Después de cuatro años de lluvia por debajo del promedio histórico y con los principales embalses en niveles deficitarios históricos, hay algunos indicadores que sugieren que este año va a ser mejor, incluso con superávit de lluvia por el fenómeno El Niño. Esto tendría efectos positivos en el entorno económico, específicamente en los costos de la energía y la estabilidad del sistema eléctrico. Sin embargo, un año lluvioso no soluciona todos los problemas energéticos de Chile y ojalá este alivio temporal no reduzca la importancia de este tema en la agenda del Gobierno.

Chile está dividido en seis sistemas interconectados de electricidad con una capacidad instalada de alrededor de 18.000 MW. Gran parte de esta capacidad está ubicada en los centros de consumo: centro-sur y norte del país. El Sistema Interconectado Central (SIC), el cual incluye la ciudad de Santiago, tiene 78% de la capacidad instalada total en Chile, y 99% de los recursos hídricos para generación eléctrica. Hace una década, las hidroeléctricas representaban cerca de 67% de la capacidad instalada en el SIC y contribuían en un porcentaje similar en la generación de electricidad. Sin embargo, con una ola de nuevos proyectos termoeléctricos y cuatro años consecutivos de sequía, el peso relativo de las hidroeléctricas en el SIC ha caído, llegando a 43% en 2013. Este impacto es aún más visible en la generación eléctrica, en la que las hidroeléctricas contribuyeron solo con 38% al SIC en 2013, su menor nivel desde la sequía de 1998-99.

Esto, combinado con un aumento en los precios de los combustibles, especialmente después de la crisis de gas en 2006, ha resultado en un aumento estructural de los costos marginales del SIC, los cuales tuvieron un promedio de US$170/MWh durante 2007-2013, uno de los más altos en la OCDE y seis veces mayor que el promedio de US$28/MWh durante 2000-2006. Además, en los momentos más secos del año, los costos marginales han tocado niveles de US$300/MWh o más por el uso de centrales de respaldo. Esto ha producido subidas relevantes en las cuentas de los consumidores, y en aquellas empresas de sectores con más intensidad de consumo eléctrico, reduciendo así su competitividad.

Hasta el 24 de junio pasado, en las 11 principales ciudades del SIC, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile había llovido 39% más que a igual fecha de 2013, y comparado al promedio histórico del mismo período, 2014 ha sido 9% más lluvioso. Claramente, la transición hacia las condiciones de El Niño ha ayudado. El Niño y La Niña representan las oscilaciones en las temperaturas de la superficie del mar (medida por el índice ONI -Índice de El Niño- del NOAA -Administración Nacional Oceánica y Atmosférica- en EE.UU.). Durante El Niño, las temperaturas son más altas que en condiciones normales, las cuales producen varios efectos climáticos. En el caso de Chile, y la mayoría de Sudamérica, esto generalmente significa más lluvia. Aunque el NOAA no ha declarado oficialmente un episodio de El Niño, sus indicadores dan una probabilidad de entre 70% a 80% para la segunda mitad del año.

Estas condiciones han generado un alivio temporal en los costos marginales, los cuales han estado bajando levemente, llegando a un promedio de US$100 /MWh a mediados de junio, con las centrales hidroeléctricas contribuyendo alrededor de 50% de la generación del SIC. Mientras tanto, el sistema ha dejado de despachar desde las centrales con costos más altos.

Sin duda, un año más lluvioso es buena noticia para el sector energético y el país. Además, coincide con el plan del Gobierno de reducir los costos de energía en 30% en los próximos cuatro años. Sin embargo, la lluvia por sí sola no es una solución definitiva a los problemas energéticos de Chile y ojalá no interrumpa el actual diálogo que está enfocado en buscar maneras de diversificar las fuentes de energía, de utilizar mejor los recursos existentes y de crear una estructura legal para avanzar en el desarrollo del sector en forma eficiente.

La primera administración de Bachelet fue la última en implementar reformas clave para la industria energética, específicamente con la Ley Corta II, entonces es de esperar que pueda seguir con el mismo nivel de pragmatismo en este segundo mandato. De lo contrario, Chile puede caer en una crisis perpetua de costos energéticos.

Following four years of below average rainfall and with the main reservoirs at historically low levels, there are some indications that this year is going to improve. We may even have a surplus of rain, thanks to the El Niño phenomenon. This would have a positive effect on the economy, in particular on the cost of energy and the stability of the electricity system. However, a rainy year will not solve all of Chile’s energy problems and hopefully the temporary relief will not reduce the importance of the energy issue to the Government’s agenda.

Chile is divided into six interconnected electricity systems, with an installed capacity of about 18,000 MW. The majority of this capacity is located around the largest consumer centers: the central-south and the north of the country. The Central Interconnected System (SIC), which includes the city of Santiago, accounts for 78% of the total installed capacity in Chile, and 99% of all hydroelectric generation. A decade ago, hydroelectricity represented almost 67% of the SIC’s installed capacity, and contributed to a similar percentage of electricity generation. However, with a new wave of thermoelectric projects and four consecutive years of drought, the relative weight of hydroelectricity in the SIC has fallen, to 43% in 2013. This impact is even more evident in electricity generation, given that hydroelectric facilities contributed just 38% of the SIC in 2013, the lowest level since the drought of 1998-99.

All this, combined with a rise in fuel prices, especially after the gas crisis of 2006, has led to a structural increase in the marginal costs of the SIC. These marginal costs were, on average, US$170/MWh from 2007-2013, one of the highest in the OECD and six times the average of US$28/MWh from 2000-2006. In addition, during the driest parts of the year, marginal costs have reached US$300/MWh, or even more when reserve facilities have had to be used. This has brought about significant increases to customers’ bills, and to businesses in the most energy intensive sectors, reducing their competitiveness in the process.

Until June 24 this year, according to the Chilean Meteorological Service it had rained 39% more across the 11 main cities covered by the SIC than during the same period in 2013. It had also rained 9% more in 2014 compared to the annual average. Clearly, the conditions stemming from El Niño have helped. The El Niño and La Niña phenomena relate to temperature oscillations on the surface of the Pacific Ocean. These oscillations are measured using the ONI, or Oceanic Niño Index, compiled by the US National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA. During El Niño, temperatures are higher than under normal conditions, leading to a variety of climatic effects. In the case of Chile, and the majority of South America, this generally means more rain. Although the NOAA has not officially declared an El Niño episode, its indicators provide a 70%-80% probability of one occurring during the second half of the year.

These conditions have created a temporary relief to the marginal costs, which have fallen slightly to an average of US$100/MWh as of mid-June. Hydroelectric facilities have contributed around 50% of power generation within the SIC, and in the meantime, the system has stopped delivering energy from the highest cost facilities.

Undoubtedly, a rainier year is good news for the energy sector and the country as a whole. It also coincides with the Government’s plan of reducing energy costs by 30% over the next four years. However, the rain itself is not a long term solution to the energy problems facing Chile. Hopefully, the current dialogue on diversifying sources of energy, improving the use of existing resources and creating a legal structure to facilitate a more efficient development of the sector will not be interrupted.

The first administration of President Bachelet was the last to implement key reforms for the energy industry, particularly the Corta II Act. It is hoped that during her second term in office the same level of pragmatism will be adopted. If not, Chile may spiral into an ongoing crisis of energy costs.