Aún cuando el daño causado por el terremoto significa que la recuperación de Chile luego de la crisis financiera mundial de 2008 y 2009 será más lenta, la economía debería volver a un sólido crecimiento hacia fines de año estimulada por el plan de reconstrucción del Gobierno, la inversión privada y la recuperación mundial, en particular por el desempeño de la economía de Estados Unidos.

Pese a los cambios de prioridades que el proceso de reconstrucción impondrá a la agenda del presidente Piñera, el nuevo Gobierno va a seguir estando caracterizado por el regreso a un modelo económico más ortodoxo de libre mercado. Este modelo enfatiza que haya menos intervención del Gobierno en la economía y más participación del sector privado, lo que implica que la inversión privada será el principal motor de la economía en el futuro. La protección de los derechos de la propiedad privada es otra característica clave de este modelo.

Como resultado, la inversión nacional y extranjera debería crecer, aún en áreas antes reservadas para el Estado como en el caso de la industria del cobre. Los inversionistas estadounidenses estarán más dispuestos a regresar a Chile para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales, dado que la economía de Estados Unidos también estará en expansión.

Sin embargo, para asegurar una recuperación económica sostenida, el Gobierno de Piñera enfrenta dos importantes desafíos. El primero es reforzar los indicadores macroeconómicos fundamentales de Chile para volver a colocar a la economía en una senda de crecimiento sustentable y de larga duración. El segundo es continuar mejorando la distribución del ingreso y reduciendo la pobreza, aprovechando los avances del Gobierno anterior en esta área. Si bien este último punto recibió menos atención durante la campaña política, el daño causado por el terremoto colocó a los problemas sociales en el primer lugar de la agenda del presidente, lo que se refleja en su plan de reconstrucción.

El plan de US$ 8.400 millones para financiar la parte que corresponde al Estado de las pérdidas generadas por el terremoto que no están cubiertas por seguros, contiene una gama equilibrada de fuentes de financiamiento. La mayor parte de la carga será asumida por quienes pueden costearla -las grandes empresas y el Gobierno- con el fin de beneficiar a quienes tienen menos. Este positivo equilibrio parece haber sido diseñado con el objetivo de proteger al segmento más pobre de la población del costo de la reconstrucción.

El plan incluye la contribución del sector público a partir de su ajuste fiscal, la liquidación de algunos activos públicos y la emisión de US$ 1.500 millones en bonos globales denominados en pesos, a lo que se suman mayores impuestos al sector privado. Aun cuando algunas de las alzas tributarias podrían verse reflejadas en mayores precios al consumidor, los impuestos para la mayoría de la población se mantendrán sin cambios. En este sentido, no vemos un efecto significativo de los impuestos sobre el poder adquisitivo y el bienestar social.

Dado que el aumento de los impuestos corporativos será transitorio, el efecto sobre las empresas será de corta duración. Más aún, a medida que el proceso de reconstrucción avance la economía debería recuperarse, lo que permitirá a las grandes empresas compensar el impacto de los mayores impuestos a través de un aumento de las ventas. Como resultado, se prevé que las ganancias vuelvan a los niveles normales en el mediano plazo. A fin de cuentas, el plan de reconstrucción de Chile debería beneficiar a todos, en particular a la población más afectada por el terremoto.

Respaldado por la inversión en reconstrucción, Chile volverá a un crecimiento económico más sostenido para el 2011. Sin embargo, mientras menos deuda pública se use para financiar los costos de la reconstrucción, mejor será para los chilenos en el largo plazo porque implica menores impuestos a futuro.

La mejora potencial del bienestar aliviará las presiones sociales, que además estimularán el consumo privado. En conjunto con los esfuerzos adicionales del Gobierno para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, esto podría aumentar el atractivo de Chile para los inversionistas extranjeros, en particular para las tiendas minoristas de Estados Unidos ansiosas por aprovechar el potencial auge en el consumo familiar.

Alfredo Coutiño es director para América Latina de Moody’s Economy.com

Even though the damage caused by the earthquake means Chile’s recovery from the 2008/09 global financial crisis will be slower, the economy should return to strong growth by the end of the year stimulated by the government’s reconstruction plan, private investment and the global recovery, particularly the performance of the U.S. economy.

Despite the changes in priorities that the reconstruction process will impose on President Piñera’s agenda, the new administration will continue to be characterized by the return of a more orthodox free-market economic model. This model emphasizes less government intervention in the economy and more private sector participation, which implies private investment will be the main driver of the economy going forward. The protection of private property rights is another key feature of this model.

As a result, national and foreign investment should increase, even in areas formerly reserved for the state as in the case of the copper industry. U.S. investors will be more willing to return to Chile to take advantage of new business opportunities, since the U.S. economy will also be in expansion.

To ensure a sustained economic recovery, however, Piñera's administration faces two main challenges. The first is to reinforce Chile's macroeconomic fundamentals to put the economy back on a sustainable and long-lasting growth path. The second is to continue improving income distribution and reducing poverty, building on the progress of the previous administration in this area. Although this last point received less attention during the political campaign, the damage caused by the earthquake has put social problems at the top of the President’s agenda, which is reflected in his reconstruction plan.

The US$8.4 billion plan to finance the state’s share of the losses resulting from the earthquake not covered by insurance, contains a balanced mix of financing sources. Most of the burden will be borne by those who can afford it - big corporations and the government - in order to benefit those who have less. This positive balance seems to have been designed with the aim of protecting the poorest segment of the population from the cost of the reconstruction.

The plan includes the public sector’s contribution from its fiscal adjustment, the liquidation of some public assets, and the issue of US$1.5 billion in global peso-denominated bonds, combined with higher taxes on the private sector. Even though some of the tax increases could be reflected in higher consumer prices, taxes for the majority of the population remain unchanged. In this sense, we do not see a significant impact from taxes on purchasing power and social well-being.

Given that the increase in corporate taxes will be transitory, the impact on companies will be short-lived. Moreover, as the reconstruction process advances the economy should recover, which will allow corporations to compensate the impact of higher taxes through an increase in sales. As a result, profits are expected to return to normal in the medium term. When all is said and done, Chile’s reconstruction plan should benefit everyone, in particular the population most affected by the earthquake.

Supported by the investment in reconstruction, Chile will return to more sustained economic growth by 2011. However, the less public debt that is used to finance reconstruction costs, the better off Chileans will be in the long run because it implies lower taxes in the future.

The potential improvement in well-being will relieve social pressures, which will also stimulate private consumption. Combined with extra efforts by the government to reduce poverty and improve income distribution, this could increase Chile’s attractiveness to foreign investors, particularly U.S. retail stores keen to take advantage of the potential boom in household consumption.

Alfredo Coutiño is Director of Latin America at Moody’s Economy.com