Una nueva ley de casinos promete cientos de millones de dólares de inversión en infraestructura turística, pero la adjudicación de las concesiones se ha visto opacada por supuestas irregularidades.

Pocas actividades generan mitos tan potentes como la industria de las apuestas. Ya sea la imagen de salas de juego con gente súper rica, que entrega James Bond y los de su tipo, o las humeadas salas del vicio retratadas por las películas de gángsteres, la palabra “casino” evoca frecuentemente algo más que un simple lugar donde la gente va a apostar.

Esos mitos reflejan escasamente la realidad de los casinos en Chile. Brillante, limpio e iluminado naturalmente durante el día, el casino en el borde costero de la ciudad de Viña del Mar tiene algunas mesas de apuestas y, por supuesto, interminables filas de tragamonedas, pero de lo contrario se parecería más a un cine moderno.

Sin embargo, los mitos ayudan a mantener el interés, destaca Javier Martínez, gerente general de Enjoy, el mayor operador de casinos de Chile, incluyendo el de Viña del Mar. “La mayoría de la gente imagina que en alguna parte del edificio hay gente jugando ruleta por grandes sumas, pero eso no es cierto”, señala.

Actualmente Chile tiene siete casinos, ubicados principalmente en destinos vacacionales como Iquique, en el norte, y Pucón, en el sur de Chile, en la popular Región de los Lagos. Tres de estos casinos -los de Coquimbo, en el norte; Pucón; y Viña del Mar- son operados por Enjoy, que además es socio del grupo local Fischer, en el casino de Puerto Varas, el que también se encuentra en la Región de los Lagos.

En la actualidad, estos casinos son operados en concesiones otorgadas por las autoridades locales de cada ciudad, las que reciben gran parte de los ingresos percibidos por las apuestas. En el caso de Viña del Mar, la cifra alcanza el 44% de las ganancias después de impuestos.

Los siete casinos registraron utilidades antes de impuestos de USD 87 millones en el 2004, de los cuales Viña del Mar correspondió a cerca del 45%, según cifras entregadas por el gobierno. De hecho, se estima que el retorno promedio de las siete operaciones supera el 40%.

Si bien la imagen de Casino Royale podría no ser certera, los casinos de Chile sí añaden atractivo a muchos de los destinos turísticos del país. Germán Pérez, asesor de la alcaldía de Viña del Mar, sostiene que el casino, que se inauguró en 1930, fue un punto central para el desarrollo del balneario, convirtiéndose en un importante destino para los santiaguinos que salen a la playa y buscan entretención.

Hoy en día, el casino sigue siendo un icono del balneario y mantener su famosa fachada blanca fue una condición clave de la reciente renovación del complejo de casino y hotel acordada entre Enjoy y las autoridades locales.

Y los casinos son mucho más que jugar. En una apuesta por atraer clientes, sus operadores han incorporado hoteles, salas para conciertos, centros de convención y otras comodidades. Como resultado, casinos como el de Viña ahora operan todo el año, atrayendo gente a convenciones de negocios y espectáculos musicales durante los meses invernales, cuando hay menos turistas en la zona.

Además del impacto en la cantidad de visitantes, el otro beneficio para las localidades que son sedes de casinos es el ingreso adicional para sus autoridades locales. Éste alcanzó un total de USD 29,5 millones en el 2004, incluidos casi USD 17 millones para Viña, cifra que correspondió casi al 30% del presupuesto anual del balneario.

Nuevas Licencias

El gobierno ahora espera repetir el éxito de Viña y de otros casinos entregando unas 16 nuevas concesiones a inversionistas privados en virtud de la ley de casinos, promulgada a comienzos del año pasado. Además de allanar el camino para la construcción de muchos más casinos, la nueva ley también se diseñó para endurecer la regulación, a través de la creación de un órgano regulador nacional: la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ).

En virtud de la nueva normativa, los inversionistas privados pueden presentar proyectos a la SCJ, por una cantidad limitada de licencias, donde los proyectos se seleccionan no sólo por el tamaño de la inversión sino también por su contribución al desarrollo de la comunidad en que se emplaza. Los actuales casinos de Chile se trasladarán a este nuevo régimen una vez que expiren sus actuales concesiones en el 2015.

Con el fin de evitar la sobresaturación y de asegurar ingresos a los tenedores de las concesiones, se permitirá un máximo de tres casinos en cada una de las regiones del país, pero deben estar a una distancia de al menos 70 kms. Sin embargo, como uno de sus objetivos es impulsar la inversión y el empleo en regiones, no se autorizará la existencia de casinos en el Gran Santiago.

“La nueva ley es única en el mundo; en lugar de regular simplemente los casinos, busca fomentar los complejos de entretención claramente con miras a promover el desarrollo regional”, alaba Rodrigo Guiñez, el representante local de la española Egasa Nervión, que se adjudicó la licencia para un nuevo casino en Copiapó, en el norte de Chile.

Asimismo, el gobierno espera crear una nueva fuente de ingresos para las autoridades locales de Chile, que compartirá un impuesto del 20% sobre los ingresos brutos por apuestas que se aplica a los nuevos casinos. No obstante, la nueva tasa impositiva significará “una importante baja” en el ingreso de Viña del Mar, una vez que su casino se acoja al nuevo sistema, destaca Pérez.

Los 10 proyectos para los cuales se han adjudicado licencias hasta ahora representan inversiones cercanas a los USD 350 millones y se espera que creen más de 5.000 empleos. Según los términos de las concesiones, los nuevos casinos tienen que comenzar a operar en el 2008 o los tenedores de la concesión se arriesgan a perder la licencia que tanto les costó conseguir.

La mayor parte de las nuevas licencias se adjudicaron a operadores de casinos existentes, principalmente a Enjoy, que ganó la licencia para el puerto de Antofagasta, y al grupo Fischer, que se quedó con las licencias para Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Además, el panameño Latin Gaming, que ya opera un casino en Arica y tiene operaciones en Ecuador y Colombia, se llevó las licencias para Calama, en el norte de Chile, y Osorno, en el sur.

Sin embargo, nuevos operadores también hicieron algunos avances en el mercado chileno. Además de Egasa Nervión, éstos incluyen a Polaris de Austria, que se quedó con la licencia para Los Ángeles; mientras que Empresas Valmar, una empresa inmobiliaria del área de Concepción, la segunda mayor ciudad de Chile, se adjudicó la concesión para el vecino puerto de Talcahuano. Además, los dueños del hotel, spa y complejo de esquí Termas de Chillán ganaron su apuesta para desarrollar el cercano casino de Pinto.

Otra ronda de licencias debe adjudicarse en diciembre de este año con tres concesiones en juego para las regiones VI y VII, al sur de Santiago, y para el área que rodea al puerto de Valparaíso. Los últimos dos se disputarán férreamente debido a su proximidad con Santiago.

El Valor de la Entretención

Además de su impacto económico directo en algunas de las ciudades menos dinámicas del país, los nuevos casinos en cierta forma cubrirán lo que Javier Martínez denomina “el déficit de entretención de Chile”. Fuera de Santiago, muchas ciudades chilenas ofrecen poco en materia de actividades de esparcimiento, destaca.

En Copiapó, por ejemplo, un centro minero que crece y se contrae según los precios del cobre, el nuevo casino proporcionará el único cine de la ciudad, el último de los cuales cerró hace algunos años. De hecho, los nuevos casinos prometen una sorprendente gama de actividades.

Por ejemplo, los USD 82 millones del complejo Marina del Sol, planificado para Talcahuano ostenta un hotel cinco estrellas, un centro de convenciones, un cine tipo IMAX, un teatro y un museo interactivo, además de una serie de restaurantes. Otros prometen gimnasios, bibliotecas públicas, centros de exhibición y piscinas, mientras que el proyecto Enjoy en Antofagasta ayudará a restaurar los restos de la fundición de plata Huanchaca, parte importante, -aunque abandonada hace mucho- de la herencia minera de la ciudad.

Éstas no son sólo burbujas para impresionar a los jueces o para tentar a los jugadores en la calle. Los negocios adicionales deben operarse en sociedad con terceros, lo que implica que deben generar ganancias en lugar de ser subsidiados por los lucrativos ingresos de las apuestas.

Y no se trata sólo de locales de entretención. Los proyectos de casino aprobados hasta ahora incluyen ocho nuevos hoteles cinco estrellas, a menudo en ciudades sin o con escasos alojamientos de lujo, impulsando masivamente su potencial para atraer visitantes desde el extranjero y desde otras partes de Chile.

De hecho, Martínez describe el prometido auge en la construcción hotelera como el mayor impulso a la infraestructura turística del país, desde que el Estado fundó una cadena de hoteles de calidad en los años 30.

En Egasa Nervión, Rodrigo Guiñez ve el Gran Casino de Copiapó planificado por su empresa como el punto central para el desarrollo del potencial turístico sin descubrir de la Región de Atacama. “El objetivo es permitir a los operadores turísticos atraer visitantes al desierto más seco del mundo, pero con alojamientos cinco estrellas y todos los demás detalles necesarios”, explica.

Pero ¿los chilenos quieren o necesitan más casinos? ¿Contrarrestarán sus beneficios en términos de diversión, creación de empleo e ingresos tributables los costos sociales que implica apostar?

Después de todo, otros países se han mostrado reticentes a ampliar sus industrias de apuestas. En el 2004, por ejemplo, el gobierno de Reino Unido se vio obligado a recortar los planes para 40 súpercasinos, similares a los complejos previstos para Chile, de cara a las quejas de todo el espectro político.

“Hechizado por el dinero, manchado por la corrupción, este gobierno sacrificará a los más débiles y vulnerables ante los altos sacerdotes de las apuestas”, proclamaba uno de los diarios más populares del país. Las máquinas tragamonedas fueron criticadas de manera particularmente dura, con sus detractores argumentando que sus probabilidades son terribles y que son altamente adictivas.

Martínez resta importancia a tales preocupaciones, argumentando que la adicción al juego es un problema sólo en una pequeña parte de la clientela de su empresa y que los nuevos casinos ofrecerán muchas más alternativas de entretención que insertar monedas en máquinas. Por ejemplo, el nuevo complejo de Enjoy, en Antofagasta, proporcionará una alternativa más sana para los mineros y marinos de franco que los burdeles y clubes nudistas que ahora repletan el escuálido centro de la ciudad, sugiere.

Más aún, pocas personas van a los casinos de Enjoy para embriagarse, afirma. Y, si el consumo de alcohol es la preocupación, debiera prestarse más atención a los bares y botillerías en las esquinas de las calles visitados por escolares menores de edad, insiste.

Disputas Legales

No obstante, el previsto lanzamiento de los nuevos casinos partió con un controvertido comienzo, no tanto por las dudas sobre sus beneficios sociales, como por una creciente disputa sobre cómo se adjudicaron las licencias. Parte del barullo puede atribuirse a la frustración por haber perdido, pero algunas de las acusaciones, de ser ciertas, son serias.

Uno de los mayores críticos al proceso ha sido la firma estadounidense Thunderbird Resorts. La compañía esperaba competir por seis de las nuevas licencias, pero fue excluida en la etapa de precalificación por lo que sostiene fue una interpretación errada de los requisitos de calificación de la SCJ.

La empresa considera que fue tratada injustamente, argumentado que se permitió a otras empresas seguir adelante con incumplimientos menores -similares a los suyos- de las bases de calificación, ganando incluso una de las concesiones más codiciadas. Y Thunderbird no es la única que se queja.

De hecho, el gobierno enfrenta una serie de acciones legales. Es cierto, las demandas judiciales no son nada nuevo en la industria de los casinos, donde el acceso a licencias de operación altamente lucrativas se disputa tenazmente, con muchos de los participantes involucrados en batallas legales con gobiernos en otras partes del mundo.

Guiñez, de Egasa Nervión reduce las supuestas irregularidades a “imperfecciones esperables para un sistema nuevo”. En una línea similar, otros participantes culpan al ajustado cronograma, que forzó al superintendente Francisco Javier Leiva a designar a su equipo, elaborar las regulaciones y gestionar el proceso de precalificación en poco más de seis meses, luego de haber asumido su cargo.

Leiva, quien rechazó una solicitud de entrevista de bUSiness CHILE, ha insistido en la transparencia de la adjudicación. No obstante, las acusaciones no se refieren sólo a las dificultades del inicio, sino también al favoritismo o algo peor de parte de la nueva autoridad de los casinos.

Aunque Guiñez se resiste a tomar parte en la disputa, su empresa también es una de las que emprenderá acciones legales. “El hecho de que Egasa Nervión esté emprendiendo acciones legales para revertir la adjudicación de la licencia de Osorno muestra que tenemos dudas respecto de que se haya hecho lo correcto”, admite el abogado.

En el caso más serio que ha salido a la luz pública, hasta ahora, un asesor externo alega que la superintendencia le solicitó que revirtiera su recomendación para rechazar proyectos presentados por la española CIRSA. La empresa española también está presentando cargos por calumnies contra un abogado de Enjoy, quien sostuvo que la firma europea era investigada por lavado de dinero en otros países.

En otro caso, Valmar supuestamente habría prometido donaciones a la Universidad del Bío-Bío, al mismo tiempo en que dicha casa de estudios evaluaba a nombre de la SCJ el proyecto que tenía la firma para Talcahuano.

En respuesta a las acusaciones, un grupo de legisladores, encabezado por el diputado Pablo Lorenzini, fue autorizado para realizar una investigación parlamentaria de las adjudicaciones y solicitó a la SCJ que posponga la planeada licitación de las tres concesiones pendientes. Además, a fines de octubre, Thunderbird obtuvo un recurso para detener la adjudicación de la licencia para la zona de Valparaíso, en la que esperaba competir, y también intenta obtener una orden de no innovar para las regiones VI y VII.

Aunque aún no está clara qué hay de cierto en las acusaciones, lo que sí está claro es que es necesario que se investiguen exhaustivamente y con transparencia. De otro modo, la apuesta del gobierno por los casinos como uno de los instrumentos para el desarrollo regional podría dañar no sólo la imagen del sector, sino que la reputación del propio gobierno.

A new casinos law promises hundreds of millions of dollars of investment in tourist infrastructure, but the award of the concessions has been overshadowed by allegations of irregularities.

Few activities generate such potent myths as the gambling industry. Whether the image is that of playgrounds for the super-rich, catering for James Bond and his ilk, or the smoky dens of vice portrayed in gangster movies, the word ´casino´ evokes a great deal more than just a place where people go to gamble.

Such myths bear little resemblance to the reality of casinos in Chile. Bright, clean and naturally-lit during the day, the casino at the seaside resort of Viña del Mar has a few gaming tables and, of course, endless banks of slot machines, but otherwise more closely resembles a modern cinema.

But the myths help sustain interest, notes Javier Martínez, general manager of Enjoy, Chile’s largest operator of casinos, including Viña del Mar.

“Most people imagine that somewhere in the building there are people playing roulette for big stakes, but it is just not true,” he says.

Chile currently has seven casinos, located mostly in holiday destinations like Iquique in the north and Pucón in southern Chile’s popular lake district. Three of these - Coquimbo in the north and Pucón as well as Viña del Mar - are operated by Enjoy, which is also a partner with the local Fischer group in the Puerto Varas casino in the lake district.

Currently, these casinos are operated under concessions from each town’s local authorities, which receive a hefty chunk of gaming revenues. In the case of Viña del Mar, this reaches 44% of after-tax profits.

The existing seven casinos reported pre-tax profits of US$87 million in 2004, with Viña del Mar accounting for some 45% of that figure, according to government figures. Indeed, the average return on the seven operations is estimated to be in excess of 40%.

While the Casino Royale image may not hold true, Chile’s casinos do lend glamour to many of the country’s holiday destinations. Germán Pérez, an advisor to the mayor’s office in Viña del Mar, says that the casino, which opened in 1930, was central to the resort’s development, becoming a prime draw for santiaguinos heading for the beach and looking for entertainment.

Today, the casino is still an icon of the resort and maintaining its famous white facade was a key condition of a recent renovation of the casino-hotel complex agreed between Enjoy and the local authorities.

And casinos mean more than just gambling. In a bid to attract customers, their operators have added hotels, concert venues, convention centers and other amenities. As a result, casinos like Viña now operate all year round, pulling in the crowds with business conferences and music shows during the winter months when tourists are thin on the ground.

As well as the impact on the number of visitors, the other benefit to towns hosting casinos is the extra income for their local authorities. This reached a total of US$29.5 million in 2004, including almost US$17 million for Viña where it accounted for close to 30% of the resort’s annual budget.

New Licenses

The government now hopes to repeat the success of Viña and other casinos by handing out some sixteen new licenses to private investors under a new casinos law, promulgated early last year. As well as paving the way for the building of many more casinos, the new law was also designed to tighten regulation through the creation of a national supervisory body, the Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ).

Under the new rules, private investors can present projects to the SCJ for a limited number of licenses, with projects being selected not just according to the size of the investment but also their contribution to the surrounding community’s development. Chile’s existing casinos will transfer to this new regime once their current concessions expire in 2015.

In order to prevent over-saturation and ensure revenues for concession holders, a maximum of three casinos will be permitted in each of the country’s regions, but must be at least 70 km apart. However, as one of the aims is to boost investment and employment in the regions, no casinos will be permitted in the Greater Santiago area.

“The new law is unique in the world; rather than just regulating casinos, it seeks to encourage entertainment complexes with a clear view to promoting regional development,” praises Rodrigo Guiñez, the local representative of Spain’s Egasa Nervión, which won the license for a new casino in Copiapó in northern Chile.

Similarly, the government hopes to create a new source of income for Chile’s local authorities which will share a 20% tax on the gross gaming revenues of the new casinos. But the new tax rate will mean a “significant drop” in income for Viña del Mar once the casino there comes under the new system, notes Pérez.

The ten projects for which licenses have so far been awarded represent investment of around US$350 million and are expected to create more than 5,000 jobs. Under the terms of the concessions, the new casinos have to begin operating in 2008 or the concession holders will risk losing their hard-won license.

Most of the new licenses went to operators of existing casinos, principally Enjoy, which took the license for the port of Antofagasta, and the Fischer group, which came away with the licenses for Temuco, Valdivia and Punta Arenas. In addition, Panama-based Latin Gaming, which already operates a casino in Arica and has operations in Ecuador and Colombia, won its bid for licenses for Calama in northern Chile and Osorno in the south.

However, new operators also made some headway into the Chilean market. As well as Egasa Nervión, these include Austria’s Polaris, which took the license for Los Angeles, while Empresas Valmar, a real estate developer from the area of Concepción, Chile’s second largest city, won the concession for the neighboring port of Talcahuano. In addition, the owners of the Termas de Chillán ski resort and spa hotel won their bid to develop the nearby Pinto casino.

Another round of licenses is due to be awarded in December this year with three more concessions up for grabs in Regions VI and VII, south of Santiago, and for the area around the port of Valparaíso. The latter two are being particularly fiercely contested because of their proximity to Santiago.

Entertainment Value

As well as their direct economic impact on some of the country’s less dynamic regions, the new casinos will go some way to cover what Javier Martínez terms “Chile’s entertainment deficit”. Outside of Santiago, many Chilean cities offer little in the way of leisure activities, he notes.

In Copiapó, for instance, a mining center which booms and busts in line with the copper price, the new casino will provide the city’s only cinema, the last one having closed down a few years ago. Indeed, the new casinos promise a startling range of activities.

For example, the US$82 million Marina del Sol complex planned for Talcahuano boasts a five-star hotel, a convention center, an IMAX-style cinema, a theater and an interactive museum plus a range of restaurants. Others promise gymnasiums, public libraries, exhibition centers and swimming pools while Enjoy’s project in Antofagasta will help restore the remains of the Huanchaca silver smelter, an important but long abandoned part of the city’s mining heritage.

These are not just baubles to dazzle the judges or tempt punters in off the street. The additional businesses must be run in partnership with third parties implying that they should turn in a profit rather than being subsidized by lucrative gaming revenues.

And it is not just a case of entertaining locals. The casino projects so far approved include eight new five-star hotels, often in cities with no or little luxury accommodation, massively boosting their potential for attracting visitors from abroad and elsewhere in Chile.

Indeed, Martínez describes the promised boom in hotel building as the biggest boost to the country’s tourist infrastructure since the state funded a chain of quality hotels in the 1930s.

At Egasa Nervión, Rodrigo Guiñez sees his company’s planned Gran Casino de Copiapó as the center-point for developing the Atacama region’s undiscovered tourist potential. “The aim is to allow tour operators to bring visitors to the world’s driest desert but with five-star accommodation and all the other necessary details,” he explains.

But are more casinos what Chileans want or need? Will their benefits in terms of amusement, job creation and taxable revenue outweigh the social costs of gambling?

After all, other countries have been reticent to expand their gambling industries. In 2004, for example, the UK government was forced to cut back plans for 40 super-casinos, similar to the complexes planned for Chile, in the face of outcry from across the political spectrum.

“Bewitched by money, tarnished by corruption, this government is sacrificing the most weak and vulnerable to the high priests of gambling,” proclaimed one of the country’s most popular newspapers. Slot machines came in for particularly virulent criticism, with opponents arguing that they offer terrible odds and are highly addictive.

Martínez dismisses such concerns, arguing that addiction to gambling is a problem among only a tiny percentage of his company’s clientele and that the new casinos will offer many entertaining alternatives to sticking yet more coins into the slot. Enjoy’s new complex in Antofagasta will, for example, provide a more salubrious alternative for miners and sailors on leave to the bordellos and strip clubs which currently crowd the city’s squalid downtown, he suggests.

Moreover, few people come to Enjoy’s casinos to get drunk, he claims. And, if alcohol consumption is the concern, more attention should be paid to street corner liquor stores and bars favored by under-age school children, he insists.

Legal Battles

However, the planned launch of the new casinos has got off to a controversial start, not so much because of doubts as to their social benefits, but because of a growing storm over how the licenses have been awarded. Part of the brouhaha can be put down to sour grapes but some of the allegations, if true, are serious.

One of the most vocal critics of the process has been U.S.-based Thunderbird Resorts. It had hoped to compete for six of the new licenses, but was excluded at the pre-qualification stage over what it claims was a misinterpretation of the qualification requirements by the SCJ.

The company believes it was treated unfairly, arguing that other companies were allowed to get away with similar minor breaches of qualification rules, sometimes going on to win one of the coveted concessions. And Thunderbird is not alone in its complaints.

Indeed, the government is facing a slew of legal actions. True, law suits are nothing new in the casino industry where access to highly lucrative operating licenses are sharply disputed, with many of the participants involved in legal disputes with governments elsewhere in the world.

Egasa Nervión´s Guiñez puts the alleged irregularities down to “imperfections to be expected of a new system”. On similar lines, other participants blame a tight timescale, which forced Superintendent Francisco Javier Leiva to appoint his team, draw up regulations and administer the pre-qualification process in little more than six months of taking up his post.

Leiva, who declined a request for an interview from bUSiness CHILE, has insisted on the transparency of the awards. However, the allegations are not only about start-up hitches, but also of favoritism or worse on the part of the new casinos authority.

Although Guiñez resists taking part in the mud-slinging, his company is also one of those currently taking legal action. “The fact that Egasa Nervión is currently taking legal action to overturn the award of the Osorno license shows that we have doubts that the right thing was done,” the lawyer admits.

In the most serious case to come to light so far, an external consultant claims he was asked by the superintendent’s office to overturn his recommendation to reject projects presented by Spain’s CIRSA. The Spanish company is now also pressing slander charges against a lawyer for Enjoy, who alleged that it was being investigated for money laundering in other countries.

In another case, Valmar reportedly promised donations to the Universidad del Bio-Bío at the same time as the university was evaluating the company’s Talcahuano project for the SCJ.

In response to the allegations, a group of legislators, led by Deputy Pablo Lorenzini, has obtained authorization for a Congressional investigation of the awards so far and has called on the SCJ to postpone the planned award of the three pending concessions. In addition, at the end of October, Thunderbird obtained an injunction halting the award of the license for the Valparaíso area, in which it had hoped to compete, and is also attempting to obtain a stay-of-action on Regions VI and VII.

Although the rights and the wrongs of the allegations are not yet clear, what is clear is that they need to be thoroughly and transparently investigated. Otherwise, the government’s bet on casinos as one of the instruments of regional development could damage not only the industry’s image, but also the government’s reputation.