[:es]A fines de agosto, la Comisión Nacional de Energía (CNE) llevó a cabo un exitoso proceso de licitaciones eléctricas, el que arrojó los precios más bajos desde que inició el sistema de subasta en 2006.  Esto fue un importante logro económico para Chile, y en especial para el Gobierno de Bachelet, durante un período de débil actividad económica. También permitió a Chile migrar hacia el promedio de los precios de la electricidad de los hogares dentro de la OCDE. Sin embargo, la naturaleza disruptiva de una gran parte de las ofertas también ha traído un grado de incertidumbre a un sistema que ha superado solo recientemente los problemas causados por la crisis del gas argentino en 2004-7.

Sin duda, Chile está experimentando un proceso natural y necesario de la diversificación de los recursos energéticos a través de la competencia, lo que ha llevado a la inclusión de tecnologías renovables que están demostrando ser muy disruptivas, ya que sus costos de implementación han bajado. Este proceso ya ha pasado en varios países en el mundo desarrollado, sobre todo en el norte de Europa, donde algunos sistemas son ahora 60% renovables. Dentro de este contexto, parece razonable que Chile pretenda llegar a 20% de exposición a renovables para el año 2025, con un objetivo a largo plazo de al menos 70% en 2050, lo cual traería una serie de beneficios económicos y sociales.

La última licitación de 12,4 TWh para entregar en 2021/22 -la cantidad más grande desde que el sistema de subasta comenzó, lo que representa alrededor de 30% de la demanda regulada esperada en 2021– está en camino para cumplir con estos objetivos, ya que 6,5 TWh, o 53%, fue a las tecnologías renovables, y se espera que éstas sigan en alza en las próximas licitaciones entre 2017 y 2019. Este resultado fue posible debido a la naturaleza competitiva del proceso, la intensa campaña de marketing de la CNE, los menores precios de las materias primas y la reducción significativa de los costos de desarrollo, produciendo un precio de oferta promedio para la energía (exclusivo de la capacidad y transmisión) de US$48/MWh y un récord mundial de solo US$28/MWh para una aplicación solar.



A pesar de la causa obvia para la celebración, el resultado ha planteado nuevas preguntas. La primera es si estos proyectos en realidad se construirán, especialmente porque la mayoría de ellos requieren costos significativamente más bajos (10-30% o más) con el fin de ser económicamente viables con los precios contratados. A través de la reevaluación de los contratos dos años antes de la fecha de entrega y la reducción de la boleta de garantía, el Gobierno esencialmente ha dado a los participantes renovables una estrategia de salida a un precio razonable en el caso de que los costos no se reduzcan y/o haya otros retrasos técnicos.

En segundo lugar, está la cuestión de si las generadoras de capacidad base térmica podrán renovar sus contratos a precios económicamente viables o, posiblemente, ser obligados a cerrar, creando un vacío importante en el sistema. Aunque estas generadoras no son la fuente de energía más limpia y requieren precios más cercanos a los US$60/MWh, ellas dan la estabilidad necesaria mediante la entrega de hasta 50% de las necesidades del sistema.

Por último, está la cuestión de si el Gobierno va a refinar el proceso antes de que termine su mandato a principios de 2018, mediante la modificación de las reglas o la separación de los bloques por tecnología, como se ha hecho en otros mercados.

Es probable que estas preguntas no estén respondidas antes de la próxima licitación en 2017. Mientras tanto, la disminución cíclica en la demanda, el exceso de oferta temporal y una elección presidencial inminente, parecen favorecer una estrategia de "esperar y ver". Sin embargo, el Ministro de Energía Pacheco y el Gobierno de Bachelet tienen la oportunidad de concretar un legado sostenible durante 2017, en lo que podría convertirse en otro año monumental para el sector de energía en Chile.

Por Brian P. Chase
Portfolio Manager, Head of Andean Equities
Itaú Asset Management

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