Las promesas hechas durante las campañas electorales a menudo se rompen. Pero con la elección presidencial de Chile que se realizará el 17 de noviembre, los candidatos están intentando persuadir a los votantes con propuestas para impulsar el crecimiento económico y abordar los apremiantes problemas sociales de Chile.

Las dos candidatas que lideran las encuestas, según los recientes sondeos, son Evelyn Matthei y Michelle Bachelet, de las coaliciones Alianza y Nueva Mayoría, respectivamente. Bachelet, presidenta de Chile entre el 2006 y el 2010, está en busca de un segundo mandato, mientras que Matthei -quien representa a la coalición gobernante- aspira a continuar con el progreso logrado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

En un desayuno de AmCham celebrado en el Hotel Ritz Carlton el 4 de octubre, Felipe Morandé y Alejandro Micco, asesores económicos de Matthei y Bachelet, respectivamente, presentaron las propuestas económicas de sus candidatas. El debate fue moderado por Nicolás Paut, editor de economía de CNN Chile.

La primera pregunta fue sobre la reforma tributaria, que quizás es la más controvertida de las propuestas de Bachelet. Micco, profesor de economía de la Universidad de Chile, reiteró la propuesta de eliminar el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), un mecanismo para diferir el pago de impuestos que ha existido en Chile desde el año 1984, con el fin de financiar una reforma amplia de la educación.

“Este instrumento, que en algún momento de la historia de Chile (…) tenía una razón de ser muy clara [promover la inversión], pero la situación ha cambiado radicalmente”, sostuvo.

Morandé, ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones del gobierno del presidente Piñera, señaló que la propuesta de eliminar el FUT es “muy peligrosa y además poco práctica”. El ex funcionario de gobierno manifestó que la medida tendría un impacto negativo sobre el ahorro, particularmente sobre el ahorro que hacen las pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso fácil al crédito.

Esto no se ve compensado, indicó, por el propuesto mecanismo de depreciación instantánea de Bachelet, el que beneficiaría la inversión en activos físicos, pero no -por ejemplo- en capital humano. A juicio de Morandé, una mejor manera de aumentar los ingresos tributarios es reducir la evasión y la elusión.

Añadió que si otro terremoto o maremoto fuera a azotar a Chile, podría ser necesaria una nueva alza de impuestos. No obstante, sugirió que la mayor productividad, y no mayores gravámenes, es clave para el desarrollo del país.

Otra consulta abordó los recientes casos de colusión en Chile. Matthei ha prometido fortalecer el programa de delación compensada que se introdujo en el primer mandato de Michelle Bachelet. Morandé sugirió asimismo que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile (TDLC) debería poder emitir sentencias de cárcel a delincuentes de cuello y corbata además de multas.

Micco concordó en que es necesario hacer más para mejorar la detección. “Es importante dar señales hoy día al país de que no vamos a tolerar nuevos casos de colusión, no vamos a tolerar nuevos abusos de las grandes empresas hacia los pequeños proveedores, no vamos a tolerar abusos a los consumidores”, afirmó.

Las pensiones fueron el foco de otra de las preguntas. La inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AFP) durante décadas ha ayudado a conducir el crecimiento económico del país, pero muchos chilenos jubilados recientemente se sorprenden con el pequeño monto de sus pensiones.

Según Micco, un problema es la falta de competencia entre las AFP. Una reforma realizada durante la presidencia de Bachelet introdujo un sistema de licitación para quedarse con los nuevos afiliados, pero -si bien las comisiones han caído- este no ha alentado a muchos afiliados a cambiarse de administradora.

Para aumentar más la competencia, Bachelet ha propuesto la creación de una AFP estatal. “No es la panacea para resolver el tema de las pensiones, estamos claros en eso; es un instrumento”, dijo Micco. Otra solución es promover una mayor participación, en particular de las mujeres, en el mercado laboral  formal, indicó.

Morandé señaló que más que incrementar la competencia o crear una AFP estatal, deberían realizarse esfuerzos para incrementar las cotizaciones mediante, por ejemplo, la extensión de la edad de jubilación, el aumento de la tasa de cotización o el aumento del tope imponible.

Mayores ahorros también ayudarían a promover la inversión y, por tanto, la expansión económica, manifestó. Si bien la tasa de crecimiento económico de Chile ha declinado en el último tiempo, aún se proyecta que alcance más de un 4,5% este año. Un mayor crecimiento implica más empleo e ingresos tributarios, pero lograr la meta de Matthei de un crecimiento promedio anual de 5% en los próximos cuatro años requerirá medidas orientadas a promover la inversión y la productividad, aseveró.

Matthei ha propuesto la creación de una agencia para la productividad, similar a la de Australia, destinada a proporcionar asesoría al gobierno sobre las necesidades de desarrollo de la fuerza laboral. Otras de sus propuestas incluyen un plan de energía hasta el 2015-2016 y el extender los beneficios tributarios a la investigación y desarrollo para la adopción de nuevas tecnologías.

“Hay una batería de propuestas que van hacia promover e incentivar incrementos en la productividad”, especialmente en pequeñas empresas, explicó Morandé.

Micco concordó en que el costo relativamente alto de la energía en Chile es un problema e indicó que la actual dificultad que enfrenta el país en esta materia, en que los nuevos proyectos se han pospuesto o se han entrampado en litigios, se debe principalmente a una falta de estabilidad en materia de institucionalidad. “Tenemos que volver a hacer creer a la ciudadanía en las instituciones”, afirmó.

Otro tema que preocupa especialmente a los socios de AmCham es la protección de la propiedad intelectual. En respuesta a una pregunta de Ricardo García, ex presidente de AmCham, Morandé indicó que su candidata tiene la voluntad de “cerrar el capítulo” en términos de cumplir con las obligaciones en el ámbito de la propiedad intelectual que tiene Chile en su tratado de libre comercio con Estados Unidos. El ex ministro señaló que mejorar las relaciones con Estados Unidos es una prioridad, porque ambas naciones tienen una visión compartida del mundo.

Queda por ver cómo se materializará todo esto el día de la elección y cuántas de estas promesas se mantendrán, pero al menos las cartas de las candidatas están sobre la mesa.

Julian Dowling es editor de bUSiness CHILE

Promises made during election campaigns are often broken. But with Chile’s presidential election coming up on November 17, the candidates are courting voters with proposals to foster economic growth and address Chile’s pressing social problems.

The two leading candidates, according to recent polls, are Evelyn Matthei and Michelle Bachelet, of the Alianza and Nueva Mayoría coalitions, respectively. Bachelet, a former President of Chile from 2006 to 2010, is seeking a second term, while Matthei, who represents the incumbent coalition, aims to build on the progress made by President Sebastián Piñera’s government.

At an AmCham breakfast at the Ritz Carlton on October 4, Felipe Morandé and Alejandro Micco, economic advisors to Matthei and Bachelet, respectively, laid out their candidates’ economic proposals. The debate was moderated by Nicolás Paut, Economy Editor at CNN Chile.

The first question posed was about tax reform, which is perhaps the most controversial of Bachelet’s proposals. Micco, an economics professor at the University of Chile, reiterated the proposal to eliminate the FUT, a tax deferment mechanism that has existed in Chile since 1984, in order to fund a broad education reform.

“At one point in history this instrument had a very clear reason for being (to promote investment), but the situation has changed radically,” he said.

Morandé, a former Minister of Transport & Telecommunications in President Piñera’s government, said that the proposal to eliminate the FUT is “very dangerous and impractical”. He said the move would have a negative impact on savings, particularly by small and medium size companies that do not have easy access to credit.

This is not compensated, he said, by Bachelet’s proposed instantaneous depreciation mechanism that would benefit investment in physical assets but not, for example, investment in human capital. According to Morandé, a better way to increase tax revenues is by reducing evasion and elusion.

If another earthquake or tsunami were to strike Chile, he said another tax increase might be necessary. But he suggested that increased productivity, not more taxation, is key to the country’s development.

Another question was related to recent cases of collusion in Chile. Matthei has promised to strengthen the whistle blower program that was introduced by Michelle Bachelet in her first presidency. Morandé also suggested that Chile’s Antitrust Court (TDLC) should be able to hand out jail sentences to white-collar criminals as well as fines.

Micco agreed that more needs to be done to improve detection. “It’s important to give signs today that we won’t tolerate new cases of collusion, we won’t tolerate abuses by big companies of small providers and we won’t tolerate abuses of consumers,” he said.

Another question was about pensions. Investment by Chile’s private pension fund managers (AFPs) has helped to drive Chile’s economic growth for decades, but many recently retired Chileans are surprised by the small size of their pensions.

According to Micco, one problem is the lack of competition between AFPs. A reform in the first Bachelet presidency introduced a bidding system for new affiliates but, although commissions have fallen, it has not encouraged many affiliates to switch.

To further increase competition, Bachelet has proposed the creation of a state-run AFP. “It’s not the panacea to resolve the problem of pensions, but it is one instrument,“ said Micco. Another solution is to promote higher participation, particularly by women, in the formal labor market, he said.

Morandé said that more than increasing competition or creating a state AFP, efforts should be made to increase contributions by, for example, increasing the retirement age or the mandatory contribution rate.

Higher savings would also help to promote investment and therefore economic growth, he said. Although Chile’s economic growth rate has slipped recently, it is still projected to reach over 4.5% this year. Higher growth means more employment and tax revenues, but achieving Matthei’s goal of average annual growth of 5% over the next four years will take measures to promote investment and productivity, he said.

Matthei has proposed the creation of a Productivity Agency, similar to Australia’s, to provide advice to the government on workforce development needs. Other proposals include an energy plan through 2015-2016 and extending research and development tax benefits to the adoption of new technologies.

“There is a set of proposals that aim to promote and incentivize an increase in productivity, especially in small companies,” said Morandé.

Micco agreed the relatively high cost of energy in Chile is a problem and said Chile’s current predicament, with new projects postponed or tied up in litigation, is mainly due to a lack of institutional stability. “We have to make people believe once again in the institutions of this country,” he said.

Another issue that especially concerns AmCham members is intellectual property protection. In response to a question from Ricardo García, a former president of AmCham, Morandé said his candidate has the will to “close the chapter” in terms of complying with Chile’s IP obligations in its Free Trade Agreement with the United States. “Improving relations with the US is a top priority because we have a shared world view,” he said.

How all of this will play out on Election Day and how many of these promises will be kept remains to be seen, but at least the candidates’ cards are on the table.

Julian Dowling is Editor of bUSiness CHILE