La académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica presentó datos de opinión pública sobre el repunte del respaldo ciudadano en los últimos años y advirtió que la fragmentación del sistema político limita la capacidad de los gobiernos para responder a la principal demanda actual, la economía.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, a través de su Círculo de Asuntos Corporativos, realizó el conversatorio “Instituciones, confianza y crecimiento: lecciones para el Chile que viene”. La exposición estuvo a cargo de Loreto Cox, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica e integrante del Comité de Opinión Pública de la Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), y la moderación correspondió a Fernanda Soza, Gerente General de AmCham Chile.

Soza abrió la conversación en el terreno de las empresas. Según el Estudio de Confianza 2026 de PwC Chile, la Universidad Diego Portales y la Asociación Chilena de Seguridad, el 86% de los ejecutivos cree que sus clientes confían en ellos, mientras solo el 24% de los consumidores declara hacerlo. “Achicar esta brecha es en buena medida el trabajo de quienes estamos en esta sala”, afirmó. Luego planteó la conexión que ordenó la mañana: “Un inversionista no mira simplemente una cifra de crecimiento, sino la solidez de las reglas, la estabilidad de las instituciones y la capacidad de un país para construir acuerdos”.

La respuesta de Cox partió con una buena noticia. “Creo que en el escenario actual la ciudadanía le está dando una nueva oportunidad a las instituciones en el país”, dijo. El primer indicio está en cómo se mira hoy el estallido social de octubre de 2019. De acuerdo con la Encuesta CEP, el 55% de los chilenos declaraba apoyar las movilizaciones en diciembre de ese año, y en 2024 la cifra había caído a 23%. “La gente ni siquiera se acordaba que había apoyado estas protestas”, observó la académica.

La recuperación se extiende a casi todos los organismos medidos. Según la Encuesta CEP de 2026, la PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas superan el 55% de confianza, cuando a fines de 2019 marcaban entre 17% y 25%, y las empresas privadas rondan un tercio. Los partidos políticos, en torno al 6%, y el Congreso, cerca del 13%, siguen al fondo de la tabla. Cox subrayó que la mejora devolvió esos indicadores a niveles de comienzos de los 2000, bajos en la comparación internacional y, por lo mismo, frágiles. “Si se nos vienen de nuevo unos casos de corrupción por aquí, por allá, se pueden desplomar nuevamente, pero pareciera que hay una revalorización de las instituciones”, advirtió.

Cox puso en duda, sin embargo, que la política esté en condiciones de aprovechar esa oportunidad. “Nuestra política sigue funcionando de forma muy precaria, y yo diría incluso disfuncional”, sostuvo. La causa que identificó es una fragmentación que opera en dos planos.

El primero es el Congreso. Según los datos que presentó, la identificación con los partidos pasó de cerca de 70% a comienzos de los noventa a un mínimo de 14% en 2019. “Un 14% de identificación con los partidos es un número con el que ninguna democracia puede funcionar bien”, afirmó. Hoy ronda el 43%, pero está tan repartida que ninguna colectividad supera el 6 o 7% de adhesión. Con 17 de ellas en la Cámara de Diputados, cualquier negociación se vuelve cara e inestable.

El segundo plano es la elección presidencial. Los dos últimos mandatarios obtuvieron alrededor de un cuarto de los votos en primera vuelta, lejos de la mayoría absoluta con que ganaron Patricio Aylwin y Eduardo Frei, y completaron su respaldo en el balotaje. “Son votos que de alguna forma son prestados, y así como se los prestan, rápidamente se los quitan”, explicó. De ahí que, según la serie de Cadem que mostró la expositora, los presidentes pierdan aprobación dentro de su primer año y las coaliciones se tensionen. “Es una década donde los incumbentes pierden las elecciones”, resumió Cox, que atribuyó la tendencia regional a una ciudadanía menos tolerante con la corrupción y a gobiernos que prometen más de lo que pueden cumplir.

La agenda ciudadana también cambió de prioridad. La seguridad muestra mejoras, con el punto más alto de homicidios en 2022 y una tasa de 5,4 por cada 100 mil habitantes en 2025, según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, una tendencia que, precisó Cox, comenzó antes del actual gobierno. “Hoy día el problema grande que está pendiente es el tema de la economía”, afirmó. Según los datos de la académica, la evaluación de la situación económica personal está tan deteriorada como en los peores momentos de la última década, con un desempleo cercano al 10% y más alto entre las mujeres.

Cox presentó también una serie de opinión pública que muestra a la ciudadanía oscilando entre la preferencia por el esfuerzo personal y la demanda de garantías del Estado. Para Cox, los chilenos son moderados y reaccionan a lo que ofrece cada gobierno. La demanda de Estado alcanzó sus picos con la elección de Michelle Bachelet en 2013 y de Gabriel Boric, y retrocedió en las de Sebastián Piñera. “Las elecciones se ganan en el margen”, recordó, y basta que un 3% de los votantes cambie de bando para dar vuelta un resultado. Con ese antecedente, anticipó que un gobierno con una visión marcadamente pro esfuerzo personal probablemente provoque una reacción hacia una mayor demanda de Estado, aunque matizó de inmediato que “ninguna de estas cosas son leyes físicas”. Su frase final apuntó en la misma dirección: “La ciudadanía no comparte la visión de que superar el problema económico pasa por eliminar el rol del Estado”.

La exposición dejó una respuesta a la idea con que Soza abrió la sesión. De los factores que, según ella, observa un inversionista, la capacidad de construir acuerdos es el que los datos de Cox muestran más deteriorado. Para AmCham Chile, la confianza que esos acuerdos requieren se construye con reglas claras, instituciones que funcionan y empresas que cumplen lo que prometen.