En las primeras horas del martes 10 de julio, bomberos del sureño puerto chileno de Coronel fueron llamados a sofocar un incendio en la dárcena. Cuando llegaron, encontraron una embarcación en llamas en el muelle. Intentaron apagar las llamas, pero los encolerizados pescadores que le habían prendido fuego les impidieron el paso.

Más al norte por la costa, pescadores bloquearon el acceso a la ciudad de Constitución y colocaron barricadas en Valparaíso. Hacia el sur, hubo protestas en el muelle en Puerto Montt y en la isla de Chiloé.

El catalizador de esta ira fue la aprobación en el Congreso chileno de una nueva ley de pesca. La actual legislación, que ha estado vigente por más de una década, expira a fines de 2012 y el Gobierno elaboró un sustituto. No ha sido fácil. Grandes compañías pesqueras, ambientalistas, pescadores locales, salmonicultores y trabajadores de plantas de procesamiento de pescados de Chile, todos han hecho lobby furibundamente para asegurar que reciban el mejor acuerdo posible de la nueva legislación.

El 18 de julio, la Cámara baja de Chile aprobó el proyecto de ley, que ahora se encuentra en el Senado donde el debate posiblemente sea igual de intenso.

“Cada gobierno que ha intentado reformar el sector pesquero ha tenido problemas”, sostiene el ministro de Economía, Pablo Longueira, quien tiene la tarea de guiar el proyecto de ley hasta que se promulgue. “Cada vez tratamos de perfeccionar, mejorar o regular al sector, pescadores queman botes y protagonizan marchas, de modo que nunca ha sido posible implementar las reformas que Chile necesita”.

Una Historia Tortuosa

La historia del proyecto de ley se remonta a mediados de la década de los 90, cuando los peces aún eran relativamente abundantes en la zona sur del océano Pacífico y la flota de pesca comercial de Chile desembarcaba hasta 7 millones de toneladas al año de jurel, arenques, sardinas, merluza y bacalao.

En ese entonces, Chile operaba un sistema de Cuotas Totales Permisibles de captura, a menudo denominado “carrera olímpica”. Las autoridades decidían cuántas toneladas podían pescarse y dejaban que los pescadores se las arreglaran. El resultado fue desastroso. Los pescadores comerciales se apresuraban al mar para pescar cuántos peces pudieran antes de que sus rivales se quedaran con ellos.

Entonces, en el 2001, el Gobierno cambió a un sistema de Cuotas Individuales de Captura transferibles, usadas en la mayoría de las principales pesquerías del mundo. A las empresas se les asignaba un porcentaje de la captura total sobre la base de su registro histórico.

Ello ha estabilizado a la industria y permitido que las pesquerías fuertemente mermadas se recuperaran de algún modo. Pero los críticos dicen que ha dificultado que las nuevas empresas, sin historial de captura, ingresen al mercado. Esas críticas se intensificaron de cara a una serie de recientes fusiones. Hoy en día, según cifras del Ministerio de Economía, cuatro conglomerados (Orizon, Camanchaca, Blumar y Marfood) corresponden al 91% de la cuota industrial para las principales especies en Chile.

“Estos tipos han formado un cartel”, sostiene Rodrigo Vial, presidente de la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) y cofundador de Lota Protein, una de las empresas más pequeñas que corresponden a cerca del 9% restante. “Mi predicción es que este grupo de grandes compañías se reducirá aún más, quizás a una compañía en el norte y una en el sur”.

Sonapesca, la asociación que representa a las empresas de pesca industrial de Chile, sostiene que la afirmación de Vial de que hay un cartel es absurda.

“Una vez que se introduzca esta ley, 35 empresas industriales serán responsables de desembarcar un 45% de la captura”, dice Rodrigo Sarquis, presidente de Sonapesca. “El 55% restante estará en manos de miles de pescadores artesanales. ¿En qué otro sector de la economía chilena hay tantos actores diferentes involucrados?”

¿Licitar o No Licitar?

Si, como sugiere Vial, el poder se concentra en las manos de unos pocos, entonces ¿qué se puede hacer al respecto? Para Lota Protein, la respuesta son las licitaciones. La empresa sostiene que en lugar de asignar cuotas sobre bases históricas, las autoridades deberían venderlas al mayor postor.

Al presidente Sebastián Piñera le gusta esta idea y el Gobierno intentó incluir un sistema de licitaciones en el proyecto de ley, pero legisladores votaron en su contra. Luis Felipe Moncada, gerente general de Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), en la Octava Región del país, afirma que tuvieron razón en hacerlo.

“La vasta mayoría de la gente en la industria pesquera se opuso a las licitaciones”, afirma. “No han funcionado en otras partes del mundo y no llevan a una mayor competencia. Por el contrario, conducen a una mayor concentración, porque son las grandes empresas las que pueden costear una oferta alta”.

Moncada apunta a la experiencia de Rusia y Estonia, que privatizaron sus industrias pesqueras a través de licitaciones en la década de los 90 con resultados insatisfactorios.

Pero Riola Solano, gerente de asuntos corporativos de Lota Protein, señala que la comparación es injusta, porque -a diferencia de Chile- ambos países estaban emergiendo de la debacle económica de la ex Unión Soviética. La ejecutiva afirma que un sistema de licitación bien diseñado beneficiaría a Chile y menciona a Estados Unidos y Nueva Zelanda como ejemplos a seguir.

“Este año se han licitado cuotas para 14 especies diferentes en Estados Unidos, en Maine y el estado de Washington”, señala. “Y si el Gobierno chileno no quiere licitar cuotas, al menos podría obligar a las empresas a licitar el pescado fresco - la primera captura- como se hace en Noruega”.

Críticos de Lota Protein sostienen que la forma de crecer es comprar cuotas de otras compañías, como permite la actual legislación. Sonapesca indica que ha habido al menos 400 de este tipo de ventas desde 2001.

Pero Solano señala que es más fácil decirlo que hacerlo. “Si tuviéramos la posibilidad de comprar lo habríamos hecho”, asevera. “Es cierto que las cuotas son transferibles, pero si la gente no quiere vender no se les puede obligar”.

Menciona una resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile que concluyó que entre los años 2001 y 2011 ni una sola empresa nueva ingreso al sector de la pesca industrial en Chile. Todas las transferencias se hicieron entre las firmas dominantes del mercado.

Pero Sarquis dice que la razón de ello es que, con las menores existencias y cuotas, no había ningún incentivo para que las nuevas empresas ingresaran al mercado. Habrían podido hacerlo si hubieran querido. Simplemente escogieron no hacerlo.

Parte de la dificultad de comprar cuotas adicionales, hasta ahora, es que se han registrado para barcos más que para propietarios de barcos. Si uno quiere comprar una cuota, tiene que comprar el barco también.

En este punto, hay consenso en cuanto a que la ley necesita modificarse y el proyecto de ley refleja eso. Esta reforma (suponiendo que el Senado la apruebe) debería ayudar a hacer más líquido el mercado secundario en cuotas de pesca transferible.

Más Regulación

Si bien las cuotas y las subastas son una preocupación para la flota de pesca industrial, el principal tema para los dueños de botes más pequeños es la regulación.

Chile hace una clara distinción entre sus pequeros barcos industriales y sus botes artesanales. El punto de corte es precisamente 18 metros. Cualquier embarcación de mayor eslora que eso se considera parte de la flota industrial. El Gobierno señala que hay 384 de estos barcos en Chile aunque, enfrentados a existencias cada vez más pequeñas en los últimos años, solo 185 están operativas. En el 2011, esas embarcaciones desembarcaron 1,6 millones de toneladas de pescado, o poco menos de la mitad de la captura total chilena.

El resto de los botes -aquellos de menos de 18 metros de eslora- pertenecen a la flota artesanal y están sujetos a muchos menos controles. Hay más de 13.000 de ellos en Chile.

Debido a que las cuotas industriales se han contraído, el sector artesanal ha crecido en importancia. En el 2000, correspondió al 22% de la captura total del país, pero en el 2010 eso había subido al 52%. Si bien el tamaño de la captura general chilena cayó en un 30% durante ese período, la pesca artesanal subió en un 80%.

El Gobierno señala que ha llegado el momento de regular la flota artesanal e incluyó varias medidas en el proyecto de ley para ese fin. Por primera vez, establece una distinción entre los botes de mediano tamaño (aquellos entre 12 y 18 metros de eslora) y los botes que tienen menos de 12 metros de eslora.

Esta distinción es marcada. Los botes de tamaño mediano representan apenas el 10% de la flota artesanal, pero corresponden al 90% de su captura. El ministro Longueira señala que los dueños de estas embarcaciones semi-industriales deberían ser obligadas a pagar por sus licencias de pesca, certificar el tamaño de su captura y (en los casos de botes entre 15 y 18 metros de eslora) instalar sistemas de sistemas de navegación satelital a bordo de modo que las autoridades puedan hacer un seguimiento de dónde pescan.

No es de sorprender que algunos propietarios de botes se opongan a estas propuestas, argumentando que serán costosas y generarán despidos. El Gobierno incluyó incentivos en el proyecto de ley para cubrir esas preocupaciones. Indica, por ejemplo, que los propietarios pueden deducir el precio del equipamiento de navegación satelital del costo de las licencias de pesca.

Proteger a los Peces Pequeños

El Gobierno también afirma que quiere proteger a los dueños de las embarcaciones más pequeñas, los rústicos botes de madera a remo de la imaginación popular. Por primera vez, los dueños de esos botes tendrán acceso exclusivo a “la primer milla”, la milla de agua más cercana a la costa. Solo se permitirá a los botes de mediano tamaño dentro de esa milla en ciertas áreas, para pescar ciertas especies, y solo en acuerdo con los propietarios de las embarcaciones más pequeñas.

Todos los botes que midan 18 metros o menos todavía tendrán acceso exclusivo a las primeras cinco millas, tal como en la legislación actual. Pero en respuesta a las quejas de los pescadores artesanales, el gobierno cambió el punto desde el que se cuentan esas cinco millas. El proyecto de ley propone que, donde haya una bahía, se dibuje una línea entre los dos cabos y que las cinco millas deberían medirse desde esa línea en lugar de hacerlo desde el borde costero. Esto en efecto llevaría a la flota industrial más adentro en el mar.

“Esa era una demanda muy importante para nosotros”, señala Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach). “En algunos lugares, donde hay cabos, nuestro acceso a la plataforma continental es casi nulo en este momento”.

Pero los industriales se oponen al cambio y han prometido luchar contra él en el Senado. Moncada lo describe de “absolutamente innecesario” y advierte que redundará en pérdidas de empleo.

El proyecto de ley garantiza a los pescadores artesanales una mayor porción de las cuotas generales para cada especie. Por ejemplo, se les permitirá pescar el 60% de la cuota de merluza en el canal de Chacao, entre Chiloé y el continente, lo que se compara con el 50% actual. Su participación en la pesca de arenques en el área comprendida entre la V y X Regiones se incrementará del 56% al 78%. En total, el Gobierno calcula que estos cambios a las cuotas traerán como resultado la transferencia de US$34 millones al año del sector industrial al artesanal en los próximos 20 años.

Los impuestos son otro punto de conflicto. El Gobierno quiere que los dueños de barcos industriales y los botes artesanales más grandes paguen una regalía, pero hay poco consenso sobre cómo debería calcularse. El proyecto de ley propone una regalía del 3,3% sobre el valor comercial de las cuotas, pero las pesqueras industriales afirman que es injusto. Sostienen que si se ha de imponer una regalía, debería aplicarse sobre la ganancia operativa, como en la industria minera, o sobre el valor de la captura de cada barco en lugar de sobre su cuota nominal.

“Si las empresas mineras ganan dinero, pagan una regalía, pero si no ganan dinero, no pagan”, señala Sarquis. “No entendemos por qué el Gobierno está proponiendo un régimen tributario diferente para nosotros”.

Los pescadores de chilenos no son los únicos que siguen los avances del proyecto de ley en el Congreso. Los trabajadores de plantas procesadoras de pescado también están atentos, porque su empleo depende de él. La flota industrial de Chile emplea unos 5.000 pescadores, cifra relativamente modesta, pero los peces que capturan generan 32.000 empleos adicionales en tierra.

Sacar la Política de la Pesca

Por su parte, los ambientalistas están preocupados sobre la manera en que se calculan cuotas totales de captura permisibles. En la actualidad, los límites de captura son determinados por el estatal Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), pero son revisadas por los consejos regionales de pesca. Representantes de la industria forman parte de dichos consejos, lo que crea un claro conflicto de intereses.

Para resolver este problema, el Gobierno planea establecer 11 comités científicos independientes, responsables de determinar los límites de captura para las 11 especies más importantes en las aguas chilenas. El ministro Longueira señala que esto “sacará la política de la pesca” y asegurará que los límites de captura se basen en la ciencia, no en la ambición.

Eso es importante, porque algunas de las pesquerías de Chile se encuentran en un estado deplorable. Las existencias de jurel se han desplomado debido a la pesca excesiva de la década de los 90. El año pasado, los pescadores de Chile extrajeron apenas 256.000 toneladas del pez lo que se compara con un peak de 4,4 millones de toneladas en 1995. Algunos científicos estiman que demorará más de 100 años que las existencias se recuperen.

Si el proyecto de ley se aprueba, el concepto de un “rendimiento máximo sostenible” se incorporará a la legislación de pesca de Chile por primera vez, como recomendó la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. Este es un cálculo de la mayor captura que se puede obtener de un stock de cualquier especie dada indefinidamente, y fue una demanda clave del lobby ambientalista. El concepto tiene sus críticos, pero se ha incorporado en las leyes de pesca de otros incluidos Nueva Zelanda, Islandia y Noruega.

Batalla en el Senado

En las próximas semanas, senadores debatirán la denominada “Ley Longueira”. Es probable que luego regrese a la Cámara baja para una mayor discusión. Si no se logra un acuerdo para el 31 de diciembre, la actual legislación expirará y Chile, en teoría, podría volver a la pesca libre para todos de la década de los 90.

En regiones como las del Bío Bío y Los Lagos, las apuestas son altas. Las exportaciones de pescado y acuicultura de Chile sumaron un valor de US$4.900 millones en el 2011 y si bien los salmonicultores correspondieron a la mayor parte de ese monto, cerca de US$1.400 millones provinieron de los océanos.

A nivel nacional, la pesca corresponde solo al 0,4% del PIB aún cuando la captura pesquera general de Chile en el 2010 fue la séptima más grande a nivel mundial. Solano de Lota Protein afirma que es una clara indicación de que la industria no esta teniendo un desempeño acorde con su verdadero potencial.

“Tenemos 4.000 kilómetros de borde costero en Chile. Deberíamos ser una fuerza importante en la producción pesquera y no lo somos”, sostiene.

Vial de Anapesca señala que luchará “hasta las últimas consecuencias” para asegurar que las licitaciones se restituyan en la legislación durante su paso por el Senado.

Del otro lado del argumento, Sarquis de Sonapesca y Moncada de Asipes se comprometieron a oponerse enérgicamente a las licitaciones. Afirman que las empresas que representan han invertido fuertemente en la industria por más de medio siglo y se han ganado sus cuotas históricas.

En tanto, en medio de esta amarga disputa entre las grandes firmas pesqueras de Chile, los pescadores artesanales intentarán hacer que sus voces sean escuchadas.

“Aún no hemos logrado nada”, señala Bustamante de Conapach. “Hemos mejorado el proyecto de ley, pero no cantaremos victoria hasta que se convierta en ley”.

Gideon Long trabaja como periodista freelance en Santiago. También escribe para The Economist y la BBC.

In the early hours of Tuesday July 10, firemen in the southern Chilean port of Coronel were called to a blaze on the waterfront. When they arrived, they found a ship burning in the harbor. They tried to extinguish the flames but were driven back by angry fishermen who had set it alight.

Further up the coast, fishermen blocked access to the city of Constitución and set up barricades in Valparaíso. To the south, there were dockside protests in Puerto Montt and on the island of Chiloé.

The catalyst for this anger was the passage through the Chilean Congress of a new fishing law. The current one, which has been in force for over a decade, expires at the end of 2012 and the government has drafted a replacement. It has not proved easy. Chile’s big fishing companies, environmentalists, local fishermen, salmon farmers and workers at fish processing plants have all lobbied furiously to ensure they get the best deal possible from the new legislation.

On July 18, Chile’s lower house approved the draft law. It is now before the Senate where the arguments are likely to be just as intense.

“Every government that’s tried to reform the fishing industry has run into problems,” says Economy Minister Pablo Longueira, who has the task of shepherding the bill into law. “Every time we try to perfect, improve or regulate the sector, fishermen burn boats and stage marches, so it’s never been possible to implement the reforms that Chile needs.”

Tortured history

The history of the draft law can be traced back to the mid-1990s, when fish were still relatively plentiful in the South Pacific and Chile’s commercial fishing fleet landed up to 7 million tons a year of jack mackerel, pilchards, sardines, hake and kingclip.

Back then, Chile operated a Total Allowable Catch system, often referred to as an “Olympic system”. The authorities decided how many tons could be caught and left the fishermen to get on with it. The result was disastrous. Commercial fishermen rushed out to sea to net as many fish as possible before their rivals got to them.

So, in 2001, the government switched to a system of Individual Transferable Quotas, used in most of the world’s major fisheries. Companies were assigned a percentage of the overall catch on the basis of their historical record.

That has stabilized the industry and allowed badly depleted fisheries to recover somewhat. But critics say it makes it difficult for new companies, with no historical catch, to enter the market. Those criticisms have intensified in the light of a series of recent mergers. These days, according to data from the Economy Ministry, four conglomerates (Orizon, Camanchaca, Blumar and Marfood) account for 91% of the industrial quota for the main species in Chile.

“These guys have built a cartel,” says Rodrigo Vial, president of the ship owners’ association Anapesca and co-founder of Lota Protein, one of the smaller companies that account for the remaining 9%. “My prediction is that this group of big companies will be reduced further still, to maybe one company in the north and one in the south.”

Sonapesca, the association that represents Chile’s industrial fishing companies, says Vial’s cartel claim is absurd.

“Once this law is introduced, 35 industrial companies will be responsible for landing 45% of the catch,” says Rodrigo Sarquis, president of Sonapesca. “The remaining 55% will be in the hands of thousands of artisanal fishermen. In what other sector of the Chilean economy are there so many different players involved?”

Auction or no auction?

If, as Vial suggests, power is concentrated in the hands of a few, then what can be done about it? For Lota Protein, the answer is auctions. The company says that rather than allocating quotas on historical grounds, the authorities should sell them to the highest bidder.

President Sebastián Piñera is keen on this idea and the government tried to include an auction system in the bill, but Congress members voted it down. Luis Felipe Moncada, general manager of Asipes, the industrial fishing association in the BíoBío Region, says they were right to do so.

“The vast majority of people in the fishing industry are opposed to auctions,” he says. “They haven’t worked elsewhere in the world and they don’t lead to increased competition. On the contrary, they lead to further concentration because it’s the big companies that can afford to bid high.”

Moncada points to the experience of Russia and Estonia, which privatized their fishing industries through auctions in the 1990s with unsatisfactory results.

But Riola Solano, Lota Protein’s head of corporate affairs, says the comparison is unfair because, unlike Chile, both countries were emerging from the economic debacle of the former Soviet Union. She says a well-designed auction system would benefit Chile, and cites the United States and New Zealand as examples to follow.

“This year they’ve auctioned quotas for 14 different species in the U.S. -- in Maine and the state of Washington,” she says. “And if the Chilean government doesn’t want to auction quotas, they could at least oblige companies to auction fresh fish - the first catch - as they do in Norway.”

Critics of Lota Protein say the way to grow is to buy quotas from other companies, as allowed under current legislation. Sonapesca says there have been over 400 such sales since 2001.

But Solano says that’s easier said than done. “If we’d had the chance to buy we would have done so,” she says. “It’s true that the quotas are transferable but if people don’t want to sell then you can’t force them to.”

She cites a ruling from Chile’s antitrust authority (Tribunal de Defensa de Libre Competencia, TDLC) that found that between 2001 and 2011, not a single new company entered the industrial fishing sector in Chile. All the transfers were between market incumbents.

But Sarquis says the reason is that, with stocks and quotas declining, there was no incentive for new companies to enter the market. They could have done so if they’d wanted to. They simply chose not to.

Part of the difficulty of buying extra quotas is that they have, until now, been registered to ships rather than ship owners. If you want to buy the quota, you have to buy the ship too.

On this point, there is consensus that the law needs to be changed, and the bill reflects that. This reform (assuming the Senate approves it) should help make the secondary market in transferable fishing quotas more liquid.

More regulation

While quotas and auctions are a concern for the industrial fishing fleet, the main issue for the owners of smaller boats is regulation.

Chile makes a clear distinction between its industrial fishing ships and its artisanal boats. The cut-off point is precisely 18 meters. Any vessel longer than that is considered part of the industrial fleet. The government says there are 384 such ships in Chile although, faced with dwindling stocks in recent years, only 185 are operative. In 2011 those ships landed 1.6 million tons of fish, or just under half of the total Chilean catch.

The rest of the boats – those under 18 meters in length -- belong to the artisanal fleet and are subject to far fewer checks and balances. There are over 13,000 of them in Chile.

As industrial quotas have shrunk, the artisanal sector has grown in importance. In 2000, it accounted for 22% of the country’s total catch but by 2010 that had risen to 52%. While the size of the overall Chilean catch dropped by 30% during that period, the artisanal catch rose by 80%.

The government says the time has come to regulate the artisanal fleet and has included several measures in the draft law to that effect. For the first time, it draws a distinction between medium-sized boats (those between 12 and 18 meters in length) and boats that are less than 12 meters long.

This distinction is stark. The medium-sized boats represent just 10% of the artisanal fleet but account for 90% of its catch. Minister Longueira says the owners of these semi-industrial vessels should be forced to pay for fishing licenses, certify the size of their catches and (in the cases of boats between 15 and 18 meters in length) install on-board satellite navigation systems so that authorities can monitor where they fish.

Unsurprisingly, some boat owners object to these proposals, saying they will be expensive and lead to redundancies. The government has included incentives in the bill to meet those concerns. It says, for example, that owners can deduct the price of satellite navigation equipment from the cost of fishing licenses.

Protecting the minnows

The government also says it wants to protect the owners of the very smallest vessels, the rustic wooden rowing boats of popular imagination. For the first time, the owners of those boats will have exclusive access to “the first mile” – the mile of water closest to the coast. Medium-sized boats will only be allowed inside that mile in certain areas, to fish certain species, and only in agreement with owners of the smaller vessels.

All boats measuring 18 meters or less will still have exclusive access to the first five miles, as under current law. But in response to complaints from artisanal fishermen, the government has changed the point from which those five miles are measured. The bill proposes that, where there is a bay, a line should be drawn between the two headlands and the five miles should be measured from that line rather than from the coastline. This would effectively push the industrial fleet further out to sea.

“That was a very important demand for us,” says Zoila Bustamante, president of the artisanal fishing federation Conapach. “In some places, where there are headlands, our access to the continental shelf is next to nothing at the moment.”

But the industrialists oppose the change and have vowed to fight it in the Senate. Moncada describes it as “absolutely unnecessary” and warns it will mean job losses.

The draft law grants artisanal fishermen a greater share of the overall quotas for each species. For example, they will be allowed to catch 60% of the hake quota in the Chacao channel, between Chiloé and the mainland, compared to 50% now. Their share of the pilchard catch in the area between Regions V and X will increase from 56% to 78%. In all, the government calculates that these quota changes will result in the transfer of US$34 million a year from the industrial sector to the artisanal sector over the next 20 years.

Taxes are another point of conflict. The government wants the owners of industrial ships and the larger artisanal boats to pay a royalty, but there is little consensus on how it should be calculated. The bill proposes a 3.3% royalty on the commercial value of quotas, but the industrial fishers say that is unfair. They say that if a royalty is to be imposed, it should be levied on operating profit, as in the mining industry, or on the value of each ship’s catch rather than on its nominal quota.

“If the mining companies make money, they pay a royalty, but if they don’t make money they don’t pay,” Sarquis says. “We don’t understand why the government is proposing a different tax regime for us.”

Chile’s fishermen are not the only ones following the bill’s progress through Congress. Workers at fish processing plants are watching too, because their jobs depend on it. Chile’s industrial fleet employs a relatively modest 5,000 fishermen but the fish they catch provide an additional 32,000 jobs on land.

Taking the politics out of fishing

Environmentalists, for their part, are worried about the way in which total allowable catches are calculated. At present, catch limits are determined by the state’s Fisheries Development Institute (IFOP) but are reviewed by regional fishing councils. Industry representatives sit on those councils, creating a clear conflict of interest.

To resolve this problem, the government plans to set up 11 independent scientific committees, responsible for setting catch limits for the 11 most important species in Chilean waters. Minister Longueira says this will “take the politics out of fishing” and ensure that catch limits are based on science, not greed.

That is important, because some of Chile’s fisheries are in a woeful state. Stocks of jack mackerel have plummeted due to the overfishing of the 1990s. Last year, Chile’s fishermen netted just 256,000 tons of the fish compared to a peak of 4.4 million tons in 1995. Some scientists estimate it will take over 100 years for stocks to recover.

If the bill is approved, the concept of a “maximum sustainable yield” will be incorporated into Chilean fishing legislation for the first time, as recommended by the United Nations and the European Union. This is a calculation of the largest catch that can be taken from the stock of any given species indefinitely, and was a key demand of the environmental lobby. The concept has its critics but has been incorporated into fishing laws in other countries including New Zealand, Iceland and Norway.

Battle in the Senate

Over the coming weeks, senators will debate the so-called “Longueira Law”. It is then likely to return to the lower house for further discussion. If no agreement is reached by December 31, the current legislation will expire and Chile could in theory return to the fishing free-for-all of the 1990s.

In regions like BíoBío and Los Lagos, the stakes are high. Chile’s fish and aquiculture exports were worth US$4.9 billion in 2011 and although salmon farmers accounted for most of that, around US$1.4 billion came from the oceans.

Nationally, fishing accounts for only 0.4% of GDP even though Chile’s overall fishing catch in 2010 was the seventh largest in the world. Lota Protein’s Solano says that is a clear indication that the industry is not performing to its true potential.

“We have 4,000 kilometers of coastline in Chile. We should be a major force in fish production and we’re not,” she says.

Anapesca’s Vial says he will fight “to the bitter end” to ensure auctions are re-inserted into the legislation during its passage through the Senate.

On the other side of the argument, Sarquis at Sonapesca and Moncada at Asipes vow to oppose auctions vociferously. They say the companies they represent have invested heavily in the industry for over half a century and have earned their historic quotas.

Meanwhile, amid this bitter dispute between Chile’s big fishing firms, the artisanal fishermen will try to make their voices heard.

“We haven’t achieved anything yet,” says Conapach’s Bustamante. “We’ve improved the bill, but we won’t cry victory until it becomes law.”

Gideon Long is a freelance journalist based in Santiago. He also writes for The Economist and the BBC.