Antes de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual el 26 de abril, bUSiness CHILE conversó con Maximiliano Santa Cruz, director nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de Chile, sobre los logros del país en este campo, sus desafíos pendientes y la contribución hecha por INAPI desde su lanzamiento en enero del 2009 para reemplazar al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.
Abogado y master en Derecho de la Universidad de San Francisco, Santa Cruz tiene una vasta experiencia en protección a la propiedad intelectual. Antes de unirse a INAPI, trabajó por casi cinco años como miembro de la Misión de Chile ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), precisamente, a cargo entre otros temas de la propiedad intelectual. Y, antes de eso, fue encargado del mismo tema en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, donde formó parte del equipo que negoció el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
¿Cuál es exactamente el rol de INAP? ¿Está a cargo de la propiedad intelectual en general o sólo de la propiedad industrial?
Sólo de lo último. En otras palabras, vemos cosas como patentes, marcas comerciales, denominación de origen y diseños industriales. Temas como los derechos de autor están fuera de nuestro alcance.
Uno de los objetivos estratégicos de INAPI es promover la innovación. ¿Cómo lo hacen?
INAPI desempeña un rol clave, porque uno de los objetivos del sistema de protección a la propiedad intelectual y, principalmente, de las patentes es alentar la innovación. Lo hacemos mediante la entrega de derechos exclusivos a sus tenedores, quienes –a cambio- deben compartir el conocimiento y con el tiempo esto pasa a ser de dominio público y puede ser usado por cualquier persona.
¿Cómo ha sido el desempeño de INAPI en su primer año? ¿Qué resultados ha entregado?
Pasamos la mayor parte del primer año simplemente haciendo que la nueva organización estuviera lista y operativa. Tuvimos que seleccionar y contratar a cerca de 100 personas, y crear nuevas áreas para manejar asuntos como temas legales y administración. Bajo el antiguo sistema del Departamento de Propiedad Industrial, estos temas eran manejados por la Subsecretaría del Ministerio de Economía. Y también tuvimos que desarrollar procesos para todas nuestras distintas áreas de actividad.
Pero también creamos una nueva área muy importante para la transferencia de conocimiento. Su labor consiste en detectar y publicitar invenciones que ya forman parte del dominio público así como también tecnologías que pueden ser útiles para los clusters de alto potencial definidos por el Consejo Nacional para la Innovación como, por ejemplo, los clusters de minería y piscicultura.
Más recientemente, también lanzamos un boletín a través del cual esperamos contribuir a la reconstrucción después del terremoto. Incluye información, por ejemplo, sobre tecnologías para tratar y almacenar agua, técnicas de construcción y diferentes maneras de procesar los escombros.
¿Qué presupuesto tiene INAPI en comparación con el ex Departamento de Propiedad Industrial? ¿Es suficiente para todo lo que tienen que hacer?
Para este año, tenemos un presupuesto de poco más de 5.300 millones de pesos (cerca de US$ 10 millones). Es difícil compararlo con el Departamento de Propiedad Industrial porque era parte del Ministerio de Economía, pero se hará una idea del tamaño del cambio si le digo que tenemos dos veces más personal.
El presupuesto no es óptimo. En el 2009, tuvo en realidad cerca de 150 millones de pesos más, pero entendemos que, en un año de reconstrucción, teníamos que ser realistas y reducir nuestras expectativas.
¿Cómo se relaciona INAPI con el sector privado?
Si bien también trabajamos con otras agencias de Gobierno, nuestro principal cliente es precisamente el sector privado. Es el sector privado el que postula a patentes y para registrar marcas, y es un participante en aquellos casos en los que INAPI actúa como tribunal.
De hecho, tenemos muy buenas relaciones con el sector privado. Trabajamos mucho para proporcionar información a las firmas de abogados, universidades e investigadores así como también a las empresas.
Hace poco, además de nuestras otras actividades conjuntas, lanzamos un nuevo proceso de diálogo abierto y franco con expertos del sector privado en el que estaremos trabajando juntos para elaborar propuestas destinadas a mejorar la regulación de los derechos de propiedad intelectual de Chile.
Usted mencionó las universidades, pero en general estas no tienen políticas sobre la protección de propiedad intelectual…
Afortunadamente, vemos que están mostrando cada vez más interés en el tema. INAPI tiene un rol muy importante que desempeñar para que haya una mayor comprensión del sistema de protección a la propiedad intelectual y para ayudar a las universidades a desarrollar sus propias políticas. Estamos preparando lo que hemos denominado Set de Herramientas PI que ayudan a las universidades a maximizar el uso del sistema, proteger y comercializar su propiedad intelectual y también a respetar la de otros. Otro buen ejemplo de lo que estamos haciendo es un acuerdo que suscribimos recientemente con la Corporación REUNA, la que nos permitirá usar sus redes para informar a la comunidad científica fuera de Santiago sobre temas relacionados con la propiedad intelectual.
Un nuevo Gobierno asumió en marzo, ¿implica eso nuevas políticas de propiedad intelectual?
Por el momento, no hay ningún cambio. Sin embargo, las decisiones del nuevo Gobierno sobre la estrategia nacional de innovación serán muy importantes.
¿Qué ve usted como debilidades de Chile en materia de propiedad intelectual?
En los últimos años, el país ha logrado enormes avances en distintas áreas, pero -en mi opinión- aún hay mucho por hacer en el fortalecimiento del marco institucional y en el desarrollo de una legislación moderna y armónica que realmente fomente la creatividad y la innovación. Ello también ayudaría a evitar la confusion del mercado.
A su juicio, ¿ Chile está cumpliendo con su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en lo relativo a la protección de la propiedad intelectual?
Creo que esa es una pregunta para el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por su sigla en inglés) mantiene a Chile por otro año más en su Lista Prioritaria de Vigilancia de países que no han protegido de manera adecuada la propiedad intelectual, ¿cómo afectaría eso a su imagen país?
Tenemos que esperar hasta fin de mes para saber si eso será así o no, pero por supuesto no es bueno estar en la lista. Sin embargo, no se puede poner en duda que Chile ha logrado una gran cantidad de avances en los últimos años y la creación de INAPI es una clara señal de la importancia que se ha asignado a este tema.
Ruth Bradley es corresponsal en Santiago de The Economist
Ahead of the celebration of World Intellectual Property Day on April 26, bUSiness CHILE talked to Maximiliano Santa Cruz, director of Chile’s National Industrial Property Institute (INAPI), about Chile’s achievements in this field, its pending challenges and the contribution made by INAPI since its launch in January 2009 to replace the Economy Ministry’s Department of Industrial Property.
A lawyer who holds a master’s degree from the University of San Francisco, Santa Cruz has vast experience in intellectual property protection. Before joining INAPI, he served for almost five years as a member of Chile’s mission to the World Trade Organization where the issues he was responsible for included, precisely, intellectual property. And, before that, he covered the same issue at the Foreign Ministry’s Directorate of International Economic Relations (DIRECON) where he was part of the team that negotiated the Chile-U.S. Free Trade Agreement (FTA).
What exactly is INAPI’s role? Is it responsible for intellectual property in general or just industrial property?
Just the latter. In other words, we manage things like patents, trademarks, denomination of origin and industrial designs. Matters like copyright are out of our scope.
One of INAPI’s strategic objectives is to promote innovation. How do you do that?
INAPI plays a key role because one of the aims of the system of protection of intellectual property and, principally, patents is to foster innovation. We do this by granting exclusive rights to their holder who must, in exchange, share the knowledge and, eventually, this falls into the public domain and can be used by everyone.
How has INAPI performed in its first year? What results has it delivered?
We spent most of the first year simply getting the new organization up and running. We had to select and hire around 100 people and create new areas to handle things like legal affairs and administration. Under the former system with the Department of Industrial Property, these matters were managed by the undersecretariat of the Economy Ministry. And we also had to develop processes for all our different areas of activity.
But we also created a very important new area for the transfer of knowledge. Its job is to detect and publicize inventions that are already in the public domain as well as technologies that can be useful for the high-potential clusters defined by the National Council for Innovation like, for example, the mining and fish-farming clusters.
More recently, we’ve also launched a newsletter through which we hope to contribute to reconstruction after the earthquake. It includes information, for example, about technologies for treating and storing water, building techniques and different ways of processing rubble.
What budget does INAPI have as compared to the former Department of Industrial Property? Is it sufficient for all you have to do?
For this year, we have a budget of just over 5.3 billion pesos (around US$10 million). It’s difficult to compare with the Department of Industrial Property because it was part of the Economy Ministry but you’ll get some idea of the scale of the change if I tell you that we have twice as many staff.
The budget isn’t optimum. In 2009, it was actually around 150 million pesos more but we understand that, in a year of reconstruction, we had to be realistic and reduce our expectations.
How does INAPI relate to the private sector?
Although we also work with other government agencies, our principal client is precisely the private sector. It’s the private sector that applies for patents and to register trademarks and is a player in those cases in which INAPI acts as a tribunal.
In fact, we have very good relations with the private sector. We do a lot to provide information to law firms, universities and researchers as well as companies.
More recently, in addition to our other joint activities, we have launched a new process of open and frank dialogue with private-sector experts in which we’ll be working together to draw up proposals for improving Chile’s regulation of intellectual property rights.
You mentioned universities, but in general these don’t have policies on the protection of intellectual property…
Fortunately, we see that they’re showing ever greater interest in the issue. INAPI has a very important role to play in increasing understanding of the system of intellectual property protection and helping universities to develop their own policies. We’re preparing what we call IP Toolkits that help universities to make the best use of the system, protecting and marketing their intellectual property and also respecting that of others. Another good example of what we’re doing is an agreement we signed recently with the REUNA Corporation, which will allow us to use its networks to inform the scientific community outside Santiago about issues relating to intellectual property.
A new government took office in March; does that mean new policies on intellectual property?
For the moment, there isn’t any change. The new government’s decisions on the national innovation strategy will, however, be very important.
What do you see as Chile’s weaknesses on intellectual property?
In recent years, it’s made enormous progress in different areas but, in my view, there’s still a lot to do in strengthening the institutional framework and in developing modern and harmonic legislation that really fosters creativity and innovation. This would also help to avoid market confusion.
In your view, is Chile in compliance with its Free Trade Agreement with the United States as regards protection of intellectual property?
I think that’s a question for the Foreign Affairs Ministry.
If the USTR keeps Chile on its Priority Watch List of countries that have not adequately protected intellectual property for another year, what impact would that have on its country image?
We have to wait until the end of the month to know whether that will be the case but, of course, it isn’t good to be on the list. There can, however, be no doubt that Chile has made a great deal of progress in recent years and the creation of INAPI is a clear sign of the importance that it gives to the issue.