Cuando Michelle Bachelet asumió como presidenta de Chile el 11 de marzo, prometió “un gobierno ciudadano… [y] un diálogo basado en la franqueza y la participación”. Apenas dos meses después, los estudiantes secundarios de Chile pusieron a prueba sus dichos, tomándose las calles en demanda de una mejor educación pública y montando las mayores manifestaciones civiles vistas en Chile, desde la reinstauración de la democracia en 1990.

De modo que ¿dónde debiera trazar la línea el nuevo gobierno entre participación ciudadana y libertad de expresión, por una parte, y orden público, por otra? Esa labor recayó sobre Belisario Velasco, quien fue nombrado ministro del Interior el 14 de julio, como resultado de las protestas estudiantiles.

El ministro Velasco tiene mucha experiencia. Después de todo, fue subsecretario del interior durante nueve años entre 1990 y 1999. Aún así su misión no ha sido fácil, especialmente en septiembre, cuando un grupo de manifestantes lanzaron una bomba molotov por una ventana en La Moneda, el palacio de gobierno. El daño fue menor, pero para muchos chilenos ver llamas saliendo de La Moneda trajo alarmantemente a la memoria las imágenes del golpe de 1973 y del desorden público que lo precedió.

¿Cuán preocupado está el gobierno respecto del orden en las calles?

Es un tema central para cualquier gobierno. Si un país quiere alcanzar el desarrollo real, necesita dos pilares básicos: crecimiento económico y seguridad. La gente necesita un país tranquilo para ocuparse de su vida diaria y los empresarios requieren seguridad para invertir.

En los años 90, cuando fui subsecretario del interior, los posibles inversionistas extranjeros que visitaban Chile partían por llamar al Banco Central y al Comité de Inversiones Extranjeras, pero su próxima parada siempre era mi oficina para conocer sobre la situación de seguridad. Recuerde que a principios de los ‘90, los grupos terroristas seguían activos y había cerca de 200 asaltos bancarios por año, mientras que en la actualidad casi no hay.

Pero, ¿diría usted que este año ha habido un deterioro en materia de orden público?

Bueno, hubo algunos problemas en mayo y junio, cuando salieron los escolares y de nuevo a mediados de septiembre. Eso refleja un problema en educación que no comenzó este año, sino que se ha ido gestando durante 10 años. El deber del gobierno es educar y lo que los estudiantes están exigiendo es una educación de mejor calidad. A decir verdad, si tuviera su edad, yo también hubiera salido a las calles.

Las protestas de mayo y junio fueron inusuales pero, dicho esto, mi opinión es que la situación del orden público en Chile es muy buena. Nuestra coalición, la Concertación, ha dado a Chile gobernabilidad durante los últimos 16 años y seguirá haciéndolo.

¿Le preocupa que el aumento de las manifestaciones callejeras pueda afectar la imagen internacional de Chile?

Prácticamente no hay ningún país del mundo donde la gente no tenga un motivo para protestar en las calles y, en algunos países, son bastante más masivas que en Chile. Mire la reciente marcha de inmigrantes latinos en Estados Unidos o las violentas protestas ahí contra la globalización o lo que ocurrió recientemente en Francia, cuando miles de manifestantes destruyeron autos y todo lo que hallaron a su paso. Sólo en los pocos países del mundo donde persisten los sistemas totalitarios reina la paz de los cementerios.

La estrategia del gobierno en materia de orden público parece haber cambiado desde su designación, ¿es eso así?

Sí, pero preferiría no entrar en mayores detalles al respecto. Hay algunas medidas de seguridad que no se anuncian, se aplican.

Usted atribuyó el incidente de la bomba molotov a vándalos y anarquistas; ¿quiénes son?

Hay grupos minoritarios que aparecieron por primera vez en las reuniones de la APEC, celebradas en Chile durante el 2004. Están contra el sistema -contra todo, en realidad- y son en su mayoría gente joven, cuyas edades fluctúan entre los 16 y los 35 años, muchos de los cuales están claramente identificados.

Hay cierta confusión respecto de a quién corresponde exactamente la responsabilidad de controlar las manifestaciones: al Ministerio del Interior, la Intendencia de la respectiva región o la policía que responde al Ministerio de Defensa?

En virtud de la Constitución, la policía responde a la presidenta en materias relativas al orden público y este Ministerio está a cargo de las Intendencias, de modo que es el Ministerio del Interior el que define la estrategia general.

La policía tiene suficiente capacitación en tácticas para enfrentar las protestas?

Ciertamente. La fuerza policial de Chile es reconocida dentro de Latinoamérica y, de hecho, proporciona entrenamiento a sus pares de otros países. Estoy satisfecho con su trabajo y le diré más, los comandantes de la policía que tenemos ahora son los mejores que he visto en todos mis años de servicio público.

Pero en las protestas de mayo y junio, hubo algunos hechos de abuso policial...

Eso se debió a que no tenían órdenes claras y se vieron sobrepasados por la situación. Ahí es cuando aparece el miedo y la gente puede reaccionar de manera incorrecta. Pero hemos tomado medidas para que ello no se vuelva a repetir, estableciendo nuevos procedimientos, y cuando hablo con los comandantes de la policía, encuentro una excelente respuesta.

Entonces ¿dónde exactamente el gobierno encuentra el equilibrio entre manifestación y orden público?

En democracia, la gente puede y debe poder expresarse libremente, y tiene el legítimo derecho a protestar. En Chile, ese derecho está garantizado por la Constitución. Pero ese derecho termina cuando afecta el derecho de otros a transitar libremente por las calles, sin miedo, y cuando causa daño a la propiedad de otras personas. No se trata de que el gobierno sea demasiado duro o blando, sino de ser justos y eso significa aplicar la ley.

¿Es compatible hablar de un gobierno ciudadano y luego prohibir que las marchas lleguen a La Moneda, que es, después de todo, la sede de gobierno? Uno de los actos simbólicos del gobierno anterior fue abrir La Moneda al público.

Primero que todo, La Moneda sigue abierta al público; mire la gente que circula por aquí ahora. Eso no ha cambiado. Todo lo que hemos hecho es prohibir que las marchas lleguen hasta acá. Eso es algo que muchos gobiernos hacen; tampoco está autorizado que las marchas lleguen a la Casa Blanca. El incidente de la molotov fue importante, porque La Moneda es un símbolo y el gobierno tienen el deber de proteger los símbolos de la vida nacional.

When Michelle Bachelet took office as Chile’s president on March 11, she promised “a citizens’ government…[and] dialogue based on frankness and participation”. Just two months later, Chile’s schoolchildren tested her word, taking to the streets in demand for better state education and mounting the largest civil protest seen in Chile since the restoration of democracy in 1990.

So where should the new government draw the line between citizen participation and freedom of expression and, on the other hand, public order? That task has fallen to Belisario Velasco, who was appointed as interior minister on July 14 in the aftermath of the student protests.

Minister Velasco has plenty of experience. He was, after all, undersecretary of the interior for nine years between 1990 and 1999. But his task has still not been easy, especially in September when demonstrators threw a Molotov bomb through a window of the Moneda presidential palace. The damage was slight but, for many Chileans, the sight of flames issuing from La Moneda unnervingly conjured up images of the 1973 coup and the public disorder that preceded it.

How worried is the government about order on the streets?

It’s a central issue for any government. If a country is to achieve real development, it needs two basic pillars: economic growth and security. People need a peaceful country in which to go about their daily lives and businesspeople need security in order to invest.

In the 1990s, when I was undersecretary of the interior, potential foreigner investors visiting Chile would start by calling on the Central Bank and the Foreign Investment Committee, but their next stop would always be my office to ask about the security situation. Remember that in the early 1990s, terrorist groups were still active and there were around 200 bank hold-ups a year whereas now there are virtually none.

But would you say there’s been a deterioration in public order this year?

Well, there were some problems in May and June, when the schoolchildren came out, and again in mid-September. That reflects a problem in education that didn’t start this year; it’s been building up for ten years. The duty of a government is to educate and what the students are demanding is better-quality education. To tell you the truth, if I’d been their age, I’d have been out on the streets as well.

The May and June protests were unusual but, that said, my view is that the state of public of order in Chile is very good. Our coalition, the Concertación, has provided Chile with governability for the past 16 years, and it will continue to do so.

Are you concerned that the increase in street demonstrations could affect Chile’s international image?

There’s practically no country in the world where people don’t have some reason for street protests and, in some countries, they’re far more massive than in Chile. Look at the recent march of Latin immigrants in the United States or the violent protests there against globalization or what happened recently in France when thousands of demonstrators destroyed cars and everything else in their path. It’s only in the world’s few remaining totalitarian countries that the peace of the cemetery reigns.

The government’s strategy on public order appears to have changed since you were appointed; is that so?

Yes, but I’d prefer not to go into too much detail. There are some security measures you don’t announce, you apply them.

You attributed the Molotov bomb incident to vandals and anarchists; who are they?

They’re minority groups that first appeared during the APEC meetings in Chile in 2004. They’re against the system - against everything, in fact - and they’re mostly young people between the ages of 16 and 35, many of whom we have clearly identified.

There’s some confusion as to who exactly is responsible for controlling demonstrations - the Ministry of the Interior, the Intendency of the respective region or the police who answer to the Defense Ministry?

Under the constitution, the police are responsible to the president on matters relating to public order and this Ministry is in charge of the Intendencies, so it’s the Interior Ministry that defines the overall strategy.

Do the police have sufficient training in tactics for dealing with demonstrations?

Certainly. Chile’s police force is renowned within Latin America and, in fact, provides training for police forces from other countries. I’m satisfied with their work and I’d go further - the police commanders we have now are the best I’ve seen in all my years of public service.

But in the May and June demonstrations there were some incidents of police brutality...

That was because they didn’t have clear orders and were overwhelmed by the situation. That’s when fear kicks in and people can react incorrectly. But we’ve taken measures to see it doesn’t happen again, establishing new procedures, and when I’ve talked to police commanders, I’ve met with an excellent response.

So where exactly does the government strike the balance between public expression and public order?

In democracy, people can and must be able to express themselves freely and they have a legitimate right to protest. In Chile, that right is guaranteed by the constitution. But this right ends where it impinges on the right of others to move freely around the streets without fear and when it causes damage to other people’s property. It’s not a case of the government being either tough or soft but of being fair and that means applying the law.

Is it compatible to talk about a citizens’ government and then to ban marches from reaching La Moneda which is, after all, the seat of government? One of the symbolic acts of the previous government was to open La Moneda to the public.

First of all, La Moneda is still open to the public; look at the people walking round now. That hasn’t changed. All we’ve done is to ban marches from getting here. That’s something many governments do - marches aren’t allowed to reach the White House either. The Molotov incident was important because La Moneda is a symbol and the government has a duty to protect the symbols of national life.