¿Quiénes son? ¿Cuál es su estrategia? ¿Quiénes las financian? Ésas son algunas de las preguntas que bUSiness CHILE analiza en este informe sobre las ONGs ambientales del país.

Para los forasteros, no es fácil seguir el historial del lobby verde en Chile. Distintos grupos ininterrumpidamente aparecen y desaparecen a medida que los conflictos explotan y después se reducen, al tiempo que abundan los mitos que hacen difícil entender los objetivos e influencia del movimiento.

“Somos una consecuencia de la globalización”, dice Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo de Ecoceanos, organización que promueve la participación ciudadana en temas que involucran los recursos marinos. La globalización no sólo ha perpetuado la dependencia de Chile de los recursos naturales, sostiene, sino que además ha expuesto al país a las tendencias sociales internacionales y, al menos incipientemente, ha hecho que la ciudadanía exija una mayor voz sobre el futuro del país.

La liberalización comercial fue el impulso inicial en 1987, cuando Manuel Baquedano fundó el Instituto de Ecología Política (IEP), una de las primeras ONG ambientales de Chile. “Lo que los mercados internacionales querían de Chile eran materias primas; vimos que eso no era sustentable y que el país sólo iba a devorar su capital natural”, señala.

En ese entonces, recuerda, Chile tenía sólo dos ONG ambientales: el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), grupo de conservación fundado a fines de la década de los ‘60, que afirma es el grupo ambiental más antiguo del país, y el Instituto de Ecología de Chile, fundado en 1974 por el Dr. Juan Grau, quien posteriormente encabezó la autoridad ambiental chilena en el último período del gobierno militar de Pinochet.

A fines de los años ‘80, Chile también comenzó a atraer el interés de los conservacionistas estadounidenses. Fue en ese entonces cuando se fundó Ancient Forest International (AFI), organismo de conservación, con el objetivo inicial de traer visitantes de Estados Unidos para que vieran el alerce, especie arbórea única del sur de Chile y Argentina que puede vivir más de 3.000 años.

AFI después encabezó la creación del Santuario del Cañi, la primera reserva privada de bosque nativo de Chile, recuerda Rick Klein, su director ejecutivo. Ese emprendimiento fue financiado por tres hombre que desde entonces han desempeñado un rol clave en el financiamiento del movimiento ambientalista del país: Douglas Tompkins, fundador de las tiendas de vestuario North Face y Esprit; Yvon Chouinard, fundador de la cadena de equipos y vestuario deportivo Patagonia; y Alan Weeden, hijo del fundador de Weeden & Co., una importante corredora estadounidense de seguros.

Posteriormente, en la década de los ‘90, luego de que se reinstauró la democracia y que la integración internacional de Chile cobró impulso, otras ONG ambientalistas fueron apareciendo gradualmente. Además de Ecoceanos, fundado en 1998, después de que Cárdenas abandonara Greenpeace, éstas incluían a Defensores del Bosque Chileno, entidad de conservación del bosque; Fundación Terram, que promueve la participación ciudadana en temas ambientales; la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), estudio jurídico ambiental de interés público; y Chile Sustentable, programa dirigido por Sara Larraín -quien fuera candidata presidencial en 1999- que busca influir en el diseño de ciertas políticas e impulsar la participación ciudadana.

En la década de los ‘90, también aparecieron grupos abocados a temas específicos, incluidos el Grupo de Acción por el Biobío, encabezado por Juan Pablo Orrego. Éste se creo en una apuesta (que no tuvo éxito) por impedir que la eléctrica Endesa construyera las centrales hidroeléctricas Pangue y Ralco; hoy en día, Orrego coordina Ecosistemas, grupo que apunta a evitar que Endesa construya cuatro centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua de la región de Aysén, en el extremo sur del país (lea el Reportaje Principal de esta edición de bUSiness CHILE).

INCOMPRENSIÓN MUTUA

“Todos somos comunistas y estamos financiados por los competidores internacionales de las industrias locales; eso es lo que los empresarios dicen de nosotros”, afirma Baquedano. “O somos miembros de la izquierda ‘rosada’, que tenemos un estilo de vida acomodado y sólo hacemos esto por diversión”.

Ésa es una caricatura de la visión que tiene el mundo empresarial de las ONG ambientales, pero ilustra una profunda brecha de mutua incomprensión. Y las mismas ONG tienen una visión nada prometedora sobre los empresarios del país.

“Los llamo empresaurios. Se encuentran en la etapa pionera de los ‘cowboy’; están demasiado ocupados haciendo dinero como para pensar que tienen que preocuparse del medio ambiente”, dice Cárdenas.

Marcel Claude -director ejecutivo de la oficina sudamericana con sede en Santiago de Oceana, organismo internacional para la conservación de los recursos marinos- tiene una visión similar. “Los empresarios chilenos funcionan por ideología, algunos ni siquiera son pragmáticos; creen que el crecimiento económico es la respuesta para todo”, señala. Y acusa a la prensa local de actuar como cómplice al intentar desacreditar constantemente al movimiento ambientalista.

Claude -en una postura que de seguro causará molestia y revuelo en el sector empresarial- cree que, por ejemplo, debiera aplicarse una regalía a toda explotación de los recursos naturales. “Ésa es la manera de lograr una menor explotación que sea más eficiente”, sostiene.

Algunos ambientalistas, como Douglas Tompkins, el dueño de la extensa reserva Pumalín en el sur de Chile, desafían incluso los principios de la política económica de libre mercado del país. Si se permite al mercado determinar el futuro del país, Chile está condenado, dice. “Necesitamos modificar el modelo económico y sacar al mundo de su vuelo en picada”, asegura.

No obstante, otros -aunque reticentes a criticar a Tompkins- tienen dudas sobre tal radicalismo. Ya sea por convicción o por estrategia, prefieren un enfoque más pragmático.

“Tratamos de dialogar con empresarios más lúcidos, quienes comprenden que Chile tiene que cumplir con la letra chica de los tratados de libre comercio”, dice Cárdenas. “El modelo de Chile ha sido eficiente en lo que respecta a producción y exportaciones (…) es cuestión de lograr el equilibrio correcto”, explica.

Ejemplo de pragmatismo fue el acuerdo para proteger al bosque nativo, suscrito el 2003 por algunos grupos ambientalistas locales y estadounidenses con las principales empresas forestales de Chile: Arauco y CMPC. Los firmantes fueron criticados por otros grupos locales por llegar a un acuerdo, pero -con una auditoría pendiente sobre los resultados del acuerdo, que debe entregarse a fines de este año- sostienen que fue la decisión correcta.

No obstante, el pragmatismo hasta ahora sólo hará un puente en el golfo de la incomprensión mientras se mantiene otra causa para la desconfianza empresarial sobre las ONGs: la sospecha sobre sus fuentes de financiamiento. Y en este punto, las ONGs quizás son su peor enemigo.

Renace, organización que reúne a varios organismos, publica una lista de donantes en su sitio web. Pero pocos siguen su ejemplo y la mayoría no publican informes de resultados financieros.

¿Por qué esta omisión cuándo uno de los objetivos de muchas ONGs es promover el acceso público a la información? “Quizás es un error, pero no es más bien embarazoso publicarlos cuando tu presupuesto anual es tan diminuto?”, se pregunta Klein.

Una cosa clara es que, en este caso, la caridad no parte por casa. Las ONGs concuerdan en que no recaudan casi nada en Chile, ya sea en donaciones de empresas o de personas. “Tras años de promesas vacías, me cansé de tratar”, dice Klein.

Pero la pregunta sigue siendo, ¿quiénes entregan el financiamiento para las ONGs de Chile?

¿QUIÉNES DONAN?

El sospechoso de siempre es Douglas Tompkins. Su Foundation for Deep Ecology -que tiene sede en California y es uno de una serie de vehículos de donaciones que supuestamente emplea- ha respaldado no sólo a AFI, sino que también a CODEFF, Defensores del Bosque y, en su momento, al Grupo de Acción por el Biobío, según consta en su sitio web. Además, Ecoceanos y Renace informan que reciben donativos de esta fundación.

El propio Tompkins, aunque se niega a dar una cifra total sobre su contribución, estima que representa entre un 5% y un 8% del financiamiento total de su movimiento. “Cuando tienen un buen proyecto, soy útil (…) y a veces hago lobby ante otras fundaciones en su nombre; es bueno para ellos contar con un rango de financiamiento”, dice.

Sin embargo, según Baquedano, el aporte de Tompkins no debiera exagerarse. “No aporta dinero en parte, porque todo el mundo cree que lo hace”, sostiene.

Claude, en tanto, resta importancia a su rol financiero. “Cuando estuve en Terram, la mayor cantidad que nos dio fueron USD 20.000 cuando ése era nuestro gasto mensual”, recuerda.

La estadounidense Weeden Foundation también es un significativo contribuyente y, según información publicada en su sitio web, ahora se está concentrando principalmente en la campaña en contra de las centrales hidroeléctricas de Aysén. Este año, ha entregado USD 20.000 a una ONG de Washington D.C., Resources for the Future, con el fin de preparar un estudio sobre los aspectos políticos y legales del desarrollo de la hidroelectricidad en Chile. Este proyecto apunta a aumentar la capacidad de las ONGs locales para participar en el debate técnico y, mediante la publicación del estudio en distintos medios, a aumentar la conciencia internacional sobre los asuntos en cuestión.

Este año, la Weeden Foundation además aportó USD 20.000 a la californiana International Rivers Network, para su trabajo con una coalición de ONGs chilenas en contra del proyecto de Aysén; USD 15.000 para que FIMA impugne los derechos de agua que tiene Endesa en Aysén; USD 20.000 para Environmental Law Alliance Worldwide, entidad con sede en Oregon, que tendrá como una de sus prioridades ayudar en la campaña en contra de las represas de Aysén.

La cadena de tiendas Patagonia -que destina un porcentaje de sus ventas a causas ambientales- informa que sus donaciones incluyen a AFI, Defensores del Bosque y Oceana. Además, de acuerdo a su sitio web, respalda a Friends of the River, organismo con sede en California que -según se ha informado- estaría ayudando a financiar la campaña en contra de las centrales de Aysén.

Pew Charitable Trusts, fundación líder en EE.UU. que distribuye unos USD 140 millones en donaciones cada año, es un colaborador clave de Oceana y, según Cárdenas, pronto podría entregar a Ecoceanos un donativo para un nuevo proyecto. En la actualidad, las fuentes de financiamiento a las que Ecoceanos recurre incluyen a la Fundación AVINA, creada por el empresario suizo Stephan Schmidheiny, con el objetivo de promover el desarrollo sustentable en Latinoamérica.

Según se ha informado, la fundación alemana Manfred Hermsen también sería un donante significativo para una serie de ONGs ambientalistas de Chile. Otra organización alemana, la fundación Heinrich Böll, ha respaldado al IEP prácticamente desde su creación, señala Baquedano.

Pero, pese a esta gama de benefactores internacionales, la mayoría de las ONGs ambientales chilenas parecen operar con una auténtica escasez de dinero. La oficina sudamericana de Oceana, con un personal de 20 individuos y un presupuesto anual de operación de USD 500.000, proporcionado por sus oficinas centrales en el extranjero, es “la única a la que las finanzas no le causan un dolor de cabeza”, dice Claude, mientras que -según Baquedano- el IEP, con 12 miembros en su personal permanente, opera con unos USD 200.000.

¿NUEVOS TIEMPOS, NUEVA ESTRATEGIA?

En general, las ONGs sostienen que conseguir financiamiento se está volviendo más difícil, no más fácil, y aunque muchas aumentan sus ingresos vendiendo servicios, se dice que varias están en serias dificultades financieras. Éstas incluyen a Defensores del Bosque, fundada por la bióloga y botánica Adriana Hoffmann, que es una de las ONGs medioambientales más ampliamente respetadas, y Greenpeace Chile, que aparentemente está luchando por mantenerse a flote, luego de que la organización internacional, que había respaldado a la rama local por una década, decidiera que tenía edad suficiente como para sostenerse sola.

Los grandes donativos están disminuyendo debido a que los donadores internacionales están redefiniendo sus prioridades, dice Cárdenas. Otra teoría es que Tompkins ahora se está recogiendo financieramente para concentrar sus recursos en la campaña de Aysén.

Particularmente esto es un problema porque, a medida que el movimiento madura y deja atrás la primera y sencilla etapa de atraer la atención sobre ciertos temas, las ONGs reconocen que necesitan aumentar su actividad investigativa, en parte por el bien de la educación pública y en parte para ser capaces de conversar en los mismos términos con los empresarios sobre el impacto de sus actividades.

Ésa es la dirección a la que apunta el donativo de la Weeden Foundation para Resources for the Future, pero la mayoría de las ONGs sostienen que el dinero para hacer investigación seria simplemente no está disponible. El IEP, por ejemplo, depende principalmente de estudiantes que hacen sus tesis o bien de la ayuda de sus adherentes. “Tenemos acceso a información y colaboración voluntaria, pero no contamos con fondos”, afirma Baquedano.

En este contexto, algunas ONGs chilenas hicieron una apuesta en noviembre pasado cuando acordaron apoyar a Michelle Bachelet en la carrera por la presidencia. A cambio, ella comprometió una agenda de 10 puntos que incluye la creación de un Ministerio del Medio Ambiente; una inspección de las cuencas de los ríos del país, a fin de determinar cuáles debieran usarse para generar hidroelectricidad y cuáles debieran destinarse a conservación; un mayor uso de fuentes de energía renovable; y nada de energía nuclear durante sus cuatro años de mandato (lo que, de todas formas, nunca estuvo en discusión).

Según Baquedano, quien fue uno de los firmantes, tres cuartas partes del movimiento ambientalista respaldó el acuerdo, pero otros no concuerdan con esa cifra. Marcel Claude y Juan Carlos Cárdenas estuvieron entre quienes se negaron a suscribirlo; Claude describe el acuerdo como “suicida”.

No obstante, para Baquedano, el momento es el apropiado “para comenzar a operar desde el interior y no de afuera”. Sostiene que esto se debe en parte a la crisis que enfrentó el año pasado la empresa forestal Arauco, cuando tuvo que cerrar temporalmente su nueva planta de celulosa Valdivia, luego de que murieran cines en un pantano cercano a la instalación.

Baquedano cree que la crisis marcó un punto decisivo en la actitud de las empresas respecto del medio ambiente, idea que muchos comparten. “Sería absurdo no aprovechar eso para establecer cierto diálogo”, asegura.

Y la crisis de Arauco también presenció la aparición de un nuevo desafío para el lobby verde. La campaña en contra de la planta fue encabezada por una organización ciudadana local, fuera de la red tradicional delas ONGs ambientalistas y algunas de estas últimas tuvieron dudas sobre su postura. “Ellos querían mantener la planta cerrada hasta que los problemas de las emisiones se hubieran corregido, mientras que nosotros creíamos que había una solución tecnológica”, indica Baquedano.

Pero el tema de las alianzas divide al movimiento ambiental. Claude, por ejemplo, es muy crítico sobre la incorporación de un líder salmonicultor en la campaña contra las centrales de Aysén.

“No puedes luchar durante años contra los salmonicultores y luego formar repentinamente una alianza con uno de ellos”, argumenta. “Ésa no es la forma de construir un movimiento ambientalista”.

“No tienes que involucrarte en una pelea sobre la producción de salmones cuando estás hablando de energía”, responde Tompkins. “La idea de que no puedes formar alianzas estratégicas es equívoca”, señala.

“Los objetivos son los mismos; son las estrategias las que difieren”, resume Cárdenas. Y todo se reduce al momento oportuno. ¿Debiera el movimiento seguir concentrándose en conseguir un mayor respaldo público, en vez de involucrarse en riesgosas alianzas, como recomienda Claude? O como cree Baquedano, ¿está ahora en posición de lograr más entrando al ruedo, en vez de criticar meramente desde la galería?

Parte de las respuestas recaen en la Presidenta Michelle Bachelet y en la capacidad de su gobierno para lograr un equilibrio entre sus compromisos electorales con el lobby verde y el crecimiento económico del país. Ello exigirá pragmatismo de ambas partes, pero podría aclarar ciertas aristas oscuras de incomprensión.

Who are they? What is their game plan? And who funds them? Those are some of the questions that bUSiness CHILE examines in this report on the country’s environmental NGOs.

For the outsider, it’s not easy to keep track of Chile’s green lobby. Different groups seemingly appear and disappear as conflicts blow up and then subside, and myths abound, obscuring understanding of the movement’s aims and influence.

“We’re a consequence of globalization,” says Juan Carlos Cárdenas, executive director of Ecoceanos, an organization that promotes citizen participation in issues involving marine resources. Not only has globalization perpetuated Chile’s dependence on natural resources, he argues, it has also exposed the country to international social trends and, incipiently at least, created citizen demand for a greater say in the country’s future.

It was trade liberalization that was the spur back in 1987 when Manuel Baquedano founded the Instituto de Ecología Política (IEP), one of Chile’s earliest environmental NGOs. “What international markets wanted from Chile was raw materials; we saw that wasn’t sustainable and that the country was just going to eat up its natural capital,” he says.

At that time, he recalls, Chile had only two environmental NGOs - the Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), a conservation group founded in the late 1960s, which claims to be the country’s oldest environmental group, and the Instituto de Ecología de Chile, set up in 1974 by Dr. Juan Grau, who subsequently headed Chile’s environmental authority in the latter part of the Pinochet military government.

In the late 1980s, Chile also began to attract the interest of U.S. conservationists. It was then that Ancient Forest International (AFI), a conservation organization, was founded, initially to bring visitors from the U.S. to see the alerce, a tree unique to southern Chile and Argentina that can live over 3,000 years.

AFI went on to spearhead the creation of the Cañi Forest Sanctuary, Chile’s first private reserve, recalls Rick Klein, its executive director. That venture was financed by three men who have since played a key role in funding the country’s environmental movement - Douglas Tompkins, founder of the North Face and Esprit clothing chains; Yvon Chouinard, founder of the Patagonia sports clothes and equipment chain; and Alan Weeden, son of the founder of Weeden & Co., an important U.S. securities brokerage firm.

Later on, in the 1990s, after democracy was restored and Chile’s international integration gathered pace, other environmental NGOs gradually appeared. As well as Ecoceanos, founded in 1998 after Cárdenas left Greenpeace, these included Defensores del Bosque Chileno, a forest conservation organization; Fundación Terram, which promotes citizen involvement in environmental issues; the Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), a public interest law firm; and Chile Sustentable, a program that, under the leadership of Sara Larraín - who ran for president in 1999 - seeks to influence policy design and foster citizen participation.

In the 1990s, issue-specific groups also appeared, including the Grupo de Acción por el Biobío led by Juan Pablo Orrego. This was created in an (unsuccessful) bid to stop the Endesa power company from building its Pangue and Ralco hydroelectric dams and, today, Orrego is coordinating Ecosistemas, a group that aims to prevent Endesa from building four hydroelectric dams on the Baker and Pascua rivers of the Aisén region of the far south (see the cover story of this issue of bUSiness CHILE).

MUTUAL INCOMPREHENSION

“We’re all communists and we’re funded by the international competitors of local industries; that’s what businesspeople say about us,” observes Baquedano. “Or we’re pink lefties who have a rather nice lifestyle and are just out to enjoy ourselves.”

That is a caricature of the business view of environmental NGOs, but it illustrates a deep divide of mutual incomprehension. And the NGOs themselves take a pretty dim view of the country’s businesspeople.

“I call them empresaurios,” says Cárdenas, making a play on words that means, roughly, ‘business dinosaurs’. “They’re still at the pioneering ‘cowboy’ stage; they’re too busy making money to think they have to worry about the environment,” he adds.

Marcel Claude, executive director of the Santiago-based South America office of Oceana, an international organization for the conservation of marine resources, takes a similar view. “Chilean businesspeople run on ideology, some aren’t even pragmatic; they think economic growth is the answer to everything,” he says. And he accuses the local press of acting as their accomplice by constantly attempting to discredit the environmental movement.

Claude - in a stance guaranteed to raise business hackles - believes, for example, that a royalty should be levied on all natural-resource exploitation. “That’s the way to achieve less and more efficient exploitation,” he argues.

Some environmentalists, like Douglas Tompkins, the owner of the large Pumalín reserve in southern Chile, challenge the very foundations of the country’s free-market economic policies. If the market is allowed to determine a country’s future, it’s doomed, he says. “We need to change the economic model and take the world out of its nose dive,” he maintains.

However, others - although reluctant to criticize Tompkins - are wary of such radicalism. Whether out of conviction or strategy, they prefer a more pragmatic approach.

“We seek to enter into dialogue with more lucid businesspeople who understand that Chile has to comply with the small print of its free trade agreements,” says Cárdenas. “Chile’s model has been efficient as regards output and exports…it’s a question of achieving the right balance,” he explains.

One example of pragmatism was the accord to protect native forests, signed in 2003, by some local and U.S. environmental groups and Chile’s leading forestry companies, Arauco and CMPC. The signatories were criticized by other local groups for “cutting a deal” but - pending an audit of the accord’s results which is due later this year - maintain that it was the right decision.

But pragmatism will only go so far to bridge the gulf of incomprehension while another cause for business mistrust of NGOs - suspicion about their sources of funding - remains. And here, the NGOs are perhaps their own worst enemy.

Renace, an umbrella organization, publishes a list of donors on its web site. But few follow its example, and most don’t publish financial statements.

Why this omission when one of the stated objectives of many NGOs is to promote public access to information? “Maybe it’s a mistake, but isn’t it rather embarrassing to go public when your annual budget is so minute?” wonders Klein.

One thing which is clear is that, in this case, charity doesn’t begin at home. NGOs agree that they raise virtually nothing in Chile, either from businesses or individuals. “After years of empty promises, I got fed up of trying,” reports Klein.

But the question remains. Who puts up the funding for Chile’s environmental NGOs?

DONORS

The usual suspect is Douglas Tompkins. His California-based Foundation for Deep Ecology - one of a number of donor vehicles he reportedly uses - has, according to its web site, supported not only AFI, but also CODEFF, Defensores del Bosque and, in its time, the Grupo de Acción por el Biobío. In addition, Ecoceanos and Renace report receiving grants from this Foundation.

Tompkins himself, although declining to put an overall figure to his contribution, estimates that it represents 5% to 8% of the movement’s total funding. “When they have a good project, I’m helpful…and sometimes I lobby other foundations on their behalf; it’s good for them to have a range of funding,” he says.

But, according to Baquedano, the contribution of Tompkins shouldn’t be exaggerated. “He doesn’t put up money partly because everyone thinks he does,” he argues.

And Claude minimizes his financial role. “When I was in Terram, the most he gave us was US$20,000 when that was our monthly running expenses,” he recalls.

The U.S.-based Weeden Foundation is also a significant contributor and, according to information on its web site, is now focusing mainly on the campaign against the Aisén hydroelectric dams. This year, it has awarded US$20,000 to a Washington D.C.-based non-profit organization, Resources for the Future, to prepare a paper on legal and policy aspects of the development of hydroelectricity in Chile. This project aims to increase the ability of local NGOs to participate in technical debate and, through the paper’s publication in different journals, to raise international awareness of the issues involved.

This year, the Weeden Foundation has also awarded US$20,000 to California-based International Rivers Network for its work with a coalition of Chilean NGOs against the Aisén project; US$15,000 to FIMA to challenge Endesa’s Aisén water rights; US$20,000 to the Oregon-based Environmental Law Alliance Worldwide, one of whose priorities will be to assist in the campaign against the Aisén dams.

The Patagonia store chain - which pledges a percentage of its sales to environmental causes - reports that its grantees include AFI, Defensores del Bosque and Oceana. In addition, according to its web site, it supports Friends of the River, a California-based organization that is now reportedly helping to fund the campaign against the Aisén dams.

Pew Charitable Trusts, a leading U.S. foundation that distributes some US$140 million in grants each year, is a key contributor to Oceana and, according to Cárdenas, may soon provide Ecoceanos with a grant for a new project. At present, the sources of funding on which Ecoceanos draws include the AVINA Foundation created by Swiss businessman Stephan Schmidheiny to promote sustainable development in Latin America.

Germany’s Manfred Hermsen Foundation is also reported to be a significant donor to a number of Chilean environmental NGOs. And another German organization, the Heinrich Böll Foundation has, says Baquedano, supported the IEP virtually since its birth.

But, despite this range of international benefactors, most of Chile’s environmental NGOs appear to operate on a veritable shoestring. Oceana’s South America office, with a 20-strong staff and an annual operating budget of US$500,000 provided through its international headquarters, is “the only one without a financial headache”, says Claude while, according to Baquedano the IEP, with a permanent staff of 12, operates on around US$200,000.

NEW TIMES, NEW STRATEGY?

In general, NGOs say that funding is getting harder, rather than easier, and although many boost their income by selling services, several are reported to be in serious financial difficulties. These include Defensores del Bosque, founded by biologist and botanist Adriana Hoffmann, which is one of Chile’s most widely respected environmental NGOs, and Greenpeace Chile, which is apparently floundering after the international organization, which had supported the local branch for a decade, decided it was old enough to stand on its own feet.

Big grants are dropping off because international donors are redefining their priorities, says Cárdenas. Another theory is that Tompkins is now retrenching financially to concentrate his resources on the Aisén campaign.

That is a problem particularly because, as the movement matures and gets beyond the first easy stage of simply drawing attention to issues, NGOs recognize that they need to step up their research activity, partly for the sake of public education and partly to be able to talk on equal terms to businesses about the impact of their activities.

That is a direction in which the Weeden Foundation grant to Resources for the Future points, but most NGOs say the money for serious research just isn’t available. The IEP, for example, relies mainly on students doing their thesis or help from sympathizers. “We have access to information and voluntary collaboration, but we don’t have funds,” reports Baquedano.

In this context, some Chilean NGOs took a gamble last November when they agreed to support Michelle Bachelet in her bid for president. In exchange, she committed to a ten-point agenda that includes the creation of a Ministry for the Environment, a survey of the country’s river basins to determine which should be used to generate hydroelectricity and which should be set aside for conservation, increased use of renewable energy sources, and no nuclear power during her four-year term (which, in any case, was never on the cards).

According to Baquedano, who was one of the signatories, three-quarters of the environmental movement supported the agreement, but others dispute that figure. Marcel Claude and Juan Carlos Cárdenas were among those who refused to sign, and Claude describes the deal as “suicide”.

But, for Baquedano, the time is ripe “for starting to play on the inside, instead of from the outside”. That is, he says, partly the result of the crisis faced last year by the Arauco forestry company when it had to temporarily close its new Valdivia pulp plant after swans died on a nearby wetland.

He believes - and many others agree - that the crisis marked a turning point in business attitudes to the environment. “It would be absurd not to take advantage of that to establish some dialogue,” maintains Baquedano.

And the Arauco crisis also saw the appearance of a new challenge to the green lobby. The campaign against the plant was led by a local citizen organization, outside the traditional network of environmental NGOs, and some of the latter were wary of its stance. “They wanted to keep the plant closed until the emissions problems had been righted, whereas we believed there was a technological solution,” says Baquedano.

But the issue of alliances is one that divides the environmental movement. Claude, for example, is intensely critical of the incorporation of a leading salmon farmer into the campaign against the Aisén dams.

“You can’t fight salmon farmers for years and then suddenly form an alliance with one of them,” he argues. “That’s not the way to build an environmental movement.”

“You don’t have to get into a wrangle over salmon farming when you’re talking about energy,” responds Tompkins. “The idea that you can’t form strategic alliances is wrong,” he states.

“The objectives are the same; it’s the strategies that differ,” sums up Cárdenas. And it all comes down to timing. Should the movement continue to focus on building up greater public support rather than plunging into risky alliances, as Claude advocates? Or is it now, as Baquedano believes, in a position to achieve more by getting down in the ring, rather than just criticizing from the spectators’ gallery?

Part of the answers lies with President Michelle Bachelet and her government’s ability to strike a balance between its election commitments to the green lobby and the country’s economic growth. That will call for pragmatism on all sides, but it could just illuminate some dark corners of incomprehension.