Busque en las estanterías de casi cualquier supermercado en Europa hoy en día y encontrará sacos de café o barras de chocolate rotulados con la etiqueta de Comercio Justo. Es un símbolo en azul y verde sobre un círculo negro que se ve ligeramente como el símbolo chino del ying y el yang.

En Estados Unidos, tendrá que mirar más bien con detención para encontrar la etiqueta equivalente en blanco y negro, pero está en productos vendidos en tiendas minoristas como Whole Foods, Sam’s Club y Wegmans.

Una etiqueta de comercio justo indica que un producto se elaboró de acuerdo a ciertos estándares éticos. Significa, por ejemplo, que el proveedor recibió un precio que al menos cubre sus costos de producción, que se le pagó a tiempo y que tiene un compromiso a largo plazo con sus compradores, que no emplea mano de obra infantil o discrimina sobre la base de género, edad o raza y que tiene un comportamiento amigable con el medio ambiente.

El concepto se originó en Europa a fines de la década de los 60. La idea era garantizar que los agricultores del mundo en desarrollo recibieran un precio justo y se les protegiera de los caprichos y bruscos cambios de precio de los mercados internacionales de los bienes básicos.

A medida que el concepto se imponía, empresas como Traidcraft en Gran Brateña, GEPA en Alemania y Oxfam Fairtrade en Bélgica comenzaron a importar bienes desde el mundo en desarrollo en virtud de principios de comercio justo, traspasando el costo adicional a sus clientes que podían (y aún pueden) esperar pagar una prima de entre un 10% y un 15%.

Por años, el comercio justo fue un mercado de nicho para los europeos de clase media con conciencia social, quienes podían afrontar hacer un pago algo mayor por su café nicaragüense o sus porotos verdes kenianos. Pero ahora es una práctica muy común particularmente en Gran Bretaña, el nuevo epicentro del movimiento.

Grandes minoristas británicas como Tesco, Marks & Spencer y Waitrose todas venden productos con acreditación de comercio justo. Sainsbury’s, una de las principales cadenas de supermercados del país, ahora compra todas sus bananas de fuentes con certificación de comercio justo y Cadbury, el fabricante de chocolate más renombrado del país, está cambiándose a cacao producido bajo estándares de comercio justo.

La moda del comercio justo también parece estar cruzando el Atlántico y echando raíces en Estados Unidos. “No estamos ni cerca de donde quisiéramos o de nuestro colegas en Reino Unido”, señala Todd Stark, gerente de operaciones de TransFair USA, la organización que promueve el comercio justo en Estados Unidos.

“Pero realmente esperamos que durante los próximos cinco años más o menos, veamos una conciencia mucho mayor sobre los productos de comercio justo aquí”, afirma. “Es un negocio de nicho ahora, pero no tiene que serlo”.

Ben & Jerry’s, Starbucks y Dunkin’ Donuts figuran entre las grandes empresas minoristas de Estados Unidos que ya obtienen algunos de sus ingredientes de productores con certificación de comercio justo. A fines del año pasado, se vendieron en Estados Unidos las primeras botellas de vino con acreditación de comercio justo e incluyeron un sauvignon blanc chileno -Wandering Grape- elaborado en el Valle del Maule, cerca de Talca.

En total, las ventas de comercio justo en Estados Unidos recaudaron US$1.100 millones el año pasado y crecieron un 10% respecto de 2007, pese a la desaceleración de la economía. Como porcentaje de las ventas totales de alimentos y bebidas, con menos de un 1%, aún son muy pequeñas, pero un reciente sondeo encargado por Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), entidad que establece los estándares para el movimiento, concluyó que el 57% de los consumidores estadounidenses gastaría al menos un 5% más por productos con el sello de comercio justo.

Oportunidades de Exportación

En Chile, ahora hay 17 productores que cuentan con certificación de comercio para artículos como vino, miel y frutos secos, que exportan a Europa y Estados Unidos, y otros 20 más o menos están intentando conseguir la certificación FLO.

Entre los más exitosos está Apicoop, el cuarto mayor exportador de miel de Chile. Con sede en Paillaco, cerca de Valdivia, la compañía se originó en 1980, produciendo para el mercado interno, pero su fortuna cambió en 1987, cuando rechazó a un cliente chileno clave.

“Estábamos en negociaciones con una de las principales cadenas de supermercados y las condiciones que nos ofrecían eran bastante injustas”, señala el gerente de Apicoop, Juan Eduardo Henríquez. “Estaban dispuestos a pagarnos sólo 90 días después de emitida la factura y querían rebajar el precio de nuestra miel en un 27% respecto del valor del año anterior”.

Algunos meses después, GEPA llenó el vacío y acordó comprar la miel excedente de Apicoop a un precio más alto que el que había ofrecido la cadena de supermercados y pagarle en un menor plazo. La relación floreció y GEPA sigue siendo uno de sus clientes más importantes.

Apicoop también vende miel a la británica Traidcraft, que se compromete a pagar a sus proveedores en un plazo de cinco días desde emitida la factura e incluso paga la mitad por adelantado. Henríquez señala que la estabilidad de precios ofrecida por empresas como Traidcraft y GEPA es un regalo de Dios para los pequeños productores.

Ello resulta particularmente cierto en el caso de la agricultura, afirma, donde los precios pueden variar de manera violenta de un año a otro, dependiendo del tamaño y la calidad de las cosechas. “Permite que los productores planifiquen por más de un año a la vez y que comiencen a pensar a largo plazo”, destaca.

Rafael Espinoza, presidente de Lautaro Wines, cuenta una historia similar. Su viña cerca de Curicó exporta vino con certificación de comercio justo a Canadá y a nueve países de Europa, y pronto espera comenzar a exportar a Estados Unidos.

La viña compra uvas de 22 productores locales y el beneficio para ellos quedó de manifiesto drásticamente en 2007 cuando una cosecha abundante de uva en Chile generó un exceso del insumo. Los pecios cayeron incluso hasta 60 pesos por kilo, monto inferior al costo de producción, señala Espinoza, pero Lautaro, protegida con contratos de comercio justo con importadores europeos, continuó pagando más de 100 pesos por kilo.

Espinoza también destaca los beneficios sociales del comercio justo. Además del precio mínimo garantizado, los compradores de comercio justo como GEPA y Traidcraft son obligados por la FLO a pagar a sus proveedores una prima -calculada como un porcentaje de las ventas- que debe ser invertida en proyectos de bienestar social.

“Inyectamos este dinero en salud y educación para nuestros trabajadores”, afirma Espinoza. “Actualmente tenemos cerca de 30 niños -los hijos de nuestros cosechadores de uva- que se encuentran en distintas etapas de estudio, desde el colegio hasta la universidad; sin el comercio justo, una montón de niños no habría tenido esas oportunidades”.

¿Qué Constituye el Comercio Justo?

Entonces, si el comercio justo ofrece a los productores un creciente mercado internacional, una garantía de que sus costos se satisfarán y dinero extra para desembolsar en bienestar social, ¿por qué tan pocas empresas en Chile se han subido al carro?

Parte de la respuesta radica en la falta de conocimiento. Pero hay otros problemas también, la mayor parte de los cuales surge de una pregunta fundamental: ¿quién decide qué constituye el comercio justo?

La labor de establecer los estándares recae en la FLO, una federación de asociaciones nacionales con sede en Alemania, mientras que la responsabilidad de verificar que esos estándares se cumplan recae en su agencia hermana, FLO-CERT.

Si FLO es el legislador internacional del movimiento del comercio justo, entonces FLO-CERT es su policía internacional. Pero su trabajo es extremadamente complejo, porque están tratando de establecer reglas para todo tipo de productos provenientes de países que tienen enormes diferencias en sus condiciones económicas y sociales.

FLO tiene una lista de “estándares genéricos de comercio” a los que deben adherir todos los operadores de comercio justo, pero -cuando se trata de detalles específicos- no se pueden aplicar las mismas reglas para, digamos, una gran empresa bananera en Ecuador y un campo productor de frutas administrado por una familia en Chile. De modo que, además de sus “estándares genéricos de comercio”, FLO tiene un montón de “estándares específicos por producto” que cubren de todo desde frutos secos hasta quínoa y algodón.

También tiene una lista de precios mínimos y máximos para todos los productos que certifica y una “lista de insumos prohibidos” como herbicidas y fungicidas. Incluso hay una definición de lo que constituye el largo mínimo (16 cm) y el ancho mínimo (27 mm) de una banana producida bajo los estándares de comercio justo.

FLO sostiene que esta atención a los detalles es esencial para garantizar que los estándares del comercio justo se mantengan. No obstante, los críticos del sistema señalan que es burocrático y se traga el dinero que debería destinarse a agricultores pobres en el mundo en vías de desarrollo.

Los productores tienen que pagar por la certificación FLO -cerca de US$2.500 para una empresa pequeña- y después deben pagar nuevamente por las inspecciones anuales. Muchos agricultores señalan que no pueden costear la certificación o que, incluso si pudieran, no vale su tiempo y dinero.

Como profesor de políticas alimentarias de la City University en Londres, Tim Lang ha graficado el crecimiento del movimiento del comercio justo desde sus inicios y, si bien lo defiende, reconoce los problemas.

“Creo que la mayor crítica que debe hacerse al comercio justo es que la cantidad de dinero que llega al productor primario cuando se tiene una larga cadena mundial de suministro aún es pequeña”, sostiene. “Todavía mucho más dinero de, digamos, una banana va a parar al supermercado más que al productor primario”.

Lang también admite que ha habido casos donde “el compromiso social no ha sido tan bueno como debería ser” y, por ejemplo, las primas de comercio justo no han llegado a los agricultores a los que se suponen tienen que ayudar.

Otro problema es que la FLO sólo certifica ciertos productos -bienes básicos como café, té, azúcar y fruta- y no bienes manufacturados como joyería y artesanía. Entonces, ¿cómo obtienen una certificación de comercio justo los productores de esos bienes?

Una respuesta es convertirse en miembro de la World Fair Trade Organization (WFTO), que tiene su propia etiqueta. Sus miembros simplemente tienen que demostrar que adhieren a los “10 Principios de Comercio Justo” de la WFTO, las que cubre cosas como condiciones laborales, transparencia, salarios, medio ambiente y equidad de género.

Las puntuaciones de los pequeños productores y firmas manufactureras de Chile cumplen esos criterios y muchos de ellos ya presumen de sus acreditaciones de la WFTO para que les ayuden a exportar a Estados Unidos y otras partes. Sin embargo, el peligro radica en que esta definición de qué constituye comercio justo está tan diluida que llega a carecer de significado.

Tales problemas dejan al movimiento del comercio justo vulnerable a las críticas respecto de que es un concepto muy vago o que está envolviendo al comercio en un manto de burocracia, al proteger a agricultores ineficientes ofreciéndoles un precio artificialmente alto por sus bienes, o que simplemente es un vehículo para el proteccionismo disfrazado.

Pero, ya sea en la estantería de un supermercado en Gran Bretaña o en un café Starbucks en Estados Unidos, el mercado del comercio justo parece listo para seguir creciendo. Y cualquiera sean los temas más generales, este podría -al menos en teoría- beneficiar a cientos de pequeños productores en Chile si aprovechan las oportunidades.

Productos con Certificación de Comercio Justo en Chile

En Chile, tendrá dificultades por ahora para encontrar una etiqueta de comercio justo, pero eso podría cambiar pronto si la presión de los consumidores crece, señala Gerardo Wijnant, gerente general de Comparte. Su compañía sin fines de lucro con sede en Santiago, lanzó recientemente una campaña orientada a persuadir a las grandes empresas minoristas de Chile para que comiencen a ofrecer productos con certificación de comercio justo.“Sería genial si pudiéramos hacer que, digamos, Jumbo o Líder se interesen y coloquen stands ofreciendo productos de comercio justo a sabiendas de que tarde o temprano los consumidores comenzarán a exigirlos de todos modos”, afirma.

Los consumidores chilenos, en particular los jóvenes, están cada vez más interesados en dónde y cómo se produjeron sus alimentos, argumenta. “Mire la comida orgánica”, señala. “Nadie hablaba de ella en Chile hace 15 o 20 años, pero ahora sí; el nivel de conciencia sobre estos temas está creciendo día a día”.

Gideon Long se desempeña como periodista freelance en Santiago y además trabaja para la BBC.

Long established in Europe, the fair trade movement is also gaining momentum in the United States, but what does it mean for Chilean exporters?

Browse the shelves of almost any supermarket in Europe these days and you’ll find bags of coffee or bars of chocolate carrying the Fair Trade label. It’s a blue and green swoosh on a black circle that looks slightly like a Chinese yin and yang sign.

In the United States, you’ll have to look rather harder to find the equivalent black and white label, but it is there on products sold in retail outlets like Whole Foods, Sam’s Club and Wegmans.

A fair trade label indicates that a product has been made according to certain ethical standards. It means, for example, that the supplier has received a price that at least covers its production costs, that it has been paid on time and has a long-term commitment from its buyers and that it does not use child labor or discriminate on grounds of gender, age or race and is environmentally friendly.

The concept originated in Europe in the late 1960s. The idea was to ensure that farmers in the developing world received a fair price and were protected from the vagaries and violent price swings of international commodity markets.

As it took hold, companies like Traidcraft in Britain, GEPA in Germany and Oxfam Fairtrade in Belgium began to import goods from the developing world according to fair trade principles, passing on the extra cost to their consumers who could expect (and still can) to pay a premium of around 10-15%.

For years, fair trade was a niche market for middle-class, socially conscious Europeans who could afford to pay a little extra for their Nicaraguan coffee or Kenyan green beans. But it’s now gone mainstream particularly in Britain, the movement’s new epicenter.

Big British retailers like Tesco, Marks & Spencer and Waitrose all sell fair trade products. Sainsbury’s, one of the country’s largest supermarket chains, now buys all its bananas from fair trade sources and Cadbury, the country’s best-known chocolate maker, is switching to fair trade cocoa.

The fashion for fair trade also appears to be crossing the Atlantic and taking root in the United States. “We’re not nearly as far along as we would like or as our colleagues in the UK,” says Todd Stark, chief operating officer of TransFair USA, the organization that promotes fair trade in the United States.

“But we really expect that over the next five years or so, we’ll see a much greater awareness of fair trade products here,” he says. “It’s a niche business now but it doesn’t have to be.”

Ben & Jerry’s, Starbucks and Dunkin’ Donuts are among the big U.S. retailers already sourcing some of their ingredients from fair trade producers. Late last year, the first bottles of fair trade certified wine were sold in the U.S. and included a Chilean sauvignon blanc - Wandering Grape - made in the Maule Valley near Talca.

In all, fair trade sales in the United States reaped US$1.1 billion last year and grew by 10% from 2007, despite the downturn in the economy. As a percentage of overall food and beverage sales, they are, at less than 1%, still tiny, but a recent survey commissioned by Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), which sets the standards for the movement, found that 57% of U.S. consumers would spend at least 5% more for fair trade products.

Export opportunities

In Chile, there are now 17 fair trade certified producers of items such as wine, honey and dried fruit, exporting to Europe and the U.S., and another 20 or so who are seeking FLO certification.

Among the most successful is Apicoop, Chile’s fourth biggest honey exporter. Based in Paillaco near Valdivia, it started life in 1980, producing for the domestic market, but its fortunes changed in 1987 when it turned its back on a key Chilean client.

“We were in talks with one of the big supermarket chains and the conditions they offered us were quite unfair,” says Apicoop’s manager Juan Eduardo Henríquez. “They were only prepared to pay us 90 days after invoicing and wanted to drop the price for our honey by 27% from the previous year."

Within months, GEPA had stepped into the breach, agreeing to buy Apicoop’s surplus honey at a higher price than the supermarket chain had offered and to pay more quickly. The relationship flourished and GEPA remains one of its most important clients.

Apicoop also sells honey to Britain’s Traidcraft, which pledges to pay its suppliers within five days of invoicing and even pays half the money in advance. Henríquez says the price stability offered by companies like Traidcraft and GEPA is a godsend for small producers.

That's particularly the case in agriculture, he says, where prices can swing violently from one year to another, depending on the size and quality of harvests. “It allows producers to plan for more than a year at a time and to start thinking long-term,” he points out.

Rafael Espinoza, president of Lautaro Wines, tells a similar story. His vineyard near Curicó exports fair trade certified wine to Canada and nine European countries and soon hopes to start exporting to the U.S.

It buys grapes from 22 local farmers and the benefit to them was dramatically highlighted in 2007 when a bumper grape harvest in Chile led to a glut. Prices slumped to as little as 60 pesos per kilo - less than the cost of production, says Espinoza - but Lautaro, cushioned by its fair trade contracts with European importers, continued to pay well over 100 pesos per kilo.

Espinoza also highlights the social benefits of fair trade. As well as the minimum price guarantee, fair trade buyers like GEPA and Traidcraft are obliged by FLO to pay their suppliers a premium - calculated as a percentage of sales - which must be invested in social welfare projects.

“We’ve put this money into health and education for our workers,” Espinoza says. “We currently have around 30 children - the children of our grape growers - who are at various stages of studying, from school to university; without fair trade, a lot of those children wouldn’t have had those opportunities.”

What constitutes fair trade?

So, if fair trade offers producers an expanding international market, a guarantee that their costs will be met and extra money to spend on social welfare, why have so few companies in Chile jumped on the bandwagon?

Part of the answer lies in lack of awareness. But there are other problems too, most of which stem from one fundamental question: who decides what constitutes fair trade?

The task of setting standards falls to FLO, a federation of national associations based in Germany, while the task of checking whether those standards are being upheld falls to its sister agency, FLO-CERT.

If FLO is the international legislator of the fair trade movement, then FLO-CERT is its international policeman. But their job is mind-numbingly complex because they are trying to establish rules for all sorts of products from countries with massively different economic and social conditions.

FLO has a list of ‘generic trade standards’ to which all fair trade operators must adhere but, when you get down to specifics, you can’t apply the same rules to, say, a big banana growing company in Ecuador and a family-run fruit farm in Chile. So, as well as its ‘generic trade standards’, FLO has a raft of ‘specific product standards’ that cover everything from dried fruit to quinoa to cotton.

It also has a list of minimum and maximum prices for all the products it certifies and a ‘prohibited materials list’ of herbicides and fungicides. There is even a definition of what constitutes the minimum length (16 cm) and minimum width (27 mm) of a fair trade banana.

FLO says this attention to detail is essential to ensure the standards of fair trade are upheld. Critics of the system, however, say it is bureaucratic and swallows up money that should go to poor farmers in the developing world.

Producers have to pay for FLO certification - around US$2,500 for a small company - and then again for annual inspections. Many farmers say they either cannot afford to certify or, even if they can, that it’s not worth their time and money.

As professor of food policy at City University in London, Tim Lang has charted the growth of the fair trade movement since its early days and, while he is an advocate, he acknowledges the problems.

“I think the big criticism to be made of fair trade is that the amount of money that gets to the primary producer when you have a long global supply chain is still tiny,” he says. “Still vastly more money out of, say, a banana goes to the supermarket than to the primary grower.”

He also admits there have been cases where “the social engagement has not been as good as it should be” and, for example, fair trade premiums have not reached the farmers they are supposed to help.

Another problem is that FLO only certifies certain products - commodities like coffee, tea, sugar and fruit - and not manufactured goods like jewelry and handicrafts. So, how do producers of those goods gain fair trade certification?

One answer is to become a member of the World Fair Trade Organization (WFTO), which has its own label. Its members simply have to prove that they adhere to the WFTO’s ‘Ten Principles of Fair Trade’, which cover things like working conditions, transparency, wages, the environment and gender equality.

Scores of tiny producers and manufacturers in Chile meet those criteria and many of them are already trumpeting their WFTO credentials to help them export to the U.S. and elsewhere. The danger is, though, that this definition of what constitutes fair trade is so watered down as to be meaningless.

Such issues leave the fair trade movement open to criticism that it is too vague a concept or that it is wrapping trade in a swathe of red tape, protecting inefficient farmers by offering them an artificially high price for their goods, or that it is simply a vehicle for disguised protectionism.

But, whether on a supermarket shelf in Britain or a Starbucks café in the United States, the market for fair trade goods appears set for further growth. And whatever the broader questions, this could, in theory at least, benefit hundreds of small producers in Chile if they take advantage of the opportunities.

Fair trade products in Chile

In Chile, you’ll struggle to find a fair trade label at the moment but that could soon change if consumer pressure grows, says Gerardo Wijnant, general manager of Comparte. His not-for-profit company, based in Santiago, recently launched a campaign to persuade Chile’s big retailers to start offering fair trade products.“It would be great if we could get, say, Jumbo or Líder interested and have them set up stands offering fair trade products in the knowledge that sooner or later consumers are going to start demanding them anyway,” he says.

Chilean consumers, particularly the young, are increasingly interested in where and how their food was produced, he argues. “Look at organic food,” he says. “No one talked about it in Chile 15 or 20 years ago but now they do; every day, awareness of these types of issues is increasing.”

Gideon Long is a freelance journalist based in Santiago. He also works for the BBC.