El jueves 29 de Septiembre de 2011 se publicó en El Mercurio una columna del Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, manifestando preocupación por el panorama energético el país. Por su interés, se reproduce esta columna:
Después de Barrancones
Gastón Escala Aguirre
Presidente Cámara Chilena de la Construcción
A fines del pasado mes de agosto se cumplió un año desde la aprobación, posterior anuncio de relocalización y desistimiento definitivo del proyecto termoeléctrico Barrancones, episodio que, entre otros aspectos, dejó en evidencia que el país debía seguir desarrollando su institucionalidad para conciliar dos necesidades igualmente legítimas y urgentes: la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la matriz energética.
En lo que respecta al primero de estos desafíos, en el transcurso de estos meses se registraron avances significativos. Por ejemplo, el Gobierno, a consecuencia directa del “Caso Barrancones”, pidió acelerar la elaboración de un catastro nacional de zonas protegidas —el cual ya venía trabajando el Ministerio de Bienes Nacionales— y a comienzos de este año se presentó el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, el que considera la formación de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Cabe señalar, en todo caso, que para que estas iniciativas se traduzcan en un mayor resguardo para el patrimonio natural del país se requerirá que la autoridad diseñe los planes de manejo y destine los recursos necesarios que aseguren que las “áreas protegidas” no se conviertan en “áreas abandonadas”.
Otro perfeccionamiento institucional ocurrió en agosto pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales, instancia clave de la nueva institucionalidad ambiental y que se suma a la Superintendencia de Medio Ambiente. Esta ley debiera publicarse en octubre de este año, y el primer Tribunal Ambiental podría estar operativo en abril de 2012. Además, durante el período se implementaron nuevas y más severas restricciones para las emisiones de las termoeléctricas, se fijó una norma de calidad para el material particulado bajo los 2,5 micrones y se siguió discutiendo una ley que aumenta de 10% a 20% la participación de las Energías Renovables No Convencionales en la matriz energética.
La situación es bastante menos promisoria en lo que se refiere al fortalecimiento de la matriz energética, pese a que entre septiembre de 2010 y agosto de 2011 se aprobaron 30 proyectos de generación eléctrica, que en su conjunto contribuirán con más de 6.400 MW de potencia instalada. A primera vista, se podría concluir que se trata de un aporte relevante, coherente con la necesidad de satisfacer una creciente demanda de energía eléctrica, situación que debiera mantenerse en el tiempo, aun aplicándose exitosas estrategias de eficiencia energética. Sin embargo, detrás de estas cifras existen dos proyectos, como HidroAysén y Central Castilla, responsables del 80% de la potencia instalada que se aprobó en el período, los que —a pesar de haber obtenido resoluciones de calificación ambiental favorables luego de más de dos años de tramitación–— todavía no comienzan a materializarse y enfrentan diversos recursos administrativos en su contra.
Independientemente de las características particulares de estos proyectos, representan una respuesta concreta a ciertas debilidades del sistema energético nacional, como es la concentración de centrales hidroeléctricas en zonas con alta variabilidad hídrica y la falta de un adecuado nivel de respaldo dado por otras fuentes generadoras. Si estas situaciones se hubieran enfrentado a tiempo, es probable que hoy no estaríamos ante la amenaza de un 2012 con riesgo de suministro eléctrico, a raíz de las menores precipitaciones y el déficit de agua acumulada en los embalses.
Por otra parte, lo ocurrido con estas dos iniciativas ejemplifica el lento proceso de tramitación ambiental de los grandes proyectos energéticos y la creciente judicialización que les afecta, lo cual provoca una mayor incertidumbre entre los inversionistas y el desistimiento de obras de inversión, tal como lo registró el catastro de la Corporación de Bienes de Capital durante la primera mitad del año. No es extraño entonces que en la actualidad no haya partido ningún proyecto significativo para responder a la demanda de energía que se producirá a partir de los años 2015/2016. Si a esto se agrega el dificultoso proceso de tramitación y ejecución de las líneas de transmisión —sistema cuyas debilidades padecimos en estos días—, vemos que el panorama energético de mediano y largo plazo es abiertamente preocupante.