La Mesa de Regulaciones Digitales de AmCham Chile se reunió con la presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para conocer el plan que permitirá instalar la nueva institucionalidad y resguardar la competitividad digital del país.

Mientras Chile profundiza su transformación digital, el país se prepara para un cambio regulatorio que afectará a toda organización que maneje información de personas. La Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 21.719) definirá cómo Chile compite en la economía digital y qué estándares deberán cumplir las empresas para resguardar la confianza de sus usuarios.

En una mesa redonda organizada por AmCham Chile, Romina Garrido —presidenta de la Comisión Asesora Ministerial encargada de la implementación— presentó el diagnóstico del proceso y las medidas necesarias para evitar retrasos. Su mensaje fue directo: el plazo es estrecho y las decisiones clave deben adoptarse este año.

La ley crea la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo autónomo que estará liderado por tres consejeros de dedicación exclusiva. Para Garrido, el desafío no es solo normativo. Se requiere instalar la institución, asegurar recursos y conformar equipos capaces de responder a un entorno tecnológico dinámico. La meta es que la Agencia esté operativa antes de junio de 2026, con un consejo funcionando desde esa fecha para evitar vacíos regulatorios.

La atracción de talento aparece como uno de los puntos críticos. La Comisión recomienda remuneraciones de $13,5 millones para la presidencia y $12 millones para los consejeros, con el objetivo de atraer perfiles idóneos y prevenir riesgos de captura regulatoria.

Desde AmCham Chile se recalcó que un marco moderno, confiable y predecible es indispensable para la competitividad del país. La certeza regulatoria, la seguridad y la transparencia en el uso de datos son hoy factores que inciden directamente en inversión, innovación y desarrollo digital.

El sector privado ya enfrenta procesos complejos de adecuación en consentimiento, gobernanza de datos, ciberseguridad y relación con proveedores. Según la Encuesta de Protección de Datos 2025 de PricewaterhouseCoopers y Fundación Generación Empresarial, las compañías están preocupadas por los costos de cumplimiento, las sanciones y la dificultad de implementación.

A esto se suma el impacto de la inteligencia artificial generativa, que obliga a revisar cómo se protege información personal en sistemas que aprenden, procesan y combinan grandes volúmenes de datos. El debate se amplía hacia derechos fundamentales y la alfabetización digital de los usuarios.

El escenario internacional añade presión. Para participar plenamente en la economía global, Chile necesita avanzar hacia el reconocimiento de “país adecuado” por parte de la Unión Europea bajo el estándar GDPR. La falta de reglas claras para transferencias transfronterizas también genera incertidumbre en empresas estadounidenses, un punto planteado por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.

Ante este panorama, Garrido destacó la necesidad de aprobar antes de diciembre de 2025 las cláusulas contractuales tipo para transferencias internacionales, iniciar el proceso de adecuación ante la UE y explorar mecanismos con Estados Unidos y socios de APEC. Estos pasos permitirían que las empresas muevan datos de manera segura y eviten bloqueos o sobrecostos regulatorios.

La Comisión trabaja ad honorem, sesiona semanalmente y ha definido prioridades claras: instalar la Agencia antes de junio de 2026, fijar remuneraciones competitivas, aprobar cláusulas internacionales dentro del año y aumentar el presupuesto en 2026 para permitir funciones de fiscalización, resolución de reclamos y emisión de normativa.

Lo que está en juego es la capacidad de Chile para construir una institucionalidad creíble y alineada con los estándares globales. La privacidad es un componente central, pero el alcance es mayor: se trata de asegurar competitividad, confianza y continuidad en la economía digital. La etapa de discusión ya terminó. Ahora comienza la de ejecución.