Chile necesita inversión para crecer, pero se ahoga en trámites. Esa es una de las conclusiones del conversatorio organizado por el Comité de Inversiones y Negocios de AmCham Chile, donde el Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó su más reciente estudio sobre el impacto de la permisología. La actividad fue liderada por Francisco Pérez Mackenna, director de AmCham y gerente general de Quiñenco.
El concepto de “permisología” ha dejado de ser una crítica genérica a la burocracia. Hoy es un factor medible, con costos concretos. Según el investigador del CEP Gabriel Ugarte, el peso de esta maraña administrativa equivale a un 7,3% del PIB nacional.
“La permisología se ha convertido en un tema de preocupación central y un desafío permanente para el desarrollo económico y la inversión”, sostuvo Ugarte. “No es solo una cuestión de burocracia, sino que representa un verdadero cuello de botella que impacta en la agilidad y realización de los proyectos, la creación de empleo y directamente en el crecimiento económico de nuestro país”.
El estudio —elaborado junto a Nikolas Dejbord— se basó en una metodología desarrollada por Pellegrino y Zheng (2023), adaptada a datos locales de la Encuesta Longitudinal de Empresas 2022. La cifra del 7,3% corresponde a los efectos combinados de una mala asignación de recursos (cuando las empresas más productivas quedan atrapadas en los cuellos regulatorios) y la subinversión (cuando directamente se abandonan los proyectos).
Pero el dato más elocuente no está solo en el presente, sino en el potencial: si Chile logra simplificar sus procesos, podría aumentar su crecimiento económico anual en un 0,7% durante la próxima década. Una cifra que, acumulada en el tiempo, marcaría una diferencia sustancial en empleo, recaudación y bienestar.
“Simplificar los procesos burocráticos y mejorar toda esta maraña regulatoria tendría un impacto importante en nuestro crecimiento económico, que es algo que tanto hoy día requerimos como país”, dijo Ugarte.
El estudio también entrega contexto. Entre 2005 y 2014, la inversión en Chile creció cerca del 8% anual, impulsando un crecimiento del PIB de 4%. En la última década, en cambio, la economía ha promediado un 2%, con la inversión incluso por debajo de esa cifra. Hoy, según el Banco Central, el crecimiento proyectado es de apenas 1,8%.
En este escenario, la permisología es solo una parte del problema, pero una de las más urgentes. Y también una de las más visibles para el sector privado. De hecho, un 28% de las empresas encuestadas declara que la regulación afecta “muy importante” su crecimiento.
Los ejemplos abundan. Según la Comisión Marfán, una planta desaladora puede tardar 12 años en obtener sus permisos. Un proyecto minero, 9 años. La tramitación es lenta, los plazos no se cumplen, las instituciones no se coordinan, y en muchos casos ni siquiera hay información disponible sobre cuánto demora cada proceso.
“Lo principal es que se identificaron plazos muy extendidos para la tramitación de proyectos, plazos que además no se cumplen”, explicó Ugarte.
Además, los criterios suelen cambiar entre servicios, hay escasa proporcionalidad entre el riesgo del proyecto y los requisitos exigidos, y la judicialización, especialmente en el ámbito ambiental, ha ido en aumento.
La agenda de soluciones existe, pero sigue siendo fragmentada. El estudio reconoce avances en el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que permitiría la tramitación paralela de permisos, habilitaría técnicas ex post, e incluiría incentivos para el cumplimiento de plazos.
“Un gran avance de esta nueva ley es que las técnicas habilitantes alternativas pasarán a ser la regla general, moviendo el sistema hacia un modelo que incorpora elementos 'ex post' para mayor eficiencia”, indicó el académico.
Sin embargo, sus limitaciones son relevantes. La iniciativa no aborda los permisos ambientales, su institucionalidad es débil (depende de una oficina en el Ministerio de Economía) y no incluye un rediseño profundo del sistema, sino solo una reorganización de lo existente.
“Las iniciativas [anteriores] han sido fragmentadas, sin una conexión sistémica. Abordan aspectos puntuales, pero falta una visión general”, advirtió.
También se analizan otras propuestas —como la Evaluación Ambiental 2.0 o nuevas agencias para mejorar la calidad regulatoria—, pero ninguna parece atacar el problema de fondo: la excesiva complejidad del marco normativo, su crecimiento inorgánico y la falta de capacidades técnicas dentro del Estado.