[:es]Regulación, el talón de Aquiles de la industria de dispositivos médicos en Chile[:en]Regulation: the Achilles’ heel of the Chilean medical device industry[:]
15 Diciembre 2016
[:es]Expertos concuerdan en regular la fabricación e importación según el nivel de riesgo o invasividad del producto y advierten la necesidad de validar certificaciones extranjeras. Lo anterior, contribuirá en la aplicación de mejores estándares y en el acceso a nuevas terapias para pacientes.
Por Kamila Cortez
Desde una jeringa a un marcapasos, considerando también software de uso médico, así de amplio es el concepto que engloba a los Dispositivos Médicos (DM). Muchos de ellos corresponden a artículos de nuestra vida diaria como parches curitas, termómetros, aerocámaras para inhalación, pasando por aquellos imprescindibles en la evaluación y diagnóstico de enfermedades, como equipos de rayos, reactivos para análisis de sangre, equipos de tomografía computarizada. A ello se suman dispositivos que ayudan prolongar la vida y su calidad como marcapasos, prótesis y equipos de diálisis. En otras palabras, los dispositivos médicos corresponden a una gran cantidad de artículos, equipos, instrumentos y elementos que se utilizan en medicina en beneficio de nuestra salud y que son esenciales para que la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y dolencias sean seguros y eficaces. Estos productos desempeñan un papel esencial en la red de salud pública y son fundamentales en los tratamientos y terapias de alta complejidad y en el desarrollo ortopédico con miras a una sociedad más inclusiva.
Actualmente en el país, la fabricación nacional de dispositivos representa cerca de 10% del mercado total, incluyendo principalmente la manufactura de kits de diagnóstico in vitro, concentrados de diálisis, ropa quirúrgica, algunos implantes dentales, mallas para incontinencia y guantes de látex, entre otros. El 90% restante, son productos importados, provenientes de EE.UU., 33%; de Alemania, 14%; China, 10,5%; México, 4%; Japón, 3,8% y 34,3% de otros países, según el Medical Device Market by Product Area, 2014.
La normativa chilena clasifica los dispositivos en cuatro grupos según el nivel de riesgo asociado. En la Clase I se identifican los de menor riesgo, como vendajes, collares cervicales y estetoscopios; en la Clase II, prótesis dentales removibles y guantes quirúrgicos; la Clase III considera elementos como preservativos, equipos de diálisis y máquinas de anestesia; mientras que la Clase IV, la de mayor riesgo, incluye dispositivos intrauterinos, implantes y válvulas cardíacas, entre otros.
Cambios a la normativa chilena
Los dispositivos médicos en Chile son regulados por el artículo 111 del Código Sanitario y el DS 825/98, que establece el control y certificación de calidad de los productos fabricados, importados, comercializados o distribuidos en el país, el que debe realizarse por entidades que cuentan con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP).
El DS 825/98, en su artículo 22, estableció que mediante decretos supremos se haría efectiva, y progresivamente, la aplicación del reglamento a los distintos dispositivos y elementos médicos. No obstante, Juan Alberto Lecaros, director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), plantea que la legislación actual es deficiente para garantizar la seguridad de los dispositivos importados de mayor riesgo, puesto que a la fecha, en Chile, existe un solo un organismo certificador para realizar controles de calidad y sólo opera para cinco dispositivos: guantes de examinación y quirúrgicos, preservativos, agujas y jeringas hipodérmicas.
“No hay, por tanto, capacidad instalada para que se siga la actual norma que exige que todos los dispositivos -siendo muy relevantes aquellos calificados de mayor riesgo, como los dispositivos invasivos implantables y de uso prolongado- cuenten con control de calidad y certificación por entidades certificadoras locales”, alerta el académico.
Lecaros comenta que mediante la nueva Ley de Fármacos II -actualmente en la Comisión de Salud del Senado- se están analizando modificaciones al artículo 111 que regula los dispositivos médicos que, en lo esencial, permitirían que, en caso de no existir certificadoras en Chile de dispositivos de riesgo, se puedan reconocer las certificaciones del extranjero.
“Si bien las reglas principales de esta modificación van en la línea correcta, se podría simplificar la ley y dejar más espacio al reglamento respectivo. El mayor impacto al mercado de los dispositivos no lo produce esta normativa, sino la Ley Ricarte Soto que reguló los ensayos clínicos, cuyas deficientes reglas, muy por fuera del estándar internacional, desincentivarán la producción nacional de dispositivos”, afirma Lecaros.
Por su parte, la Dra. María Teresa Valenzuela, vicedecana de Investigación y Postgrado Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, comenta que esta propuesta de Ley Fármacos II establece la necesidad de contar con una regulación de este mercado. Sin embargo, advierte que dado la gran cantidad de dispositivos médicos existentes, los avances que puedan realizarse en torno al control de ellos, deben ser graduales, priorizados por riesgo o invasividad. “(Esta ley) logrará tener un impacto positivo, siempre y cuando se haga una priorización de cuáles de ellos debieran ser sometidos a control, que serían de acuerdo a criterios de invasividad”, sostiene la académica.
Las modificaciones, señala Janepsy Díaz, jefa del Departamento de Asuntos Científicos del ISP, permitirán mejorar el sistema de inscripción de proveedores y distribuidores, para poder cumplir con las atribuciones de fiscalización de las instalaciones, ampliar la lista de productos bajo control obligatorio, optimizando su proceso de registro, asegurando a la población el acceso a productos seguros y eficaces. “En este mismo afán, se ha propuesto un mecanismo de vigilancia sanitaria post venta, que en el caso de los dispositivos médicos se denomina tecnovigilancia, para verificar que los estándares iniciales se mantienen en el tiempo y en nuestra población”, afirma.
Díaz destaca que el principal impacto de las modificaciones sería el aumento del control sanitario de estos productos, garantizando a la población la seguridad, eficacia y la apropiada trazabilidad de ellos, desde el proveedor al centro asistencial en donde se utilice y hasta el propio paciente, en el caso de dispositivos médicos implantables.
Valenzuela añade que los países, en general, si bien no realizan los controles de calidad, la tecnovigilancia, que pretende recoger la información de eventos adversos asociados a dispositivos médicos de modo de verificar la seguridad de ellos, y la fiscalización, son obligatorios.
“Las normas que deben cumplir los dispositivos médicos son la ISO 13485, que describe la gestión de calidad en la fabricación de ellos. En Chile existe sólo un organismo certificador de la calidad de estos productos, el Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad, Cesmec”, comenta.
Diferenciación
Desde la vereda de los privados ven con muy buenos ojos las modificaciones, pues, como indica Esteban González, LA Regulatory Affairs & Quality Compliance Leader Health Care Business de 3M, “Chile es prácticamente el único país de la región que no regula los dispositivos médicos. Hay que diferenciar la certificación de calidad del control de calidad, los productos que ingresan al país cuentan con una certificación emitida por un fabricante, pero hoy no pasan por un control de una autoridad sanitaria”.
El ejecutivo señala que la regulación va a mejorar la certeza, desde el punto del regulador, de la calidad y efectividad de los productos que se comercializan en Chile. No obstante, toda regulación implica la realización de controles y el cumplimiento de la industria de los nuevos requerimientos, que dependiendo de cómo se realicen, pueden generar cambios en tiempos de registro y costos, entre otros. “Esto no es malo para la industria, ya que establece normas, regulaciones estándar, las que serían similares a las aplicadas en casi todos los países de la región”, afirma.
González añade que a nivel internacional, se está trabajando en la armonización y convergencia en la regulación. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud a través de su Grupo de Trabajo para la Armonización Global de Dispositivos Médicos -IMDRF (International Medical Devices Regulators Forum)- ha emitido recomendaciones a los gobiernos en cuanto a implementar sistemas de regulación armonizados. Básicamente, la armonización consiste en validar las certificaciones de calidad, ya sea de proceso, manufactura o del producto mismo, cuando éstas vienen de países que cuentan con agencias de alta vigilancia, como por ejemplo, Estados Unidos, países miembros de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Japón.
Concuerda en este punto Tulio Oliveira, Business Unit Director - Southern Cluster de Johnson & Johnson, quien advierte que Chile necesita alcanzar una normativa que esté en línea con el estándar internacional, que entienda las características particulares de esta industria, favoreciendo el acceso a estos dispositivos.
Si bien está de acuerdo con avanzar en regulaciones para tener dispositivos de calidad, seguros y eficientes, plantea que es necesario diferenciar la discusión legislativa en torno a los medicamentos, de la de dispositivos médicos, pues estos últimos se siguen debatiendo en el marco de la Ley de Fármacos II, en circunstancias que requieren debates diferenciados.
“Hay que mantener un ambiente regulado, pero al mismo tiempo asegurar el acceso de la población, evitando las barreras económicas o técnicas que lo puedan dificultar”, enfatiza Oliveira.
El ejecutivo señala que una de las claves para el desarrollo del sector está en reconocer las certificaciones emitidas en el extranjero por autoridades sanitarias de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido, ya que cuentan con un trabajo más avanzado en esta materia, lo que permitirá evitar los controles duplicados.
Diálogo público-privado
Con el objetivo de promover un diálogo público-privado que contribuya en el desarrollo de la industria de dispositivos médicos, la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, conformó un comité que busca utilizar la experiencia y el know how internacional de las compañías del sector para abordar los desafíos con foco en los estándares de calidad, seguridad y transparencia.
“La salud es un pilar fundamental para el bienestar de toda la población y un elemento esencial para alcanzar un desarrollo equitativo e inclusivo. Es por ello que, a través del Comité de Salud, nos interesa promover el diálogo público-privado, contribuyendo de manera activa en el proceso de transformación del sector hasta alcanzar los más altos estándares de calidad, seguridad y transparencia en su impacto en la salud pública”, sostiene Tatiana Molina, gerente de Contenido de AmCham Chile.
Agrega que en la industria de la salud, el sector de dispositivos médicos es uno de los segmentos de negocio más complejos y desafiantes, en el cual existe una estrecha colaboración entre la ciencia y la ingeniería, haciendo que esta industria evolucione de manera rápida y constante, y con un foco en el bienestar de las personas.
En conclusión, habrá que ver cómo avanzan las modificaciones al artículo 111 de la Ley de Fármacos II en el Congreso. Lo anterior, para ver los avances en esta materia que permitan al país ganar en calidad, pero también en disponibilidad y acceso a dispositivos médicos.[:en]Experts agree on the need to regulate manufacturing and imports based on the level of risk or invasiveness involved and warn about the importance of validating foreign certification. These actions will contribute to the application of improved standards and increased patient access to new treatments.
By Kamila Cortez
The concept of what constitutes a medical device is broad, ranging from a syringe, to a pacemaker, to medical software. Many of these devices relate to articles that are used on a daily basis by a large number of people, including band-aids, thermometers and spacers for inhalers, as well as others that are essential for the evaluation and diagnosis of medical conditions, such as X-ray equipment, blood analysis machines and CT scanners. Medical devices also include items that help to prolong and improve the quality of life, including mechanical ventilators, prostheses and dialysis machines. In other words, the term ‘medical device’ corresponds to a great variety of articles, equipment, instruments and elements that are used in the medical field to improve the health of patients and which are crucial for the safe and efficient prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of illness, disease and injury. These devices play a central role in the development of public health and are critical to highly complex and orthopedic treatments and therapies; all with a view to help secure a more inclusive society.
In terms of the current Chilean medical device industry, domestic manufacturing accounts for approximately 10% of the total market. The principal devices made in Chile include in vitro diagnostic kits, dialysis concentrates, surgical clothing, certain dental implants, incontinence nets and latex gloves, among others. The remaining 90% of medical devices present in the Chilean market are imported and according to the study, Medical Device Market by Product Area 2014, the breakdown of these imports is as follows: 33% comes from the United States; 14% from Germany; 10.5% from China; 4% from Mexico; 3.8% from Japan; and 34.3% from other countries.
Chilean law classifies medical devices as belonging to one of four groups, according to their associated level of risk. Class 1 relates to the lowest risk and includes bandages, cervical collars and stethoscopes; Class II includes removable dental prostheses and surgical gloves; Class III is comprised of elements such as condoms, dialysis machines and anesthesia machines; and Class IV, which relates to the highest risk, includes intrauterine devices and heart implants, and valves, among others.
Changes to Chilean law
Medical devices in Chile are regulated by article 111 of the Health Code and Supreme Decree (DS) 825/98. This legislation governs the quality control and certification of all products that are manufactured, imported, sold or distributed in the country. In turn, such activities can only be undertaken by entities that have secured prior authorization of the Public Health Institute of Chile (ISP).
Article 22 of DS 825/98 stipulates that the effective and progressive application of regulations pertaining to different medical devices and elements is by means of Supreme Decree. However, Juan Alberto Lecaros, director of the Observatory of Bioethics and Law at Universidad del Desarrollo, argues that legislation is insufficient in its current form to guarantee the safety of imported high-risk devices. He highlights the facts that there is only one certifying body to conduct quality controls in Chile and that this entity only assesses five devices: medical examination and surgical gloves, condoms, and hypodermic needles and syringes.
“Therefore, there is a lack of institutional capacity to comply with the current law which demands that all devices, particularly those classified as high risk, such as invasive implants and devices for prolonged use, must be subject to quality control and certification by domestic certifying entities”, states the academic.
Lecaros adds that by means of the new Medical Drug Act II, which is currently being debated by the Health Commission in the Senate, possible amendments to article 111 that regulates medical devices are being discussed. These amendments would, essentially, allow for the recognition of foreign certifications in the absence of certifying bodies in Chile.
“While the main sentiment behind this amendment is along the right lines, the act could be simplified to provide more space for the respective ruling. The greatest impact on the medical device market does not come from this legislation but rather the Ricarte Soto Act, which regulates clinical trials. (However) the deficiency of the provisions (of the Ricarte Soto Act), which are lacking in terms of international standards, will simply disincentivize national manufacturing of medical devices” states Lecaros.
In the opinion of Dr María Teresa Valenzuela, Vice Dean for Research and Graduate Studies at the Faculty of Medicine of Universidad de los Andes, the proposals contained within the Medical Drugs Act II establish the need to regulate the medical device market. However, she warns that given the large quantity of medical devices currently on offer, any progress towards the control thereof should be undertaken gradually and with priority given to high-risk and invasive equipment. “(This law) will have a positive impact, as long as it prioritizes those (devices) which need to be the subject of control, which should be based on agreements related to invasiveness criteria”, she says.
According to Janepsy Díaz, Head of the Department of Scientific Affairs at ISP, the amendments will improve the system of registering suppliers and distributors. In turn, this will facilitate the compliance of relevant entities with their auditing responsibilities, as well as extend the list of products subject to mandatory control, optimize the registration process, and help to ensure that the general public has access to safe and effective products. “Towards this end, a mechanism for post-sale health surveillance has been proposed, which in the case of medical devices is known as ‘techno-surveillance’, to verify that initial standards are maintained overtime and throughout the country”, she adds.
Díaz stresses that the main impact of the amendments will be to increase sanitary control of medical devices. This will help to guarantee that the general public has access to safe, effective and appropriate equipment that is traceable from the supplier to the medical center where it is used, including in the case of medical devices that are implanted into patients.
Valenzuela states that most countries do not tend to implement quality control. However, she points out that techno-surveillance, which proposes to collect information related to adverse events occurring with a medical device by verifying its safety, as well as ongoing auditing is obligatory.
“The standards with which medical devices should comply are outlined in ISO 13485, which relates to quality management in manufacturing. In Chile, there is only one certification body overseeing the quality of these products, the Centre for Measurement Study and Quality Certification (CESMEC)”, she notes.
Differentiation
The view from the private sector in regard to the legislative amendments is favorable. Esteban González, LA Regulatory Affairs & Quality Compliance Leader of the Health Care Business at 3M says that, “Chile is practically the only country in the region that does not regulate medical devices. It is important to differentiate between quality certification and quality control because products entering the country may have certification that is issued by a manufacturer, but they do not currently undergo quality control by a health-related body”.
González believes that the legislation will improve the level of certainty, from the point of view of the regulator, in relation to the quality and effectiveness of the products that are sold in Chile. However, any regulation implies the application of controls and industry compliance with the new requirements. Depending on how these new requirements are implemented, it is likely that they will lead to changes in registration times and costs, among other factors. “This is not a bad thing for the industry because it establishes rules, regulations and standards that should be the same as those applied across virtually all countries in the region”, he states.
González adds that steps are being taken at the international level to harmonize and connect regulation in this field. For example, the World Health Organization, by means of its International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), has published recommendations to governments on the implementation of harmonized regulation systems. Essentially, the harmonization consists of validating quality certifications, whether they relate to processes, manufacturing, or the product itself, as well as in cases when devices stem from countries that have strict quality control agencies, including the United States, members of the European Union, Canada, the United Kingdom and Japan.
Tulio Oliveira, Business Unit Director - Southern Cluster at Johnson & Johnson, shares this view. He warns that Chile needs to pass new legislation in this area and to do so in line with international standards. He also argues that this legislation should understand the particular characteristics of the industry by helping to increase access to medical devices.
On one hand, Oliveira agrees that new regulations are required to ensure quality, safe and efficient medical devices. On the other, he states that it is necessary to differentiate between legislative discussions about medicines and those related to medical devices. The latter, he states, are still being debated under the framework of the Medical Drugs Act II, in circumstances that require different kinds of discussions.
“It is important to maintain a regulated environment, but at the same time it is necessary to ensure that the public has access (to medical devices) by breaking down the economic or technical barriers that can make this difficult”, he notes.
Oliveira claims that one of the key aspects for the development of the sector is to recognize certifications issued by health authorities in the United States, the European Union, Canada and the United Kingdom, since they have conducted more advanced work in this field. This will help to avoid duplications in terms of control measures.
Public-private dialogue
In order to promote dialogue between the public and private sector as a means of contributing to the development of the medical devices industry, the Chilean-American Chamber of Commerce, AmCham Chile, has formed a committee that specializes in this field. The aim of this committee is to leverage international experience and know-how of companies operating in the sector to address the main challenges related to standards of quality, safety and transparency.
“Health is a fundamental pillar of the wellbeing of the general public and an essential element in achieving equitable and inclusive development. That is why we are interested in promoting public-private dialogue through the Health Committee, actively contributing to the process of transforming the sector so that it reaches the highest possible standards of quality, safety and transparency in terms of its impact on public health”, explains Tatiana Molina, Content Manager at AmCham Chile.
She adds that in the healthcare industry, the medical devices sector is one of the most complex and challenging business segments but in which there is close collaboration between science and engineering. This means that the industry is subject to rapid and continuous evolution, with emphasis on the wellbeing of individuals.
In conclusion, it will be necessary to monitor the progress of the amendments to article 111 of the Medical Drugs Act II in Congress. In particular, it is important to gauge how advantageous advancements in this field will be to the country, not only in regard to quality, but also in terms of availability and access to medical devices.[:]
Por Kamila Cortez
Desde una jeringa a un marcapasos, considerando también software de uso médico, así de amplio es el concepto que engloba a los Dispositivos Médicos (DM). Muchos de ellos corresponden a artículos de nuestra vida diaria como parches curitas, termómetros, aerocámaras para inhalación, pasando por aquellos imprescindibles en la evaluación y diagnóstico de enfermedades, como equipos de rayos, reactivos para análisis de sangre, equipos de tomografía computarizada. A ello se suman dispositivos que ayudan prolongar la vida y su calidad como marcapasos, prótesis y equipos de diálisis. En otras palabras, los dispositivos médicos corresponden a una gran cantidad de artículos, equipos, instrumentos y elementos que se utilizan en medicina en beneficio de nuestra salud y que son esenciales para que la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y dolencias sean seguros y eficaces. Estos productos desempeñan un papel esencial en la red de salud pública y son fundamentales en los tratamientos y terapias de alta complejidad y en el desarrollo ortopédico con miras a una sociedad más inclusiva.
Actualmente en el país, la fabricación nacional de dispositivos representa cerca de 10% del mercado total, incluyendo principalmente la manufactura de kits de diagnóstico in vitro, concentrados de diálisis, ropa quirúrgica, algunos implantes dentales, mallas para incontinencia y guantes de látex, entre otros. El 90% restante, son productos importados, provenientes de EE.UU., 33%; de Alemania, 14%; China, 10,5%; México, 4%; Japón, 3,8% y 34,3% de otros países, según el Medical Device Market by Product Area, 2014.
La normativa chilena clasifica los dispositivos en cuatro grupos según el nivel de riesgo asociado. En la Clase I se identifican los de menor riesgo, como vendajes, collares cervicales y estetoscopios; en la Clase II, prótesis dentales removibles y guantes quirúrgicos; la Clase III considera elementos como preservativos, equipos de diálisis y máquinas de anestesia; mientras que la Clase IV, la de mayor riesgo, incluye dispositivos intrauterinos, implantes y válvulas cardíacas, entre otros.
Cambios a la normativa chilena
Los dispositivos médicos en Chile son regulados por el artículo 111 del Código Sanitario y el DS 825/98, que establece el control y certificación de calidad de los productos fabricados, importados, comercializados o distribuidos en el país, el que debe realizarse por entidades que cuentan con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP).
El DS 825/98, en su artículo 22, estableció que mediante decretos supremos se haría efectiva, y progresivamente, la aplicación del reglamento a los distintos dispositivos y elementos médicos. No obstante, Juan Alberto Lecaros, director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), plantea que la legislación actual es deficiente para garantizar la seguridad de los dispositivos importados de mayor riesgo, puesto que a la fecha, en Chile, existe un solo un organismo certificador para realizar controles de calidad y sólo opera para cinco dispositivos: guantes de examinación y quirúrgicos, preservativos, agujas y jeringas hipodérmicas.
“No hay, por tanto, capacidad instalada para que se siga la actual norma que exige que todos los dispositivos -siendo muy relevantes aquellos calificados de mayor riesgo, como los dispositivos invasivos implantables y de uso prolongado- cuenten con control de calidad y certificación por entidades certificadoras locales”, alerta el académico.
Lecaros comenta que mediante la nueva Ley de Fármacos II -actualmente en la Comisión de Salud del Senado- se están analizando modificaciones al artículo 111 que regula los dispositivos médicos que, en lo esencial, permitirían que, en caso de no existir certificadoras en Chile de dispositivos de riesgo, se puedan reconocer las certificaciones del extranjero.
“Si bien las reglas principales de esta modificación van en la línea correcta, se podría simplificar la ley y dejar más espacio al reglamento respectivo. El mayor impacto al mercado de los dispositivos no lo produce esta normativa, sino la Ley Ricarte Soto que reguló los ensayos clínicos, cuyas deficientes reglas, muy por fuera del estándar internacional, desincentivarán la producción nacional de dispositivos”, afirma Lecaros.
Por su parte, la Dra. María Teresa Valenzuela, vicedecana de Investigación y Postgrado Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, comenta que esta propuesta de Ley Fármacos II establece la necesidad de contar con una regulación de este mercado. Sin embargo, advierte que dado la gran cantidad de dispositivos médicos existentes, los avances que puedan realizarse en torno al control de ellos, deben ser graduales, priorizados por riesgo o invasividad. “(Esta ley) logrará tener un impacto positivo, siempre y cuando se haga una priorización de cuáles de ellos debieran ser sometidos a control, que serían de acuerdo a criterios de invasividad”, sostiene la académica.
Las modificaciones, señala Janepsy Díaz, jefa del Departamento de Asuntos Científicos del ISP, permitirán mejorar el sistema de inscripción de proveedores y distribuidores, para poder cumplir con las atribuciones de fiscalización de las instalaciones, ampliar la lista de productos bajo control obligatorio, optimizando su proceso de registro, asegurando a la población el acceso a productos seguros y eficaces. “En este mismo afán, se ha propuesto un mecanismo de vigilancia sanitaria post venta, que en el caso de los dispositivos médicos se denomina tecnovigilancia, para verificar que los estándares iniciales se mantienen en el tiempo y en nuestra población”, afirma.
Díaz destaca que el principal impacto de las modificaciones sería el aumento del control sanitario de estos productos, garantizando a la población la seguridad, eficacia y la apropiada trazabilidad de ellos, desde el proveedor al centro asistencial en donde se utilice y hasta el propio paciente, en el caso de dispositivos médicos implantables.
Valenzuela añade que los países, en general, si bien no realizan los controles de calidad, la tecnovigilancia, que pretende recoger la información de eventos adversos asociados a dispositivos médicos de modo de verificar la seguridad de ellos, y la fiscalización, son obligatorios.
“Las normas que deben cumplir los dispositivos médicos son la ISO 13485, que describe la gestión de calidad en la fabricación de ellos. En Chile existe sólo un organismo certificador de la calidad de estos productos, el Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad, Cesmec”, comenta.
Diferenciación
Desde la vereda de los privados ven con muy buenos ojos las modificaciones, pues, como indica Esteban González, LA Regulatory Affairs & Quality Compliance Leader Health Care Business de 3M, “Chile es prácticamente el único país de la región que no regula los dispositivos médicos. Hay que diferenciar la certificación de calidad del control de calidad, los productos que ingresan al país cuentan con una certificación emitida por un fabricante, pero hoy no pasan por un control de una autoridad sanitaria”.
El ejecutivo señala que la regulación va a mejorar la certeza, desde el punto del regulador, de la calidad y efectividad de los productos que se comercializan en Chile. No obstante, toda regulación implica la realización de controles y el cumplimiento de la industria de los nuevos requerimientos, que dependiendo de cómo se realicen, pueden generar cambios en tiempos de registro y costos, entre otros. “Esto no es malo para la industria, ya que establece normas, regulaciones estándar, las que serían similares a las aplicadas en casi todos los países de la región”, afirma.
González añade que a nivel internacional, se está trabajando en la armonización y convergencia en la regulación. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud a través de su Grupo de Trabajo para la Armonización Global de Dispositivos Médicos -IMDRF (International Medical Devices Regulators Forum)- ha emitido recomendaciones a los gobiernos en cuanto a implementar sistemas de regulación armonizados. Básicamente, la armonización consiste en validar las certificaciones de calidad, ya sea de proceso, manufactura o del producto mismo, cuando éstas vienen de países que cuentan con agencias de alta vigilancia, como por ejemplo, Estados Unidos, países miembros de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Japón.
Concuerda en este punto Tulio Oliveira, Business Unit Director - Southern Cluster de Johnson & Johnson, quien advierte que Chile necesita alcanzar una normativa que esté en línea con el estándar internacional, que entienda las características particulares de esta industria, favoreciendo el acceso a estos dispositivos.
Si bien está de acuerdo con avanzar en regulaciones para tener dispositivos de calidad, seguros y eficientes, plantea que es necesario diferenciar la discusión legislativa en torno a los medicamentos, de la de dispositivos médicos, pues estos últimos se siguen debatiendo en el marco de la Ley de Fármacos II, en circunstancias que requieren debates diferenciados.
“Hay que mantener un ambiente regulado, pero al mismo tiempo asegurar el acceso de la población, evitando las barreras económicas o técnicas que lo puedan dificultar”, enfatiza Oliveira.
El ejecutivo señala que una de las claves para el desarrollo del sector está en reconocer las certificaciones emitidas en el extranjero por autoridades sanitarias de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido, ya que cuentan con un trabajo más avanzado en esta materia, lo que permitirá evitar los controles duplicados.
Diálogo público-privado
Con el objetivo de promover un diálogo público-privado que contribuya en el desarrollo de la industria de dispositivos médicos, la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, conformó un comité que busca utilizar la experiencia y el know how internacional de las compañías del sector para abordar los desafíos con foco en los estándares de calidad, seguridad y transparencia.
“La salud es un pilar fundamental para el bienestar de toda la población y un elemento esencial para alcanzar un desarrollo equitativo e inclusivo. Es por ello que, a través del Comité de Salud, nos interesa promover el diálogo público-privado, contribuyendo de manera activa en el proceso de transformación del sector hasta alcanzar los más altos estándares de calidad, seguridad y transparencia en su impacto en la salud pública”, sostiene Tatiana Molina, gerente de Contenido de AmCham Chile.
Agrega que en la industria de la salud, el sector de dispositivos médicos es uno de los segmentos de negocio más complejos y desafiantes, en el cual existe una estrecha colaboración entre la ciencia y la ingeniería, haciendo que esta industria evolucione de manera rápida y constante, y con un foco en el bienestar de las personas.
En conclusión, habrá que ver cómo avanzan las modificaciones al artículo 111 de la Ley de Fármacos II en el Congreso. Lo anterior, para ver los avances en esta materia que permitan al país ganar en calidad, pero también en disponibilidad y acceso a dispositivos médicos.[:en]Experts agree on the need to regulate manufacturing and imports based on the level of risk or invasiveness involved and warn about the importance of validating foreign certification. These actions will contribute to the application of improved standards and increased patient access to new treatments.
By Kamila Cortez
The concept of what constitutes a medical device is broad, ranging from a syringe, to a pacemaker, to medical software. Many of these devices relate to articles that are used on a daily basis by a large number of people, including band-aids, thermometers and spacers for inhalers, as well as others that are essential for the evaluation and diagnosis of medical conditions, such as X-ray equipment, blood analysis machines and CT scanners. Medical devices also include items that help to prolong and improve the quality of life, including mechanical ventilators, prostheses and dialysis machines. In other words, the term ‘medical device’ corresponds to a great variety of articles, equipment, instruments and elements that are used in the medical field to improve the health of patients and which are crucial for the safe and efficient prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of illness, disease and injury. These devices play a central role in the development of public health and are critical to highly complex and orthopedic treatments and therapies; all with a view to help secure a more inclusive society.
In terms of the current Chilean medical device industry, domestic manufacturing accounts for approximately 10% of the total market. The principal devices made in Chile include in vitro diagnostic kits, dialysis concentrates, surgical clothing, certain dental implants, incontinence nets and latex gloves, among others. The remaining 90% of medical devices present in the Chilean market are imported and according to the study, Medical Device Market by Product Area 2014, the breakdown of these imports is as follows: 33% comes from the United States; 14% from Germany; 10.5% from China; 4% from Mexico; 3.8% from Japan; and 34.3% from other countries.
Chilean law classifies medical devices as belonging to one of four groups, according to their associated level of risk. Class 1 relates to the lowest risk and includes bandages, cervical collars and stethoscopes; Class II includes removable dental prostheses and surgical gloves; Class III is comprised of elements such as condoms, dialysis machines and anesthesia machines; and Class IV, which relates to the highest risk, includes intrauterine devices and heart implants, and valves, among others.
Changes to Chilean law
Medical devices in Chile are regulated by article 111 of the Health Code and Supreme Decree (DS) 825/98. This legislation governs the quality control and certification of all products that are manufactured, imported, sold or distributed in the country. In turn, such activities can only be undertaken by entities that have secured prior authorization of the Public Health Institute of Chile (ISP).
Article 22 of DS 825/98 stipulates that the effective and progressive application of regulations pertaining to different medical devices and elements is by means of Supreme Decree. However, Juan Alberto Lecaros, director of the Observatory of Bioethics and Law at Universidad del Desarrollo, argues that legislation is insufficient in its current form to guarantee the safety of imported high-risk devices. He highlights the facts that there is only one certifying body to conduct quality controls in Chile and that this entity only assesses five devices: medical examination and surgical gloves, condoms, and hypodermic needles and syringes.
“Therefore, there is a lack of institutional capacity to comply with the current law which demands that all devices, particularly those classified as high risk, such as invasive implants and devices for prolonged use, must be subject to quality control and certification by domestic certifying entities”, states the academic.
Lecaros adds that by means of the new Medical Drug Act II, which is currently being debated by the Health Commission in the Senate, possible amendments to article 111 that regulates medical devices are being discussed. These amendments would, essentially, allow for the recognition of foreign certifications in the absence of certifying bodies in Chile.
“While the main sentiment behind this amendment is along the right lines, the act could be simplified to provide more space for the respective ruling. The greatest impact on the medical device market does not come from this legislation but rather the Ricarte Soto Act, which regulates clinical trials. (However) the deficiency of the provisions (of the Ricarte Soto Act), which are lacking in terms of international standards, will simply disincentivize national manufacturing of medical devices” states Lecaros.
In the opinion of Dr María Teresa Valenzuela, Vice Dean for Research and Graduate Studies at the Faculty of Medicine of Universidad de los Andes, the proposals contained within the Medical Drugs Act II establish the need to regulate the medical device market. However, she warns that given the large quantity of medical devices currently on offer, any progress towards the control thereof should be undertaken gradually and with priority given to high-risk and invasive equipment. “(This law) will have a positive impact, as long as it prioritizes those (devices) which need to be the subject of control, which should be based on agreements related to invasiveness criteria”, she says.
According to Janepsy Díaz, Head of the Department of Scientific Affairs at ISP, the amendments will improve the system of registering suppliers and distributors. In turn, this will facilitate the compliance of relevant entities with their auditing responsibilities, as well as extend the list of products subject to mandatory control, optimize the registration process, and help to ensure that the general public has access to safe and effective products. “Towards this end, a mechanism for post-sale health surveillance has been proposed, which in the case of medical devices is known as ‘techno-surveillance’, to verify that initial standards are maintained overtime and throughout the country”, she adds.
Díaz stresses that the main impact of the amendments will be to increase sanitary control of medical devices. This will help to guarantee that the general public has access to safe, effective and appropriate equipment that is traceable from the supplier to the medical center where it is used, including in the case of medical devices that are implanted into patients.
Valenzuela states that most countries do not tend to implement quality control. However, she points out that techno-surveillance, which proposes to collect information related to adverse events occurring with a medical device by verifying its safety, as well as ongoing auditing is obligatory.
“The standards with which medical devices should comply are outlined in ISO 13485, which relates to quality management in manufacturing. In Chile, there is only one certification body overseeing the quality of these products, the Centre for Measurement Study and Quality Certification (CESMEC)”, she notes.
Differentiation
The view from the private sector in regard to the legislative amendments is favorable. Esteban González, LA Regulatory Affairs & Quality Compliance Leader of the Health Care Business at 3M says that, “Chile is practically the only country in the region that does not regulate medical devices. It is important to differentiate between quality certification and quality control because products entering the country may have certification that is issued by a manufacturer, but they do not currently undergo quality control by a health-related body”.
González believes that the legislation will improve the level of certainty, from the point of view of the regulator, in relation to the quality and effectiveness of the products that are sold in Chile. However, any regulation implies the application of controls and industry compliance with the new requirements. Depending on how these new requirements are implemented, it is likely that they will lead to changes in registration times and costs, among other factors. “This is not a bad thing for the industry because it establishes rules, regulations and standards that should be the same as those applied across virtually all countries in the region”, he states.
González adds that steps are being taken at the international level to harmonize and connect regulation in this field. For example, the World Health Organization, by means of its International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), has published recommendations to governments on the implementation of harmonized regulation systems. Essentially, the harmonization consists of validating quality certifications, whether they relate to processes, manufacturing, or the product itself, as well as in cases when devices stem from countries that have strict quality control agencies, including the United States, members of the European Union, Canada, the United Kingdom and Japan.
Tulio Oliveira, Business Unit Director - Southern Cluster at Johnson & Johnson, shares this view. He warns that Chile needs to pass new legislation in this area and to do so in line with international standards. He also argues that this legislation should understand the particular characteristics of the industry by helping to increase access to medical devices.
On one hand, Oliveira agrees that new regulations are required to ensure quality, safe and efficient medical devices. On the other, he states that it is necessary to differentiate between legislative discussions about medicines and those related to medical devices. The latter, he states, are still being debated under the framework of the Medical Drugs Act II, in circumstances that require different kinds of discussions.
“It is important to maintain a regulated environment, but at the same time it is necessary to ensure that the public has access (to medical devices) by breaking down the economic or technical barriers that can make this difficult”, he notes.
Oliveira claims that one of the key aspects for the development of the sector is to recognize certifications issued by health authorities in the United States, the European Union, Canada and the United Kingdom, since they have conducted more advanced work in this field. This will help to avoid duplications in terms of control measures.
Public-private dialogue
In order to promote dialogue between the public and private sector as a means of contributing to the development of the medical devices industry, the Chilean-American Chamber of Commerce, AmCham Chile, has formed a committee that specializes in this field. The aim of this committee is to leverage international experience and know-how of companies operating in the sector to address the main challenges related to standards of quality, safety and transparency.
“Health is a fundamental pillar of the wellbeing of the general public and an essential element in achieving equitable and inclusive development. That is why we are interested in promoting public-private dialogue through the Health Committee, actively contributing to the process of transforming the sector so that it reaches the highest possible standards of quality, safety and transparency in terms of its impact on public health”, explains Tatiana Molina, Content Manager at AmCham Chile.
She adds that in the healthcare industry, the medical devices sector is one of the most complex and challenging business segments but in which there is close collaboration between science and engineering. This means that the industry is subject to rapid and continuous evolution, with emphasis on the wellbeing of individuals.
In conclusion, it will be necessary to monitor the progress of the amendments to article 111 of the Medical Drugs Act II in Congress. In particular, it is important to gauge how advantageous advancements in this field will be to the country, not only in regard to quality, but also in terms of availability and access to medical devices.[:]