Chile es conocido en todo el mundo por ser una de las impresionantes historias de éxito del mundo en desarrollo, un país que superó rápidamente a otras naciones confrontadas con circunstancias igualmente desalentadoras gracias a su rechazo al estatismo, su adopción del mercado y la capacidad de su pueblo para utilizar sus extraordinarios recursos.
Sin embargo, hoy en día Chile enfrenta amenazas, algunas de las cuales son profundas y podrían convertirse -con el tiempo- en existenciales, precisamente debido a que la nación sudamericana parece haber interpretado mal los orígenes de su propio éxito. Como otras naciones exitosas, Chile puede haber ido demasiado lejos en su rechazo a un rol del Estado en sus asuntos económicos incluso cuando también ha ido demasiado lejos en dar por sentados los excepcionales recursos de los cuales podría depender su crecimiento futuro.
En ninguna parte está más clara esta paradoja que quizás en el sector más clave, malentendido y complejo de su economía: la energía. Es aquí que la próxima historia de extraordinario crecimiento de Chile dependerá de su capacidad para equilibrar su saludable instinto de dejar mucho a los mercados con un mejor sentido de dónde se necesitan con urgencia sólidas políticas, regulación e incluso intervenciones periódicas de parte del gobierno.
En este sentido, Chile enfrenta desafíos al igual que otro país considerado como un campeón del auge liderado por el mercado en las últimas décadas: Estados Unidos. En ambos casos, ha habido un claro fracaso en apreciar el legítimo rol que los gobiernos deben desempeñar en hacer progresar los intereses nacionales y evitar el desequilibrio que a veces se crea en mercados donde muy pocos actores tienen demasiado poder y muy poca visión. La comparación final que resulta especialmente relevante es que ninguno de los dos países tiene las políticas energéticas nacionales, coherentes, innovadoras, seguras y equilibradoras de las cuestiones climáticas que necesitan.
Las dificultades energéticas de Chile son un problema directo de su éxito. El crecimiento ha incrementado la demanda. Y las mismas políticas de privatización que ayudaron a estimular ese crecimiento condujeron a una desconexión del gobierno con el sector y a una pérdida de la influencia pública sobre los resultados energéticos, que a su vez han llevado a una dependencia desproporcionada de unos pocos recursos -como la hidroelectricidad y el gas natural-, la que ha creado vulnerabilidades a interrupciones del suministro extranjero, alteraciones climáticas y variaciones de precios.
La excesiva dependencia de la hidroelectricidad, que suministra cerca del 40 por ciento de su energía, lo deja expuesto a sequías. Que el resto del suministro de Chile sea proporcionado por carbón, gas natural y diésel, deja a la nación excesivamente dependiente de proveedores no confiables, como el productor de gas natural Argentina, o con fuentes de energía comparativamente sucias.
Esta hidrodependencia será exacerbada por importantes nuevos proyectos como HidroAysén. Si bien la hidroelectricidad, por supuesto, produce energía más limpia que los combustibles fósiles y la región de Aysén, en el extremo sur del país y donde se ubica el proyecto, no se ha visto afectada por la reciente sequía, el futuro cambio climático crea riesgos para tales proyectos que parecen no estar considerados a cabalidad en el enfoque de Chile respecto de su cartera energética.
Pese a los estudios y discursos, ha habido un esfuerzo insuficiente por parte del Gobierno de Chile para hacer lo que el país requiere y apartarse de manera más decisiva de su excesiva dependencia de fuentes de energía que están ya sea abiertas a ser interrumpidas -hidroelectricidad, gas natural y productos petroleros- o bien que generan tal cantidad de carbono que imponen una amenaza ambiental: carbón, productos petroleros y, sobre una base relativa respecto de las fuentes renovables, el gas.
El Gobierno de Chile prometió tanto durante el período de la presidenta Michelle Bachelet como del actual mandatario, Sebastián Piñera, iniciativas más activas en miras a la necesaria diversificación energética. Estas han incluido misiones de investigación en el extranjero y prometedores esfuerzos para entender mejor las opciones -como las tarifas de introducción de energía renovable a la red eléctrica o feed-in tariffs- que podrían ayudar a promover más el desarrollo de las energías renovables. Chile ha establecido como una meta obtener el 20 por ciento de su capacidad a partir de energías renovables no convencionales (lo que excluye los proyectos hidroeléctricos de más de 40 megavatios) y hay prometedoras iniciativas solares en el desierto de Atacama, donde las empresas mineras son fuentes de enorme demanda además de algunos interesantes proyectos eólicos registrados, pero en la actualidad los esfuerzos son demasiado pequeños y no son los predilectos de algunos de los proveedores energéticos más importantes del país.
Estos proveedores tienen demasiado margen en términos de opción -con lo que aumentan por tanto el riesgo energético nacional y los potenciales costos, creando una preocupación y por consiguiente un desincentivo para los inversionistas extranjeros- porque las instituciones y los mecanismos regulatorios del Gobierno de Chile no están a la altura de los desafíos que implica guiar al mercado en las direcciones necesarias. Más apoyo a la energía solar y eólica además de respaldo a las ricas fuentes potenciales y adicionales de energía de Chile -incluyendo la biomasa, energía mareomotriz, energía geotérmica y, donde la geología lo permita, energía nuclear- podría entregarse con mayor facilidad con mejores marcos regulatorios en las áreas de generación, distribución y compras de electricidad que crean los prerrequisitos necesarios para la inversión.
El país se beneficiaría con la existencia de entidades activas o estructuras legales similares a la Comisión Federal de Regulación de Energía de Estados Unidos o comisiones públicas eléctricas si ellas contrarrestaran la influencia de unas pocas grandes empresas de energía con las revisiones apropiadas del impacto de sus acciones en los contribuyentes, la evaluación de alternativas, soluciones sustentables y preocupaciones sobre la seguridad energética nacional.
Chile no habría creado las demandas de energía que tiene hoy en día, o las que va a tener en el futuro, sin su vanguardista liberalización de los mercados y la eliminación de un gobierno intrusivo. Pero ahora se enfrenta a obstáculos y riesgos que requieren no sólo un cambio de rumbo sino que un reequilibrio pensado, moderado e informado que ayudará a proteger los legítimos intereses tanto de los accionistas de las empresas de energía de Chile como de los ciudadanos del país.
David Rothkopf es director general y presidente ejecutivo de Garten Rothkopf, firma de consultoría internacional con sede en Washington, DC. Rothkopf fue un alto funcionario durante el Gobierno del Presidente Bill Clinton. Allison Carlson, vicepresidenta de Garten Rothkopf, contribuyó en la redacción de este artículo.
Chile is known throughout the world as one of the stirring success stories of the developing world, a country that sped past other nations confronted by similarly daunting circumstances thanks to its rejection of statism, its embrace of the marketplace and the ability of its people to tap its extraordinary resources.
Yet, today, Chile faces threats some of which are profound and could become, over time existential, precisely because it seems to have misread the origins of its own success. Like other successful nations, Chile may have gone too far in its rejection of a role for the state in its economic affairs even as it also has gone too far in taking for granted the exceptional resources on which its future growth could depend.
Nowhere is this paradox more clear than in perhaps the most critical, misunderstood and complex sector of its economy: energy. It is here that the next stage of Chile’s extraordinary growth story will depend on its ability to balance its healthy instinct to leave much to the markets with a better sense of where strong government policies, regulation and even periodic intervention are urgently needed.
In this respect, Chile is facing challenges much like another country seen as a champion of the market-led boom of the past several decades, the United States.
In both cases, there has been a clear failure to appreciate the legitimate role governments must play in advancing national interests and avoiding the imbalance sometimes created in markets where too few players have too much power and too little vision. The final especially relevant parallel is that neither country has the coherent, forward-looking, security and climate interest-balancing, national energy policies they need.
Chile’s energy woes are a direct problem of its successes. Growth has increased demand. And the same privatization policies that helped stimulate that growth have led to disengagement of the government from the sector and loss of public influence over energy outcomes, which in turn has led to a disproportionate reliance on a few resources - like hydro and natural gas - that have created vulnerabilities to foreign supply disruptions, climate upsets and price swings.
The overdependence on hydro, which supplies about 40 percent of its energy, leaves it exposed to droughts. That the rest of Chile’s supply is provided by coal, natural gas and diesel, leaves the country over-dependent on unreliable suppliers, like natural gas producer Argentina, or on comparatively dirty sources of energy.
This hydro dependency will be exacerbated by major new projects like HidroAysén. While hydro does of course produce cleaner energy than fossil fuels and the remote southern region of Aysén where the project is located has not been affected by the recent drought, future climate change creates risks for such projects that do not seem to be fully taken into account in Chile’s approach to its energy portfolio.
Despite studies and speeches, there has been insufficient effort by Chile’s government to do as the country requires and move more decisively away from its overreliance on energy sources that are either open to disruption - hydro, natural gas and petroleum products - or that are so carbon-intensive that they pose a threat to the environment - coal, petroleum products and, on a relative basis versus renewables, gas.
The Chilean government has during both the Bachelet and the current, Piñera, administrations promised more active efforts towards needed energy diversification.
These have included fact-finding missions abroad and promising efforts to better understand options - like feed-in tariffs - which might help promote more renewable energy development. Chile has set a goal of having 20 percent of its capacity coming from non-conventional renewables (which excludes hydro projects over 40MW) and there are promising solar initiatives in the Atacama Desert where mining companies are sources of enormous demand as well as some interesting wind projects on the books, but efforts are currently too small and not favored by some of the country’s major energy providers.
Those providers have too much leeway in terms of choice - thus increasing national energy risk and potential costs and creating a worry and thus a disincentive for foreign investors - because the Chilean government’s regulatory mechanisms and institutions are not up to the challenges of guiding the market in needed directions. More support for solar and wind and backing for Chile’s rich additional potential sources of energy including biomass, tidal, geothermal and, where geology permits, nuclear, could be more easily provided with enhanced regulatory frameworks in the areas of generation, power purchases and distribution that create the necessary prerequisites for investment. The country would benefit from active entities or legal structures akin to the US Federal Energy Regulatory Commission or public utilities commissions were they to offset the influence of a few big energy companies with appropriate checks on the impact of their actions on ratepayers, evaluation of alternatives, sustainable solutions and national energy security concerns.
Chile would not have created the energy demands it has today, or those it will have tomorrow, without its trailblazing freeing of markets and rolling back of intrusive government. But it now faces obstacles and risks that require not a reversal but a thoughtful, moderate, informed rebalancing that will help protect the legitimate interests of both Chile’s energy company shareholders and the country’s citizens.
David Rothkopf is president and CEO of Garten Rothkopf, a Washington, DC-based international advisory firm.
He served as a senior official in the Clinton Administration. Allison Carlson, vice president at Garten Rothkopf, contributed to the writing of this article.