Si los chilenos consideran a alguna de sus instituciones dignas de Dickens, esa tiene que ser la Contraloría General de la República. En la imaginación popular, es un lugar oscuro y polvoriento, cuyo personal añoso se hunde en montañas de papeles que sólo ellos entienden.

Pero su imagen comenzó a cambiar a partir de abril del 2007 cuando Ramiro Mendoza, abogado del sector privado, fue designado contralor general de la República. Desde entonces, ha estado regularmente en los titulares por investigaciones implacables sobre temas tales como la incapacidad del Ministerio de Educación en Santiago para mantener un control adecuado de su dinero. O la transparencia con las que se han adjudicado los contratos de ciertas municipalidades de la ciudad (o la falta de ella).

A cargo de garantizar que el Gobierno no traspase los límites de la ley, el trabajo de la Contraloría General tiene que ver con el derecho administrativo. Y, para los que miran desde afuera, eso puede ser un tema muy poco atractivo, admitió Mendoza en un desayuno de la AmCham realizado el 13 de agosto.

Sin embargo, también es muy importante para las empresas. “El imperio de la ley, las instituciones que funcionan adecuadamente, la transparencia y la probidad del sector público contribuyen a que haya más y mejores operaciones en el sector privado”, destacó. Y eso se aplica, añadió, no sólo a los acuerdos comerciales del sector privado con el Estado, sino que también a un sinfín de temas, como el correcto establecimiento de tarifas reguladas de servicios públicos, que afectan sus costos.

La Contraloría General tiene que dar la aprobación previa a las decisiones del sector público, determinando si cumplen o no con la ley, y auditar a los servicios públicos en la correcta implementación de esas decisiones. “Desde el 2002, hemos tenido la facultad de auditar… lo que queramos y en la forma en que queramos”, dijo Mendoza en el desayuno.

Lo único que no está permitido es evaluar el mérito, la conveniencia o lo oportuno de una decisión del Gobierno. “Esa es una restricción natural, porque -de lo contrario- estaríamos cogestionando a la administración pública”, destacó Mendoza.

El proceso de autorización previa -ya sea para una nueva concesión de obras públicas o un cambio en las tarifas de los servicios públicos- puede ser un “cuello de botella espectacular”, reconoce Mendoza. “Algunas veces, puede demorar demasiado, pero también es una garantía del imperio de la ley”.

No obstante, es el rol auditor de la Contraloría lo que atrae la mayor atención y es, según Mendoza, la parte más compleja de su labor. Para una institución con un personal de 1.600 y un presupuesto anual de apenas US$63 millones, es mucho trabajo, porque la administración del Estado es “un monstruo enorme”.

Ese problema se ve agravado, añadió, por el hecho de que, con sus investigaciones de alto nivel, la Contraloría General se ha convertido en “la novedad del año”. Eso ha alentado a la gente a acercársele con todo tipo de temas, muchos de los cuales no tiene la facultad para resolver.

Con el fin de hacer su trabajo más manejable, la Contraloría usa una matriz de riesgo para establecer sus prioridades. Y ahí hizo recientemente un importante cambio -“el eje de nuestra supervisión hoy en día está en áreas en las que los recursos públicos se transfieren al sector privado”, comentó Mendoza en el desayuno de la AmCham.

Pero, en lugar de ejercer únicamente un rol coercitivo, la Contraloría también busca contribuir a la calidad de la administración del Estado a través de la educación y la asesoría. “La gran deficiencia que tenemos en Chile es la educación… hay una falta de conocimiento y de buenas prácticas en las relaciones al interior de la administración pública; eso es algo que estamos tratando de mejorar”, informó Mendoza.

También está tratando de reducir los tiempos en que emite sus fallos. Una investigación que concluye años después de la situación que se revisa difícilmente puede considerarse efectiva, destacó Mendoza. Pero hay otro problema, añadió.

Pero para quienes no son abogados, leer uno de los fallos diligentemente redactados de la Contraloría es “un desafío intelectual” y es necesario que estos sean más cortos y concisos de manera de facilitar el acceso del público a la información que contienen.

Practicando lo que predica, la Contraloría también está trabajando para aumentar su propia transparencia. En una medida clave, todas sus resoluciones ahora se publican en su sitio web junto con la agenda de reuniones del contralor.

De hecho, esa quizás se identifique como la medida más importante del contralor general Mendoza. Después de todo, la luz del sol -o, en este caso, el acceso público a la información- es una de las formas más efectivas para limpiar a fondo las esquinas polvorientas.

If Chileans consider any of their institutions to be Dickensian, then it is the Comptroller General’s Office. In popular imagination, it is a dark and dusty place whose aged staff sag under mountains of paperwork only they understand.

But its image has started to change since April 2007 when Ramiro Mendoza, a private-sector lawyer, was appointed as the country’s new Comptroller General. Since then, it has regularly been in the headlines for hard-hitting investigations into issues such as the failure of the Education Ministry’s office in Santiago to keep proper tabs on its money. Or the transparency - or otherwise - with which contracts have been awarded by some of the city’s municipal governments.

Charged with ensuring that the government does not stray beyond the bounds of the law, the work of the Comptroller General’s Office has to do with administrative law. And, for outsiders, that can be a very unappetizing subject, admitted Mendoza at an AmCham breakfast on August 13.

But it is also very important for business. “The rule of law, institutions that work properly, transparency and public-sector probity make for more and better private-sector business,” he pointed out. And that applies, he added, not only to the private sector’s business dealings with the state but also to a multitude of matters, like the proper setting of regulated utility tariffs, that affect their costs.

The Comptroller General’s Office has to give prior approval for public-sector decisions, determining whether or not they comply with the law, and audit public services in the correct implementation of those decisions. “Since 2002, we have had the power to audit… whatever we want and however we want,” Mendoza told the breakfast.

The only thing it isn’t allowed to do is evaluate the merit, timing or convenience of a government decision. “That’s a natural restriction because, otherwise, we’d be co-managing the public administration,” noted Mendoza.

The process of prior authorization - whether for a new public works concession contract or a change in utility tariffs - can be a “spectacular bottleneck”, recognized Mendoza. “Sometimes, it can take too long but it is also a guarantee of the rule of law.”

But it is the Office’s auditing role that attracts most attention and is, according to Mendoza, the most complex part of its work. For an institution with a staff of 1,600 and an annual budget of just US$63 million, it is a lot of work because the state administration is “an enormous monster”.

That problem has been aggravated, he added, by the fact that, with its high-profile investigations, the Comptroller General’s Office has become “the novelty of the year”. That has encouraged people to approach it on all sorts of issues, many of which aren’t in its power to resolve.

In order to make its work more manageable, the Office uses a matrix of risk to establish its priorities. And there it has recently made an important shift - “the axis of our supervision today is on areas in which public resources are transferred to the private sector,” Mendoza told the AmCham breakfast.

But, rather than exercising a merely coercive role, the Office also seeks to contribute to the quality of state administration through education and advice. “The great deficiency we have in Chile is education… there is a lack of knowledge and good practices in relations within the public administration; that’s something we’re trying to improve,” reported Mendoza.

It is also seeking to increase the speed with which it issues its rulings. An investigation that concludes years after the event can hardly be considered effective, noted Mendoza.

But there is another problem, he added. For people who are not lawyers, reading one of the Office’s closely-written rulings is “an intellectual feat” and they need to be shorter and more concise so as to facilitate public access to the information they contain.

Practicing what it preaches, the Comptroller General’s Office is also working to increase its own transparency. In one key measure, all its rulings are now posted on its website, along with the Comptroller General’s agenda of meetings.

That is, indeed, identified as perhaps the single most important measure taken by Comptroller General Mendoza. Sunlight - or, in this case, public access to information - is, after all, one of the most effective ways to spring-clean dusty corners.