Piense en un paraíso tributario y nombres como Bermuda o las Islas Caimán se vienen a la mente, pero no el de Chile. Sin embargo, en abril, Chile se encontró en la denominada “lista gris” -que incluye a Austria, Suiza y Singapur- de países que no han implementado un artículo clave del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE para intercambiar información con fines tributarios.

La evasión tributaria se ha convertido en los últimos meses en un tema de atención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como parte de la tendencia mundial hacia una mayor transparencia en las transacciones financieras. La reunión del G-20 realizada en Londres en abril, ocasión durante la cual se publicó la lista, también dio una fuerte señal en cuanto a que ser un buen ciudadano del mundo incluye eliminar los obstáculos a la transparencia financiera.

Si bien la crisis financiera internacional no fue causada por la confidencialidad banco-cliente, ha sacudido la confianza pública en el sistema bancario y restaurar esta confianza es una prioridad para los gobiernos de todo el mundo. Además, asegurar que todos los países ocupen las mismas reglas tributarias permitiría que gobiernos faltos de efectivo puedan hacer un seguimiento a los evasores de impuestos y ayuden a pagar costosos planes de estímulo económico, destaca Nicola Bonucci, director de Asuntos Legales de la OCDE.

Chile no es considerado un paraíso tributario, afirma, y tiene más que ganar que perder al cumplir con el estándar de la OCDE. “No creemos que sea una revolución, es más bien una evolución”.

A comienzos de mayo, el Gobierno -de hecho- presentó al Congreso un proyecto de ley que permitiría al Servicio de Impuestos Internos (SII) acceder a la información de las cuentas bancarias de los chilenos y compartirla con las autoridades tributarias de otros países.

Si el proyecto de ley se aprueba, y se espera que ello ocurra de manera bastante rápida, Chile será sacado de la lista y cumplirá con una condición clave para ser miembro de la OCDE. “Pero no todo tiene que ver con la OCDE”, señala Karen Poniachik, ex ministra de Minería y representante de Chile en las negociaciones con la OCDE.

“Tenemos que aprobar esta legislación para mantener nuestra posición en el extranjero como uno de los países más transparentes”, señala. “Es la dirección que está tomando el mundo, de modo que ¿por qué Chile debiera quedarse atrás?”

El SII ya recopila información sobre los salarios, inversiones y activos de los contribuyentes. Sólo los saldos y las operaciones de las cuentas bancarias están fuera del alcance de las autoridades a menos que un tribunal dictamine que hay suficiente evidencia de actividades criminales como tráfico de drogas, lavado de dinero o terrorismo.

“En la actualidad podemos intercambiar información con otros países en el 90% de los casos, pero esta ley está diseñada para abordar el otro 10%”, señala Poniachik.

Los Límites de La Privacidad

El Gobierno de Bachelet quiere que Chile se convierta en miembro de la OCDE antes del término de su mandato en marzo de 2010 y lograr esto exige legislar en contra de las empresas sospechosas de sobornos y mejorar el gobierno corporativo de empresas estatales como Codelco, pero cumplir con la normativa de intercambio de información de la OCDE es lejos la condición más importante.

También allanaría el camino para suscribir un acuerdo que evita la doble tributación con Estados Unidos. Chile tiene 20 acuerdos vigentes de este tipo con países que incluyen a Canadá y el Reino Unido, pero los acuerdos con Estados Unidos, además de Australia, se han estancado por el tema de la confidencialidad banco-cliente.

“El acuerdo de doble tributación (…) constituye un avance natural después del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos”, señala Ricardo García, presidente de la AmCham y de Seguros Interamericana, la filial chilena de AIG. “Mejoraría el flujo de inversión, en particular, de inversiones chilenas en Estados Unidos”.

No obstante, hay un tema de privacidad, un derecho consagrado en el Artículo 19 de la Constitución de Chile, destaca García. El presidente de la AmCham añade que dar a los funcionarios públicos acceso a la información de cuentas bancarias incrementaría la posibilidad de su mal uso. “Pero ser un país transparente que cumple con los estándares de la OCDE y los acuerdos de doble tributación no es incompatible en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos”, afirma.

De hecho, los chilenos no tienen que preocuparse sobre su privacidad en virtud de la nueva ley, señala Héctor Lehuedé, asesor de política tributaria del ministro de Hacienda. “Esto no significa un término de la confidencialidad (…) el SII ya maneja información confidencial sin revelarla”.

Es cierto que el nuevo proyecto de ley da al SII acceso a cuentas bancarias en asuntos tributarios no criminales como exige la OCDE, pero los clientes tendrán el derecho a objetar, en una audiencia judicial, la divulgación de su información al SII o a cualquier otra autoridad tributaria extranjera.

Luego que el SII envíe una solicitud de información, el banco tendría que informar por escrito a su cliente y este último tendría entonces 10 días para decidir si acepta o rechaza la solicitud. De ser rechazada, el SII tendría que recurrir a tribunales para conseguir una autorización judicial con el fin de acceder a la información.

Residentes de otros países como Estados Unidos y Canadá no tienen la opción de recurrir a tribunales, pero es aceptable para la OCDE “siempre y cuando el procedimiento sea rápido”, señala Bonucci.

“Siempre hemos dicho que el acceso a la información bancaria puede ser a través de medios directos o indirectos, y los medios indirectos podrían incluir un procedimiento administrativo o judicial”, explica. “A solicitud no es lo mismo que cuando se solicite”.

Una de las objeciones clave en Chile para permitir que el SII tenga un amplio acceso a la información bancaria ha sido que, en virtud de la actual legislación, es el propio SII el que resuelve las apelaciones sobre temas tributarios. Sin embargo, ahora se están creando Tribunales Tributarios y Aduaneros, si bien algunos podrían no estar listos para realizar audiencias en algunas partes del país hasta 2012 (y, mientras tanto, las solicitudes para autorización judicial en virtud de la nueva Ley recibirán audiencia en los tribunales civiles).

Si se considera que Chile no es un paraíso tributario, las autoridades prevén que no se presentarán frecuentemente solicitudes de información de autoridades tributarias de otros países. España, por ejemplo, recibe cerca de 10 solicitudes del año. “Como España, no prevemos mucho interés de otros países, pero tenemos que tener el mismo estándar”, afirma Lehuedé.

Las Ventajas de la Transparencia

De manera recíproca, la legislación potencialmente otorgará al SII acceso a la información de chilenos que podrían estar evadiendo impuestos locales a través de cuentas bancarias en el extranjero. Esto hará que la recaudación tributaria sea más eficiente y dará a los contribuyentes chilenos la confianza de que todos son tratados de la misma manera por la ley, argumenta Lehuedé.

“No hay una relación directa entre acceso a la información bancaria y una reducción de la evasión tributaria”, señala el director del SII, Ricardo Escobar, “pero es un complemento de nuestras herramientas para asegurar que los impuestos se paguen”.

La evasión tributaria no terminará nunca, admite, pero una mejor regulación puede reducirla. “Eso contribuye a formar una economía más sana en la que las empresas que cumplen no enfrentan la competencia desleal de quienes no pagan sus impuestos”, señala.

Por supuesto, esto depende de la cooperación con los bancos. La nueva legislación significará más trabajo y mayores costos en la recolección de información sobre clientes y en su traspaso a las autoridades, señala José Manuel Montes, fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

La mayor parte de la información que posiblemente se solicitará está disponible mediante un clic, pero en algunos casos podría ser más complicado. Es por ello que los bancos europeos han solicitado que el Estado les reembolse por este servicio, indica Montes.

“Existe el riesgo de que (el SII) pueda emprender una tarea de búsqueda solicitando a los bancos información sobre 100.000 clientes con la esperanza de encontrar a uno que no cumpla, pero esperamos que ello no ocurra”, sostiene Montes.

Para evitar esto, las solicitudes sólo debieran presentarse en casos específicos en donde hay una investigación garantizada, comenta. “El negocio de los bancos no es proteger a criminales, obedeceremos la ley (…), pero esperamos que la autoridad tributaria sea racional y prudente en sus solicitudes”.

Claramente, la transparencia es una prioridad para el Gobierno de Chile. En abril, los sueldos de todos los funcionarios públicos se divulgaron en Internet como resultado de una nueva legislación que requiere la total transparencia de las instituciones públicas.

“Mi sueldo como asesor del ministro se publicó en una página del cuerpo B2 del diario (…) de manera que ¿por qué las autoridades tributarias, que son responsables de garantizar que todos paguen sus impuestos, no debieran tener (…) acceso a la información de mi cuenta bancaria?”, pregunta Lehuedé.

“Los beneficios de estar a la vanguardia de la transparencia son mucho mayores que los del status quo”, insiste Poniachik. Chile es un país pequeño y una de sus ventajas competitivas es su reputación de transparencia, destaca. “Nuestros socios esperan que nosotros tengamos los estándares más altos y no hay ninguna excusa para que no sea así”.

Julian Dowling trabaja como periodista freelance y contribuye de manera regular a bUSiness CHILE.

Chile’s bid to become a member of the OECD - and sign a double taxation agreement with the U.S. - hangs on a bill, presented to Congress at the beginning of May, to give the tax authorities access to Chileans’ bank accounts.

Think of a tax haven and names like Bermuda or the Cayman Islands spring to mind, but not Chile. Yet, in April, Chile found itself on a so-called ‘grey list’ of countries, including Austria, Switzerland and Singapore, that have not yet implemented a key article of the OECD Model Tax Convention to allow exchange of information for tax purposes.

Tax evasion has become a focus of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in recent months as part of the global trend towards greater transparency in financial transactions. The G-20 meeting in London in April, during which the list was issued, also gave a strong signal that being a good global citizen includes removing obstacles to financial transparency.

Although the international financial crisis was not caused by bank-client confidentiality, it has shaken public confidence in the banking system and restoring this trust is a priority of governments worldwide. In addition, ensuring that all countries play by the same tax rules would let cash-strapped governments track down tax avoiders and help pay for expensive economic stimulus plans, points out Nicola Bonucci, the OECD’s director for legal affairs.

Chile is not considered a tax haven, he says, and has more to gain than lose from complying with the OECD standard. “We don’t believe it’s a revolution, it’s more of an evolution.”

At the beginning of May, the government did, in fact, present Congress with a bill that would allow the national tax service, the Servicio de Impuestos Internos (SII), to access Chileans’ bank account information and share it with other countries’ tax authorities.

If the bill passes - and it is expected to do so fairly quickly - Chile will be taken off the list and meet a key condition for OECD membership. “But this is not only about the OECD,” says Karen Poniachik, a former minister of mining and Chile’s representative in negotiations with the OECD.

“We have to pass this legislation to keep up our position abroad as one of the more transparent countries,” she says. “It’s the direction the world is going, so why should Chile be left behind?”

The SII already collects information about the salaries, investments and assets of taxpayers. Only bank account balances and transactions are off-limits for the authorities unless a court rules there is sufficient evidence of criminal activity like drug trafficking, money laundering or terrorism.

“We’re currently able to exchange information with other countries in 90% of cases, but this law is designed to address the other 10%,” says Poniachik.

The limits of privacy

The Bachelet administration wants Chile to become a member of the OECD before the end of its term in March 2010 and achieving this requires legislating against companies suspected of bribery and improving the corporate governance of state-owned companies like Codelco, but falling into line with the OECD’s exchange-of-information rules is by far the most important condition.

It would also pave the way to signing a double taxation avoidance agreement with the United States. Chile has 20 such agreements in force with countries including Canada and the UK, but agreements with the U.S., as well as Australia, have stalled on the issue of bank-client confidentiality.

“The double taxation agreement… is a natural development after the Chile-U.S. Free Trade Agreement,” says Ricardo García, president of AmCham and AIG’s Chilean subsidiary Seguros Interamericana. “It would improve the flow of investments, in particular Chilean investments in the U.S.”

But there is the matter of privacy, a right enshrined in Article 19 of Chile’s constitution, points out García, who also adds that giving public officials access to bank account information would increase the possibility of its misuse. “But being a transparent country aligned with OECD standards and double taxation agreements is not incompatible with respecting the rights of citizens,” he says.

Indeed, Chileans need not be concerned about their privacy under the new law, says Héctor Lehuedé, tax policy advisor to the finance minister. “This does not mean an end to confidentiality… the SII already manages confidential information without disclosing it.”

It’s true that the new bill gives the SII access to bank accounts in non-criminal tax matters as requested by the OECD, but clients would have the right to object, at a judicial hearing, to the disclosure of their information to the SII or any foreign tax authority.

After the SII sends a request for information, the bank would have to inform their client in writing, and the client would then have ten days to decide whether to accept or reject the request. If rejected, the SII would have to go to court to get judicial authorization to access the information.

Residents of other countries like the U.S. and Canada do not have the option of going to court, but it is acceptable to the OECD “provided the procedure is a speedy one,” says Bonucci.

“We have always said that access to banking information can be through direct or indirect means, and indirect means could include an administrative or judicial proceeding,” he explains. “On request does not mean on demand.”

One of the key objections in Chile to allowing the SII broader access to banking information has been that, under present legislation, it is the SII itself that rules on appeals on tax matters. Now, however, independent Tax and Customs Courts are being created, although some may not be ready to hear cases in parts of the country until 2012 (and, in the interim, requests for judicial authorization under the new law would be heard by the civil courts).

Considering that Chile is not a tax haven, the authorities do not expect frequent requests for information from other countries’ tax authorities. Spain, for example, receives about ten requests a year. “Like Spain, we don’t expect much interest from other countries, but we must have the same standard,” says Lehuedé.

The advantages of transparency

By reciprocity, the law will potentially give the SII access to information about Chileans who may be avoiding local taxes via foreign bank accounts. This will make tax collection more efficient and give Chilean taxpayers confidence that everyone is being treated equally under the law, argues Lehuedé.

“There is no direct relation between access to banking information and a reduction in tax evasion,” says SII director Ricardo Escobar, “but it is an addition to our toolbox for ensuring taxes are paid.”
Tax evasion will never end, he admits, but better regulation can reduce it. “That helps make a healthier economy in which companies that do comply do not face unfair competition from those that don’t pay their taxes,” he says.

Of course, this depends on the cooperation of the banks. The new law will mean more work and higher costs in collecting information about clients and passing it on to the authorities, says José Manuel Montes, head of the legal department at the Association of Banks and Financial Institutions (ABIF).

Most of the information likely to be requested is available at the click of a button but some cases could be more complicated. That is why European banks have asked to be reimbursed by the state for this service, says Montes.

“There is a risk that (the SII) could go on fishing expeditions asking the banks for information on 100,000 clients in the hopes of catching one cheating, but we hope this doesn’t happen,” says Montes.

To avoid this, requests should only be made in specific cases where an investigation is warranted, he says. “The banks are not in the business of protecting criminals, we will obey the law… but we expect the tax authority to be rational and prudent in its requests.”

Clearly, transparency is a priority for Chile’s government. In April, the salaries of all public officials were published on the Internet as the result of a new law requiring full transparency in public institutions.

“My salary as advisor to the minister was published on page B2 of the newspaper… so why shouldn’t the tax authorities, who are responsible for making sure we all pay our taxes, have… access to my bank account information?” asks Lehuedé.

“The benefits of being in the vanguard of transparency are far greater than the status quo,” insists Poniachik. Chile is a small country and one of its competitive advantages is its reputation for transparency, she points out. “Our partners expect us to have the highest standards and there are no excuses not to.”

Julian Dowling is a freelance journalist and contributes regularly to bUSiness CHILE.