Chile está envejeciendo. Según los resultados del censo 2012, había 2,4 millones de chilenos de 60 años o más, lo que equivale al 14% de la población. Eso es superior al 11% del 2002. Junto con las menores tasas de nacimiento, el desarrollo económico del país y la mejor atención de salud significa que la gente está viviendo más. De hecho, la expectativa de vida a la edad de jubilación es ahora 30% más alta de lo que era hace 30 años. Pero la gran pregunta es ¿cómo se van a mantener los chilenos en su vejez?

Tomemos como ejemplo a María Luz Navarette, quien tiene 63 años de edad. Trabajó 31 años en la administración pública de Chile, pero desde que se jubiló en el 2010 ha recibido una pensión de 456.000 pesos chilenos al mes (cerca de US$950), lo que corresponde al 40% de su sueldo antes de jubilarse.

“Mi pensión no es suficiente para cubrir los gastos de mi casa o mi seguro de salud”, se queja.

Pero María Luz, quien es vicepresidenta de la recién formada Asociación Nacional de Pensionados del Sistema Privado de pensiones (ANAPEC) de Chile, está comparativamente bien. Miles de sus compatriotas -hombres y mujeres- pueden esperar una pensión que los coloca apenas por sobre la línea de la pobreza.

En virtud del sistema privado de pensiones de Chile, que se introdujo en el año 1981 para reemplazar el sistema estatal de reparto, las personas son responsables de ahorrar para su vejez. Los trabajadores deben pagar un 10% obligatorio de su renta mensual antes de impuestos a una cuenta de ahorro individual que es administrada por las Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AFP).

Las AFP han obtenido un rendimiento sobre la inversión del 8,7% anual promedio desde 1981 y el sistema ha acumulado un total de US$168.000 millones -equivalente a dos tercios del PIB de Chile- a nombre de cerca de 5 millones de chilenos. Mientras los sistemas estatales de pensiones han arrastrado a los países en Europa y otras zonas a la ruina financiera, el sistema de Chile ha hecho lo contrario al ayudar a impulsar el desarrollo económico del país.

Pero está fallando en un aspecto importante: no está generando el tamaño de pensiones que se esperaba en un principio. “Las pensiones no son tan altas como quisiéramos, hemos tomado algunas medidas pero se requieren cambios adicionales al sistema”, dice Solange Bernstein, quien encabeza la Superintendencia de Pensiones de Chile, que regula a las AFP.

Según cifras de la Superintendencia, la pensión promedio recibida en enero por cerca de un millón de chilenos bajo el nuevo sistema fue de poco menos de 179.000 pesos chilenos, lo que es levemente inferior al salario mínimo.

Como un promedio, la cifra es ligeramente engañosa porque incluye a todos los jubilados incluidos quienes cotizaron solo una o dos veces en su vida, afirma Guillermo Arthur, presidente de la Asociación de AFP.

“Hay muchos trabajadores en Chile que han cotizado muy poco y uno no puede esperar una buena pensión si no ahorra”, sentencia.

Aún así, pensionados como María Luz que ahorraron a consciencia durante 30 años se sienten defraudados por el sistema. Navarrete afirma que la tasa de reemplazo -su pensión como porcentaje de su salario- es mucho menor que el 70% que se prometió a los afiliados en un comienzo.

Arthur admite que hay un problema y señala que las AFP están estudiando posibles reformas. Parte del problema es que los chilenos están viviendo más. Pero también están ganando mayores sueldos, subraya Arthur, lo que significa que necesitan ahorrar más para jubilarse con un estándar de vida comparable.

Se han hecho algunos cambios. El Gobierno anterior de la presidenta Michelle Bachelet hizo de la reforma de pensiones una prioridad y, en el 2008, promulgó una reforma basada en las propuestas de la Comisión Marcel, un grupo de expertos liderado por el economista chileno Mario Marcel. La reforma intentó fortalecer el pilar de solidaridad del sistema de pensiones e incrementar los subsidios estatales para las pensiones de grupos vulnerables tales como las mujeres y los trabajadores de bajos ingresos.

En virtud de la reforma, a todos los chilenos se les garantiza una pensión mínima de US$160 al mes. Las mujeres también pueden acceder a una pensión subsidiada por el Estado, conocida como bono por hijo, que se entrega según la cantidad de hijos que hayan tenido. Asimismo la reforma introdujo un subsidio para equiparar las cotizaciones de pensiones de los trabajadores de bajos ingresos.

“Uno de los objetivos clave de la reforma, que fue evitar la pobreza en la vejez, se ha cumplido en gran parte”, sostiene Mario Marcel. “Como resultado, cientos de miles de personas están recibiendo pensiones que no habrían recibido bajo la antigua normativa”.

Aún es pronto para evaluar el impacto de la reforma, comenta Marcel, dado que el sistema no alcanzará la madurez hasta el 2025. Ahí es cuando la primera generación de chilenos se jubilará bajo el sistema “solo” de cotizaciones a diferencia de la combinación de “bonos de reconocimiento” del antiguo sistema estatal y ahorros privados. Pero se pueden sacar algunas conclusiones tempranas.

Limbo de Pensiones

Primero que todo, la reforma no resolvió el problema de la informalidad en el mercado laboral de Chile. Las cotizaciones de pensiones son obligatorias para los trabajadores asalariados, pero no para los trabajadores independientes y para quienes trabajan de manera informal, los que corresponden a cerca de un cuarto de todos los trabajadores chilenos.

“Los problemas están más en el mercado laboral que en el sistema de pensiones”, señala Cecilia Cifuentes, economista del centro de estudios santiaguino Libertad y Desarrollo. “Es difícil para el sistema de pensiones entregar pensiones a personas que no ahorran”.

Eso cambiará en el 2015 cuando será obligatorio cotizar para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores independientes. No obstante, incluso los chilenos con empleo a menudo tienen interrupciones en las cotizaciones -conocidas como “lagunas”- debido a períodos de desempleo, estudios, trabajo independiente o maternidad, destaca Cifuentes.

Los jóvenes y las mujeres son particularmente vulnerables debido a su precaria situación de empleo y, aunque la reforma del 2008 ha ayudado, se necesitan más reformas, sostiene.

En el corto plazo, una opción es fortalecer el pilar de solidaridad. Por ejemplo, el Estado podría subsidiar las pensiones de los desempleados y otros que no pudieron cotizar de manera regular durante períodos de su vida laboral como por ejemplo aquellos que hacían su servicio militar, indica Marcel.

Otra opción es una pensión plana para todo el mundo. El problema es que el monto de la pensión básica de Chile se reduce gradualmente a medida que el monto de su pensión autofinanciada aumenta, lo que crea un incentivo perverso para no ahorrar. Una pensión plana similar a la pensión “universal” del Reino Unido resolvería este problema, argumenta David Blake, director del Pensions Institute de Reino Unido, quien recientemente visitó Chile para participar en un seminario.

“Esto proporcionaría un piso para todos sin distinción y eliminaría cualquier desincentivo para cotizar”, comenta. “Esto resolvería una serie de problemas y tendría un efecto inmediato”.

En su momento, la Comisión Marcel consideró que dicha pensión universal sería muy costosa. “Eso era entonces, pero ahora Chile podría costear un sistema así”, dice Marcel.

Ayudar a que los Trabajadores Se Ayuden

Una solución de largo plazo que cuenta con el beneplácito de las AFP es hallar maneras de alentar a los trabajadores a cotizar más voluntariamente. En la actualidad hay incentivos tributarios, pero estos han tenido poco impacto, porque la mayoría de quienes ganan poco en Chile de todos modos no tienen que pagar impuestos. “Necesitamos pensar en otros incentivos”, indica Cifuentes.

La reforma del 2008 se perdió una oportunidad, dice, porque el “bono por hijo” está disponible para cualquier mujer que cotice incluso una sola vez en una AFP. “Debería ser para mujeres que coticen al menos 10 o 20 veces para fomentar más cotizaciones”, dice.

Otra forma de hacer que los trabajadores coticen más es subiendo la edad de jubilación, que en la actualidad es de 60 para las mujeres y 65 para los hombres. La Comisión Marcel recomendó elevar la edad gradualmente, en especial para las mujeres, pero el Gobierno no quiso pagar el costo de ello, asevera Cifuentes.

Muchos chilenos ya siguen trabajando pasada su edad de jubilación para complementar su pensión, pero otros no tienen esa opción. “Necesitamos un cambio en la mentalidad para alentar a la gente a seguir activa por más tiempo, lo que además beneficiaría su calidad de vida”, afirma.

Esto podría incluir, por ejemplo, incentivos para que las compañías contraten a más gente de la tercera edad. Por supuesto, el mejor incentivo es la educación. La reforma del 2008 creó un fondo para apoyar iniciativas para educación de pensiones y las AFP han lanzado sus propias campañas para promover el ahorro, pero es necesario hacer más, señala Marcel.

“Es una batalla que no se puede abandonar, porque no hay forma de que gente con interrupciones de 30% o 40% de su vida laboral puedan financiar una pensión razonable”, asevera.

No obstante, a juicio de David Blake, un sistema basado en cotizaciones voluntarias nunca funcionará. “Los jóvenes simplemente no entienden que un día serán viejos”, comenta.

Un enfoque más realista, sugiere, es incrementar la tasa de cotizaciones obligatoria, que es algo que la Superintendencia está considerando. Sin cotizaciones de los empleadores, las que son comunes en otros sistemas de pensiones, una tasa del 10% es insuficiente, afirma Blake.

“Uno necesita algo como un 15% o un 16% durante 40 años a fin de obtener una pensión decente, a menos que uno esté preparado para trabajar por más tiempo”, explica.


La superintendenta Bernstein concuerda en que, según los estándares internacionales, la tasa de cotizaciones en Chile es relativamente baja. “Es insuficiente para financiar el nivel de pensiones que la gente espera”, indica.

Pero no es tan simple. Está el tema del potencial impacto en el mercado laboral. “Al elevar la tasa uno está ya sea recortando el ingreso neto de los trabajadores o bien subiendo el costo de la mano de obra”, señala Marcel.

También está la posibilidad de que los jóvenes terminen ahorrando menos si tienen menos oportunidades de empleo. Por esta razón, deberían analizarse primero las alternativas que implican aumentar la densidad de las cotizaciones, sostiene Marcel.

“No tendremos la actual [baja] tasa de desempleo para siempre, de modo que es necesario que seamos cuidadosos”, asevera.

Competencia

Otro cambio introducido en el 2008 se diseñó para incrementar la competencia entre las AFP. Esto involucra una licitación cada dos años para que las AFP presenten ofertas por los 700.000 nuevos trabajadores que se estima ingresan a la fuerza laboral cada 24 meses. Estos trabajadores están obligados a permanecer en la AFP que ofrezca las menores comisiones de administración por a lo menos dos años.

AFP Modelo ganó las primeras dos licitaciones en el 2010 y el 2012, pero -pese a ofrecer una menor comisión- no ha logrado captar muchos afiliados de otras AFP, dice Cifuentes. La principal razón, a su juicio, es que los afiliados están poco informados.

Todas las AFP de Chile cobran a los cotizantes el 1% de su ganancia mensual antes de impuestos para comprar seguros de discapacidad y sobrevivencia para los cotizantes. Además cobran una comisión de administración promedio del 1,4%, pero esta varía de manera significativa. En febrero, según la Superintendencia, AFP Modelo cobró la comisión más baja (0,77%), mientras que AFP PlanVital cobró la más alta (2,36%).

“La gente no actúa en su propio interés al responder a diferentes comisiones”, dice Cifuentes. “Reciben información, pero no la leen”.

Por ley las AFP deben publicar sus comisiones cada trimestre y hay herramientas disponibles en el sitio web de la Superintendencia para comparar los costos y simular pensiones, pero pocos afiliados aprovechan esto, destaca Bernstein.

“La mayor competencia contribuye a la eficiencia y los menores costos, pero esto depende de que la gente esté consciente de cuánto está pagando”, señala.

Inversión Extranjera

La inversión extranjera en las AFP chilenas también podría aumentar la competencia. En los últimos meses, dos aseguradoras estadounidenses, Principal Financial Group y Metlife, llegaron a acuerdos para adquirir dos fondos chilenos -AFP Cuprum y AFP Provida, respectivamente- en transacciones de miles de millones de dólares.

Estas adquisiciones, incluida la compra en el 2011 de AFP Capital por parte del colombiano Grupo Sura, son una confirmación de que Chile es un mercado emergente atractivo para los inversionistas. Las instituciones de Chile funcionan y las reglas se respetan, indica Cifuentes, quien agrega que el año pasado marcó un récord para la inversión extranjera directa en Chile.

“El ingreso de actores como Principal y Metlife es una señal de la solidez del sistema”, sostiene Guillermo Arthur. “La formalización del empleo y los mayores salarios están haciendo de Chile un mercado más atractivo”.

No obstante, hay algunos riesgos regulatorios incluidas las propuestas para elevar la participación estatal en el sistema de pensiones. Un paso podría ser la creación de una AFP estatal, lo que se ha sugerido como una solución a las bajas pensiones. Sin embargo, es improbable que una AFP estatal sea capaz de resolver los problemas con el sistema u ofrecer comisiones más bajas que las de Modelo, afirma Cifuentes.

Con la inversión extranjera entrando a Chile, las AFP chilenas están buscando también oportunidades en el extranjero. AFP Habitat, por ejemplo, recientemente se adjudicó una licitación para administrar las cotizaciones de pensiones de trabajadores en Perú.

La expansión de las AFP dentro de Latinoamérica es positiva para los afiliados chilenos, porque podría reducir los costos e incrementar el acceso a nuevos productos de seguro. Los fondos de pensiones deben administrarse de manera independiente en cada país, pero según Arthur hay “muchas sinergias y oportunidades de aprendizaje”.

También es una tranquilidad para los afiliados que, pese a los cambios en la propiedad de las AFP, sus ahorros estén protegidos. La ley chilena garantiza un rendimiento mínimo -equivalente al rendimiento promedio de todas las AFP- al exigir a las AFP mantener un fondo de reserva equivalente al 10% de sus fondos totales. “Esto significa que las administradoras no pueden hacer apuestas muy distintas de las de los demás”, dice Arthur.

Ello no quiere decir que los fondos de pensiones chilenos son inmunes a las crisis globales, como la crisis financiera del 2008 que hizo que todos los fondos cayeran temporalmente, sino que significa que los afiliados pueden estar más tranquilos.

Mayor Eficiencia

Las AFP chilenas integradas verticalmente son responsables de recaudar las cotizaciones, administrar las cuentas y gestionar las inversiones. Esta es una labor compleja y costosa, pero la reforma del 2008 posibilitó reducir los costos al separar parte de estas funciones.

Dado que las AFP compiten por afiliados, la mayor parte de sus costos de operación se destinan a operar sucursales y emplear personal de venta. Estos costos luego se traspasan a los afiliados. Pero en otros países la labor de administrar cuentas es manejada ya sea por el Estado, como la Agencia Sueca de Pensiones, o por compañías privadas seleccionadas por medio de un proceso de licitación como es el caso de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) de México.

A juicio de Marcel, una plataforma común para la administración de cuentas en Chile reduciría los costos fijos y las barreras de entrada. Esto además sería beneficioso en el largo plazo, porque cualquier reducción en las comisiones de administración aumentaría el tamaño de sus pensiones.

“Esto tendría que implementarse de manera gradual, pero es algo que merece ser analizado”, comenta Marcel.

Además Marcel se muestra optimista en cuanto a que la llegada de inversionistas extranjeros, como Principal y Metlife, con experiencia en hacer negocios en otros países, podría traer más flexibilidad e innovación
al sistema.

“Con más actores en el sistema, existe la posibilidad de que haya más innovación y quizás surgirán buenas ideas de la propia industria”, dice.

Reformas adicionales podrían ser difíciles antes de las elecciones presidenciales de Chile en noviembre de este año. Sin embargo, algunos precandidatos han sugerido que considerarían medidas para incrementar las cotizaciones voluntarias de pensiones.

El sistema de pensiones de Chile requiere de un ajuste, pero ha desempeñado un papel valioso en el crecimiento económico del país. Con una administración más eficiente y cambios regulatorios para cerrar los baches que aún existen en el sistema, la mayoría de los chilenos pueden esperar con ansias una jubilación dorada

Julian Dowling es el editor general de Business Chile.

Chile is going gray. According to the results of the 2012 census, there were 2.4 million Chileans aged 60 or over, which is equivalent to 14% of the population. That’s up from 11% in 2002. Along with declining birth rates, the country’s economic development and better health care mean people are living longer. In fact, life expectancy at retirement is now 30% higher than it was 30 years ago. But the big question is how will Chileans support themselves in their old age?

Take María Luz Navarette who is 63 years old. She worked for 31 years in Chile’s public administration, but since retiring in 2010 she has received a pension of 456,000 Chilean pesos a month (roughly US$950), which is 40% of her salary before retirement.

“My pension isn’t enough to cover my house payments or health insurance,” she complains.

But María Luz, who is the vice president of the recently formed Association of Pensioners in Chile’s Private Pension System (ANAPEC), is relatively well off. Thousands of her countrymen and women can look forward to a pension that puts them barely above the poverty line.

Under Chile’s private pension system, which was introduced in 1981 to replace the state-run pay-as-you-go system, individuals are responsible for saving for their old age. Workers must pay a mandatory 10% of their monthly pre-tax earnings into individual savings accounts that are managed by Chile’s Pension Fund Administrators (AFPs).

The AFPs have generated a return on investment averaging 8.7% a year since 1981 and the system has accumulated a total US$168 billion - equivalent to two-thirds of Chile’s GDP - on behalf of about 5 million Chileans. While state-run pension systems have dragged countries in Europe and elsewhere into financial ruin, Chile’s system has done the opposite by helping to fuel the country’s economic development.

But it is failing in one important respect: it is not generating the size of pensions that was initially expected. “Pensions are not as high as we would like, we have taken some steps but additional changes to the system are needed,” said Solange Bernstein, the head of Chile’s Superintendency of Pensions, which regulates the AFPs.

According to figures from the Superintendency, the average pension received in January by nearly one million Chileans under the new system was just under 179,000 Chilean pesos, which is slightly below the minimum wage.

As an average, the figure is slightly misleading because it includes all retirees including those who contributed just once or twice in their life, said Guillermo Arthur, president of the Association of AFPs.

“There are many workers in Chile who have contributed very little and you can’t expect a good pension if you don’t save,” he said.

Even so, pensioners like María Luz who saved conscientiously for 30 years feel let down by the system. She says the replacement rate – your pension as a percentage of your salary – is far below the 70% affiliates were initially promised.

Arthur admits there is a problem and says the AFPs are studying possible reforms. Part of the problem is that Chileans are living longer. But they are also earning higher salaries, points out Arthur, which means they need to save more to retire with a comparable standard of living.

Some changes have been made. The previous government of Michelle Bachelet made pension reform a priority and, in 2008, passed a reform based on the proposals of the Marcel Commission, a group of experts led by Chilean economist Mario Marcel. The reform sought to strengthen the solidarity pillar of the pension system and increase state subsidies for the pensions of vulnerable groups such as women and low-income workers.

Under the reform, all Chileans are guaranteed a minimum pension of US$160 a month. Women are also eligible for a state-subsidized pension, known as the bono por hijo, that is awarded based on how many children they have had. The reform has also introduced a subsidy to match pension contributions of low-income workers.

“One of the key objectives of the reform, which was to prevent poverty in old age, has been very much achieved,” said Mario Marcel. “As a result, hundreds of thousands of people are receiving pensions who would not have done so under the old rules.”

It is still early to evaluate the reform’s impact, says Marcel, since the system will not reach maturity until 2025. That’s when the first generation of Chileans will retire under the ‘pure’ defined contribution system as opposed to a combination of ‘recognition bonds’ from the old state-run system and private savings. But some early conclusions can be drawn.

Pension limbo

First of all, the reform did not solve the problem of informality in Chile’s labor market. Pension contributions are mandatory for salaried employees but not for the self-employed or those working informally who comprise around a quarter of all Chilean workers.

“The problems are more in the labor market than in the pension system,” said Cecilia Cifuentes, an economist at the Santiago think tank Libertad y Desarrollo. “It’s difficult for the pension system to give pensions to people who don’t save.”

That will change in 2015 when it will become compulsory for all workers, including independent workers, to contribute. But even Chileans with jobs often have gaps in contributions – known as ‘lagoons’ (lagunas) – due to periods of unemployment, studies, self-employment or maternity, points out Cifuentes.

Young people and women are particularly vulnerable because of their precarious employment situation and, although the 2008 reform has helped, more reforms are needed, she said.

In the short term one option is to strengthen the solidarity pillar. For example, the State could subsidize the pensions of the unemployed and others unable to contribute regularly for periods of their working life such as those doing their military service, said Marcel.

Another option is a flat pension for everyone. The problem is that the amount of Chile’s basic pension gradually declines as the amount of your self-funded pension rises, creating a perverse incentive not to save. A flat-rate pension similar to the “universal” pension in the United Kingdom would solve this problem, argues David Blake, director of the UK’s Pensions Institute who recently visited Chile to participate in a seminar.

“This would provide a floor for everyone without distinction and eliminate any disincentive to contribute,” he said. “This would solve a number of issues and have an immediate effect.”

At the time, the Marcel Commission considered that such a universal pension was too costly. “That was then but now Chile may be able to afford such a system,” said Marcel.

Helping workers help themselves

A longer-term solution favored by the AFPs is to find ways of encouraging workers to contribute more voluntarily. Tax incentives currently exist but these have had little impact because the majority of low-income earners in Chile do not have to pay taxes anyway. “We need to think of other incentives,” said Cifuentes.

The 2008 reform missed an opportunity, she says, because the “bonus per child” is available to any woman who contributes even once to an AFP. “It should be for women who contribute at least 10 or 20 times to encourage more contributions,” she said.

Another way to get workers to contribute more is by raising the retirement age – currently 60 for women and 65 for men. The Marcel Commission recommended gradually raising the age, especially for women, but the government didn’t want to pay the cost, said Cifuentes.

Many Chileans already continue to work past retirement to supplement their pension, but others do not have that option. “We need a change in mentality to encourage people to remain active longer, which would also benefit their quality of life,” she said.

This could include, for example, incentives for companies to hire more seniors. Of course, the best incentive is education. The 2008 reform created a fund to support initiatives for pension education and the AFPs have launched their own campaigns to promote saving, but more needs to be done, said Marcel.

“It’s a battle than cannot be abandoned because there is no way people with gaps of 30% or 40% of their working life can fund a reasonable pension,” he said.

But according to David Blake, a system based on voluntary contributions will never work. “Young people simply do not understand they will one day be old,” he said.

A more realistic approach, he suggests, is to increase the mandatory contribution rate, which is something being considered by the Superintendency. Without employer contributions, which are common in other pension systems, a rate of 10% is insufficient, said Blake.

“You need something like 15% or 16% over 40 years in order to get a decent pension, unless you’re preparing to work much longer,” he said.


Superintendent Bernstein agrees that by international standards the contribution rate in Chile is relatively low. “It is insufficient to finance the level of pensions people expect,” she said.

But it’s not so simple. There is the question of the potential impact on the labor market. “By raising the rate you are either eating into the net earnings of workers or increasing the cost of labor,” said Marcel.

There is also the possibility that young people will end up saving less if they have fewer employment opportunities. For this reason, alternatives involving increasing the density of contributions should be explored first, said Marcel.

“We will not have the current (low) unemployment rate forever, so we need to be careful,” he said.

Competition

Another change introduced in 2008 was designed to increase competition between AFPs. This involves a tender every two years for AFPs to bid on the estimated 700,000 new workers who enter the workforce every 24 months. These workers are obliged to stay in the AFP that offers the lowest administration fee for at least two years.

AFP Modelo won the first two tenders in 2010 and 2012 but, despite offering a lower fee, it has failed to attract many affiliates away from other AFPs. The main reason, according to Cifuentes, is that affiliates are poorly informed.

All of Chile’s AFPs charge contributors 1% of their monthly pre-tax earnings to buy insurance for contributors against disablement and for surviving dependents. They also charge an average administration fee of 1.4% but this varies significantly. In February, according to the Superintendency, AFP Modelo charged the lowest fee (0.77%) while AFP PlanVital charged the highest (2.36%).

“People do not act in their own self-interest by responding to different fees,” said Cifuentes. “They receive information but do not read it.”

By law the AFPs must publish their fees each quarter and tools are available on the Superintendency’s website to compare costs and simulate pensions, but few affiliates take advantage of this, points out Bernstein.

“Greater competition contributes to efficiency and lower costs, but this depends on people being aware of how much they are paying,” she said.

Foreign investment

Foreign investment in Chilean AFPs could also increase competition. In the last few months, two US insurance companies, Principal Financial Group and Metlife, have agreed to acquire two Chilean funds – AFP Cuprum and AFP Provida, respectively – in billion dollar deals.

These acquisitions, including Colombia’s Grupo Sura purchase of AFP in 2011, are confirmation that Chile is an attractive emerging market for investors. Chile’s institutions work and the rules are respected, said Cifuentes, adding that last year was a record for foreign direct investment in Chile.

“The entrance of actors like Principal and Metlife is a sign of the system’s solidity,” said Guillermo Arthur. “The formalization of employment and higher salaries are making Chile a more attractive market.”

But there are some regulatory risks including proposals to increase state participation in the pension system. A stepping-stone could be the creation of a state-owned AFP, which has been suggested as a solution to low pensions. However, it is unlikely a state run AFP would be able to solve the problems with the system or offer commissions any lower than Modelo’s, said Cifuentes.

With foreign investment pouring into Chile, Chilean AFPs are also seeking opportunities abroad. AFP Habitat, for example, recently won a tender to manage the pension contributions of workers in Peru.

The expansion of AFPs within Latin America is positive for Chilean affiliates because it could bring down costs and increase access to new insurance products. Pension funds must be managed separately in each country, but according to Arthur there are “many synergies and learning opportunities”.

It is also reassuring for affiliates that, despite changes in ownership of the AFPs, their savings are protected. Chilean law ensures a minimum return – equivalent to the average return of all AFPs – by requiring AFPs to maintain a reserve fund equivalent to 10% of their total funds. “This means administrators can’t make bets very different from the others,” says Arthur.

That does not mean Chilean pension funds are immune from global crises, such as the 2008 financial crisis that temporarily caused all funds to fall, but it means affiliates can rest easier.

Greater efficiency

Chile’s vertically integrated AFPs are responsible for collecting contributions, administering accounts and managing investments. This is a complex and costly task but the 2008 reform made it possible to reduce costs by separating some of these functions.

Since AFPs compete for affiliates, most of their operating costs go to running branches and employing salespeople. These costs are then passed on to affiliates. But in other countries the task of administering accounts is managed either by the State, such as the Swedish Pension Agency, or by private companies selected through a tender process as in the case of Mexico’s pension fund administrators (Afores).

According to Mario Marcel, a common platform for account management in Chile would reduce fixed costs and barriers to entry. This would also benefit workers in the long run because any reduction in administration fees would boost the size of their pensions.

“This would have to be implemented gradually, but it’s something that deserves to be analyzed,” said Marcel.

Marcel is also optimistic that the arrival of foreign investors, such as Principal and Metlife, with experience doing business in other countries could bring more flexibility and innovation to the system.

“With more actors in the system, there is the chance for more innovation and perhaps good ideas will emerge from the industry itself,” he said.

Additional reforms may be difficult ahead of Chile’s presidential election this November. However, some candidates have suggested that they would consider measures to increase voluntary pension contributions.

Chile’s pension system is in need of fine-tuning but it has played a valuable role in the country’s economic growth. With greater administrative efficiency and regulatory changes to close the gaps that still exist in the system, most Chileans can look forward to a golden retirement.