Pablo Eguiguren, jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, expuso ante el Comité de Inversiones y Negocios el diagnóstico de una década de estancamiento, el plan de implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y los primeros resultados concretos en cuatro servicios prioritarios.

Hubo un tiempo en que la inversión en Chile crecía a casi 10% anual. Entre 2000 y 2013, ese fue el ritmo promedio; desde entonces, cayó a 1,4%. La curva descendente tiene muchas explicaciones, pero hay una que los gerentes de proyecto conocen sin necesidad de gráficos. Una Evaluación de Impacto Ambiental que en 2008 demoraba 355 días, hoy toma 1.175, según la Sociedad de Fomento Fabril. La permisología, palabra que ya forma parte del léxico del sector privado y de varias campañas presidenciales, se instaló como el principal freno de la inversión chilena. Hoy, por primera vez, hay una ley aprobada con apoyo transversal, una oficina con cronograma de implementación y herramientas tecnológicas que hace un año todavía no formaban parte de la conversación pública.

Ese fue el punto de partida del conversatorio "Agilización de Autorizaciones y Reactivación de la Inversión: Agenda en Materia de Permisos", organizado por el Comité de Inversiones y Negocios de AmCham Chile. La sesión tuvo como expositor a Pablo Eguiguren, jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía, y fue moderada por Mario Larenas, Director de AmCham Chile, presidente del Comité y Gerente General de Freeport-McMoRan Chile.

Una década de inversión a la baja

En la apertura, Larenas situó el momento en clave de oportunidad y de exigencia. "A nivel global y no solamente en Chile, existe una gran incertidumbre. Por lo tanto, contar con lo contrario —con certezas jurídicas— es muy importante para poder materializar la inversión en cualquier país. Chile sigue siendo un país en que las instituciones son suficientemente sólidas, y eso abre una ventana de oportunidades", sostuvo. A continuación entregó un dato del sector que representa: "En minería, para grandes proyectos no es raro que sean necesarios más de 3.000 permisos sectoriales. De hecho, en el proyecto de expansión que tenemos en Minera El Abra llevamos contabilizados más de 5.500 permisos. Eso da cuenta de la labor titánica que va a tener que realizar esta oficina".

Eguiguren tomó la palabra para profundizar el diagnóstico. "Cuando uno mira la tendencia larga, la última década fue muy mala para Chile en materia de inversión. La inversión venía creciendo casi un 10% anual —ya se nos olvidó, pero entre 2000 y 2013 creció casi a ese ritmo en términos reales—, y desde 2013-2014 en adelante eso cayó a tan solo un 1,4%", señaló. A esos datos sumó la comparación internacional. En el ranking de barreras regulatorias en licencias y permisos de la OCDE, Chile aparece junto a Turquía y Suiza en el extremo más alto, lejos del promedio del organismo. "Chile no puede darse el lujo de estar entre los países con sistemas de permisos y licencias más engorrosos dentro de la OCDE, siendo un país que compite con otros por atraer inversión", planteó.

Dos vías en paralelo: norma y gestión

La OASI es la institución a cargo de ejecutar esa agenda. Se trata de un órgano funcionalmente desconcentrado de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, creado por la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) y en funcionamiento desde el 1 de enero de 2026. Administra la ventanilla digital única SUPER, supervisa plazos y estándares de tramitación en los organismos sectoriales, y propone mejoras regulatorias y de gestión al sistema de permisos. Eguiguren la dirige desde marzo de este año.

El plan de la oficina se ordena en dos vías paralelas. La primera, normativa, descansa sobre la propia LMAS, aprobada en la administración del expresidente Gabriel Boric con apoyo transversal y hoy en plena fase de reglamentación. El cronograma contempla más de 30 reglamentos que cubrirán más de 90 permisos, en sectores como agua, salud, minería, pesca y telecomunicaciones, susceptibles de tramitarse mediante declaración jurada. La oficina trabaja además en identificar otros 90 permisos para incorporar al mecanismo, sobre un catastro total que supera las 400 autorizaciones.

Para Eguiguren, el cambio de naturaleza institucional importa. "Una oficina creada por decreto ahora pasa a ser una oficina creada por ley, con facultades definidas y un cronograma para implementar reglamentos. Eso le da una fortaleza institucional que antes no tenía", explicó. El director de la OASI advirtió que la efectividad real dependerá de cómo se redacten esos reglamentos, por lo que llamó a los gremios a participar activamente en las consultas públicas para que los permisos queden descritos con precisión y sin discrecionalidad ex post.

La segunda vía es la gestión focalizada. Aquí la apuesta es concentrar el esfuerzo donde está la mayor parte de la inversión. "Cuando uno ve los 400 proyectos que están en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los 15 proyectos más grandes concentran el 50% de los 100.000 millones de dólares en inversión", explicó Eguiguren. Los treinta más grandes movilizan entre 70% y 80% de la cartera total. Esa es la primera vertiente, el seguimiento uno a uno de los proyectos críticos. La segunda es el trabajo directo con cuatro servicios que concentran los cuellos de botella más relevantes: el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y las SEREMI de Salud.

Un buen ejemplo es la línea de transmisión Kimal–Lo Aguirre, el proyecto eléctrico más grande del país, con una inversión estimada de US$1.500 millones. Sobre ella, Eguiguren ofreció una imagen que volvió a salir varias veces en la conversación: "Tiene más de 6.000 permisos. Los más de mil permisos DGA equivalen a todo el flujo anual que recibe la Dirección General de Aguas en permisos de modificación de cauces. Un solo proyecto concentra todo ese flujo, y la gran mayoría son permisos de bajo riesgo". En obras de ese tipo, como badenes que cruzan cauces sin agua, la declaración jurada libera capacidad de los funcionarios para concentrarse en expedientes complejos como tranques de relaves o acueductos.

Primeros resultados: Monumentos, DGA y Fuerzas Armadas

Los primeros resultados son acotados, pero muestran que el plan empieza a moverse. En el Consejo de Monumentos Nacionales, la OASI trabajó con el Ejecutivo para acelerar el nombramiento de los cuatro consejeros que le corresponde designar al gobierno. Esos nombramientos tomaron un mes en promedio al inicio de esta administración, frente a 18 meses en las dos anteriores, según Eguiguren.

El resultado se vio en la sesión de comienzos de mayo. El organismo despachó un permiso arqueológico en menos de dos semanas, un trámite que históricamente se cuenta en meses, y aprobó autorizaciones para la línea 9 del Metro, el tren Santiago–Batuco y una planta fotovoltaica, por cerca de US$6.000 millones acumulados en inversión. "Es poco común que el Consejo de Monumentos sea protagonista de una buena noticia", comentó Eguiguren.

En la Dirección General de Aguas, donde el stock pendiente bordea los 28.600 expedientes, la dotación de revisores pasará de 108 personas en junio de 2025 a 165 en junio de 2026, un aumento del 53%, gracias a un "Equipo de Permisos" conformado mediante reasignación interna y sin presupuesto adicional. En la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, donde 279 concesiones marítimas mayores están detenidas en la etapa de análisis —frente a 28 en admisibilidad, 16 en conglomerado y 25 en jurídica—, la OASI está desarrollando un piloto de inteligencia artificial generativa para automatizar la revisión inicial de los expedientes.

La IA como diferencia de este ciclo

Ahí es donde Eguiguren situó la diferencia cualitativa entre el esfuerzo actual y los anteriores. La disponibilidad de IA aplicable a revisión documental cambia lo que un funcionario puede procesar en un día de trabajo. "La IA no reemplaza al funcionario, pero reduce el tiempo dedicado a esa tarea hasta en un 80-90%. Y lo más relevante: responde a una necesidad real del funcionario público, por lo que hay interés genuino en adoptarlo", explicó. El piloto en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas apunta a que el sistema verifique de manera automática si un expediente cumple los requisitos de admisibilidad, dejando al funcionario para las decisiones que requieren juicio técnico.

Como referencias, el director de la OASI mencionó la herramienta REVI, desarrollada por la Cámara Chilena de la Construcción para permisos de edificación, y experiencias internacionales de aplicación de IA en procesos de autorización. Lo que cambia respecto de esfuerzos pasados, planteó, tiene que ver con tres factores en simultáneo: la tecnología disponible, la digitalización masiva que aceleró la pandemia y una conversación pública que hoy reconoce la permisología como un asunto que va más allá de un debate técnico.

El cierre tuvo dos mensajes. Primero, una advertencia: "Podemos tener una ley muy buena y un reglamento muy bien escrito, pero si la gestión dentro del servicio no acompaña, no sacamos nada. Es muy fácil que la ley pase a ser letra muerta". Después, un llamado a los socios del comité a participar en las consultas públicas de los reglamentos, donde se juega buena parte del resultado final.

Para AmCham Chile, el diálogo de sus comités con los responsables de la implementación de la agenda regulatoria forma parte de un trabajo sostenido por consolidar marcos institucionales predecibles, condición de la inversión y de la competitividad del país.