Mover un proyecto termoeléctrico de mil millones de dólares no es sólo cuestión de mover unos pocos generadores. Por cada sitio deben realizarse costosos estudios de ingeniería e impacto ambiental que pueden demorar años en concluirse, de modo que construir un proyecto en un emplazamiento distinto significa rehacer la mayor parte de esto desde cero.

Esta es la alternativa indeseable que enfrenta la firma eléctrica franco-belga GDF Suez, después de recibir una llamadas del Presidente Sebastián Piñera informándole que la empresa ya no podría construir su proyecto de generación eléctrica a carbón de 540 megavatios en Barrancones, cerca de la ciudad nortina de Coquimbo.

La administración de GDF Suez, que invirtió US$ 15 millones en el proyecto Barrancones, se vio sorprendida por la decisión.

“Estamos estudiando qué hacer porque un proyecto de estas características no se puede mover tan fácilmente”, señala Peter Hatton, gerente de desarrollo de negocios de GDF Suez Energy Andino.

Sólo unos días antes de la llamada del Presidente Piñera, el proyecto de GDF Suez fue aprobado por la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo, por 15 votos a favor y 4 en contra. El Presidente Piñera incluso estuvo de acuerdo en que el proyecto cumplía con todos los estándares medioambientales aplicables. Entonces, ¿cuál fue el problema?

Los proyectos termoeléctricos son un tema políticamente delicado debido a su impacto sobre la población local, la contaminación del aire y la vida silvestre. El Presidente Piñera prometió en su campaña electoral oponerse a proyectos que amenazaran las reservas naturales y las ONG ambientalistas que se oponían a Barrancones insistieron para que la cumpliera.

En teoría, Barrancones habría estado suficientemente lejos -a 25km- como para que la reserva natural Punta de Choros no hubiera tenido un impacto ambiental significativo y GDF Suez hizo todo según lo reglamentario.

“Queremos dejar en claro que el proyecto cumplió con todas las normas ambientales y las regulaciones incluidos los estándares del Banco Mundial y de la Unión Europea”, sostiene Hatton. “El proyecto nunca puso en peligro el área protegida.”

El problema es que los proyectos a carbón no se pueden construir simplemente en cualquier lado. “No es fácil encontrar sitios para ese tipo de proyectos, porque necesitan instalaciones portuarias”, señala Hatton.

Señales Confusas

Si el proyecto Barrancones se cancela, lo que parece probable, GDF Suez perderá su inversión, pero el costo real podría ser pagado por los consumidores chilenos a través de precios más altos de la energía.

“La actitud del Presidente puso en espera a todos los proyectos a carbón en el país debido a que no actuó a través de los canales legales apropiados”, afirma Jaime Solari, gerente general de la firma de consultoría ambiental Sociedad de Gestión Ambiental (SGA).

Los inversionistas están recibiendo “señales confusas” de La Moneda, afirma. “Si un proyecto recibe todas las aprobaciones necesarias, entonces ¿cuál es la razón para rechazarlo? Los inversionistas no pueden entender esto”.

GDF Suez aceptó la decisión del Presidente Piñera, pero por ley la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) aún tiene que explicar su decisión, lo que podría sentar un interesante precedente, señala Solari.

“Aún no hemos visto el final de esto, estamos esperando a ver cómo va a ser justificado por el gobierno”, comenta.

Sin embargo, según Matías Mori, vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras del Gobierno, la reputación de Chile como un lugar seguro donde invertir no se ha visto afectada.

“El tema de Barrancones hay que ponerlo en perspectiva: es un caso excepcional en que el Presidente se comunicó con el inversionista, el que decidió de manera voluntaria echar pie atrás con la planta”, explica Mori.

La reputación de Chile como una economía estable con sólidas instituciones ciertamente cuenta a su favor. La mayoría de su infraestructura de energía, telecomunicaciones, transporte y minería ha sido construida por inversionistas extranjeros, que se vieron atraídos por la legislación pro empresa del país.

De acuerdo con los rankings internacionales, Chile ocupa el segundo lugar -sólo después de Brasil- en términos de inversión extranjera directa en América Latina. “Si uno ve el tamaño del mercado brasileño, y lo compara con Chile, se da cuenta de que eso no es un antecedente menor”, afirma Mori.

Hay espacio para mejorar, admite, pero la incorporación de Chile como miembro de la OCDE este año es una señal de que el país está listo para unirse al escalafón de los países desarrollados.

“Chile es un país que se caracteriza por ser una nación seria, con reglas claras, que cuenta con una certeza jurídica a toda prueba y donde se pueden hacer negocios en un ambiente legal seguro y confiable”, dice Mori.

Su visión de que Barrancones es simplemente un obstáculo en el camino es compartida por Osvaldo Rosales, experto en comercio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de Naciones Unidas, cuya sede se encuentra en Santiago. “Hemos escuchado ciertas preocupaciones de los inversionistas, pero un incidente no hace una tendencia”, sostiene Rosales.

Seguridad Energética en Riesgo

No obstante, GDF Suez no es el primer inversionista del sector de energía que se ha visto enfrentado a problemas legales. A mediados del 2009, AES Gener se vio obligado a suspender la construcción de su proyecto termoeléctrico a carbón Campiche cerca de Valparaíso durante 12 meses, luego que las autoridades locales le quitaran el respaldo, alegando que el proyecto carecía de un permiso municipal.

Más recientemente, una corte de apelaciones de la norteña ciudad de Copiapó falló en contra del proyecto termoeléctrico Castilla, avaluado en US$ 4.700 millones y propiedad de la firma brasileña MPX Energía. El proyecto sería cuatro veces más grande que Barrancones una vez que se construya. MPX Energía pretende apelar la decisión, pero el proyecto enfrenta una batalla cuesta arriba para obtener la aprobación.

No son sólo los proyectos a carbón los que están en duda. La Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE) recientemente indicó que el proyecto hidroeléctrico HidroAysén de 2.750MW en el sur de Chile, que ha sido el objetivo de la campaña ambiental internacional “Patagonia Sin Represas”, no comenzará sus operaciones hasta el 2019, tres años después de lo anticipado.

Chile necesita al menos 300MW de nueva capacidad por año para satisfacer sus crecientes necesidades de electricidad y para asegurar que se una a la lista de países desarrollados en la próxima década, sin embargo, podría no tener suficiente energía. ¿Cómo ocurrió esto?

Según Solari, Chile se está quedando sin opciones de energía. “Si no queremos termoeléctricas a carbón, centrales hidroeléctricas o plantas nucleares, entonces ¿de dónde provendrá nuestra energía?”

La generación a carbón ha convertido a Chile en el mayor emisor de dióxido de carbono (CO2) de América Latina y sus emisiones se cuadruplicarán para el 2030, pero en lugar de obligar a las actuales centrales termoeléctricas a carbón a reducir las emisiones, la ley obliga a los inversionistas a construir nuevas plantas en áreas de zonas vírgenes alejadas de las ciudades.

“Necesitamos instalaciones a carbón nuevas que son mucho más limpias que las antiguas, pero la legislación sólo beneficia las plantas existentes”, comenta un ejecutivo de una firma encargada del desarrollo de un proyecto termoeléctrico.

La mayoría de los potenciales sitios para plantas a carbón a lo largo de la costa de Chile están saturados de contaminación del aire al punto que firmas como GDF Suez se ven obligadas a considerar áreas aisladas y delicadas desde el punto de vista ecológico, afirma. “La única solución para los inversionistas es construir en una zona prístina”.

No obstante, construir proyectos en, o cerca de, áreas protegidas puede traer como resultado el tipo de oposición ambiental que llevó a la decisión del Presidente Piñera de “mover” Barrancones.

La reciente legislación en la Unión Europea exige que las centrales a carbón existentes paralicen sus operaciones o instalen filtros con el fin de reducir sus emisiones para el 2023. Una legislación similar en Chile reduciría la contaminación y permitiría que se construyeran nuevas plantas más cerca de centros urbanos, indica el ejecutivo.

Legislación ambiental

La legislación ambiental original de Chile data de 1994 cuando se creó la Conama para establecer normas y aprobar nuevos proyectos.

La legislación ayudó a mejorar los estándares ambientales, pero tenía profundas deficiencias, comenta Ignacio Arteaga, abogado que encabeza la Práctica de Derecho Ambiental y Regulatorio de Arteaga Gorziglia & Compañía, firma de abogados con sede en Santiago.

“La legislación original estaba llena de vacíos y contradicciones, que dejaron el proceso de aprobaciones abierto a la interpretación”, indica Arteaga. “Proyectos con malas experiencias como Barrancones y Campiche son el resultado de esta legislación antigua”.

En virtud de este sistema, Conama tenía que tomar decisiones políticas mientras que al mismo tiempo evaluaba nuevos proyectos, lo que llevó a que hubiera interferencia política.

La nueva legislación, aprobada en enero de 2010, separa estas funciones. Creó un nuevo Ministerio de Medio Ambiente, un nuevo regulador nacional y un nuevo sistema de evaluación de proyectos, conocido como Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el que reemplazó a la Conama desde el 1 de octubre.

Los temas tanto de regulación como de política ambiental ahora serán decididos por el Ministerio del Medio Ambiente, mientras que el SEA será responsable exclusivamente del proceso de aprobación ambiental.

La nueva legislación también contempla la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas con el fin de definir y resguardar reservas naturales, afirma Arteaga.

Sin embargo, aún está pendiente una revisión de las regulaciones de uso de suelo de Chile. La confusión sobre áreas verdes, en particular fuera de las zonas urbanas, ha llevado a que se interpongan recursos legales en contra de algunos proyectos tales como Campiche.

“Hay un problema en Chile con la planificación de suelo, no tenemos una política para los usos de áreas rurales”, sostiene Arteaga.

No son sólo las inversiones en el sector de energía las que se han visto afectadas producto de ello. Una propuesta planta de procesamiento de cerdo en Casablanca, valle de producción vinícola cerca de Santiago, fue aprobada recientemente por la Conama, pero las viñas locales alegan que el proyecto dañaría su negocio y están apelando la decisión.

Parte del problema, argumenta Arteaga, ha sido la influencia de grupos de interés especial en el proceso de aprobación. No obstante, la nueva legislación, que considera la creación de tribunales ambientales especiales, debería hacer que el proceso sea más independiente.

“Necesitamos reducir (el uso de) la discreción mediante el establecimiento de normas claras para que las autoridades las sigan“, asevera

Respetando la Ley

Sin embargo, las empresas también tienen algo de responsabilidad por la confusión en el proceso de aprobación ambiental, afirma Sara Larraín, directora ejecutiva de la ONG Chile Sustentable.

“Las propias empresas generaron esta incertidumbre al presionar al Gobierno para que les permitiera construir sus proyectos en áreas protegidas”, destaca.

El Presidente Piñera ha contribuido a la incertidumbre legal al intervenir en el proyecto Barrancones en el último momento, pero esto era necesario para proteger la reserva natural Punta de Choros, afirma Larraín.

La ley en sí no es el problema, sino más bien la presión de las empresas privadas para hacer que las autoridades interpreten las normas de manera que puedan construir sus proyectos donde los costos son más bajos, argumenta Larraín.

“Hay un doble estándar operando porque las empresas no respetan el marco legal”, añade. “Han escondido los costos reales bajo la alfombra de modo que la sociedad pague por ellos en el largo plazo a través de la contaminación”.

Los inversionistas extranjeros en el sector de energía en Chile niegan estas afirmaciones, señalando que respetan las leyes de Chile tal como obedecen las leyes de cualquier país donde deciden invertir.

Pero cumplir con la ley es insuficiente para asegurar que un proyecto no enfrentará oposición. Invertir en un plan ambiental estratégico que involucre a la comunidad local desde el comienzo de un proyecto podría ayudar a evitar problemas legales a futuro, afirma Arteaga.

“Las empresas tienen que mejorar la forma en que negocian con las comunidades en Chile, pero nos faltan expertos en este tipo de negociaciones”, asevera Arteaga.

La firma de Arteaga, por ejemplo, trabaja con C3 International Consultants, consultora con sede en México que se especializa en negociaciones comunitarias, pero prevé que la demanda de este tipo de servicios aumentará a medida que las compañías se den cuenta del valor de lograr un consenso con las comunidades locales.

Tal consenso puede ayudar a las empresas a protegerse de la oposición ambiental, argumenta Arteaga.

Algunas empresas, como Endesa, ya están haciendo avances en esta área. “HidroAysén es un buen ejemplo de cómo las compañías deberían relacionarse con las comunidades locales”, indica Arteaga.

El Costo de la Energía Limpia

Finalmente, el tema se reduce a cuánto está dispuesto a pagar Chile por la energía y a qué costo para el medio ambiente.

La legislación chilena promulgada en el 2008 exige que las generadoras aumenten de manera gradual la generación de fuentes de energía renovable no convencional para llegar al 10% de su generación en el 2020, pero no hay subsidios en Chile como los que hay en Europa.

“Ya sea a través de impuestos o de cuentas de electricidad más altas, los consumidores tendrán que pagar de su bolsillo por la energía renovable”, señala un ejecutivo.

El viento sopla fuerte en algunas zonas de Chile y el sol brilla durante todo el año, pero los expertos afirman que la energía eólica y la solar es demasiado ineficiente e impredecible para satisfacer las necesidades base de carga del país.

Construir una granja eólica cuesta casi lo mismo que una central a carbón, o cerca de US$ 2 millones por MW, pero los molinos de viento operan a una tasa de eficiencia de casi el 30% versus el 90% de una central a carbón y deben contar con el respaldo de fuentes alternativas del sistema interconectado.

Eso deja la energía a carbón, gas natural licuado, nuclear o hidroeléctrica. Una central nuclear podría demorar 10 años en desarrollarse, pero dado que Chile intenta acelerar su crecimiento económico en la próxima década requerirá mucho más energía.

La nueva legislación ambiental debería ayudar a este respecto mediante la eliminación de algunas incertidumbres relacionadas con el proceso de aprobación de nuevos proyectos a carbón.

Sin embargo, y de manera más importante, los inversionistas extranjeros necesitan que se les reafirme que las normas no cambiarán de la noche a la mañana y que una llamada telefónica del presidente no cancelará su proyecto, sostiene Jaime Solari de SGA.

En cuanto a GDF Suez, pese a la debacle de Barrancones, Hatton afirma que su empresa está considerando otras alternativas para ayudar a satisfacer las necesidades energéticas de Chile. No obstante, los inversionistas extranjeros tienen otras opciones cuando deciden dónde poner su dinero y la seguridad legal pesa fuertemente en estas decisiones.

Para dar garantías a los inversionistas, el gobierno debería crear una política energética clara que facilite la inversión, pero las empresas también deben aceptar que los estándares ambientales en Chile serán tan altos como los de Estados Unidos, Canadá o Europa.

Según Arteaga, “lo que se necesita es un sentido de bien común”. Esto es que los sectores público y privado trabajen en conjunto en los intereses de largo plazo de todos los chilenos.

Julian Dowling es editor de bUSiness CHILE

Moving a billion dollar thermoelectric project is not just a matter of moving a few generators. Costly engineering and environmental studies that can take years to complete must be done for each site, so building a project in a different location means redoing most of these from scratch.

This is the undesirable alternative facing the Franco-Belgian utility GDF Suez after receiving a call from President Sebastian Piñera informing the company it could no longer build its 540 megawatt coal-fired generation project in Barrancones, near the northern city of Coquimbo.

GDF Suez’s management, which has invested US$15 million in the Barrancones project, was surprised by the decision.

“We are studying what to do because a project of these characteristics cannot be moved so easily,” said Peter Hatton, Business Developer Manager of GDF Suez Energy Andino.

Just a few days before President Piñera’s call, GDF Suez’s project was approved by Coquimbo’s Regional Commission for the Environment (COREMA), which voted 15-4 in favor. President Piñera even agreed the project met all applicable environmental standards. So what was the problem?

Thermoelectric projects are a politically thorny issue because of their impact on local residents, air pollution and wildlife. President Piñera made a campaign promise to oppose projects that threaten nature reserves, and environmental NGOs opposed to Barrancones held him to it.

In theory, Barrancones would have been far enough away – 25km - from the Punta de Choros nature reserve not to have had a significant environmental impact, and GDF Suez did everything by the book.

“We want to be clear that the project complied with all environmental norms and regulations including World Bank and EU standards,” said Hatton. “The project never endangered the protected area.”

The problem is that coal-fired projects cannot be built just anywhere. “It’s not easy to find sites for these types of projects because they need port facilities,” said Hatton.

Confusing signals

If the Barrancones project is cancelled, which seems likely, GDF Suez will lose its investment, but the real cost could be paid by Chilean consumers through higher energy prices.

“The President’s attitude has put all coal fired projects in the country on hold because he didn’t act through the proper legal channels,” said Jaime Solari, CEO of the environmental consulting firm, Sociedad de Gestión Ambiental (SGA).

Investors are getting “confusing signals” from La Moneda, he said. “If a project receives all the necessary approvals, then what is the reason to reject it? Investors can’t understand this.”

GDF Suez has accepted President Piñera’s decision for now, but by law the National Commission for the Environment, CONAMA, still has to explain its decision, which could set an interesting precedent, said Solari.

“We haven’t seen the end of this yet, we’re waiting to see how this will be justified by the government,” he said.

But according to Matías Mori, Executive Vice-President of the government’s Foreign Investment Committee, Chile’s reputation as a safe place to invest has not been harmed.

“Barrancones should be put in perspective: it is a special case in which the President spoke with the investor, which then voluntarily decided to walk away,” said Mori.

Chile’s reputation as a stable economy with strong institutions certainly counts in its favor. Most of its energy, telecommunications, transport and mining infrastructure have been built by foreign investors attracted by the country’s pro-business legislation.

According to international rankings, Chile is second only to Brazil in terms of direct foreign investment in Latin America. “If you look at the size of Brazil’s market compared to Chile’s, this is no minor achievement,” said Mori.

There is room to improve, he admits, but Chile’s membership in the OECD, which was accepted this year, is a sign it is ready to join the ranks of developed countries.

“Chile is known as a serious nation with clear rules and legal guarantees where business can be done in a safe environment,” said Mori.

His view that Barrancones is just a bump on the road is shared by Osvaldo Rosales, a trade expert at the United Nations’ Santiago-based Economic Commission on Latin America and the Caribbean. “We have heard some concerns from investors, but one incident does not make a trend,” Rosales said.

Energy security at risk

But GDF Suez is not the first energy investor to run into legal problems. In mid-2009, AES Gener was forced to suspend construction of its Campiche coal-fired project near Valparaiso for 12 months after local authorities pulled the rug out, claiming the project lacked a municipal permit.

More recently, an appeals court in the northern city of Copiapó ruled against Brazilian firm MPX Energía’s US$4.7 billion Castilla thermoelectric project, which would be four times as big as Barrancones once constructed. MPX Energía plans to appeal the decision, but the project faces an uphill battle for approval.

It’s not just coal projects that are in doubt. Chile’s National Energy Commission (CNE) recently said that the 2,750MW HidroAysén hydroelectric project in southern Chile, which has been the target of the international “Patagonia Without Dams” environmental campaign, will not start operations until 2019, three years later than anticipated.

Chile needs at least 300MW of new capacity a year to meet its growing electricity needs and ensure it joins the ranks of developed countries in the next decade, but it might not have enough energy. How did this happen?

According to Solari, Chile is running out of energy options. “If we don’t want coal, hydro or nuclear plants, then where will our energy come from?”

Coal-fired generation has made Chile into Latin America’s largest emitter of carbon dioxide (CO2) with emissions set to quadruple by 2030, but instead of forcing existing coal plants to reduce emissions, the law obliges investors to build new plants in wilderness areas far from cities.

“We need new coal facilities that are much cleaner than the old ones but the legislation only benefits existing plants,” said an executive at one thermoelectric project developer.

Most of the potential sites for coal plants along Chile’s coast are saturated with air pollution to the point that firms like GDF Suez are forced into isolated, ecologically sensitive areas, he said. “The only solution for investors is to build in a pristine site.”

But building projects in, or near, protected areas can result in the type of environmental opposition that led to President Piñera’s decision to “move” Barrancones.

Recent EU legislation requires existing coal plants to shut down or install filters to cut their emissions by 2023. Similar legislation in Chile would reduce pollution and allow new plants to be built nearer to urban centers, said the executive.

Environmental legislation

Chile’s environmental law dates from 1994 when the National Commission for the Environment (CONAMA) was created to establish norms and approve new projects.

The legislation helped to improve environmental standards but was deeply flawed, said Ignacio Arteaga, a lawyer who leads the Environmental and Regulatory practice at Santiago law firm Arteaga Gorziglia & Compañía.

“The original legislation was full of holes and contradictions, which left the approval process open to interpretation,” Arteaga said. “Projects with bad experiences like Barrancones and Campiche are the result of this old legislation.”

Under this system, CONAMA had to make policy decisions while at the same time evaluating new projects, which led to political interference.

New legislation, approved in January 2010, separates these functions. It created a new Environment Ministry, a new national regulator and a system for evaluating projects, known as the Environmental Evaluation Service (SEA), which replaced CONAMA on October 1.

Regulatory and policy issues will now be decided by the Environment Ministry, while the SEA will be responsible exclusively for the environmental approval process.

The new legislation also calls for the creation of a Biodiversity and Protected Areas Service to define and protect nature reserves, said Arteaga.

But still pending is a review of Chile’s land use regulations. Confusion about green areas, particularly outside urban areas, has led to legal challenges against some projects such as Campiche.

“There is a problem in Chile with land planning, we don’t have a policy for the uses of rural areas,” said Arteaga.

It’s not just energy investments that have suffered as a result. A proposed pork processing plant in Casablanca, a wine producing valley near Santiago, was recently approved by CONAMA, but local vineyards claim the project will harm their business and are appealing the decision.

Part of the problem, argues Arteaga, has been the influence of special interest groups in the approval process. But the new legislation, which calls for the creation of special environmental courts, should make the process more independent.

“We need to reduce discretion by making clear rules for authorities to follow,” he said.

Respecting the law

But companies also have some responsibility for the confusion in the environmental approval process, said Sara Larraín, executive director of the NGO Chile Sustentable.

“The companies themselves generated this uncertainty by pressuring the government to let them build their projects in protected areas,” she said.

President Piñera has contributed to legal uncertainty by intervening in the Barrancones at the last minute, but this was necessary to protect the Punta de Choros nature reserve, said Larraín.

The law itself is not the problem, but rather pressure by private business to make the authorities bend the rules so they can build their projects where costs are lowest, argues Larraín.

“There is a double standard at work because companies don’t respect the legal framework,” she said. “They have swept the real costs under the carpet so society pays for it in the long-term through pollution.”

Foreign investors in Chile’s energy sector deny this, saying they respect Chile’s laws just as they abide by the laws of any country where they decide to invest.

But obeying the law is insufficient to ensure a project will not face opposition. Investing in a strategic environmental plan that involves the local community from the beginning of a project could help prevent legal problems down the road, said Arteaga.

“Companies have to improve the way they negotiate with communities in Chile, but we lack experts in these types of negotiations,” said Arteaga.

Arteaga’s firm, for example, works with Mexico-based C3 International Consultants that specializes in community negotiations, but he predicts demand for this type of service will increase as companies realize the value of building a consensus with local communities.

Such a consensus can help companies protect themselves from environmental opposition, argues Arteaga.

Some companies, like Endesa, are already making progress in this area. “HidroAysen is a good example of how companies should relate to local communities,” said Arteaga.

The cost of clean energy

Finally, the question comes down to how much Chile is willing to pay for energy and at what cost to the environment.

Chilean legislation enacted in 2008 requires generators to gradually increase generation from non-conventional renewable energy sources to reach 10% of their output by 2020, but there are no subsidies in Chile as there are in Europe.

“Whether through taxes or higher energy bills, consumers will have to pay out of their pocket for renewable energy,” said one executive.

The wind blows strong in parts of Chile and the sun shines year-round, but experts say wind and solar power are too inefficient and unpredictable to meet the country’s base load needs.

Building a wind farm costs about the same as a coal plant, or about US$2 million per MW, but windmills operate at about 30% efficiency versus 90% efficiency for coal, and they must be backed up with alternative supplies from the grid.

That leaves coal, LNG, hydro or nuclear power. A nuclear plant could take 10 years to develop, but as Chile looks to accelerate its economic growth in the next decade it will need a lot more energy.

The new environmental legislation should help in this regard by eliminating some of the uncertainties surrounding the approval process for new coal-fired projects.

But, most importantly, foreign investors need to be reassured that the rules will not change overnight and that a phone call from the President will not cancel their project, said SGA’s Jaime Solari.

As for GDF Suez, despite the Barrancones debacle Hatton says his firm is considering other alternatives to help meet Chile’s energy needs. But foreign investors have other options when they decide where to put their money and legal certainty weighs heavily in these decisions.

To reassure investors, the government should create a clear energy policy that facilitates investment, but companies must also accept that environmental standards in Chile will be as high as in the United States, Canada or Europe.

According to Arteaga, “what’s needed is a sense of the common good.” This means public and private sectors working together in the long term interests of all Chileans.

Julian Dowling is editor of bUSiness CHILE