Los tratados de libre comercio que tiene Chile con otros países constituyen una razón inmediata para asegurarse de que la protección de los derechos de propiedad intelectual está de acuerdo con los estándares internacionales. El otro motivo, de más largo plazo, es el hecho que el desarrollo del país podría estar en juego.

Software, DVDs, baterías, libros, relojes, bolsos de manos, son sólo algunos de los productos que se encuentran a la venta en las veredas de las ciudades chilenas. Se trata de falsificaciones y son una de las razones por las cuales Chile fue incluido, el año pasado, por la Oficina del Representante Comercial de EEUU (en inglés Office of the U.S. Trade Representative - USTR)., en su lista de observación prioritaria “Especial 301”, listado de países vigilados por incumplir su obligación de brindar una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual.

Para un país que está más acostumbrado a ser elogiado como un modelo económico, ésta es una situación inconfortable. Y, según Rodrigo Velasco, socio de Alessandri y Cía., una firma de abogados de Santiago, sin duda el problema es serio. Sostiene que Chile sirve como una especie de vía habilitada, a través de la cual, muchos de los productos que ingresan ilegalmente al país, no finalizan su recorrido sólo en Santiago, sino también en La Paz, Buenos Aires y aún más allá de esas fronteras.

Históricamente, el origen de este problema no se ha debido tanto a la ley en sí, sino que a su cumplimiento. Por ejemplo, para embargar un cargamento de productos falsificados, la policía o los funcionarios aduaneros necesitaban tener una orden judicial, emanada de un juez o de un tribunal del crimen. Pero los abogados dicen que los jueces de los tribunales del crimen, a menudo tienen una muy escasa comprensión de los derechos de propiedad intelectual, un área que tiende a ser relegada a materias de estudio opcionales en las facultades de derecho de las universidades chilenas.

“Y los jueces requieren de exámenes de laboratorio que prueben que los productos fueron falsificados, con anterioridad a la emisión de su orden judicial, lo que demoraría en dos o más meses el poder requisar dichos productos, y, para aquel entonces, lo más probable es que la mercadería ya hubiese desaparecido, ya sea porque fue vendida o movilizada a otro país”, argumenta Velasco.

Nuevas normas aprobadas recientemente, en este sentido, han mejorado un poco esta situación. En la actualidad los productos pueden ser embargados de inmediato, si ellos han sido visiblemente falsificados.

Pero eso sólo opera con copias de mala calidad y los falsificadores están pasando a ser cada vez más sofisticados. “Tuvimos un lote de pilas Duracell, que estaban tan bien fabricadas que las tuvimos que remitir a la sede de la compañía en Boston par efectuar la evaluación”, recuerda Velasco.

Y el embargo de los bienes no es lo mismo que capturar a los falsificadores, señala Alfredo Piquer, presidente de Asociación Chilena de Compañías de Información Tecnológica (ACTI). “En nuestra área, es fácil probar el uso de productos pirateados, pero no a quien cometió la piratería”, manifiesta.

No obstante, una serie de modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial chilena fueron promulgadas en Marzo, incrementando la protección de las patentes y marcas comerciales. Según Eleazar Bravo, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, que es responsable de la administración de patentes y marcas comerciales, éstas y otras medidas harán que Chile esté en línea con las normas establecidas por el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de Negociación Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (en inglés Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS).

Siendo más hábiles

“Si Chile desea crecer nuevamente al 7%, necesitamos progresar en esta área”, señala Bravo. Nuevas ciencias, tales como la biotecnología, significan que aún en áreas ‘antiguas’ de la economía, tales como la minería del cobre y la producción de frutas, se necesitará tener acceso a nuevas tecnologías para permanecer competitivas.

Pero de acuerdo con Gabriela Paiva, vicepresidenta de la Asociación de Inventores Chilenos, en Chile no se está haciendo lo necesario para apoyar la innovación. Sólo unos pocos miles de patentes se registran anualmente en Chile, un número insignificante en comparación con las más de 400.000 patentes de invención que se registran en un país como Japón, y nuestra cifra aún es baja para los estándares latinoamericanos.

El problema no sólo es legal, sino que tiene que ver con la Universidad y la cultura comercial, dice Joaquín Cordua, gerente de la división de capital humano de la Fundación Chile, un instituto de transferencia de tecnología con sede en Santiago. Según Cordua, son escasos los investigadores de las universidades chilenas que están sintonizados de manera adecuada con la ley de patentes, como para permitir la explotación comercial de sus descubrimientos.

“A pesar de que gran parte de la investigación podría conducir a una aplicación práctica, a menudo ellos no toman en cuenta las restricciones que implican los derechos de propiedad intelectual existentes”, manifiesta. En lugar de ello, las universidades del país ponen un mayor énfasis en la publicación de documentos en boletines científicos, algo que hacen de manera regular”.

Pero la cantidad de patentes que brota de la investigación permanece siendo extremadamente baja. En un esfuerzo para mejorar esta situación, actualmente la Fundación Chile está trabajando con científicos chilenos del área de investigación, otorgándoles subsidios para investigar de qué manera sus trabajos pueden ser patentados, así como también, poniéndolos en contacto con compañías que podrían poner en práctica sus investigaciones.

Sin embargo, Cordúa dice que el problema no está confinado sólo a las universidades e institutos de investigación. Pese a las palabras elogiosas de los líderes comerciales acerca del valor de la tecnología y del desarrollo de una economía basada sobre conocimientos, la mayoría de las compañías chilenas aún no colocan suficiente énfasis en la investigación, ni menos en mantenerse al corriente de las nuevas tecnologías que están siendo desarrolladas en otros lugares.

Cordua se lamenta expresando que a “Chile aún le falta experiencia en el área de propiedad intelectual”. Agrega que el hecho de no tomar con la debida seriedad el tema de las patentes y de la propiedad intelectual, puede acarrear graves consecuencias, señalando el ejemplo de los productores de fruta chilenos, que tuvieron problemas al reproducir una nueva variedad de vides californianas, con anterioridad a la expiración de su período de exclusividad, dando paso a la ira de su creador.

Alineándose

Los críticos acerca del desempeño de Chile en material de propiedad intelectual, señalan que la reforma de la Ley de Propiedad Industrial entró en vigencia cinco años después de que Chile resolviera seguir las normas del TRIPS. Y, según Ricardo Sateler, un socio del Estudio de Abogados de Santiago, Peralto Toro y Sateler, la mayoría de las economías industrializadas del mundo están promoviendo actualmente normas “TRIPS-plus”.

Más aún, los recientes tratados comerciales chilenos incluyen obligaciones para cumplir estos altos estándares, en plazos acordados, por los próximos cinco años. Y esto es clave para la inserción internacional que ha ayudado a impulsar el reciente crecimiento chileno. “Necesitamos estar alineados con la comunidad global; no podemos jugar con reglas que no son aceptadas universalmente”, sostiene Alfredo Piquer de ACTI.

Pero la propiedad intelectual no es sólo una cuestión para complacer a los socios comerciales de Chile, sino que también es una prueba clave de la capacidad del país para aprovechar al máximo sus tratados comerciales con las economías desarrolladas, expresa Michael Grasty, Presidente de AmCham. “La propiedad intelectual es como una tabla de armonía; es un nivel debe ser alcanzado si se quiere ser considerado un país serio”, señala.

La protección de los derechos de propiedad intelectual también tiene un importante componente de ley y orden, expresa el Embajador de EE.UU. en Chile, Craig A. Kelly. Se estima que el comercio internacional de productos pirateados es equivalente a los USD 500 billones por año y que, minuto a minuto, se va incrementando y se sabe que también tiene nexos documentados con otras formas del crimen organizado, explica Kelly.

El alto diplomático precisa que las autoridades chilenas, desde el Presidente Lagos hacia abajo, están de acuerdo en la necesidad de mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual. Pero, al igual que en cualquier otro país, la forma en que esto debe hacerse, es el asunto más complejo.

Sin duda, algunos expertos sostienen que lo que Chile necesita realmente, es una institución independiente que administre los derechos de propiedad intelectual. Según Velasco, el Gobierno chileno aún mira las patentes como una fuente de ingresos, en vez de verlo como dinero que debería ser invertido para crear un servicio de patentes más eficiente.

El modelo preferido de Velasco sería el del Instituto Nacional para la Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP), de Perú, un organismo autónomo formado a inicios de los ’90, que combina tanto roles administrativos como de aplicación de la ley.

Hoy en día, se está preparando una plantilla para un Instituto Chileno de Propiedad Intelectual, con financiamiento autónomo y facultades para actuar independientemente, manifiesta Eleazar Bravo. Pero aún falta por lo menos tres años para el establecimiento de este organismo.

Asimismo, también ha sido criticada la nueva ley chilena de propiedad intelectual, al fracasar en solucionar la confusión relativa a las autoridades que deben aprobar los nuevos productos farmacéuticos. Para comercializar drogas en Chile, una compañía debe solicitar tanto la aprobación relativa a la seguridad y eficacia de la droga, de parte del Instituto de Salud Pública (ISP) y para obtener una patente debe acudir al Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economía.

Pero una vez que la autorización del ISP es otorgada, un producto puede ser copiado rápidamente, con anterioridad a la obtención de la patente, acortando de esta forma, el exclusivo período de patente de las compañías farmacéuticas. La creación de un organismo similar a la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration), que tiene facultades únicas para aprobar nuevos productos farmacéuticos, no está en las previsiones de Chile, pero las compañías farmacéuticas están presionando al Gobierno para alinear los dos procesos en orden a proteger los nuevos descubrimientos.

Tuercas y Pernos

En la actualidad, los tribunales Chilenos están trabajando en contra de un retraso de dos a tres años que se da en las apelaciones relativas a la protección de patentes. Consecuentemente, los procesos legales pueden durar de cuatro a cinco años.

Para la parte agraviada, éste es un tiempo perdido en el mercado y para el período de su patente. No es sorprendente que muchas compañías prefieran recomprar la patente o marca comercial, en vez de perder años en los tribunales y esto crea un círculo vicioso que incentiva aún más la piratería, señala Rodrigo Velasco.

“Aún cuando el resultado final del juicio fuese favorable -y Chile es un país donde el régimen de derecho es muy fuerte- el tiempo perdido es muy perjudicial para las compañías involucradas”, indica el Embajador Kelly. Pero ésta es un área en la cual la nueva ley promete algunas mejoras importantes, expresa Velasco.

Hasta ahora, Chile solo tenía una sola corte de apelaciones para casos de patentes, y sus tres jueces especializados atendían solamente tres días a la semana. Bajo la nueva ley, existirán tres cortes y diez jueces y esto debería, por lo menos, ser suficiente para eliminar el retraso.

Asimismo, la ley reforzará el Departamento de Propiedad Industrial, que forma parte del Ministerio de Economía. La cantidad de peritos en patentes ya se ha incrementado desde 9 a 21 y el Departamento está invirtiendo en capacitación relativa a la nueva ley, no sólo para su personal propio, sino también para los jueces, servicios de aduanas y para el sector privado.

Pero el mejorar los derechos de propiedad intelectual, no solo se refiere simplemente a un asunto para defender los intereses de las compañías. El verdadero desafío es adaptar la protección de los derechos de propiedad intelectual a la tarea de potenciar la innovación. Y esto es crucial si Chile va a diversificar su crecimiento dirigido hacia la exportación, con el incremento en puestos de trabajo e la inversión que ello implicaría.

Piratas Callejeros

Las veredas chilenas son testigos de una boyante industria de falsificación, que copia una amplia variedad de productos, que van desde softwares hasta los últimos libros bestsellers. Bajo presión de las compañías de los medios de comunicación, tanto locales como extranjeros, el Gobierno Chileno se ha comprometido a controlar severamente este comercio ilegal.

La nueva legislación doblará las multas máximas por la venta de productos pirateados, hasta la suma de USD 50.000. Pero los críticos expresan que estas medidas no son suficientes. “En veinticinco años de ejercicio como abogado, jamás he visto que ninguna persona acusada de vender productos falsificados, pague la multa”, asevera Rodrigo Velasco de Alessandri y Cía.

El gobierno también ha prometido una nueva ley contra la piratería. Pero desde su ingreso al Congreso hace dieciocho meses, y con bombos y platillos, las medidas contenidas en el proyecto de ley han sido diluidas hasta tal punto, que los líderes de la industria publicitaria solicitaron su retiro del gobierno.

Pero los abogados están de acuerdo en que el combatir la piratería de libros y de música, va más allá de contar con leyes estrictas el. Muchos Chilenos están acostumbrados a pagar bastante menos por las últimas cintas de video que venden en la calle, que lo que les costaría en una tienda.

Y las nuevas tecnologías tales como la de Internet y la de grabación digital, hacen aún más fácil acceder en forma gratuita a los materiales. Una investigación efectuada el año pasado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, (International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)), estimó que el 55% de los chilenos habían comprado música copiada ilegalmente durante el transcurso de los últimos seis meses.

Ricardo Sateler, de Peralta Toro y Sateler, describe esto como un problema cultural, más que uno de tipo legal. Los precios relativamente altos de libros y música en Chile, los dejan fuera del alcance de muchos hogares de menores recursos. “Chile se ha desarrollado rápidamente porque fuimos capaces de enseñarle a la gente el valor del derecho a la propiedad, y esta misma lección, debemos actualmente expandirla sobre el valor de las ideas”, manifiesta éste.

Cualquier tipo de cambio cultural es posible, manifiesta Michael Grasty, Presidente de AmCham. Hace cinco años atrás, muchas compañías chilenas usaban en sus computadores, softwares copiados ilegalmente, mientras que en la actualidad, muy pocas utilizarían dichos materiales. Y después de todo, la investigación de IFPI también mostró que el 82% de los chilenos consideraban un delito comprar música pirateada.

Chile’s free trade agreements are one immediate reason for making sure that protection of intellectual property is up to standard. The other longer-term reason is that the country’s development could be at stake.

Software, DVDs, batteries, books, watches, handbags - those are just some of the goods for sale on the sidewalks of Chilean cities. They’re counterfeit, and they’re one of the reasons why, last year, the U.S. Trade Representative’s Office included Chile on its Special 301 Report Watch List of countries that fail to provide adequate protection for intellectual property.

For a country more accustomed to being hailed as an economic paragon, that is an uncomfortable situation. And, according to Rodrigo Velasco, a partner at Alessandri y Cía, a Santiago law firm, the problem is, indeed, serious. He maintains that Chile serves as a thoroughfare, with many of the illegal goods entering the country ending up not just in Santiago, but also in La Paz, Buenos Aires and even further afield.

Historically, the cause of the problem has not been so much the law itself, but its enforcement. For instance, in order to seize a cargo of counterfeit products, the police or customs officials used to need a warrant from a criminal court judge. But, say lawyers, criminal court judges often have very little understanding of intellectual property, an area that tends to be relegated to optional courses at Chilean law schools.

“And the judge would require tests from a laboratory to prove the goods were fake before issuing the warrant, which would take two months or more to come through, and by that time, the merchandise had disappeared, been sold, or moved to another country,” Velasco laments.

New regulations have recently improved this situation somewhat. Now goods can be seized immediately if they are visibly counterfeit.

But that only works with poor-quality copies and counterfeiters are becoming increasingly sophisticated. “We had one batch of Duracell batteries which were so well done that we had to send them to the company’s corporate headquarters in Boston to carry out the appraisal,” Velasco recalls.

And seizing the goods is not the same as catching the counterfeiter, points out Alfredo Piquer, president of the Chilean Association of Information Technology Companies (ACTI). “In our area, it’s easy to prove use of pirated products, but not who did the pirating,” he says.

However, in March, a series of modifications to Chile’s Law on Industrial Property were enacted, stepping up protection for patents and trademarks. According to Eleazar Bravo, head of the government’s Department of Industrial Property, which is responsible for administering patents and trademarks, these and other measures will bring Chile into line with the standards established by the World Trade Organization’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Getting smart

“If Chile wants to grow again at 7%, we need to make progress in this area,” points out Bravo. New sciences, such as biotechnology, mean that even ´old´ areas of the economy, such as copper mining and fruit production, will need to look to new technologies to remain competitive.

But, according to Gabriela Paiva, vice president of Chile’s Inventors’ Association, not enough is being done to support innovation in Chile. Just a few thousand patents are registered in Chile each year, a miniscule number compared to the more than 400,000 inventions that are registered in a country like Japan, and low even by Latin American standards.

The problem is not just legal, it also has to do with university and business culture, says Joaquín Cordua, manager of the human capital division at Fundación Chile, a Santiago-based technology transfer institute. According to Cordua, few researchers at the country’s universities are sufficiently in tune with patents law to allow commercial exploitation of their discoveries.

“Although much of the research might lead to a practical application, they have often not taken into account the restrictions implied by existing intellectual property rights,” he says. Instead, Chile’s universities put much more emphasis on having papers published in scientific journals, something which they do regularly.

But the number of patents stemming from this research remains extremely low. And in a bid to improve this situation, Fundación Chile is now working with Chilean research scientists, giving them grants to investigate how their work can be patented, as well as putting them in touch with companies that could put their research into practice.

However, according to Cordua, the problem is not confined to universities and research institutes. Despite warm words from business leaders on the value of technology and the development of the knowledge-based economy, most Chilean companies still do not put enough emphasis on research or even on keeping abreast of new technologies being developed elsewhere, he argues.

“Chile still lacks expertise in the area of intellectual property,” Cordua complains. And not taking patents and intellectual property seriously can have grave consequences, he adds, pointing to the example of Chilean fruit producers who got into trouble for reproducing a new Californian grape variety before its exclusive patent period was through, incurring the wrath of its U.S. developer.

Getting in line

Critics of Chile’s performance on intellectual property point out that the reform of the Law on Industrial Property came into force five years after Chile was due to meet the TRIPS standards. And, according to Ricardo Sateler, a partner in Peralta Toro & Sateler, a Santiago law firm, many of the world’s industrialized economies are now pushing for ´TRIPS-plus” standards.

Moreover, Chile’s recent trade treaties include obligations to meet these higher standards by agreed deadlines over the next five years. And that is key for the international insertion that has helped to drive Chile’s recent growth. “We need to be in line with the global community; we can’t play by rules that are not universally accepted,” argues ACTI’s Alfredo Piquer.

But intellectual property is not just a question of pleasing Chile’s trade partners, it’s also a key test of the country’s ability to capitalize on its trade deals with developed economies, says AmCham president Michael Grasty. “Intellectual property is a sounding board; it’s a level you need to achieve if you want to be considered a serious country,” he insists.

Protecting intellectual property also has an important law-and-order component, says U.S. Ambassador to Chile, Craig A. Kelly. International trade in pirated goods is estimated to be worth US$500 billion a year and growing, and it also has documented links to other forms of organized crime, he points out.

Ambassador Kelly notes that the Chilean authorities, from President Ricardo Lagos down, agree on the need to improve protection for intellectual property. But, as in any country, how it should be done is a much more tricky issue.

Indeed, some experts maintain that what Chile really needs is an independent institution to administer intellectual property rights. According to Velasco, the Chilean government still views patents as a source of revenue, rather than money that should be invested to create a more efficient patent service.

Velasco’s preferred model would be Peru’s National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property (INDECOPI), an autonomous body set up in the early 1990s that combines both administrative and enforcement roles.

A blueprint for a Chilean Intellectual Property Institute, with independent funding and the power to act independently, is being prepared, says Eleazar Bravo. But the organization is at least three years away from being established.

Chile’s new intellectual property law has also been criticized for failing to sort out the confusion as to the authorities that must approve new pharmaceuticals. To market drugs in Chile, a company must apply both for approval of the drug’s safety and effectiveness from the Institute of Public Health (ISP) and for a patent from the government’s Department of Intellectual Property.

But once ISP authorization is granted, a product can quickly be copied, before the patent can be obtained, thereby shortening drug companies’ exclusive patent period. The creation of a body similar to the U.S. Food and Drug Administration, which has unique powers to approve new pharmaceuticals, is not on the cards in Chile, but drug companies are pressing the government to align the two processes to protect their new discoveries.

Nuts and bolts

The Chilean courts are currently laboring against a two to three-year backlog of appeals on patent protection. As a result, legal proceedings can take a total of four or five years.

For the aggrieved party, this is time lost in the marketplace and from its patent period. Not surprisingly, many companies prefer to buy back the patent or trademark, rather than lose years in court, and this creates a vicious circle that only further encourages piracy, points out Rodrigo Velasco.

“Even if the final judicial result is a fair one - and Chile is a country where the rule of law is very strong - the time lost is very detrimental to the companies involved,” notes Ambassador Kelly. But this is an area in which the new law promises some important improvements, says Velasco.

Until now, Chile has had just one appeal court for patent cases, and its three specialized judges sat only three days a week. Under the new law, there will be three courts and ten judges and this should, at least, be enough to clear the backlog.

In addition, the law will expand the Department of Industrial Property, which forms part of the Ministry of Economy. The number of patent examiners has already been increased from nine to 21, and the Department is investing in training on the new law, not just for its own staff but also for judges, customs services and the private sector.

But improving intellectual property rights is not simply a matter of defending companies’ interests. The underlying challenge is to harness intellectual property protection to the task of fostering innovation. And that is crucial if Chile is to diversify its export-led growth, with the increase in jobs and investment that could imply.

Street Pirates

Chile’s sidewalks are witness to a bustling counterfeiting industry that copies a huge range of products from software to the latest bestselling books. Under pressure from media companies at home and abroad, the Chilean government has promised to clamp down on this illegal trade.

New legislation will double the maximum fine for selling pirated goods to over US$50,000. But critics say these measures are not enough. “In twenty-five years as a lawyer, I have never once seen a person accused of selling counterfeit goods pay the fine,” asserts Rodrigo Velasco of Alessandri y Cía.

The government has also promised a new anti-piracy law. But since entering Congress eighteen months ago to a great fanfare, the measures contained in the bill have been watered down to such an extent that leaders of the publishing industry called on the government to withdraw it.

But lawyers agree that it will take more than just stricter laws to combat piracy of books and music. Many Chileans are accustomed to paying a lot less for the latest blockbuster on the pavement than it would cost in a shop. And new technologies, such as the Internet and digital recording, make it even easier to access material for free. A survey last year by the International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) estimated that some 55% of Chileans had bought illegally copied music in the previous six months.

Ricardo Sateler of Peralta Toro & Sateler describes this as a cultural problem, rather than a legal one. The relatively high prices of books and music in Chile put them out of reach of many poorer households. “Chile has developed rapidly because we were able to teach people the value of the right to property; that same lesson must now be spread to the value of ideas,” he says.

And cultural changes are possible, says AmCham president Michael Grasty. Five years, ago, many Chilean companies used illegally copied software in their computers while, today, few would use such material. And, after all, the IFPI survey also showed that 82% of Chileans said they considered buying pirated music a crime.