En un conversatorio del Comité de Inversiones y Negocios, el Comité de Sostenibilidad y la Mesa de Normativa Ambiental, dos ex ministros analizaron la evolución del sistema de permisos ambientales, sus nudos de gestión y las señales de avance que muestra el gobierno actual.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, a través de su Comité de Inversiones y Negocios, el Comité de Sostenibilidad y la Mesa de Normativa Ambiental, llevó a cabo el conversatorio "Permisología y sostenibilidad de las inversiones", con las exposiciones de Luis Cordero Vega, socio de FerradaNehme y ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, y de José Ramón Valente, presidente de Econsult y ex ministro de Economía. La moderación estuvo a cargo de José Miguel Salvador, Director de AmCham Chile y Chair del Comité de Inversiones y Negocios.

Los dos expositores llegaron al conversatorio desde veredas distintas del Estado y con una misma lectura del problema. Cordero llegó con treinta años de estudio del ciclo regulatorio; Valente, con la experiencia de haberlo peleado desde el Ministerio de Economía y perder buena parte de esa pelea.

En 1994, cuando Chile promulgó la Ley de Bases del Medio Ambiente en el marco de su tratado de libre comercio con Estados Unidos, el propósito era claro: una sola Resolución de Calificación Ambiental que reuniera todos los permisos en un lugar. Una ventanilla única. Cinco años después, un dictamen de la Contraloría admitió que los permisos podían tener una parte ambiental y otra no ambiental. Ese fallo, aparentemente menor, liquidó tempranamente la ventanilla única. Lo que vino después son treinta años intentando recuperarla.

Cordero reconstruyó el ciclo regulatorio del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental —SEIA— desde 1994 en seis fases que se repiten con la misma lógica: cada vez que un gobierno intenta agilizar, aparece un contrapeso de control que reencuadra el debate. El reglamento del presidente Lagos en 2001, la judicialización masiva vía recurso de protección en 2008, la entrada del Convenio 169 de la OIT —que regula la consulta a pueblos indígenas— en 2009, los tribunales ambientales en 2012, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales del gobierno de Boric —que simplificó los permisos sectoriales no ambientales con "un pequeño detalle: no tocar medio ambiente"—. Cada hito avanza algo y deja otro nudo pendiente. "Chile tiene una saturación regulatoria sin coordinación", dijo Cordero. "Esta es una conversación que podríamos haber tenido hace 20 años, hace 15, hace diez. Y la estamos teniendo hoy en 2026. Estamos atrapados en un loop."

Su advertencia más filosa apuntó hacia adentro del sistema: las agencias ambientales, incluida la Superintendencia del Medio Ambiente, "parecieran que le hablan más a la revisión judicial que al proyecto", lo que densifica la evaluación en lugar de simplificarla. Y añadió una incomodidad para el sector privado: cada vez que se ha querido simplificar, los propios actores privados terminan prefiriendo no hacerlo, porque tener más de una ventanilla da más espacios de interlocución. "Eso no está completamente sincerado en la economía política de la discusión", señaló.

Valente llegó con otra entrada al mismo problema. Durante la preparación de la campaña de 2017 propuso crear en Presidencia —no en Economía— una institucionalidad que centralizara el seguimiento de permisos, siguiendo los modelos de Estados Unidos, Canadá y Australia. No prosperó. Las oficinas GPS —Gestión de Proyectos Sustentables— y OPEN —Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional— quedaron radicadas en Economía, sin fuerza para imponer prioridades a otras carteras. "Varios ministros me dijeron garabatos", admitió Valente. "Si no tienes apoyo político, la probabilidad de lograr algo es muy difícil." Desde 2022, GPS y OPEN —renombradas OASI, Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, y DCMR, División de Coordinación de Mejora Regulatoria— quedaron establecidas por ley en el Ministerio de Economía.

El contraste con el momento actual fue el eje de su exposición. La permisología aparece hoy como la primera prioridad en las encuestas sobre obstáculos al crecimiento, y el seguimiento de proyectos quedó radicado en el Ministerio de Hacienda, con reuniones quincenales encabezadas por el ministro Jorge Quiroz y respaldo directo del Presidente. Pablo Eguiguren, al frente de la OASI, lleva el seguimiento de unos 600 promotores de proyectos con permiso ambiental aprobado pero a la espera de autorización sectorial. En los primeros 90 días del gobierno actual, el Comité de Ministros —instancia interministerial que revisa y puede aprobar proyectos con evaluación ambiental detenida— aprobó USD 6.941 millones en 8 sesiones y 16 proyectos, frente a prácticamente nada en los mismos períodos de gobiernos anteriores. La inversión total ingresada al SEIA en ese lapso creció 338% respecto de las administraciones anteriores. "Yo habría matado por una situación así en el 2018, 2019", dijo Valente.

Su argumento central fue la frase de Victor Hugo con la que abrió su presentación: no hay nada más poderoso que una idea a la que le llegó su tiempo. En 2018 la permisología era un tema de empresarios y académicos, sin resonancia política ni ciudadana. "Uno planta semillas", dijo. La semilla está germinando con otra persona —Jorge Quiroz, desde Hacienda— en otro ministerio, y eso, para Valente, cambia el cálculo de lo posible.

Los enfoques se ordenan en el tiempo: Cordero describe el nudo estructural que requiere reforma de fondo; Valente muestra que, mientras esa reforma llega, una buena gestión sobre la institucionalidad existente ya está moviendo la aguja. AmCham Chile sostuvo, al enmarcar el conversatorio, que es posible agilizar la inversión resguardando los estándares ambientales y que buena parte de ese resultado se juega en el diseño y la gestión de la institucionalidad, no solo en las reglas.