En un conversatorio de la Mesa de Salud, una ex subsecretaria y un ex diputado con trayectoria académica coincidieron en que el margen fiscal está agotado y que las mayores ganancias para el sistema están en la gestión, no en más recursos.

Casi 2,5 millones de personas esperan una atención en el sistema público de salud. Los servicios gastan, en promedio, un 20% más de lo que tienen presupuestado. Y Chile ya destina al sector el 10,53% de su PIB, por encima del promedio de la OCDE. El problema, entonces, no es cuánto se gasta: es cómo.

Ese diagnóstico fue el punto de partida del conversatorio "Sostenibilidad y Eficiencia del Sistema de Salud: Una Mirada desde la Academia y la Gestión", organizado por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, a través de su Mesa de Salud. Las exposiciones estuvieron a cargo de Paula Daza, Directora Ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y ex Subsecretaria de Salud Pública, y de Marco Antonio Núñez, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y de la Universidad Finis Terrae, y ex diputado. La instancia fue abierta y cerrada por Sandra Monteiro, Directora de AmCham Chile, Gerente General de MSD Chile y Chair de la Mesa de Salud.

El conversatorio se enmarca en el trabajo permanente de la Mesa de Salud y en el estudio "Pensando la Salud del Futuro", desarrollado por AmCham Chile junto a la consultora EK a partir de más de 35 entrevistas a empresas socias y expertos. Uno de los consensos más nítidos de ese estudio apunta justamente al tema del encuentro: los espacios de mejora más inmediatos del sistema están en la gestión.

El gasto que ya no alcanza como argumento

Durante años, el diagnóstico predominante sobre el sistema de salud chileno señalaba que el país simplemente gastaba poco. Ese argumento perdió sustento. "Se acabó ese mantra: estamos por sobre el promedio de la OCDE, combinado con envejecimiento de la población", advirtió Núñez. Los datos lo respaldan: Chile pasó de un gasto per cápita de USD 2.699 en 2022 a USD 3.554 en 2024, mientras la recaudación fiscal ronda el 24% del PIB y la salud ya ocupa cerca del 20% del presupuesto público.

Daza construyó sobre ese mismo punto con una pregunta de fondo: si el margen fiscal está agotado y el envejecimiento poblacional va a seguir presionando el gasto, ¿de dónde sale el financiamiento para sostener el sistema? Su respuesta fue directa. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre un 20% y un 40% del gasto sanitario mundial es desperdicio. "El dilema no es el envejecimiento versus la tecnología, sino cómo le agregamos valor a ese —entre comillas— desperdicio, o a esos recursos que estamos gastando que no le están agregando valor a la salud", señaló. En su lectura, recuperar esa ineficiencia es la primera fuente de financiamiento disponible, antes de cualquier reforma estructural.

Un dato complementario refuerza el diagnóstico. El gasto de bolsillo de los hogares chilenos llegó a aproximadamente el 39% del gasto total en salud en 2024, según el Ministerio de Salud —casi el doble del promedio OCDE y por sobre el umbral de protección financiera fijado por la OPS y la CEPAL en un 20%—. Lo llamativo, según Daza, es la composición de ese gasto: el 86% corresponde a copagos y gastos compartidos, y solo el 14% a medicamentos. "El problema no es la farmacia, sino la arquitectura que tenemos del copago en nuestro país", sintetizó.

Fonasa, integración y el fracaso del MCC

En el diagnóstico de Daza, la integración público-privada tropieza con un obstáculo de diseño. "Hoy día tenemos un monopolio que es Fonasa: un actor que define la forma, define los precios, define cuándo va a pagar. Por lo tanto no estamos en lo que uno dice una colaboración público-privada", planteó. Su tesis es que Fonasa debe dejar de operar como una caja pagadora y asumir un rol real de asegurador: "Fonasa debiera actuar como un asegurador que le garantizara a su población la atención que le corresponde, cosa que hoy día no está haciendo."

Un ejemplo concreto ilustra las distorsiones del modelo actual. La Modalidad Libre Elección —el mecanismo que permite a los beneficiarios de Fonasa atenderse con prestadores privados— concentra el 11% de sus recursos en cirugía bariátrica. En paralelo, el reajuste de precios de esa modalidad no habría alcanzado ni la mitad del IPC en años recientes —dato que Daza entregó como referencia, no como cifra verificada—, lo que desincentiva la participación privada precisamente donde el sistema más la necesita.

Sobre los seguros complementarios, Daza fue igualmente directa respecto del Mecanismo de Cobertura Complementaria: "El MCC fue un fracaso desde el inicio, lo dijeron todos los expertos." En su propuesta, los seguros complementarios deben evolucionar hacia un rol subsidiario, con foco en situaciones de alto costo y con una cobertura que sobreviva a la pérdida o al cambio de empleo, en lugar de concentrarse en el gasto menor de consultas y medicamentos. Hoy más de 7 millones de personas tienen seguros complementarios en Chile, mayoritariamente colectivos, lo que abarata el precio pero los ata al empleador y a la renovación anual.

La ventana política y sus riesgos

Núñez aportó la lectura del escenario político en el que deben ejecutarse estas reformas. Describió al actual gobierno como uno que enfrenta un Congreso fragmentado —con 18 partidos con representación—, una exigencia de resultados de corto plazo y una promesa central en salud: reducir las listas de espera, en particular las oncológicas. El desafío es que esa presión por resultados inmediatos convive con un margen fiscal prácticamente inexistente.

La imagen que Núñez usó para describir los intentos anteriores de reducir las listas de espera fue elocuente. Los programas de contingencia logran bajar las cifras mientras operan, pero al terminar el sistema vuelve a la misma tendencia. "Uno ve el gráfico… llega al peak, en enero se termina y vuelve a la misma tendencia. Uno dice: esto es como haber arado en el mar", señaló.

Frente a ese escenario, Núñez identificó en la Comisión Asesora Ministerial de Salud —instancia creada por la ministra May Chomalí para orientar la agenda sanitaria del gobierno, que reúne actores de distintas sensibilidades políticas y del sector privado— un activo relevante, precisamente por esa legitimidad transversal. La comisión se divide en cuatro comisiones temáticas, con foco en Estrategia Nacional de Salud, Inversiones, Atención Primaria y Esperas no GES. La inversión requerida equivale a 36 veces el presupuesto anual disponible para ese fin, y dos tercios de los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud 2030 —el marco de metas sanitarias vigente— están incumplidos o incompletos. A eso se suma la necesidad de avanzar en los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD), sistema de financiamiento hospitalario que vincula presupuesto con actividad y desempeño, como palanca concreta para mejorar la gestión hospitalaria. El margen para errores de gestión es estrecho.

Del mismo lado de la mesa

Para Monteiro, el conversatorio ilustró con precisión el argumento que ha sostenido la Mesa de Salud: el sector privado forma parte constitutiva del sistema. AmCham Chile representa a más de 50 empresas del ámbito salud —desde aseguradoras y prestadores hasta laboratorios y tecnología médica— cuya capacidad instalada y experiencia en gestión son recursos concretos para mejorar el sistema que ya existe.

"El sistema público y el privado tienen que estar juntos mirando todos los desafíos que tiene por delante el gobierno. Tenemos que estar del mismo lado de la mesa para conversar", señaló Monteiro al cerrar el encuentro. La Mesa de Salud de AmCham Chile continuará trabajando para que los consensos del estudio "Pensando la Salud del Futuro" se traduzcan en decisiones concretas de política pública.