La disponibilidad de agua se ha vuelto un problema clave en muchas partes del mundo. Chile no es la excepción, en especial con el país en la mitad de un prolongado período de sequía. Sobre una base relativa, Chile es bastante afortunado, dado que cuenta con amplias reservas, una larga costa y un sólido escenario fiscal para dar soporte a iniciativas relacionadas con el agua. El problema para Chile radica en su geografía, con una distribución desigual de los recursos hídricos que divide al país en dos, dejando a las regiones de la zona norte y centro altamente pobladas y con muchas industrias en peligro además de creando problemas relacionados con los costos que en definitiva podrían afectar la competitividad y productividad del país.

A nivel nacional, Chile parece privilegiado en términos de recursos hídricos. Según datos de AQUASTAT, el sistema global de información de agricultura y agua de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Chile se ubica en el décimo cuarto lugar a nivel mundial en términos de recursos hídricos renovables. Además, el Banco Mundial destaca que Chile tiene una escorrentía superficial total promedio (generada ya sea por lluvias o por el derretimiento de nieve o glaciares) de 53.000 metros cúbicos por persona al año, lo que está muy por encima del promedio mundial (6.000m3) y del límite inferior que se requiere para el desarrollo sustentable (2.000m3).

Pero estos recursos están distribuidos de manera desigual. Las siete regiones ubicadas más al norte de Chile tienen recursos de apenas 1.000m3 por persona al año, lo que se compara con los más de 20.000m3 en las siete regiones de más al sur. En tanto, la altamente poblada Región Metropolitana de Santiago está más cerca del promedio mundial de 6.000m3. Esto crea un importante desafío, en especial con el 63% de la población y el 69% de su PIB concentrado de Santiago al norte, según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La vulnerabilidad de las regiones del norte chico ha recibido más atención en los últimos años debido a una prolongada sequía (el trienio más seco del que se tenga registro), lo que ha traído como resultado una notable caída en los niveles de los embalses, la declaración de emergencia por escasez de agua en más de 100 municipalidades y la búsqueda de soluciones de corto plazo que van desde el simple racionamiento a “bombas” financiadas por el Gobierno para obtener lluvia artificialmente, las que estimulan las nubes a fin de incrementar las precipitaciones.

Han surgido otros temas estructurales que no están ayudando a la causa. Una falta de nuevos derechos de agua en el norte y una alta concentración de derechos de agua existentes en manos de unos pocos están haciendo que cada vez más las empresas mineras se vuelquen a las plantas de desalinización. Las empresas de generación eléctrica enfrentan una fuerte oposición social a los planes de traer electricidad generada en las regiones más lluviosas del sur para el consumo de los centros de más al norte. Un debate similar se está fraguando a medida que el Gobierno explora la interconexión del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC). En tanto, los agricultores están en una batalla constante con las empresas eléctricas e industriales por los pocos recursos restantes en áreas agrícolas clave.

Todos estos temas en definitiva están llevando a mayores costos. Por ejemplo, las tarifas directas de agua, como se muestra en los resultados del primer semestre de 2012 de Aguas Andinas, la mayor sanitaria de Chile, que presta servicios a la Región Metropolitana incluido Santiago. La EBITDA de la firma creció un 9% en el período, principalmente debido al exceso de consumo y cargos relacionados a los clientes. En el caso de la minería, las costosas plantas de desalinización han aumentado los costos de inversión (por ejemplo, 20% de la inversión de US$2.300 millones en Minera Esperanza, un nuevo proyecto de cobre y oro en la Región de Antofagasta, tuvo que ver con la desalinización), sin mencionar los costos corrientes de operación, principalmente relacionados con la electricidad para operar el sistema de bombeo de 145km. En tanto, las tarifas de electricidad industrial de Chile han alcanzado los US$150/MWh, las quintas más costosas entre los países miembro de la OCDE, y están en riesgo de subir más si los bajos niveles de los embalses para la generación hidroeléctrica y una falta de nueva capacidad en los próximos años hacen que el diésel recupere una porción relevante de la matriz energética del país.

En la actualidad, el escenario económico de Chile es estable y la demanda de bienes básicos sigue sólida, por lo que la mayoría de las empresas pueden manejar estos gastos, pero períodos prolongados de altos costos pueden producir efectos secundarios. Ahora que Chile ha descendido en dos puestos al trigésimo tercero en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial entre 144 países, los actuales acontecimientos relacionados con el agua solo se suman a la presión causada por temas relativos al gobierno corporativo, la salud y la educación pública. A medida que Chile pierda su competitividad, la dinámica de los proyectos podría cambiar, afectando la inversión y -en definitiva- la demanda interna y el crecimiento general del PIB.

Chile no puede controlar las condiciones meteorológicas ni el cambio climático, pero esperamos que a medida que el país enfrenta decisiones políticas críticas, formule políticas más integradas y sustentables relacionadas con el agua (y la energía, que están inevitablemente vinculadas), las que disminuirán la carga de costos del sector industrial y restituirán una trayectoria de creciente competitividad.

Brian P. Chase es gerente de cartera y titular de acciones andinas de Itaú Asset Management.

The availability of water has become a key concern in many parts of the world. Chile is no exception, especially with the country in the midst of a prolonged dry period. On a relative basis, Chile is quite fortunate, with ample reserves, a long coastline and a solid fiscal backdrop to support water-related initiatives. The problem for Chile lies in its geography, with an uneven distribution of water resources splitting the country in two, leaving the highly populated and industry intensive central-northern regions in jeopardy and creating cost-related issues that could ultimately impact the country’s competitiveness and productivity.

At the national level, Chile appears privileged in terms of water resources.
According to data from AQUASTAT, the global water and agriculture information system of the UN’s Food and Agriculture Organization (FAO), Chile ranks 14th worldwide in terms of renewable water resources. In addition, the World Bank highlights that Chile has total average surface runoff (generated either by rainfall or the melting of snow or glaciers) of 53,000 cubic meters per person per year, which is well above the world average (6,000m3) and the lower limit required for sustainable development (2,000m3).

But these resources are unequally distributed. Chile’s seven northernmost regions have resources of just 1,000m3 per person per year, compared to above 20,000m3 in the seven southernmost regions. Meanwhile, the highly populated Santiago Metropolitan Region is closer to the world average of 6,000m3. This creates an important challenge, especially with 63% of Chile’s population and 69% of its GDP concentrated in Santiago northward, according to data from the National Statistics Institute (INE).

The vulnerability of the central-northern regions has come to greater light in the past few years during a prolonged drought (the driest three-year period on record), which has resulted in a noticeable drop in reservoir levels, water emergencies declared in over 100 municipalities, and the search for near term solutions ranging from simple rationing to government funded synthetic rain “bombs” that stimulate clouds in order to increase precipitation.

Other structural issues have emerged that aren’t helping the cause. A lack of new water rights in the north and a high concentration of existing water rights in a few hands are causing mining companies in the north to increasingly turn to desalinization plants. Power generation companies are facing stiff social opposition to plans to bring electricity generated in wetter southern regions to consumption hubs further north. A similar debate is brewing as the government explores the interconnection of the northern and central-southern power grids, the SING and SIC, respectively. Meanwhile, farmers are in a constant battle with industries and power companies for the few remaining resources in key agricultural areas.

All of these issues are ultimately leading to higher costs. For example, direct water tariffs have risen, as shown in the 2012 first half results of Aguas Andinas, Chile’s largest water utility which serves the Metropolitan Region including Santiago. The firm’s EBITDA increased 9% in the period, primarily due to excess consumption and related charges to clients. In the case of mining, expensive desalination plants have increased investment costs (for example, 20% of the US$2.3bn investment in Minera Esperanza, a new copper and gold mine in the Antofagasta Region, was related to desalination), not to mention the ongoing costs of operation, mainly related to power to run the 145km pumping system. Meanwhile, Chile’s industrial electricity rates have reached US$150/MWh, the fifth costliest amongst OECD countries, and are at risk of rising further if low reservoir levels for hydroelectric generation and a lack of new capacity in the coming years cause diesel fuel to reclaim a relevant portion of the country’s energy matrix.

Chile’s economic backdrop is currently stable and demand for commodities remains strong, thus most companies can manage these expenses, but prolonged periods of elevated costs can produce second-round effects. With Chile already slipping two spots to 33rd in the latest 144-country World Economic Forum competitiveness ranking, the ongoing developments related to water only add to the pressure caused by issues related to corporate governance, healthcare and public education. As Chile loses its competitiveness, project dynamics could change, affecting investment, and ultimately domestic demand and overall GDP growth.

Chile can’t control the weather nor climate change, but we hope that as the country faces critical policy decisions, it will formulate more integrated and sustainable policies related to water (and energy, which are inevitably linked) that will diminish the industrial cost burden and restore a trajectory of increasing competitiveness.

Brian P. Chase is Portfolio Manager, Head of Andean Equities, at Itau Asset Management.