado con datos de la prueba PISA 2022, los estudiantes chilenos de 15 años declaran pasar más de 45 horas semanales en redes sociales, la cifra más alta entre los países analizados. El promedio de la organización ronda las 35 horas, y en Japón, el país con menor uso, no alcanza las 26. El mismo estudio asocia más de tres horas diarias de uso con un menor rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias.

El Congreso tramita varias respuestas a ese diagnóstico. La de Schalper, presentada en mayo con el patrocinio de diputados oficialistas, de oposición y de bancadas no alineadas, toma como referencia la legislación australiana. Prohíbe a los menores de 16 años acceder a redes sociales y plataformas de transmisión en vivo, aun con autorización de sus padres, y extiende la restricción hasta los 18 años para los sitios de apuestas, la pornografía, los videojuegos de violencia extrema y los chatbots de inteligencia artificial. A los proveedores les exige mecanismos de verificación de edad y advertencias sobre el potencial adictivo de sus servicios, con multas de entre 3.000 y 5.000 UTM, que se duplican en caso de reincidencia, para quienes omitan esos controles.

La moción de Schalper se tramita refundida con otras tres en un solo proyecto, conocido como Entornos Digitales Seguros, que la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación aprobó en general en julio. Entre los textos refundidos hay uno que apunta a prohibir los diseños de interfaz adictivos para menores, exigir reportes periódicos de riesgo e integrar la alfabetización digital como herramienta de prevención.

El Ejecutivo también tomó parte en la tramitación, y en el panel Sotomayor explicó las indicaciones que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ingresó al proyecto tras coordinar una mesa interministerial. La propuesta crea una Política Nacional de Entornos Digitales Seguros con una vigencia de seis años, orientada a la prevención, la investigación, el acompañamiento familiar y la formación, y gradúa las obligaciones de las plataformas según el riesgo que representen para los menores.

Ese abanico de instrumentos es el que Soza identificó como el centro del debate. Límites de edad, verificación, acompañamiento parental y exigencias sobre el diseño de las plataformas tienen beneficios, costos y desafíos de implementación distintos. “Para las empresas, la pregunta es muy práctica: cuál será el estándar de cumplimiento, a quiénes alcanzará, quién lo fiscalizará y con qué plazos de adecuación. Y es una pregunta que no involucra solo a las redes sociales, sino a cualquier organización que incorpore herramientas de inteligencia artificial en sus productos y servicios”, planteó.

La fiscalización sigue abierta en la tramitación. Durante el debate en comisión, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, propuso vincular la supervisión a la futura Agencia de Protección de Datos Personales y evaluar la creación de una entidad especializada.

Las otras dos voces del panel aportaron miradas distintas. Claro dirige BAND, el primer centro de investigación de Chile y América Latina dedicado a estudiar cómo la digitalización afecta el desarrollo y el bienestar de niños y adolescentes, con sede en la Pontificia Universidad Católica. Reyes, en tanto, planteó reparos a la restricción de acceso, por considerar que alejar a los menores de las plataformas también los aparta de la vida pública. La sesión cerró con un espacio de preguntas de los socios.

Soza definió el aporte que la Cámara busca hacer en esta etapa de la discusión. “Nuestro rol es ser un puente: reunir en una misma mesa al legislador, al Ejecutivo, a la academia y a las empresas. Queremos que la regulación que surja proteja bien a las personas y, al mismo tiempo, permita que Chile siga avanzando en la adopción responsable de la tecnología”, señaló.