La reforma procesal penal chilena estuvo durante largo tiempo en gestación -diez años en total- sin embargo, ésta constituye en sí una revolución en la forma en la que el país venía, hasta ahora, tratando con los delincuentes y el crimen.

¿Antes o después de la medianoche del 15 de Junio? Esa era la interrogante para los delincuentes de Santiago durante el mes pasado, cuando un nuevo sistema procesal penal hacía su debut en la capital chilena, prometiendo un castigo más rápido pero, también, mayor protección para los derechos de los criminales.

Los delitos cometidos con anterioridad a esa fecha serán tramitados de acuerdo al antiguo sistema y antes de que éste sea eliminado en su totalidad, pero a partir del 16 de Junio, los delitos cometidos en Santiago serán tramitados por el nuevo sistema. Introducida gradualmente en el resto del país, a partir del año 2000, ella ha tenido -después de un inicio vacilante- un buen resultado en dichos lugares.

Pero Santiago -donde reside el 40% de la población del país- es indudablemente su mayor prueba, tanto respecto de su eficacia como en lo que se refiere a la aceptación pública. “Redactar el nuevo código procesal penal fue la parte más fácil; implementarlo es mucho más difícil”, señala el Ministro de Justicia, Luis Bates.

Un sistema judicial basado en audiencias ante un panel de tres jueces, reemplaza al viejo sistema inquisitorial de más de un siglo de antigüedad, que utilizaba procedimientos escritos, bajo los cuales, un solo juez era responsable de investigar un delito, de acusar y sentenciar al delincuente. En vez de ello, ahora, las dos primeras de dichas funciones, serán trabajo de una Oficina del Fiscal autónoma -el Ministerio Público- con un personal de 700 fiscales.

“No es exactamente igual al sistema estadounidense, dado que no existe un jurado, pero los principios son similares”, expresa Mauricio Duce, un experto del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, con sede en Santiago. Más aún, el nuevo sistema chileno es parte de un proceso de reforma que se produce en la región, en el cual la USAID -agencia del gobierno Norteamericano, que canaliza la asistencia externa- jugó, inicialmente, un papel importante en conjunto con otras agencias de otros países, incluyendo a Alemania.

Este proceso de reforma, en el cual Chile fue un invitado de última hora, comenzó a mediados de los ‘80, impulsado por factores que incluyen el retorno a la democracia y un aumento de la preocupación por los derechos humanos, así como también de las demandas de desarrollo económico y modernización. Éste fue un punto destacado en un seminario sobre el nuevo sistema, celebrado el 9 de Junio por AmCham.

“La lentitud del antiguo sistema era una desgracia”, afirmó Juan Agustín Figueroa, un socio de la oficina de abogados de Santiago, Figueroa y Coddou, disertando en el seminario. Algunos de los casos que surgieron durante el colapso financiero chileno, a principios de los años ‘80, aún tienen su resolución pendiente, señaló.

Pero el Nuevo sistema con 751 jueces, cifra superior a los anteriores 200, así como la nueva Oficina del Fiscal y del nuevo Servicio de Defensa, también es mucho más caro. Así como el gasto inicial, de USD 300 millones para financiar edificios y capacitación, su operación costará un estimado de USD 215 millones anuales, por sobre los USD 50 millones del antiguo sistema.

Eso por supuesto, hace surgir la interrogante acerca de si el antiguo sistema era malo o sólo estaba desfinanciado. “La investigación muestra que invertir en el antiguo sistema no habría producido los mismos resultados; simplemente, no valía la pena invertir en él”, expresa Duce.

Y los resultados hasta el momento, sugieren que el nuevo sistema está dando resultados. Un estudio efectuado por la Universidad Católica de Valparaíso en el año 2003, encontró que éste en promedio, era un 61% más rápido que el antiguo sistema, mientras que las estadísticas oficiales muestran que entre el año 2000 y el 2004, el 89,8% de los casos presentados ante el nuevo sistema, fueron resueltos de un modo u otro. Pero ese ‘de un modo u otro’, está en el centro de una crítica al nuevo sistema.

¿Es severo contra el delito?

Un informe de Libertad y Desarrollo, centro de investigación local (think tank) con sede en Santiago, señala que el término “resuelto” incluye muchos casos que fueron rechazados, en vez de ser presentados a juicio. Sin duda, en el 2003, el 73% de los casos de hurto y el 85% de los casos de robo con violencia, fueron rechazados, a pesar de que los casos de asesinatos cayeron un 7%.

Muchos de esos, son casos tales como hurtar desde un automóvil estacionado o arrebatar una billetera en la calle, en el cual no existe simplemente un medio para identificar al ofensor. Y ello no es tan diferente de lo que sucedía en el antiguo sistema, bajo el cual sólo en el 2% de los delitos se dictaba sentencia, señaló Figueroa en el seminario de AmCham.

Menos del 5% de los delitos van a ser vistos por un tribunal en el nuevo sistema, predijo él, pero eso no significa que nada se va a hacer. La reforma también introduce muchas medidas intermedias. Cuando el interés público no está en riesgo, un trasgresor puede convenir en reparar el daño a satisfacción de la víctima. O se pueden tomar medidas precautorias, tales como la de obligar al trasgresor a retirarse lejos de la casa de la víctima. “Eso es mucho mejor para la víctima, que ver al delincuente en prisión durante tres meses, después de los cuales, sale nuevamente en libertad”, argumentó Figueroa.

La reforma también beneficia a los malhechores al establecer una mayor protección para sus derechos. Dentro de 24 horas a partir del arresto, un delincuente debe ser presentado ante un juez y mientras tanto, debe ser retenido en una estación policial y no en una prisión. Más aún, a diferencia del antiguo sistema que dependía en gran parte en obtener una confesión, éste establece el derecho a permanecer en silencio.

La separación de las funciones de un juez, también promete una audiencia más objetiva a los criminales acusados. “Bajo el antiguo sistema, usted necesitaba a Dios como abogado, para impedir que el juez que lo había acusado, lo sentenciara”, señaló en el seminario de AmCham, Vinko Andrés Fodich, fiscal jefe para el distrito de Ñuñoa en Santiago,.

Más aún, bajo el nuevo sistema, la prisión con antelación al juicio es la excepción en vez de la regla. “Ésta es una sorpresa para muchos chilenos, pero debería ser aceptada si es acompañada por una justicia rápida y eficaz”, expresó Figueroa.

El mantener a quienes delinquen por primera vez o a los menores de edad fuera de la prisión, tiene la ventaja de impedirles tener una oportunidad de aprender malos hábitos o aún peores. Pero la interrogante permanece en cuanto a los efectos que el nuevo sistema procesal tendrá sobre las tasas de criminalidad.

Inicialmente, los partidarios de la reforma argumentaron que ésta reduciría el crimen, pero desde entonces, han tendido a sugerir que esto será neutro, dice el Ministro Bates. “Pero mi punto de vista personal, es que si la Oficina del Fiscal hace un uso efectivo de toda la información que ella acumula, tendrá una poderosa herramienta para combatir el crimen”, expresa él.

Según Mauricio Duce, aún es demasiado temprano para predecir el impacto y, de todos modos, las comparaciones son difíciles debido a la falta de estadísticas históricas confiables. “Pero en la medida que se racionalicen recursos y se usen métodos más sofisticados, es razonable esperar un impacto positivo”, argumenta él.

Preocupaciones en el Sector de Negocios

Disertando en el seminario de AmCham, Jorge Bofill, un socio de la firma de abogados de Santiago, Grasty, Quintana, Majlis y Cía., describió el antiguo sistema como “absurdo teórica y prácticamente”. De hecho, recordó que mientras estudiaba en Estados Unidos, se le solicitó que describiera el sistema a su clase, sólo para que se expresara, “Pero eso es como la Inquisición”.

Sin embargo, el nuevo sistema presenta algunas preocupaciones para el sector de los negocios. Uno de éstos que se discutió en el seminario de AmCham, es el acceso a información respecto de los antecedentes de un potencial empleado.

Si un empleado es sorprendido hurtando, pero ofrece reparar el daño, por ejemplo a través de devolver el monto de lo hurtado y rehusando a la compensación por despido, la información acerca del delito permanecerá en los registros de la Oficina del Fiscal y puede ser utilizada en caso de cualquier trasgresión futura, pero no aparecerá en los registros públicos que lleva el Registro Civil.

Esto, por supuesto que es bueno, ya que ello significa una segunda oportunidad, en vez de condenar a quien comete una trasgresión por primera vez, a una vida llena de rechazos de solicitudes de empleo y la obvia tentación delictiva que ello implica. Por otra parte, ello ciertamente significa menos acceso a la información por parte de los empleadores.

Pero una preocupación más amplia surge de la falta de una reforma paralela a la justicia civil. La trampa, según explica Bofill, es que las compañías que participan en conflictos económicos, en la práctica han encontrado modos para utilizar los tribunales penales, en vez de hacer uso del sistema civil, aún cuando dichos casos no tienen ningún derecho para ser presentados ante ellos.

“Los tribunales civiles son muy lentos y son demasiado caros en términos de tiempo de abogados”, señaló Bofill. Y a pesar de que los antiguos tribunales del crimen eran tan penosamente lentos, la amenaza de prisión con anterioridad al juicio -actualmente muy reducida- era un incentivo poderoso para que la parte trasgresora llegara a un acuerdo rápidamente.

“Ahora es tiempo para comenzar a pensar en una reforma de la justicia civil; ella es tan urgente como la reforma procesal penal lo es para muchas personas”, admite el Ministro Bates. De hecho, una comisión que celebró su primera reunión formal en Mayo, ha sido formada para lograr un diagnóstico de los cambios que son requeridos, pero una propuesta de reforma no estará lista antes de que el actual gobierno termine su mandato en Marzo.

“Los principios serán similares a aquellos de la reforma procesal penal, pero espero que puedan ser logrados en menor tiempo”, manifiesta Bates. Uno de los modelos que está siendo considerado es el de España, el cual -a pesar de haber tenido menos progresos que Chile, en justicia penal- posee un sistema civil que es mucho más avanzado.

Pero cualquiera sea el o los inconvenientes durante la transición hacia un mejor sistema de justicia civil, la conclusión principal, apoyada por la vasta mayoría de la opinión pública, es que la reforma procesal penal incrementará la transparencia y que es buena para la imagen país de Chile. Y que, por supuesto, a su vez, es buena para los negocios.

Chile’s reform of criminal justice was a long time in the making - ten years in all - but it is, nonetheless, a revolution in the way the country deals with criminals and crime.

Before or after midnight on June 15? That was the question for Santiago’s criminals last month when a new system of criminal justice made its debut in Chile’s capital, promising faster punishment, but also more protection for criminals’ rights.

Crimes committed before that date will be tried under the old system before it is phased out altogether but, as from June 16, crimes in Santiago will be dealt with by the new system. Introduced gradually in the rest of country since 2000, it has, after a hesitant start, worked well there.

But Santiago - where 40% of the country’s population lives - is undoubtedly its big test, both as regards effectiveness and public acceptance. “Writing the new code of criminal justice was the easy bit; implementing it is much more difficult,” points out Justice Minister Luis Bates.

An adversarial system based on contested hearings before a panel of three judges, it replaces a century-old inquisitorial system, using written proceedings, under which a single judge was responsible for investigating a crime and charging and sentencing the offender. Instead, the first two of those functions will now be the job of an autonomous Prosecutor’s Office - the Ministerio Público - with a staff of 700 prosecutors.

“It’s not quite the same as the U.S. system, because there isn’t a jury, but the principles are similar,” says Mauricio Duce, an expert at the Santiago-based Justice Studies Center of the Americas. Moreover, Chile’s new system is part of a process of reform around the region in which USAID, the U.S. government agency that channels foreign assistance, initially played a significant role, along with agencies from other countries, including Germany.

This reform process, to which Chile was a relative latecomer, began in the mid-1980s, driven by factors that include the return of democracy and increasing concern for human rights, as well as the demands of economic development and modernization. That was a point highlighted at a seminar on the new system held by AmCham on June 9.

“The slowness of the old system was a disgrace,” said Juan Agustín Figueroa, a partner in Figueroa y Coddou, a Santiago law firm, speaking at the seminar. Some of the cases arising from Chile’s financial collapse in the early 1980s have yet to be resolved, he pointed out.

But the new system, with 751 judges, up from the previous 200, as well as the new Prosecutor’s Office and a new Defense Service, is also a lot more expensive. As well as an initial outlay of US$300 million to finance new buildings and training, it will cost an estimated US$215 million annually to run, up from US$50 million under the old system.

That, of course, raises the question of whether the old system was bad or just underfinanced. “Research shows that investing in the old system wouldn’t have produced the same results; it simply wasn’t worth investing in,” says Duce.

And results so far suggest that the new system is delivering. A study carried out by the Catholic University of Valparaíso in 2003 found that it was an average 61% faster than the old system, while official statistics show that between 2000 and 2004, 89.8% of the cases presented under the new system were resolved in one way or another. But that one way or another is at the heart of a criticism of the new system.

Tough on crime?

A report by Libertad y Desarrollo, a Santiago-based think tank, points out that the term “resolved” includes the many cases that are dismissed, rather than brought to trial. Indeed, in 2003, 73% of robbery cases and 85% of cases of robbery with violence were dismissed although, in murder, this dropped to 7%.

Many of those are cases, such as stealing from a parked car or the snatching of a wallet on the street, in which there is simply no way to identify the offender. And it’s not so different from what happened in the old system under which only 2% of crimes were sentenced, pointed out Figueroa at the AmCham seminar.

Less than 5% of offenses are going to come to trial under the new system, he predicted, but that doesn’t mean that nothing is done. The reform also introduces many intermediate measures. When the public interest is not at stake, an offender may agree to repair the damage to the victim’s satisfaction. Or precautionary measures may be taken, such as obliging the offender to move house away from the victim. “That’s much better for the victim than seeing the offender in prison for three months and then out again,” argued Figueroa.

The reform also benefits criminals by establishing greater protection of their rights. Within 24 hours of arrest, an offender must be brought before a judge and, in the meantime, must be held in a police station, not a prison. Moreover, unlike the old system, which relied heavily on extracting a confession, it establishes the right to remain silent.

The separation of a judge’s functions also promises charged offenders a more objective hearing. “Under the old system, you needed God as a lawyer to prevent the judge who had charged you from sentencing you”, noted Vinko Andrés Fodich, chief prosecutor for Santiago’s Ñuñoa district, at the AmCham seminar.

Moreover, under the new system, pre-trial imprisonment is the exception, rather than the rule. “That’s a surprise to many Chileans, but it should be accepted if it’s accompanied by fast and effective justice,” said Figueroa.

Keeping first-time or minor offenders out of prison has the advantage of depriving them of an opportunity to learn bad or worse ways. But the question remains as to the effect the new system of justice will have on crime rates.

Initially, proponents of the reform argued that it would reduce crime, but have since tended to suggest that it will be neutral, notes Minister Bates. “But my personal view is that if the Prosecutor’s Office makes effective use of all the information it accumulates, it will have a powerful tool for fighting crime,” he says.

According to Mauricio Duce, it is still too early to predict the impact and, anyway, comparisons are difficult because of the lack of reliable historical statistics. “But to the extent that it rationalizes resources and uses more sophisticated methods, it’s reasonable to expect a positive impact,” he argues.

Business concerns

Speaking at the AmCham seminar, Jorge Bofill, a partner in Grasty Quintana Majlis & Cía., a Santiago law firm, described the old system as “theoretically and practically absurd”. In fact, he recalled that while studying in the United States, he was asked to describe the system to his class, only to be told, “But that’s like the Inquisition”.

However, the new system does raise some concerns for businesses. One of these, discussed at the AmCham seminar, is access to information about a potential employee’s record.

If an employee is caught stealing, but offers to repair the damage by, for example, paying back the amount stolen and waiving dismissal compensation, information about the offense will remain on the records of the Prosecutor’s Office and can be used in case of any future offenses, but it will not appear on the public records held by the Civil Registry.

That, of course, is good in that it means a second chance, rather than condemning a one-time offender to a life of rejected job applications and the obvious criminal temptations this implies. On the other hand, it certainly means less access to information for employers.

But a broader concern arises from the lack of a parallel reform of civil justice. The catch, as Bofill explained, is that companies involved in economic disputes have, in practice, been finding ways to use the criminal courts, rather than the civil system, even though such cases have no rightful place there.

“The civil courts are just so slow and they’re too expensive in lawyer’s time,” pointed out Bofill. And, though the old criminal courts were also painfully slow, the threat of pre-trial imprisonment - now much reduced - was a powerful incentive for the offending party to reach an early agreement.

“It’s time now to start thinking about a reform of civil justice; it’s just as urgent for many people as the reform of criminal justice,” admits Minister Bates. In fact, a commission, which held its first formal meeting in May, has been set up to reach a diagnosis of the changes that are required, but a reform proposal won’t be ready before the present government ends its term in March.

“The principles will be similar to those of the criminal justice reform, although I hope it can be achieved in less time,” says Bates. One of the models being considered is Spain which, although it has made less progress on criminal justice than Chile, has a civil system that is much more advanced.

But whatever the drawbacks during the transition to a better system of civil justice, the overriding conclusion, supported by the vast majority of public opinion, is that the criminal justice reform will increase transparency and is good for Chile’s country image. And that in turn is, of course, good for business.