Chile tiene un grave problema de impunidad respecto de los delitos contra la propiedad intelectual, lo que queda de manifiesto con los altos índices de piratería existentes en materia de uso de software y que se han mantenido en el tiempo. Además del perjuicio que se causa a los legítimos titulares de los derechos, esto acarrea pérdidas cuantiosas para la economía y limita las posibilidades de desarrollo del país.
Los cambios aprobados recientemente a la legislación sobre propiedad intelectual -próximos a convertirse en ley- abren una oportunidad para revertir esta situación, pero para que ello se concrete es una condición indispensable que se aplique eficazmente por el sistema judicial y, al mismo tiempo, se promueva un cambio cultural que fortalezca la convicción de la sociedad acerca de la gravedad de estos delitos.
Un estudio reciente de la Business Software Alliance (BSA), entidad que defiende los derechos de los desarrolladores de software, estima que el 67% de los programas usados en Chile son ilegales, cifra que duplica el promedio que se estima existe en los países que son miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (Ocde). Este panorama es el que ha llevado a Estados Unidos a incluir a Chile en la llamada "Lista Roja", que incluye a los países en los que no existe un suficiente respeto de los derechos de autor, calificación ratificada hace pocas semanas por tercer año consecutivo.
Entre los daños que causa la piratería están las pérdidas económicas que sufren los que tienen los derechos de autor -el estudio mencionado estima en más de 200 millones de dólares las pérdidas para el país-, así como la pérdida para el Fisco de los impuestos correspondientes. Adicionalmente, la posibilidad de enfrentar el uso ilegal masivo genera un desincentivo a que las empresas vean a Chile como un lugar para distribuir sus productos, como ya ha sido posible apreciar en algunos casos recientes.
Por otra parte, el que no se pague por el uso del software significa un desincentivo a la investigación, porque se hace mucho más difícil recuperar el capital invertido en empresas que son extremadamente riesgosas. Por eso, cuando se habla de promover el emprendimiento en nuevas tecnologías, este es uno de los temas que debería atacarse.
Uno de los objetivos de las modificaciones aprobadas recientemente a la legislación sobre propiedad intelectual fue fortalecer estos derechos por la vía de sanciones más estrictas y mecanismos más eficientes para castigar las infracciones. Incluso, se contemplan resguardos para el mal uso de internet, aspecto que fue objeto de gran controversia en la discusión legislativa. También se precisaron los casos en que no existe uso ilegal, lo que ayuda a los usuarios a tener claridad sobre lo que pueden usar legítimamente.
En todo caso, para que esta legislación produzca efectos prácticos se requiere que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial asignen recursos a este fin y que sean gestionados de manera eficaz, utilizando las nuevas herramientas que otorga la ley.
Es clave, eso sí, para que se comprenda la gravedad que presenta hoy el fenómeno de la piratería en Chile, que se realice un esfuerzo profundo por revertir la falta de valoración que se otorga en nuestra sociedad a los derechos de propiedad de los creadores. Ello se expresa de manera patente en la tolerancia que existe, por ejemplo, al comercio en las calles de productos de origen ilícito. No cabe duda de que la disponibilidad de tecnología que facilita la copia y uso ilegal de software, y por esa razón es necesario poner a la vista las consecuencias más profundas de dar mal uso a estos avances.
Al no existir claridad de que se trata de la violación de un derecho como cualquier otro, se facilita la impunidad y se quita sustento a la acción de la justicia. Para lograr esa valoración se requiere una labor educativa tanto del Estado, como de las instituciones educacionales y las familias.
El diario La Tercera del día 6 de febrero de 2010 editorializa sobre la situación del piratería del software en Chile. Por su interés, transcribo el texto del mismo:
Chile tiene un grave problema de impunidad respecto de los delitos contra la propiedad intelectual, lo que queda de manifiesto con los altos índices de piratería existentes en materia de uso de software y que se han mantenido en el tiempo. Además del perjuicio que se causa a los legítimos titulares de los derechos, esto acarrea pérdidas cuantiosas para la economía y limita las posibilidades de desarrollo del país.
Los cambios aprobados recientemente a la legislación sobre propiedad intelectual -próximos a convertirse en ley- abren una oportunidad para revertir esta situación, pero para que ello se concrete es una condición indispensable que se aplique eficazmente por el sistema judicial y, al mismo tiempo, se promueva un cambio cultural que fortalezca la convicción de la sociedad acerca de la gravedad de estos delitos.
Un estudio reciente de la Business Software Alliance (BSA), entidad que defiende los derechos de los desarrolladores de software, estima que el 67% de los programas usados en Chile son ilegales, cifra que duplica el promedio que se estima existe en los países que son miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (Ocde). Este panorama es el que ha llevado a Estados Unidos a incluir a Chile en la llamada "Lista Roja", que incluye a los países en los que no existe un suficiente respeto de los derechos de autor, calificación ratificada hace pocas semanas por tercer año consecutivo.
Entre los daños que causa la piratería están las pérdidas económicas que sufren los que tienen los derechos de autor -el estudio mencionado estima en más de 200 millones de dólares las pérdidas para el país-, así como la pérdida para el Fisco de los impuestos correspondientes. Adicionalmente, la posibilidad de enfrentar el uso ilegal masivo genera un desincentivo a que las empresas vean a Chile como un lugar para distribuir sus productos, como ya ha sido posible apreciar en algunos casos recientes.
Por otra parte, el que no se pague por el uso del software significa un desincentivo a la investigación, porque se hace mucho más difícil recuperar el capital invertido en empresas que son extremadamente riesgosas. Por eso, cuando se habla de promover el emprendimiento en nuevas tecnologías, este es uno de los temas que debería atacarse.
Uno de los objetivos de las modificaciones aprobadas recientemente a la legislación sobre propiedad intelectual fue fortalecer estos derechos por la vía de sanciones más estrictas y mecanismos más eficientes para castigar las infracciones. Incluso, se contemplan resguardos para el mal uso de internet, aspecto que fue objeto de gran controversia en la discusión legislativa. También se precisaron los casos en que no existe uso ilegal, lo que ayuda a los usuarios a tener claridad sobre lo que pueden usar legítimamente.
En todo caso, para que esta legislación produzca efectos prácticos se requiere que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial asignen recursos a este fin y que sean gestionados de manera eficaz, utilizando las nuevas herramientas que otorga la ley.
Es clave, eso sí, para que se comprenda la gravedad que presenta hoy el fenómeno de la piratería en Chile, que se realice un esfuerzo profundo por revertir la falta de valoración que se otorga en nuestra sociedad a los derechos de propiedad de los creadores. Ello se expresa de manera patente en la tolerancia que existe, por ejemplo, al comercio en las calles de productos de origen ilícito. No cabe duda de que la disponibilidad de tecnología que facilita la copia y uso ilegal de software, y por esa razón es necesario poner a la vista las consecuencias más profundas de dar mal uso a estos avances.
Al no existir claridad de que se trata de la violación de un derecho como cualquier otro, se facilita la impunidad y se quita sustento a la acción de la justicia. Para lograr esa valoración se requiere una labor educativa tanto del Estado, como de las instituciones educacionales y las familias.