[:es]¿Cómo funcionará el Ministerio de Ciencias y Tecnología?[:en]What is expected from the new institutional framework? [:]
01 Julio 2017
[:es]
El diseño de una cartera que asegure un desarrollo sostenido de la ciencia y la inversión en I+D+I está en el centro del debate. Autoridades de las esferas gubernamental, parlamentaria, académica y empresarial, llaman a priorizar la coordinación del ecosistema y la redistribución de funciones, punto en el cual ponen la mirada en el rol que jugará Corfo.
Por Fabiola Venegas
Un largo tiempo ha tomado el objetivo de plasmar la idea de crear un ministerio para la ciencia, la tecnología y la innovación en un proyecto de ley. Finalmente, el Ejecutivo ingresó una propuesta en enero al Parlamento que en lo sustantivo apunta a mejorar la articulación entre las universidades, centros de investigación, empresas y el Estado, así como a acortar la brecha entre la academia y el mundo productivo.
La iniciativa establece que la futura cartera será el órgano rector encargado de orientar el desarrollo científico y tecnológico del país, y de las regiones a través de secretarías, e incentivar el diálogo del Sistema de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) con los requerimientos actuales de la sociedad. Para ello, ejecutará las políticas estratégicas siguiendo las directrices del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, e implementará las medidas de corto plazo a través de la Agencia de Investigación y Desarrollo (hoy Conicyt).
A estas entidades se sumará un Comité Interministerial, presidido por el Ministro de Ciencia y Tecnología quien asesorará al Presidente de la República en estas materias, y el cual integrarán también los Ministerios de Economía, Educación y Hacienda.
Entre las metas principales que tendrá esta nueva institucionalidad está generar las condiciones para dar un salto en la calidad y monto de las iniciativas ligadas a I+D, que en 2015 representaron 0,39% del PIB ($ 607.408 millones), muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en torno a 2,38%, según resultados preliminares de la VI Encuesta Nacional sobre Gasto y Personal en I+D del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Un desafío de aumento del gasto que las autoridades ven urgente, pero que mientras el Ejecutivo apunta a llegar a un 1% del PIB en diez años, la comisión del Senado a cargo del tema acorta ese plazo a cuatro años.
El proyecto de ley implica un cambio de fondo en la actual estructura, la cual radica en la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) el fomento de las ciencias básicas y aplicadas -si bien una parte de ellas, como la iniciativa Milenio dependen del Ministerio de Economía-, mientras que las líneas de desarrollo con fines productivos están a cargo de Corfo. Por eso que el rediseño institucional es uno de los temas clave de la discusión que viene, ya que si bien existe un amplio consenso respecto de que la principal responsabilidad debe recaer en el ministerio, entre los actores del ecosistema hay visiones diferentes en cuanto a la nueva distribución de funciones, especialmente en aspectos como el papel que jugará Corfo en ese escenario. Asimismo, tras la aprobación de la idea de legislar en mayo pasado, la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, que ha liderado el debate parlamentario, presentó un total de 155 indicaciones al proyecto, que van desde incluir la palabra innovación en el nombre del ministerio, a la propuesta de más de atribuciones y competencias de fomento en este campo.
Asimismo, el Ejecutivo ha ingresado 15 indicaciones de carácter menor, y próximamente las tratativas deberían abordar temas más de fondo relacionados justamente con innovación, recursos y territorialidad. Las expectativas de los actores del ecosistema Marcando una diferencia con el perfil actual de Conicyt, académicos e investigadores de primera línea esperan que el futuro ministerio asuma una dimensión política de largo plazo con directrices para solucionar falencias en materias como la reinserción de profesionales que estudian en el extranjero.
“Están produciendo una generación de científicos de todas las ciencias más bien frustrados por no poder hacer el aporte al país para el cual ellos se comprometieron”, subraya María Teresa Ruiz, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias.
En esa línea, el vicerrector de Investigación de la Universidad Católica, Pedro Bouchon, coincide en que el nuevo ministerio debe apoyar nuevas formas de promoción de los talentos jóvenes a través de sistemas de becas que financien doctorados para el caso de trabajos realizados en conjunto con la industria. Por eso, recomienda enfocarse en dos eslabones: “la formación técnica y la formación a nivel doctoral, que van de la mano para que Chile dé el gran salto al desarrollo. Hoy día estamos en el medio, en la etapa de profesionalización, que me parece adecuada”.
En este objetivo, Bouchon advierte la necesidad de velar por el ámbito de acción del director de la agencia que reemplazará a Conicyt, y que ese personero sea acompañado por un consejo asesor que monitoree su gestión en materias como la creación de nuevos concursos y reducción de algunos problemas que estos presentan, como el alto número de fallos que se generan anualmente.
Desde el mundo empresarial, esperan que el MinCyT genere políticas que propicien una conversación de todas las partes involucradas para sacar adelante la I+D+i. “Los incentivos a los científicos están mal puestos, ya que publican y no patentan, no están inmersos en la realidad productiva, y no creen que la relación con el empresariado es posible; sus esquemas mentales de desarrollo son distintos a los de los empresarios.
Al contrario, los empresarios tampoco creen que los Ph.Ds puedan tomarse como servicios de las universidades, sino más bien con doctorados propios, pero tampoco los contratan porque las grandes empresas aún no sienten que los necesitan”, grafica el presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), Raúl Ciudad. A la fecha, sólo 30% del gasto en I+D provino del sector privado en 2015, tendencia que se ha mantenido desde 2009, por lo cual el representante gremial postula que el gran desafío para las empresas es elevar su porcentaje en áreas de innovación.
No obstante, existen señales positivas en este ámbito: en 2016 se certificaron 195 proyectos por $ 76.400 millones a partir de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D, cifra que supera en 28% lo registrado en 2015, impulso que Corfo espera superar este año para alcanzar niveles en torno a $ 90.000 millones.
Precisamente esta brecha es una de las tareas fundamentales para la nueva cartera. Un desafío que el presidente de Conicyt y gestor del proyecto de ley, Mario Hamuy, ve necesario abordar a través de una mejor integración que resuelva los temas pendientes en materia de coordinación entre las entidades a cargo, destacando el papel que jugará en esto el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, que institucionaliza legalmente la entidad actual, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID).
A través de un Comité Interministerial, este nuevo organismo deberá transferir las estrategias de largo plazo a la nueva cartera para su ejecución mediante políticas. “La instancia de coordinación está creada y definida, y por las tareas que se le encomiendan, este Comité de Ministros tiene que producir estos productos: la política y los planes de acción”, apunta Hamuy.
¿Cuánto traspasar de Corfo?
Junto a los ejes centrales de la nueva cartera, una de las interrogantes fundamentales en discusión se refiere a la tuición que tendrá el MinCyT en el campo de la innovación, y cuya respuesta pasa por definir cuál será el papel de Corfo. De hecho, parlamentarios involucrados en esta discusión señalan que una manera de agilizar la tramitación parlamentaria es reasignar a la futura cartera la responsabilidad desde esa corporación de instrumentos como los Hub de Transferencia Tecnológica y los Programas de Consolidación de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento y Formación de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento. En 2016, cada uno de estos programas manejó un presupuesto de $ 2.628 millones, $ 1.608 millones y $ 520 millones, respectivamente.
Esta y otras propuestas se han trabajado en una mesa técnica conformada por los senadores de la Comisión Desafíos del Futuro junto al Ejecutivo. En la actualidad, el gasto en innovación impulsado desde Corfo se entrega a través de su Gerencia de Capacidades Tecnológicas –cuyo presupuesto superó los $ 36.831 millones en 11 instrumentos– y la Gerencia Innova, que destinó más de $ 14.900 millones al eje de I+D+i Empresarial, con un total de 82 proyectos beneficiados.
Sobre esta base, distintos actores del sistema señalan que el ámbito de acción de Corfo en temas de innovación no está delimitado con la suficiente claridad en el proyecto de ley. “El proyecto dice que la innovación basada en ciencia y en investigación estaría dentro de este ministerio, pero no queda bien definido y es una cosa que casi queda como a la buena voluntad de la persona que esté manejando Corfo”, advierte María Teresa Ruiz.
Raúl Ciudad -quien también preside el Comité de Innovación de Sofofa-, recalca que lo fundamental es que el futuro ministerio tenga la obligación de generar una coordinación entre el mundo científico y el sector privado, desafío que no ve suficientemente abordado en el diseño de la nueva institucionalidad. Pese a valorar el radio de acción de Corfo, el representante gremial cuestiona su carácter vertical similar al de Conicyt. A su juicio, no ha existido una institución en función de un modelo de I+D+i que permita desarrollar una estrategia nacional de desarrollo.
“El Presidente de la República debe liderar la investigación, desarrollo y la innovación del país y generar las institucionalidades que sean necesarias para poder tener un plan, una estrategia nacional de desarrollo que conste de varios pasos planificados para los próximos 10 a 15 años”, subraya Ciudad.
El presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, Guido Girardi, advierte que el diseño de la futura estructura ministerial mantiene la dicotomía del sistema, en vez de “construir una institucionalidad que ponga a la ciencia, tecnología y la innovación al servicio del país”. Y si bien no es partidario de desarticular la estructura de Corfo dedicada a este tema, el parlamentario sostiene que una alternativa sería generar su traspaso a esta nueva institucionalidad y “que esté acompañado por un Consejo Interministerial donde participen el Ministro de Economía y el Ministro de Ciencia y Tecnología”. La otra opción, indica Girardi, es mantener dos agencias coordinadas “donde una de ellas tenga de eje el desarrollo científico, tecnológico y de innovación y la otra el eje productivo de una agencia, siendo coordinadas en este Consejo Interministerial”.
Enfoque de la innovación
Una de las indicaciones que aprobó por unanimidad la comisión parlamentaria fue incluir la palabra innovación al nombre del ministerio. A nivel del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) se logró un consenso en incluir ese nombre en el título, recuerda Pedro Bouchon. “Creo que este proyecto lo aborda en cierto sentido y tenemos que ser súper enfáticos en establecer que así debe ocurrir”, sentencia el académico. Para el asesor presidencial Mario Hamuy, es mucho más prudente hacerse cargo de una parte de la innovación, sobre todo, de aquella que es más cercana a la científica-tecnológica, tarea que está explícita en el proyecto de ley. Lo fundamental, remarca, es que haya una coordinación permanente entre el MinCyT y el Ministerio de Economía, con políticas coherentes entre ambas carteras.
Según Hamuy, el Ejecutivo se encuentra estudiando los dos paquetes de indicaciones recibidos por la Comisión Desafíos del Futuro y está abierto a conversar para alcanzar acuerdos razonables, pero siempre a partir de la estructura que se presentó al Parlamento.
El desarrollo de la ciencia en Chile tiene grandes desafíos y hoy está en un punto de inflexión, ad portas de lograr una nueva institucionalidad, lo cual ha sido deseado durante años por los actores del ecosistema. Ahora está en manos de los diversos sectores el buscar el consenso que mejor responda a las necesidades de nuestra sociedad del siglo XXI.
Más capital de riesgo
Si bien considera que los esfuerzos por articular el sistema nacional de ciencia y tecnología van en la dirección correcta –con un esquema de innovación emergente, una naciente industria de capital de riesgo y el impulso de Corfo– el fundador y presidente de INNSPIRAL, Iván Vera, advierte que la gran deuda es no tener una fuerte industria de capital de riesgo como la que existe en EE.UU. en Silicon Valley, la misma que Israel importó para desarrollar la industria de startups tecnológicas. Siguiendo el pensamiento de Warren Buffet, comenta que los inversionistas en Chile jamás invierten en lo que no entienden, y sí lo hacen en negocios que conocen bien como el retail y la construcción, pero no en emprendimientos digitales. Por eso, apuesta a que el rol del futuro ministerio será el de impulsar la transferencia tecnológica, tal como sucede en el ecosistema del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Por eso, enfatiza que el primer paso es llegar a un consenso que permita la aprobación de la nueva cartera en esta administración.[:en]
The design of a new government department to oversee the sustainable development of science and investment in R&D+i lies at the heart of the debate. Authorities from across government, Congress, academia and the business world are making calls to prioritize the coordination of the ecosystem and the redistribution of responsibilities. Only then will attention turn to the role of Corfo in the wider process.
By Fabiola Venegas
It has been a long-standing objective to transform the idea of an entity dedicated to science, technology and innovation into a tangible reality and new legislation. But in January 2017, the executive branch of the Chilean Government submitted a bill to Congress which aims to enhance the links between universities, research centers, businesses and the State to that effect, as well as to narrow the gap between the worlds of academia and production.
The initiative establishes the future ministry as responsible for guiding nationwide scientific and technological development, including via local secretariats at the regional level. It will also be in charge of incentivizing dialogue to gauge the current requirements of Chilean society via a science, technology and innovation system. This ministry will fulfil its role by executing distinct strategic policies that will be set according to the guidelines of the National Council of Science, Technology and Innovation for Development. In addition, it will implement a series of short-term measures through the Research and Development Agency, which will replace the National Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT).
An Interministerial Committee will also be established to advise the Chilean President on related matters. This Committee will be led by the new Minister of Science and Technology and will also include the participation of the Ministers of Economy, Education and Finance.
The new institution will have a number of objectives, one of which will be to generate the necessary conditions to enhance the quality and quantity of initiatives related to research and development (R&D). In 2015, such initiatives in Chile represented 0.39% of GDP (CLP$607.408 billion), which is far lower than the average of 2.38% among member States of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). This 2015 figure comes from the VI National Survey on Expenditure and Personnel in R&D compiled by the Ministry of Economy, Development and Tourism.
The challenge of increasing public expenditure is viewed as urgent, although while the executive branch aims to reach the figure of 1% within ten years, the Senate commission in charge of this particular topic of debate views the most adequate timeframe as closer to four years.
The bill to create the new ministry will imply a fundamental change to the current system. This system is primarily based on CONICYT promoting basic and applied sciences, although certain areas such as the Millennium initiative depend on the Ministry of Economy, while the development lines for productive purposes are overseen by Corfo. As a consequence, this institutional redesign is one of the key issues that will be subject to ongoing debate. Despite widespread consensus that the main responsibility for such areas should be adopted by the new ministry, actors from across the ecosystem hold different views on how to divide certain duties, especially in terms of the role to be played by Corfo.
Likewise, following the approval of the idea to pass legislation on this matter last May, the Senate’s Future Challenges Commission, which has led the Congressional debate, has submitted 155 amendments to the bill. These amendments have ranged from including the word ‘innovation’ in the title of the ministry, to the proposal of greater powers of promotion in this field.
Moreover, the executive branch has submitted 15 lesser amendments and discussion will soon turn to more in-depth measures related to innovation, resources and jurisdiction.
Expectations of ecosystem actors
In contrast to the current profile of CONICYT, front line academics and researchers hope that the future ministry will take on a long-term political dimension with guidelines that aim to resolve shortcomings in areas such as the reintegration of professionals returning to Chile from abroad.
“A generation of scientists is being produced from across all the disciplines, but they are harboring a sense of frustration for not being able to contribute to the country to which they are committed”, stresses María Teresa Ruiz, President of the Chilean Academy of Sciences.
Similarly, the Research Vice President of the Universidad Católica, Pedro Bouchon, agrees that the new ministry should support new ways of promoting young talent through a system of scholarships to finance doctorate studies for work undertaken in conjunction with industry. Accordingly, Ruiz highlights the importance of two key aspects: “technical training and doctorate training going hand in hand”, adding that the two together will “help Chile take the great leap towards development. Today we are in the middle, in the professionalization phase, and I think this is appropriate”, he states.
Towards that end, Bouchon also warns of the need to safeguard the sphere of action of the director of the agency that will replace CONICYT. He recommends that this position be accompanied by an advisory board to monitor its management on matters such as creating new competitions and reducing some of the challenges associated with such an approach, including the high number of rulings that are generated on an annual basis.
From the perspective of the business world, actors expect the new ministry to devise policies that stimulate conversation between all parties involved in order to drive R&D and innovation (R&D+i) forward. At present, “incentives for scientists are incorrectly aligned because they publish (their research) but do no patent. (In addition) they are not immersed in the reality of production and they do not believe that relationships with business are possible. (Consequently) their mental outlook towards development is very different to that of businesspersons”, says Raúl Ciudad, President of the Chilean Association of Information Technology Companies (ACTI).
“On the contrary”, he continues, “businesspersons do not believe that PhDs can be viewed as university services, but rather as doctorate degrees in themselves, and that doctoral researchers are not being recruited because large companies do not yet feel they need them”. To date, only 30% of R&D expenditure came from the private sector in 2015, a trend which has been consistent since 2009. As such, the trade association representative contends that the major challenge for businesses is to increase their overall percentages in areas related to innovation.
Despite such figures, there are positives in this field. In 2016, 195 projects were certified for CLP$76.4 billion from the Tax Incentives for R&D Act: a 28% rise on 2015. Corfo expects to exceed these levels for 2017, having set a goal to reach close to CLP$90 billion.
This discrepancy is precisely one of the key tasks facing the new ministry. It is also one of the challenges that the President of CONICYT and the leading proponent/architect of the bill, Mario Hamuy, sees as needing to be met. He claims this could be done via improved integration to resolve certain pending issues in relation to coordination between the responsible entities. This, he states, includes the key roles played by the new Council of Science, Technology and Innovation for Development, which will formally institutionalizes the current entity, the National Council of Innovation for Development (CNID).
Via an Interministerial Committee, this new entity will be responsible for transferring the long-term strategies to the new ministry for their execution through appropriate policies. “The body for coordination has been created and defined, and this Interministerial Committee will be in charge of drawing up the corresponding policy and action plans according to the tasks it is conferred”, clarifies Hamuy.
How much will be transferred from Corfo?
In conjunction with the central tenets of the new government department, one of the key questions being discussed relates to the role of the ministry in the field of innovation. The subsequent answer to that question lies in clarifying the future role of Corfo. In fact, the members of Congress involved in this discussion indicate that one way to streamline the Congressional process is to reassign the ministry certain responsibilities from Corfo. This could, they claim, include the transfer of instruments such as the Technology Transfer Hub, as well as the program for the consolidation of Offices of Transfer and Licensing, and the program for the training of Offices of Transfer and Licensing. In 2016, each of these programs oversaw a budget of CLP$2.628 billion, CLP$1.608 billion and CLP$520 million, respectively.
These and other proposals have been discussed by a technical working group composed of senators from the Senate’s Future Challenges Commission and the executive branch. Currently, spending on innovation driven by Corfo is delivered through its Technology Capabilities Office, the budget of which was CLP$36.831 billion across 11 instruments, and InnovaChile, which allocated more that CLP$14.9 billion to business R&D+i, with a total of 82 project beneficiaries.
Accordingly, distinct actors operating in this area point out the Corfo’s sphere of action regarding innovation has not been determined with sufficient clarity in the bill. “The bill says that all innovation based on science and research will fall under the ministry, but it is not clearly defined and is somewhat dependent on the goodwill of the individual running Corfo”, warns María Teresa Ruiz.
Raúl Ciudad, who is also a member of the Innovation Committee of SOFAFA, stresses the importance of the future ministry being obliged to oversee coordination between the field of science and the private sector. However, he believes that this area has not been suitably covered in the design of the new institutional framework. Despite his recognition of the scope of influence of Corfo, Ciudad questions the agency’s vertical nature, which is similar to that of CONICYT. Indeed, he contends that there has never been an institution based on an R&D+i model that is conducive to building a national development strategy.
“The Chilean President should lead the research, development and innovation of the country and create the institutional framework necessary for the design of a national development plan and strategy that consists of distinct, pre-determined measures for the next 10 to 15 years”, he underlines.
The Chair of the Senate’s Future Challenges Commission, Guido Girardi, warns that the structural design of the future ministry simply reinforces the dichotomy of the system, rather than “building an institutional framework that places science, technology and innovation at the service of the country”. While he is not in favor of dismantling the structure of Corfo that works in this particular area, he believes that an alternative would be to ensure its transfer to the new institution, and “that this is accompanied by an Interministerial Committee which includes the participation of the Minister of Economy and the Minister of Science and Technology”.
Girardi claims that the alternative option is to maintain two clearly defined agencies “in which one is in charge of the development of science, technology and innovation while the other adopts the more productive responsibilities of an agency, and whereby both are coordinated from this Interministerial Committee”.
Focus on innovation
One amendment to the bill that received unanimous approval by the Congressional committee was the inclusion of the word ‘innovation’ in the name of the ministry. A similar consensus was reached by the Council of Rectors of Chilean Universities (CRUCH), recalls Pedro Bouchon. Moreover, “I think the bill covers this area (innovation) to a certain degree and we have to be very emphatic in ensuring that it does indeed materialize”, he states.
For the presidential advisor, Mario Hamuy, it is far more prudent for the new ministry to take on the role of promoting innovation, especially that which relates directly to the field of science and technology, which is a task that is explicitly laid out within the bill. The key aspect, he adds, is to ensure ongoing coordination between the Ministry of Science, Technology and Innovation and the Ministry of Economy, with coherent policies that complement one another across the board.
According to Hamuy, the executive branch is reviewing the two sets of amendments received by the Senate’s Future Challenges Commission and is open to debate in order to reach a reasonable level of agreement, albeit one that conforms to the structure already submitted to Congress.
The development of science in Chile faces a number of challenges. Crucially, today it finds itself at an inflection point in terms of successfully achieving the new institutional framework that has been so long desired by actors from across the ecosystem. It is now the responsibility of distinct sectors to seek the required consensus that will best meet the needs of Chilean society in the 21st century.
More capital risk
Iván Vera, founder and President of INNSPIRAL, believes that the efforts to design a national system of science and technology in Chile are heading along the right path, with an emerging innovation blueprint, a growing risk capital industry and encouragement from Corfo. However, he warns that that major challenge is the lack of a strong risk capital industry such as that of other countries, including the United States, in Silicon Valley, and in Israel, which imported the US model to develop its own tech start-up industry.
Following the line of thought of Warren Buffet, Vera states that Chilean investors never invest in something they do not understand, opting rather for areas that they do, such as retail and construction rather than, for example, digital start-ups. For this reason, he believes that the role of the future ministry should be to promote technology transfer, as is the case in the ecosystem of the Massachusetts Institute of Technology (MIT). Before this can happen, he points out that the very first step is to reach a consensus in approving the new ministry’s framework, and to do so during this administration.[:]
El diseño de una cartera que asegure un desarrollo sostenido de la ciencia y la inversión en I+D+I está en el centro del debate. Autoridades de las esferas gubernamental, parlamentaria, académica y empresarial, llaman a priorizar la coordinación del ecosistema y la redistribución de funciones, punto en el cual ponen la mirada en el rol que jugará Corfo.
Por Fabiola Venegas
Un largo tiempo ha tomado el objetivo de plasmar la idea de crear un ministerio para la ciencia, la tecnología y la innovación en un proyecto de ley. Finalmente, el Ejecutivo ingresó una propuesta en enero al Parlamento que en lo sustantivo apunta a mejorar la articulación entre las universidades, centros de investigación, empresas y el Estado, así como a acortar la brecha entre la academia y el mundo productivo.
La iniciativa establece que la futura cartera será el órgano rector encargado de orientar el desarrollo científico y tecnológico del país, y de las regiones a través de secretarías, e incentivar el diálogo del Sistema de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) con los requerimientos actuales de la sociedad. Para ello, ejecutará las políticas estratégicas siguiendo las directrices del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, e implementará las medidas de corto plazo a través de la Agencia de Investigación y Desarrollo (hoy Conicyt).
A estas entidades se sumará un Comité Interministerial, presidido por el Ministro de Ciencia y Tecnología quien asesorará al Presidente de la República en estas materias, y el cual integrarán también los Ministerios de Economía, Educación y Hacienda.
Entre las metas principales que tendrá esta nueva institucionalidad está generar las condiciones para dar un salto en la calidad y monto de las iniciativas ligadas a I+D, que en 2015 representaron 0,39% del PIB ($ 607.408 millones), muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en torno a 2,38%, según resultados preliminares de la VI Encuesta Nacional sobre Gasto y Personal en I+D del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Un desafío de aumento del gasto que las autoridades ven urgente, pero que mientras el Ejecutivo apunta a llegar a un 1% del PIB en diez años, la comisión del Senado a cargo del tema acorta ese plazo a cuatro años.
El proyecto de ley implica un cambio de fondo en la actual estructura, la cual radica en la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) el fomento de las ciencias básicas y aplicadas -si bien una parte de ellas, como la iniciativa Milenio dependen del Ministerio de Economía-, mientras que las líneas de desarrollo con fines productivos están a cargo de Corfo. Por eso que el rediseño institucional es uno de los temas clave de la discusión que viene, ya que si bien existe un amplio consenso respecto de que la principal responsabilidad debe recaer en el ministerio, entre los actores del ecosistema hay visiones diferentes en cuanto a la nueva distribución de funciones, especialmente en aspectos como el papel que jugará Corfo en ese escenario. Asimismo, tras la aprobación de la idea de legislar en mayo pasado, la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, que ha liderado el debate parlamentario, presentó un total de 155 indicaciones al proyecto, que van desde incluir la palabra innovación en el nombre del ministerio, a la propuesta de más de atribuciones y competencias de fomento en este campo.
Asimismo, el Ejecutivo ha ingresado 15 indicaciones de carácter menor, y próximamente las tratativas deberían abordar temas más de fondo relacionados justamente con innovación, recursos y territorialidad. Las expectativas de los actores del ecosistema Marcando una diferencia con el perfil actual de Conicyt, académicos e investigadores de primera línea esperan que el futuro ministerio asuma una dimensión política de largo plazo con directrices para solucionar falencias en materias como la reinserción de profesionales que estudian en el extranjero.
“Están produciendo una generación de científicos de todas las ciencias más bien frustrados por no poder hacer el aporte al país para el cual ellos se comprometieron”, subraya María Teresa Ruiz, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias.
En esa línea, el vicerrector de Investigación de la Universidad Católica, Pedro Bouchon, coincide en que el nuevo ministerio debe apoyar nuevas formas de promoción de los talentos jóvenes a través de sistemas de becas que financien doctorados para el caso de trabajos realizados en conjunto con la industria. Por eso, recomienda enfocarse en dos eslabones: “la formación técnica y la formación a nivel doctoral, que van de la mano para que Chile dé el gran salto al desarrollo. Hoy día estamos en el medio, en la etapa de profesionalización, que me parece adecuada”.
En este objetivo, Bouchon advierte la necesidad de velar por el ámbito de acción del director de la agencia que reemplazará a Conicyt, y que ese personero sea acompañado por un consejo asesor que monitoree su gestión en materias como la creación de nuevos concursos y reducción de algunos problemas que estos presentan, como el alto número de fallos que se generan anualmente.
Desde el mundo empresarial, esperan que el MinCyT genere políticas que propicien una conversación de todas las partes involucradas para sacar adelante la I+D+i. “Los incentivos a los científicos están mal puestos, ya que publican y no patentan, no están inmersos en la realidad productiva, y no creen que la relación con el empresariado es posible; sus esquemas mentales de desarrollo son distintos a los de los empresarios.
Al contrario, los empresarios tampoco creen que los Ph.Ds puedan tomarse como servicios de las universidades, sino más bien con doctorados propios, pero tampoco los contratan porque las grandes empresas aún no sienten que los necesitan”, grafica el presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), Raúl Ciudad. A la fecha, sólo 30% del gasto en I+D provino del sector privado en 2015, tendencia que se ha mantenido desde 2009, por lo cual el representante gremial postula que el gran desafío para las empresas es elevar su porcentaje en áreas de innovación.
No obstante, existen señales positivas en este ámbito: en 2016 se certificaron 195 proyectos por $ 76.400 millones a partir de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D, cifra que supera en 28% lo registrado en 2015, impulso que Corfo espera superar este año para alcanzar niveles en torno a $ 90.000 millones.
Precisamente esta brecha es una de las tareas fundamentales para la nueva cartera. Un desafío que el presidente de Conicyt y gestor del proyecto de ley, Mario Hamuy, ve necesario abordar a través de una mejor integración que resuelva los temas pendientes en materia de coordinación entre las entidades a cargo, destacando el papel que jugará en esto el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, que institucionaliza legalmente la entidad actual, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID).
A través de un Comité Interministerial, este nuevo organismo deberá transferir las estrategias de largo plazo a la nueva cartera para su ejecución mediante políticas. “La instancia de coordinación está creada y definida, y por las tareas que se le encomiendan, este Comité de Ministros tiene que producir estos productos: la política y los planes de acción”, apunta Hamuy.
¿Cuánto traspasar de Corfo?
Junto a los ejes centrales de la nueva cartera, una de las interrogantes fundamentales en discusión se refiere a la tuición que tendrá el MinCyT en el campo de la innovación, y cuya respuesta pasa por definir cuál será el papel de Corfo. De hecho, parlamentarios involucrados en esta discusión señalan que una manera de agilizar la tramitación parlamentaria es reasignar a la futura cartera la responsabilidad desde esa corporación de instrumentos como los Hub de Transferencia Tecnológica y los Programas de Consolidación de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento y Formación de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento. En 2016, cada uno de estos programas manejó un presupuesto de $ 2.628 millones, $ 1.608 millones y $ 520 millones, respectivamente.
Esta y otras propuestas se han trabajado en una mesa técnica conformada por los senadores de la Comisión Desafíos del Futuro junto al Ejecutivo. En la actualidad, el gasto en innovación impulsado desde Corfo se entrega a través de su Gerencia de Capacidades Tecnológicas –cuyo presupuesto superó los $ 36.831 millones en 11 instrumentos– y la Gerencia Innova, que destinó más de $ 14.900 millones al eje de I+D+i Empresarial, con un total de 82 proyectos beneficiados.
Sobre esta base, distintos actores del sistema señalan que el ámbito de acción de Corfo en temas de innovación no está delimitado con la suficiente claridad en el proyecto de ley. “El proyecto dice que la innovación basada en ciencia y en investigación estaría dentro de este ministerio, pero no queda bien definido y es una cosa que casi queda como a la buena voluntad de la persona que esté manejando Corfo”, advierte María Teresa Ruiz.
Raúl Ciudad -quien también preside el Comité de Innovación de Sofofa-, recalca que lo fundamental es que el futuro ministerio tenga la obligación de generar una coordinación entre el mundo científico y el sector privado, desafío que no ve suficientemente abordado en el diseño de la nueva institucionalidad. Pese a valorar el radio de acción de Corfo, el representante gremial cuestiona su carácter vertical similar al de Conicyt. A su juicio, no ha existido una institución en función de un modelo de I+D+i que permita desarrollar una estrategia nacional de desarrollo.
“El Presidente de la República debe liderar la investigación, desarrollo y la innovación del país y generar las institucionalidades que sean necesarias para poder tener un plan, una estrategia nacional de desarrollo que conste de varios pasos planificados para los próximos 10 a 15 años”, subraya Ciudad.
El presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, Guido Girardi, advierte que el diseño de la futura estructura ministerial mantiene la dicotomía del sistema, en vez de “construir una institucionalidad que ponga a la ciencia, tecnología y la innovación al servicio del país”. Y si bien no es partidario de desarticular la estructura de Corfo dedicada a este tema, el parlamentario sostiene que una alternativa sería generar su traspaso a esta nueva institucionalidad y “que esté acompañado por un Consejo Interministerial donde participen el Ministro de Economía y el Ministro de Ciencia y Tecnología”. La otra opción, indica Girardi, es mantener dos agencias coordinadas “donde una de ellas tenga de eje el desarrollo científico, tecnológico y de innovación y la otra el eje productivo de una agencia, siendo coordinadas en este Consejo Interministerial”.
Enfoque de la innovación
Una de las indicaciones que aprobó por unanimidad la comisión parlamentaria fue incluir la palabra innovación al nombre del ministerio. A nivel del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) se logró un consenso en incluir ese nombre en el título, recuerda Pedro Bouchon. “Creo que este proyecto lo aborda en cierto sentido y tenemos que ser súper enfáticos en establecer que así debe ocurrir”, sentencia el académico. Para el asesor presidencial Mario Hamuy, es mucho más prudente hacerse cargo de una parte de la innovación, sobre todo, de aquella que es más cercana a la científica-tecnológica, tarea que está explícita en el proyecto de ley. Lo fundamental, remarca, es que haya una coordinación permanente entre el MinCyT y el Ministerio de Economía, con políticas coherentes entre ambas carteras.
Según Hamuy, el Ejecutivo se encuentra estudiando los dos paquetes de indicaciones recibidos por la Comisión Desafíos del Futuro y está abierto a conversar para alcanzar acuerdos razonables, pero siempre a partir de la estructura que se presentó al Parlamento.
El desarrollo de la ciencia en Chile tiene grandes desafíos y hoy está en un punto de inflexión, ad portas de lograr una nueva institucionalidad, lo cual ha sido deseado durante años por los actores del ecosistema. Ahora está en manos de los diversos sectores el buscar el consenso que mejor responda a las necesidades de nuestra sociedad del siglo XXI.
Más capital de riesgo
Si bien considera que los esfuerzos por articular el sistema nacional de ciencia y tecnología van en la dirección correcta –con un esquema de innovación emergente, una naciente industria de capital de riesgo y el impulso de Corfo– el fundador y presidente de INNSPIRAL, Iván Vera, advierte que la gran deuda es no tener una fuerte industria de capital de riesgo como la que existe en EE.UU. en Silicon Valley, la misma que Israel importó para desarrollar la industria de startups tecnológicas. Siguiendo el pensamiento de Warren Buffet, comenta que los inversionistas en Chile jamás invierten en lo que no entienden, y sí lo hacen en negocios que conocen bien como el retail y la construcción, pero no en emprendimientos digitales. Por eso, apuesta a que el rol del futuro ministerio será el de impulsar la transferencia tecnológica, tal como sucede en el ecosistema del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Por eso, enfatiza que el primer paso es llegar a un consenso que permita la aprobación de la nueva cartera en esta administración.[:en]
The design of a new government department to oversee the sustainable development of science and investment in R&D+i lies at the heart of the debate. Authorities from across government, Congress, academia and the business world are making calls to prioritize the coordination of the ecosystem and the redistribution of responsibilities. Only then will attention turn to the role of Corfo in the wider process.
By Fabiola Venegas
It has been a long-standing objective to transform the idea of an entity dedicated to science, technology and innovation into a tangible reality and new legislation. But in January 2017, the executive branch of the Chilean Government submitted a bill to Congress which aims to enhance the links between universities, research centers, businesses and the State to that effect, as well as to narrow the gap between the worlds of academia and production.
The initiative establishes the future ministry as responsible for guiding nationwide scientific and technological development, including via local secretariats at the regional level. It will also be in charge of incentivizing dialogue to gauge the current requirements of Chilean society via a science, technology and innovation system. This ministry will fulfil its role by executing distinct strategic policies that will be set according to the guidelines of the National Council of Science, Technology and Innovation for Development. In addition, it will implement a series of short-term measures through the Research and Development Agency, which will replace the National Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT).
An Interministerial Committee will also be established to advise the Chilean President on related matters. This Committee will be led by the new Minister of Science and Technology and will also include the participation of the Ministers of Economy, Education and Finance.
The new institution will have a number of objectives, one of which will be to generate the necessary conditions to enhance the quality and quantity of initiatives related to research and development (R&D). In 2015, such initiatives in Chile represented 0.39% of GDP (CLP$607.408 billion), which is far lower than the average of 2.38% among member States of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). This 2015 figure comes from the VI National Survey on Expenditure and Personnel in R&D compiled by the Ministry of Economy, Development and Tourism.
The challenge of increasing public expenditure is viewed as urgent, although while the executive branch aims to reach the figure of 1% within ten years, the Senate commission in charge of this particular topic of debate views the most adequate timeframe as closer to four years.
The bill to create the new ministry will imply a fundamental change to the current system. This system is primarily based on CONICYT promoting basic and applied sciences, although certain areas such as the Millennium initiative depend on the Ministry of Economy, while the development lines for productive purposes are overseen by Corfo. As a consequence, this institutional redesign is one of the key issues that will be subject to ongoing debate. Despite widespread consensus that the main responsibility for such areas should be adopted by the new ministry, actors from across the ecosystem hold different views on how to divide certain duties, especially in terms of the role to be played by Corfo.
Likewise, following the approval of the idea to pass legislation on this matter last May, the Senate’s Future Challenges Commission, which has led the Congressional debate, has submitted 155 amendments to the bill. These amendments have ranged from including the word ‘innovation’ in the title of the ministry, to the proposal of greater powers of promotion in this field.
Moreover, the executive branch has submitted 15 lesser amendments and discussion will soon turn to more in-depth measures related to innovation, resources and jurisdiction.
Expectations of ecosystem actors
In contrast to the current profile of CONICYT, front line academics and researchers hope that the future ministry will take on a long-term political dimension with guidelines that aim to resolve shortcomings in areas such as the reintegration of professionals returning to Chile from abroad.
“A generation of scientists is being produced from across all the disciplines, but they are harboring a sense of frustration for not being able to contribute to the country to which they are committed”, stresses María Teresa Ruiz, President of the Chilean Academy of Sciences.
Similarly, the Research Vice President of the Universidad Católica, Pedro Bouchon, agrees that the new ministry should support new ways of promoting young talent through a system of scholarships to finance doctorate studies for work undertaken in conjunction with industry. Accordingly, Ruiz highlights the importance of two key aspects: “technical training and doctorate training going hand in hand”, adding that the two together will “help Chile take the great leap towards development. Today we are in the middle, in the professionalization phase, and I think this is appropriate”, he states.
Towards that end, Bouchon also warns of the need to safeguard the sphere of action of the director of the agency that will replace CONICYT. He recommends that this position be accompanied by an advisory board to monitor its management on matters such as creating new competitions and reducing some of the challenges associated with such an approach, including the high number of rulings that are generated on an annual basis.
From the perspective of the business world, actors expect the new ministry to devise policies that stimulate conversation between all parties involved in order to drive R&D and innovation (R&D+i) forward. At present, “incentives for scientists are incorrectly aligned because they publish (their research) but do no patent. (In addition) they are not immersed in the reality of production and they do not believe that relationships with business are possible. (Consequently) their mental outlook towards development is very different to that of businesspersons”, says Raúl Ciudad, President of the Chilean Association of Information Technology Companies (ACTI).
“On the contrary”, he continues, “businesspersons do not believe that PhDs can be viewed as university services, but rather as doctorate degrees in themselves, and that doctoral researchers are not being recruited because large companies do not yet feel they need them”. To date, only 30% of R&D expenditure came from the private sector in 2015, a trend which has been consistent since 2009. As such, the trade association representative contends that the major challenge for businesses is to increase their overall percentages in areas related to innovation.
Despite such figures, there are positives in this field. In 2016, 195 projects were certified for CLP$76.4 billion from the Tax Incentives for R&D Act: a 28% rise on 2015. Corfo expects to exceed these levels for 2017, having set a goal to reach close to CLP$90 billion.
This discrepancy is precisely one of the key tasks facing the new ministry. It is also one of the challenges that the President of CONICYT and the leading proponent/architect of the bill, Mario Hamuy, sees as needing to be met. He claims this could be done via improved integration to resolve certain pending issues in relation to coordination between the responsible entities. This, he states, includes the key roles played by the new Council of Science, Technology and Innovation for Development, which will formally institutionalizes the current entity, the National Council of Innovation for Development (CNID).
Via an Interministerial Committee, this new entity will be responsible for transferring the long-term strategies to the new ministry for their execution through appropriate policies. “The body for coordination has been created and defined, and this Interministerial Committee will be in charge of drawing up the corresponding policy and action plans according to the tasks it is conferred”, clarifies Hamuy.
How much will be transferred from Corfo?
In conjunction with the central tenets of the new government department, one of the key questions being discussed relates to the role of the ministry in the field of innovation. The subsequent answer to that question lies in clarifying the future role of Corfo. In fact, the members of Congress involved in this discussion indicate that one way to streamline the Congressional process is to reassign the ministry certain responsibilities from Corfo. This could, they claim, include the transfer of instruments such as the Technology Transfer Hub, as well as the program for the consolidation of Offices of Transfer and Licensing, and the program for the training of Offices of Transfer and Licensing. In 2016, each of these programs oversaw a budget of CLP$2.628 billion, CLP$1.608 billion and CLP$520 million, respectively.
These and other proposals have been discussed by a technical working group composed of senators from the Senate’s Future Challenges Commission and the executive branch. Currently, spending on innovation driven by Corfo is delivered through its Technology Capabilities Office, the budget of which was CLP$36.831 billion across 11 instruments, and InnovaChile, which allocated more that CLP$14.9 billion to business R&D+i, with a total of 82 project beneficiaries.
Accordingly, distinct actors operating in this area point out the Corfo’s sphere of action regarding innovation has not been determined with sufficient clarity in the bill. “The bill says that all innovation based on science and research will fall under the ministry, but it is not clearly defined and is somewhat dependent on the goodwill of the individual running Corfo”, warns María Teresa Ruiz.
Raúl Ciudad, who is also a member of the Innovation Committee of SOFAFA, stresses the importance of the future ministry being obliged to oversee coordination between the field of science and the private sector. However, he believes that this area has not been suitably covered in the design of the new institutional framework. Despite his recognition of the scope of influence of Corfo, Ciudad questions the agency’s vertical nature, which is similar to that of CONICYT. Indeed, he contends that there has never been an institution based on an R&D+i model that is conducive to building a national development strategy.
“The Chilean President should lead the research, development and innovation of the country and create the institutional framework necessary for the design of a national development plan and strategy that consists of distinct, pre-determined measures for the next 10 to 15 years”, he underlines.
The Chair of the Senate’s Future Challenges Commission, Guido Girardi, warns that the structural design of the future ministry simply reinforces the dichotomy of the system, rather than “building an institutional framework that places science, technology and innovation at the service of the country”. While he is not in favor of dismantling the structure of Corfo that works in this particular area, he believes that an alternative would be to ensure its transfer to the new institution, and “that this is accompanied by an Interministerial Committee which includes the participation of the Minister of Economy and the Minister of Science and Technology”.
Girardi claims that the alternative option is to maintain two clearly defined agencies “in which one is in charge of the development of science, technology and innovation while the other adopts the more productive responsibilities of an agency, and whereby both are coordinated from this Interministerial Committee”.
Focus on innovation
One amendment to the bill that received unanimous approval by the Congressional committee was the inclusion of the word ‘innovation’ in the name of the ministry. A similar consensus was reached by the Council of Rectors of Chilean Universities (CRUCH), recalls Pedro Bouchon. Moreover, “I think the bill covers this area (innovation) to a certain degree and we have to be very emphatic in ensuring that it does indeed materialize”, he states.
For the presidential advisor, Mario Hamuy, it is far more prudent for the new ministry to take on the role of promoting innovation, especially that which relates directly to the field of science and technology, which is a task that is explicitly laid out within the bill. The key aspect, he adds, is to ensure ongoing coordination between the Ministry of Science, Technology and Innovation and the Ministry of Economy, with coherent policies that complement one another across the board.
According to Hamuy, the executive branch is reviewing the two sets of amendments received by the Senate’s Future Challenges Commission and is open to debate in order to reach a reasonable level of agreement, albeit one that conforms to the structure already submitted to Congress.
The development of science in Chile faces a number of challenges. Crucially, today it finds itself at an inflection point in terms of successfully achieving the new institutional framework that has been so long desired by actors from across the ecosystem. It is now the responsibility of distinct sectors to seek the required consensus that will best meet the needs of Chilean society in the 21st century.
More capital risk
Iván Vera, founder and President of INNSPIRAL, believes that the efforts to design a national system of science and technology in Chile are heading along the right path, with an emerging innovation blueprint, a growing risk capital industry and encouragement from Corfo. However, he warns that that major challenge is the lack of a strong risk capital industry such as that of other countries, including the United States, in Silicon Valley, and in Israel, which imported the US model to develop its own tech start-up industry.
Following the line of thought of Warren Buffet, Vera states that Chilean investors never invest in something they do not understand, opting rather for areas that they do, such as retail and construction rather than, for example, digital start-ups. For this reason, he believes that the role of the future ministry should be to promote technology transfer, as is the case in the ecosystem of the Massachusetts Institute of Technology (MIT). Before this can happen, he points out that the very first step is to reach a consensus in approving the new ministry’s framework, and to do so during this administration.[:]