Inversión Extranjera Directa en Chile: En la senda de la OCDE Foreign Direct Investment in Chile: On the OECD path
02 Julio 2015
Por Alejandra Maturana
Como una respuesta a los cambios que vive Chile, los que implican contar con mejores herramientas y capacidades para atraer capital foráneo, el 16 de junio la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la nueva Ley Marco para la Inversión Extranjera Directa (IED), la cual reemplaza el cuerpo legal anterior: el Decreto Ley 600, fechado en 1974.
Chile es un país atractivo para los inversionistas, así lo evidencia el crecimiento que ha tenido la Inversión Extranjera Directa (IED) en los últimos diez años, donde se pasó de US$ 7.200 millones en 2004 a más de US$ 22.000 millones en 2014. Esto, según la Organización de Naciones Unidas, lo ha posicionado como una de las 20 economías que más inversión extranjera reciben, fundamentalmente por su gran cantidad de recursos naturales y humanos, además de la estabilidad institucional y un sector privado dinámico.
Hasta hace poco, ésta era impulsada bajo el Decreto Ley 600, promulgado en 1974, el cual había sido el responsable de atraer casi un tercio del capital foráneo ingresado al país. Sin embargo, con miras a actualizar esta normativa en respuesta a los cambios que vive el país y su economía al estar inserto en el plano internacional, el 16 de junio pasado, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la nueva Ley Marco para la Inversión Extranjera Directa (IED), creada bajo parámetros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual Chile forma parte oficialmente desde 2010.
“El posicionamiento de Chile como una economía seria, abierta al mundo, administrada responsablemente y que sirve de nexo entre la cuenca del Pacífico y América Latina, nos otorga ventajas difíciles de superar para que las empresas extranjeras decidan hacer negocios en nuestro país”, destacó la mandataria en la oportunidad, señalando que ésta recoge las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial sobre la materia (conformada en el marco de los compromisos adquiridos por el Gobierno durante la tramitación de la reforma tributaria) y da cumplimiento a la medida N° 46 de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento.
Al igual que el DL 600, la nueva normativa busca otorgar ciertas garantías al inversionista extranjero que le den un marco de estabilidad al momento de materializar su inversión en Chile. Es así que entre sus principales puntos define lo que se entenderá por “inversionista extranjero” e “inversión extranjera directa”, y estipula el régimen aplicable a dicha inversión, que puede ser de hasta US$ 5 millones en divisas recibidas por empresas de cualquier tamaño. Además, garantiza el acceso al mercado cambiario formal para liquidar las divisas al ingresar la inversión, como al momento de remesar las utilidades y para repatriar el capital; la no discriminación arbitraria (tratando al inversionista igual que a una empresa chilena), y la exención del impuesto a las ventas y servicios de las importaciones de bienes de capital que cumplan con los requisitos establecidos en el número 10 de la letra B del artículo 12 del decreto de ley N°825, de 1974 (aquellos que formen parte de un proyecto de inversión extranjera formalmente convenido con el Estado de acuerdo a las disposiciones del DL 600, o que no se produzcan en Chile en calidad y cantidad suficiente, formen parte de un proyecto similar de inversión nacional, sean considerados de interés para el país y aprobados por los ministerios de Economía y Hacienda).
También regula los efectos de los contratos celebrados durante la vigencia del DL 600, asegurando la plena vigencia de los derechos y deberes que hayan adquirido los inversionistas extranjeros bajo ese régimen legal, y establece un derecho excepcional que habilita que, en un plazo máximo de cuatro años, los inversionistas extranjeros puedan solicitar autorizaciones de inversión extranjera en los términos del artículo 3° del DL 600 con los derechos y obligaciones que éste contempla, pero con invariabilidad tributaria por una tasa total de 44,45%.
Incluso, se ha establecido la creación de un Comité de Ministros de Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera (conformado por los ministros de Economía y de Hacienda, así como los que el Presidente designe) que asesorará directamente al Presidente de la República para la fijación de una política nacional en la materia, y la creación de una agencia especializada que sustituirá al actual Comité de Inversiones Extranjeras y se encargará de llevarlas a cabo.
“De este modo, por primera vez en su historia, Chile contará con una política nacional relativa a la inversión extranjera, la cual se integrará a los programas de desarrollo productivo del país como un elemento relevante”, afirma Jorge Pizarro Cristi, quien hasta el 1 de julio se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) y fue uno de los impulsores de la nueva normativa.
Atrayendo mayor inversión
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, sostiene que las medidas contenidas en la nueva ley incentivarán a que más extranjeros quieran invertir en Chile, “traer su know how y desarrollar sus inversiones”. Esto dado que se contará con una institucionalidad seria, de largo plazo y al nivel de los países de la OCDE, la cual entregará servicios acordes a los estándares internacionales y generará las condiciones necesarias para materializar las inversiones de manera “rápida, transparente y efectiva” en las regiones y sectores que se quieren desarrollar, entre ellos, minería, energía, servicios e infraestructura.
“Queremos contar con más y mejor inversión extranjera, por lo que estamos pasando de una política pasiva de recepción de inversiones, a una política proactiva de atracción de capitales foráneos”, enfatiza el ministro, señalando que con la nueva ley no sólo se entregan garantías que reafirman que la IED es bienvenida en Chile, sino que se reconoce su importancia en el desarrollo económico actual y futuro del país.
En ese sentido, Kathleen Barclay, presidenta de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, comenta que para atraer mayor inversión se deben tener en cuenta ciertos factores valorados por los inversionistas extranjeros, entre ellos, una democracia sólida y estabilidad macroeconómica, altas y sostenidas tasas de crecimiento del PIB (incluyendo altas tasas de inversión doméstica), instituciones fuertes que operen bajo una constitución política que proteja la propiedad privada y entregue un trato no discriminatorio para los inversionistas extranjeros, acceso al mercado cambiario formal para la distribución de dividendos y repatriación de capital, y políticas de libre comercio relativas a la apertura comercial, promoción de exportaciones e importaciones; además de regulaciones que favorezcan la competitividad para inversionistas como estabilidad tributaria, leyes laborales y regulaciones para sectores clave como el financiero, energético y minero.
“Como cámara binacional no creemos que el grado de desarrollo relativo de un país por sí mismo sea una medición importante para evaluar los mecanismos de inversión requerida. Más bien, se debería evaluar el escenario competitivo de inversión extranjera global, combinado con el desempeño del país en términos de crecimiento, junto con la estabilidad económica, social e institucional”, enfatiza, señalando que además AmCham está promoviendo con mayor fuerza el acuerdo para evitar la doble tributación con Estados Unidos y fomentar un mayor flujo de inversiones hacia Chile.
La nueva agencia
De acuerdo a la nueva ley, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera tendrá la misión de coordinar e implementar la política estatal sobre IED establecida por el Comité de Ministros, de modo de atraer todo tipo de capitales e inversiones extranjeras a Chile. Contará con oficinas en el extranjero y coordinación regional, y realizarán actividades de promoción de inversiones tanto a nivel local como fuera del país. El director será seleccionado a través del sistema de Alta Dirección Pública y si bien aún no se define la fecha exacta de su puesta en marcha, debería ser pronto.
“Estamos hablando de un organismo altamente profesional que se guiará por las mejores prácticas a nivel internacional, y que proveerá servicios en todas las etapas del ciclo de inversión: desde el primer contacto con un potencial inversionista que está prospectando invertir en el continente, hasta cuando ya está instalado en el país y piensa en reinvertir”, explica Pizarro, señalando que esta definición nace a partir de una asesoría que la OCDE realizó de manera especial para Chile y del estudio de las mejores prácticas internacionales en esta materia. Además, destaca que la continuidad de las funciones de la agencia está respaldada por la nueva ley y lo relevante es que su quehacer estará orientado, tanto por la estrategia planteada por el Comité de Ministros, como por un Consejo Asesor Consultivo, que tendrá integrantes del mundo público y privado.
“Es muy valioso que esta agencia haya contemplado constituir un Consejo Asesor Consultivo público-privado, el cual debe ser un espacio inmediato y real de diálogo que sin duda ayudará a que las políticas que se implementen estén en sintonía con las necesidades del sector privado”, sostiene la presidenta de AmCham Chile, señalando que un punto importante a definir es cómo la agencia contribuirá concretamente a mantener un clima favorable para los inversionistas extranjeros, aumentando la competitividad del país en la materia.
En el mundo existen más de 170 agencias de atracción de inversiones que compiten fuertemente por llevar a sus países capitales extranjeros, y es por eso que el Ministro de Economía señala que aunque Chile es muy atractivo para los inversionistas, “no es factible quedarse esperando a que los capitales lleguen sólo con ese argumento, especialmente en un entorno en que el continente ha avanzado muchísimo para ofrecer oportunidades de inversión atractivas”.
La apuesta es que el ingreso de actores internacionales a la economía dinamice los mercados, posibilite nuevas alianzas entre empresas extranjeras y nacionales, y llegue nueva tecnología al país, además de buenas prácticas y fomento de las industrias auxiliares, lo que va en beneficio del ecosistema de negocios nacional, aumentando el empleo y la diversificación de productos y servicios.
Menos que el DL 600
Pero no todos los actores concuerdan en las bondades de la nueva ley. Un ejemplo es Bárbara Vidaurre, directora del Programa Legislativo del think tank Libertad y Desarrollo (LyD), quien argumenta que “lamentablemente no perfecciona el DL 600, el cual ha funcionado muy bien”. Esto, porque las garantías cambiarias, tributarias y jurídicas -que eran plasmadas en un contrato- impulsaban casi un tercio de la inversión extranjera total, lo que, en su opinión, demuestra que daba a Chile una ventaja competitiva a la hora de atraer inversión, aunque no la única.
“Algunas de las garantías que existían en el DL 600, tales como la posibilidad del inversionista extranjero para optar por una invariabilidad tributaria, beneficios relativos a invariabilidad respecto de grandes proyectos mineros y la suscripción de un contrato-ley entre el Estado y el inversionista extranjero, desaparecen con la nueva normativa”, explica. No obstante, comenta que el artículo transitorio permitirá la suscripción de un contrato durante los primeros cuatro años con una invariabilidad tributaria acotada. Si bien el estándar OCDE -precisa- busca dar una garantía de seriedad y estabilidad para incentivar la entrada de capital foráneo, la máxima garantía era dada por el contrato-ley que ahora desaparece, aunque los contratos ya suscritos seguirán plenamente vigentes.
Para Vidaurre la fijación de estrategias de fomento por la autoridad gubernamental siempre conlleva un elemento de incertidumbre, ya que no se puede saber de antemano qué decidirá el Presidente y el Consejo de Ministros en cuanto a política de fomento de la inversión. “Esto será difícil para los inversionistas que ya se han acogido al DL 600 y que estaban acostumbrados a los beneficios que establecía la ley (que se mantendrán mientras sigan vigentes sus respectivos contratos), y es muy difícil prever el contenido de la nueva estrategia, pues podría ser la de fomentar a los clusters, la actividad minera, infraestructura...no hay cómo saberlo”, apunta.
Sostiene que se está enviando una mala señal a los inversionistas con derogar el DL 600 para cambiarlo por una normativa “más débil”, a lo que se suma la incertidumbre generada con la reforma tributaria del año pasado y la desaceleración económica.
“Los lamentables sucesos recientes han puesto en tela de juicio muchos elementos que justamente son los evaluados por el potencial inversionista extranjero. Hasta el momento hemos tenido como país mucho éxito en atraer la inversión por ser una jurisdicción que se caracterizaba por su seriedad y estabilidad, por lo que esperamos que esta crisis sea transitoria para recuperar la confianza”, sostiene.
Por eso, como menciona la presidenta de la AmCham, Kathleen Barclay, será clave cómo la nueva agencia fije las políticas a seguir para mantener un clima favorable para los inversionistas extranjeros, donde la coordinación y los espacios de diálogo serán fundamentales para mantener un clima propicio para hacer negocios en el país.
IED en Chile y la región
Según el informe anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2015 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Chile fue el tercer país receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) en la región durante 2014, registrando flujos por US$ 22.002 millones, 14,2% más que lo recibido durante 2013. Esto a pesar de que, afectadas por la desaceleración económica de la región y los menores precios de los productos básicos de exportación, los flujos de IED en América Latina y el Caribe se redujeron 16% durante el año pasado, alcanzando a US$158.803 millones, lo que corresponde a 13% de los flujos mundiales.
Es así que Chile se ha consolidado entre las 20 economías que más inversión extranjera recibieron durante el año pasado según cifras de la Organización de Naciones Unidas, siendo Estados Unidos su principal inversionista, pues 16,7% de la inversión que ha ingresado desde 2009 proviene de dicho país. Esto es, US$ 16.878 millones.By Alejandra Maturana
In response to the changes underway in Chile, and the subsequent need for improved tools and skills for attracting foreign capital, on 16 June President Michelle Bachelet enacted the new Framework Act for Foreign Direct Investment, thereby replacing the previous legal instrument, Decree Law 600, dating from 1974.
Foto portada reportaje inversion extranjera
Chile is an attractive country for investors, as shown by the growth in Foreign Direct Investment (FDI) over the last ten years. During this period, FDI has risen from US$7.2 billion in 2004 to more than US$22 billion in 2014. This figure, according to the United Nations, means that Chile now ranks among the 20 biggest recipients of foreign investment. FDI in Chile is primarily the result of the country’s large amounts of natural and human resources, as well as its institutional stability and dynamic private sector.
Until recently, FDI was driven by Decree Law 600 (DL 600), enacted in 1974, and which was responsible for attracting almost one third of all foreign capital to the country. However, with a view to updating this legislation in response to the changes currently underway in Chile and to position the economy in line with international levels, on 16 June, President Bachelet signed the new Legal Framework for Foreign Direct Investment into law. This legislation was drawn up under parameters devised by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), of which Chile became an official member in 2010.
During the enactment of the law, President Bachelet stated, “The positioning of Chile as a serious economy, open to the world, managed responsibly and acting as a nexus between the Pacific Rim and Latin America, provides us with advantages that are difficult to overcome in ensuring foreign companies decide to do business in our country”. The President noted how the new legislation had incorporated proposals made by the Presidential Advisory Committee dedicated to this issue (devised under the framework of commitments made by the Government during the passage of the tax reform). She also explained that it conformed to measure No. 46 of the Productivity, Innovation and Growth Agenda.
Like the DL 600, the new law seeks to provide certain guarantees for foreign investors, ensuring them a framework of stability for their investment in Chile. As such, among its main points is a definition of “foreign investor” and “foreign direct investment”, as well as outlining a set of rules applicable to each investment, which may amount to US$5 million in foreign currency received by companies of any size. Furthermore, it guarantees the following: access to the formal foreign exchange market for settling foreign exchange when investments are agreed, such as for the remittance of profit and the repatriation of capital; not to be subject to arbitrary or discriminatory measures (i.e. treating investors in the same way as Chilean companies); and the exemption of sales and services tax on the import of capital goods, in accordance with the provisions of article 12, section B, number 10 of Decree Law 825, dating from 1974. The latter provisions stipulate that any party to a foreign investment project formally agreed to with the State in accordance with the provisions of DL 600, or one which fails to take place in Chile in sufficient quality and quantity, and forms part of a similar national investment project, is considered of national interest to the country and subject to approval by the Ministries of Economy and Finance.
In addition, the new law regulates the purpose of the contracts entered into during the term of DL 600, ensuring the full applicability of the rights and duties acquired by foreign investors under this set of legal rules. It also establishes an exceptional right which stipulates that, within a maximum period of four years, foreign investors may request foreign investment authorization under the terms of article 3 of DL 600, in line with the rights and duties therein established, but with tax invariability for a total rate of 44.45%.
Furthermore, the law establishes a Committee of Ministers for the Development and Promotion of Foreign Investment (composed of the Economy and Finance Ministers, as well as Presidential appointees). The Committee will directly advise the President of the Republic on setting national policy on this area, as well as ensuring the creation of a specialized agency to replace the current Foreign Investment Committee (CIE), while also overseeing the fulfilment of these distinct processes.
Jorge Pizarro Cristi, who until 1 July was Vice President of the CIE, and one of the main advocates of the new law, states that, “This way, for the first time in its history, Chile will have a national policy on foreign investment, which will be integrated as a relevant element into the country’s productive development programs”.
Attracting greater investment
The Minister of Economy, Development and Tourism, Luis Felipe Céspedes, believes that the measures set out under the new law will incentivize increasing numbers of foreigners investing in Chile, “to bring their know-how and to develop their investments”. This is because the new regulations help to ensure serious institutions, with long term outlooks and which are in line with other OECD nations. In turn, this scenario will guarantee that services are provided according to international standards and that the necessary conditions will be generated to ensure investments take place, “quickly, transparently and effectively” in the regions and sectors in need of development, including mining, energy, services and infrastructure.
Minister Céspedes stresses that, “We want to have more and better foreign investment, which is why we are moving beyond a reactive policy of receiving investment, to a proactive one of attracting foreign capital”. He also notes that the new legislation does not only provide guarantees confirming that FDI is welcome in Chile, but that it also recognizes its importance in the current and future economic development of the country.
Accordingly, Kathleen Barclay, President of the Chilean-American Chamber of Commerce, AmCham Chile, believes that by attracting greater investment, certain factors particularly valued by foreign investors should be taken into account. Among these, for example, are: a robust democracy and macroeconomic stability; solid and sustained rates of GDP growth (including high rates of domestic investment); strong institutions operating under a national Constitution that protects private property and ensures non-discriminatory measures against foreign investors; access to the formal foreign exchange market for the distribution of dividends and repatriation of capital; and free trade policies regarding openness to foreign trade and the promotion of imports and exports. Furthermore, as the President of AmCham notes, regulations are required which favor competition for investors, such as tax stability, and employment laws and regulations for key sectors, such as finance, energy and mining.
Kathleen Barclay notes that, “As a bi-national chamber, we don’t believe that the relative degree of development of a country is, in itself, an important measure for evaluating the mechanisms of required investment. Rather, competitiveness in the global foreign investment sphere should be assessed, in conjunction with the growth performance of the country, as well its economic, social and institutional stability”. She also highlights that AmCham Chile is increasingly promoting the double taxation avoidance agreement with the United States and encouraging greater investment flows to Chile.
The new agency
According to the new law, the Foreign Investment Promotion Agency will be responsible for coordinating and implementing the State policy on FDI, as established by the Committee of Ministers. Its aim will be to attract all types of foreign capital and investment to Chile. It will have offices abroad and be subject to regional coordination, as well as holding activities to promote investment, both locally and internationally. The Director will be selected via the Senior Public Sector Management system and if no appointment is made in time for its launch, one will be made as soon as possible.
Jorge Pizarro Cristi explains that, “We are talking about a highly professional body that will be guided by best international practices, and which will provide services throughout all stages of the investment cycle: from the first contact being made with a potential investor seeking to invest in the continent, to when they are already in place in the country and thinking about reinvestment”. Pizarro points out that this definition stems from an evaluation conducted by the OECD specifically for Chile, in addition to research into best international practices in this field. He also stresses that the continuity of the powers of the agency are safeguarded by the new law. Furthermore, he explains the importance of the work of the agency being guided by both the strategy proposed by the Committee of Ministers, as well as a Consultative Advisory Council, composed of individuals from the public and privates sectors.
The President of AmCham Chile states that, “It is extremely beneficial that this agency has considered the establishment of a public-private Consultative Advisory Council, which must be an immediate and genuine space for dialogue (and) that will doubtlessly help to ensure that the policies it implements are in tune with private sector needs”. She also points out that an important aspect in need of clarification is how the agency will concretely contribute to maintaining a favorable climate for foreign investors and how to increase the competiveness of the country in this sphere.
Around the world there are more than 170 agencies focusing on attracting investment, all competing to attract foreign capital to their countries. As such, the Minister of Economy says that despite Chile being highly attractive to investors, “It is unfeasible to just sit around waiting for capital to arrive using this line of argument, especially in an environment in which the continent has progressed significantly in terms of offering attractive investment opportunities”.
The idea is that the arrival of international actors to the economy will make markets more dynamic, enabling new partnerships to be forged between foreign and national companies. The goal is also to attract new technology to the country, as well as good practices, and to develop secondary industries. All of this is beneficial to the national business ecosystem, for example by increasing employment and diversifying products and services.
Less than DL 600
Nevertheless, not all actors agree on the benefits of the new law. One example is Bárbara Vidaurre, Director of the Legislative Program at the think tank Libertad y Desarrollo (LyD), who argues that, “unfortunately it doesn’t improve on DL 600, which has worked very well”. This is because foreign exchange, tax and legal guarantees (which used to be included in a contract) drove almost one third of total foreign investment. Vidaurre believes that this gave Chile a competitive advantage, albeit not the only one, in attracting foreign investment.
“Some of the guarantees in place under DL 600, such as the ability of foreign investors to choose tax invariability, benefits relating to invariability in terms of large mining projects, and the signing of a legal contract between the State and the foreign investor, all disappear under the new regulations”, says Vidaurre. However, she adds that the provisional article will allow the signing of a contract for the first four years with limited tax invariability. She claims that while the OECD standard seeks to provide a guarantee of seriousness and stability to incentivize the arrival of foreign capital, the maximum guarantee was previously provided for by the legal contract, which now disappears. It should be noted, however, that all current contracts will remain in force.
According to Vidaurre, the design of promotion strategies by governmental bodies always entails an element of uncertainty, as it is impossible to know in advance what decisions the President and the Committee of Ministers will take regarding investment promotion. “This will be difficult for investors who have already accepted DL 600 and who are used to the benefits previously established by law (which will be maintained while their respective contracts remain in force), and it’s very difficult to predict the content of the new strategy, as it could be aimed at promoting clusters, mining activity, infrastructure… there’s no way of knowing”, she points out.
She believes that the repeal of DL 600 in place of a “weaker” law sends a negative signal to investors, in addition to the uncertainty generated by the tax reform of last year and the general economic slowdown.
“Unfortunate recent events have called into question precisely those elements that are evaluated by potential foreign investors. Until now, we have had great success as a country in attracting investment because we are a nation characterized by seriousness and stability, which is why we hope that this crisis is temporary and that we soon regain trust”, she notes.
Accordingly, and as mentioned by the President of AmCham Chile, Kathleen Barclay, it is crucial just how the new law determines the policies to be implemented for maintaining a favorable climate for foreign investors. Within this climate, coordination and opportunities for dialogue will be fundamental in ensuring an environment conducive to doing business in Chile.
FDI in Chile and across the region
According to the annual report Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2015, compiled by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Chile was the third biggest recipient of Foreign Direct Investment (FDI) in the region in 2014, recording US$22.002 billion of investment, which is a 14.2% increase on 2013. This scenario is despite the economic slowdown experienced across the region and the lower prices of basic export products. Indeed, in 2014, FDI in Latin America and the Caribbean fell by 16%, totaling US$158.803 billion. This figure represents 13% of global investment flow.
This is why Chile has been ranked as one of the 20 biggest recipients of foreign investment in 2014, according to figures from the United Nations. The United States is the biggest investor in Chile, accounting for 16.7% of all investments since 2009, totaling US$16.878 billion.
Como una respuesta a los cambios que vive Chile, los que implican contar con mejores herramientas y capacidades para atraer capital foráneo, el 16 de junio la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la nueva Ley Marco para la Inversión Extranjera Directa (IED), la cual reemplaza el cuerpo legal anterior: el Decreto Ley 600, fechado en 1974.
Chile es un país atractivo para los inversionistas, así lo evidencia el crecimiento que ha tenido la Inversión Extranjera Directa (IED) en los últimos diez años, donde se pasó de US$ 7.200 millones en 2004 a más de US$ 22.000 millones en 2014. Esto, según la Organización de Naciones Unidas, lo ha posicionado como una de las 20 economías que más inversión extranjera reciben, fundamentalmente por su gran cantidad de recursos naturales y humanos, además de la estabilidad institucional y un sector privado dinámico.
Hasta hace poco, ésta era impulsada bajo el Decreto Ley 600, promulgado en 1974, el cual había sido el responsable de atraer casi un tercio del capital foráneo ingresado al país. Sin embargo, con miras a actualizar esta normativa en respuesta a los cambios que vive el país y su economía al estar inserto en el plano internacional, el 16 de junio pasado, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la nueva Ley Marco para la Inversión Extranjera Directa (IED), creada bajo parámetros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual Chile forma parte oficialmente desde 2010.
“El posicionamiento de Chile como una economía seria, abierta al mundo, administrada responsablemente y que sirve de nexo entre la cuenca del Pacífico y América Latina, nos otorga ventajas difíciles de superar para que las empresas extranjeras decidan hacer negocios en nuestro país”, destacó la mandataria en la oportunidad, señalando que ésta recoge las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial sobre la materia (conformada en el marco de los compromisos adquiridos por el Gobierno durante la tramitación de la reforma tributaria) y da cumplimiento a la medida N° 46 de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento.
Al igual que el DL 600, la nueva normativa busca otorgar ciertas garantías al inversionista extranjero que le den un marco de estabilidad al momento de materializar su inversión en Chile. Es así que entre sus principales puntos define lo que se entenderá por “inversionista extranjero” e “inversión extranjera directa”, y estipula el régimen aplicable a dicha inversión, que puede ser de hasta US$ 5 millones en divisas recibidas por empresas de cualquier tamaño. Además, garantiza el acceso al mercado cambiario formal para liquidar las divisas al ingresar la inversión, como al momento de remesar las utilidades y para repatriar el capital; la no discriminación arbitraria (tratando al inversionista igual que a una empresa chilena), y la exención del impuesto a las ventas y servicios de las importaciones de bienes de capital que cumplan con los requisitos establecidos en el número 10 de la letra B del artículo 12 del decreto de ley N°825, de 1974 (aquellos que formen parte de un proyecto de inversión extranjera formalmente convenido con el Estado de acuerdo a las disposiciones del DL 600, o que no se produzcan en Chile en calidad y cantidad suficiente, formen parte de un proyecto similar de inversión nacional, sean considerados de interés para el país y aprobados por los ministerios de Economía y Hacienda).
También regula los efectos de los contratos celebrados durante la vigencia del DL 600, asegurando la plena vigencia de los derechos y deberes que hayan adquirido los inversionistas extranjeros bajo ese régimen legal, y establece un derecho excepcional que habilita que, en un plazo máximo de cuatro años, los inversionistas extranjeros puedan solicitar autorizaciones de inversión extranjera en los términos del artículo 3° del DL 600 con los derechos y obligaciones que éste contempla, pero con invariabilidad tributaria por una tasa total de 44,45%.
Incluso, se ha establecido la creación de un Comité de Ministros de Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera (conformado por los ministros de Economía y de Hacienda, así como los que el Presidente designe) que asesorará directamente al Presidente de la República para la fijación de una política nacional en la materia, y la creación de una agencia especializada que sustituirá al actual Comité de Inversiones Extranjeras y se encargará de llevarlas a cabo.
“De este modo, por primera vez en su historia, Chile contará con una política nacional relativa a la inversión extranjera, la cual se integrará a los programas de desarrollo productivo del país como un elemento relevante”, afirma Jorge Pizarro Cristi, quien hasta el 1 de julio se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) y fue uno de los impulsores de la nueva normativa.
Atrayendo mayor inversión
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, sostiene que las medidas contenidas en la nueva ley incentivarán a que más extranjeros quieran invertir en Chile, “traer su know how y desarrollar sus inversiones”. Esto dado que se contará con una institucionalidad seria, de largo plazo y al nivel de los países de la OCDE, la cual entregará servicios acordes a los estándares internacionales y generará las condiciones necesarias para materializar las inversiones de manera “rápida, transparente y efectiva” en las regiones y sectores que se quieren desarrollar, entre ellos, minería, energía, servicios e infraestructura.
“Queremos contar con más y mejor inversión extranjera, por lo que estamos pasando de una política pasiva de recepción de inversiones, a una política proactiva de atracción de capitales foráneos”, enfatiza el ministro, señalando que con la nueva ley no sólo se entregan garantías que reafirman que la IED es bienvenida en Chile, sino que se reconoce su importancia en el desarrollo económico actual y futuro del país.
En ese sentido, Kathleen Barclay, presidenta de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, comenta que para atraer mayor inversión se deben tener en cuenta ciertos factores valorados por los inversionistas extranjeros, entre ellos, una democracia sólida y estabilidad macroeconómica, altas y sostenidas tasas de crecimiento del PIB (incluyendo altas tasas de inversión doméstica), instituciones fuertes que operen bajo una constitución política que proteja la propiedad privada y entregue un trato no discriminatorio para los inversionistas extranjeros, acceso al mercado cambiario formal para la distribución de dividendos y repatriación de capital, y políticas de libre comercio relativas a la apertura comercial, promoción de exportaciones e importaciones; además de regulaciones que favorezcan la competitividad para inversionistas como estabilidad tributaria, leyes laborales y regulaciones para sectores clave como el financiero, energético y minero.
“Como cámara binacional no creemos que el grado de desarrollo relativo de un país por sí mismo sea una medición importante para evaluar los mecanismos de inversión requerida. Más bien, se debería evaluar el escenario competitivo de inversión extranjera global, combinado con el desempeño del país en términos de crecimiento, junto con la estabilidad económica, social e institucional”, enfatiza, señalando que además AmCham está promoviendo con mayor fuerza el acuerdo para evitar la doble tributación con Estados Unidos y fomentar un mayor flujo de inversiones hacia Chile.
La nueva agencia
De acuerdo a la nueva ley, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera tendrá la misión de coordinar e implementar la política estatal sobre IED establecida por el Comité de Ministros, de modo de atraer todo tipo de capitales e inversiones extranjeras a Chile. Contará con oficinas en el extranjero y coordinación regional, y realizarán actividades de promoción de inversiones tanto a nivel local como fuera del país. El director será seleccionado a través del sistema de Alta Dirección Pública y si bien aún no se define la fecha exacta de su puesta en marcha, debería ser pronto.
“Estamos hablando de un organismo altamente profesional que se guiará por las mejores prácticas a nivel internacional, y que proveerá servicios en todas las etapas del ciclo de inversión: desde el primer contacto con un potencial inversionista que está prospectando invertir en el continente, hasta cuando ya está instalado en el país y piensa en reinvertir”, explica Pizarro, señalando que esta definición nace a partir de una asesoría que la OCDE realizó de manera especial para Chile y del estudio de las mejores prácticas internacionales en esta materia. Además, destaca que la continuidad de las funciones de la agencia está respaldada por la nueva ley y lo relevante es que su quehacer estará orientado, tanto por la estrategia planteada por el Comité de Ministros, como por un Consejo Asesor Consultivo, que tendrá integrantes del mundo público y privado.
“Es muy valioso que esta agencia haya contemplado constituir un Consejo Asesor Consultivo público-privado, el cual debe ser un espacio inmediato y real de diálogo que sin duda ayudará a que las políticas que se implementen estén en sintonía con las necesidades del sector privado”, sostiene la presidenta de AmCham Chile, señalando que un punto importante a definir es cómo la agencia contribuirá concretamente a mantener un clima favorable para los inversionistas extranjeros, aumentando la competitividad del país en la materia.
En el mundo existen más de 170 agencias de atracción de inversiones que compiten fuertemente por llevar a sus países capitales extranjeros, y es por eso que el Ministro de Economía señala que aunque Chile es muy atractivo para los inversionistas, “no es factible quedarse esperando a que los capitales lleguen sólo con ese argumento, especialmente en un entorno en que el continente ha avanzado muchísimo para ofrecer oportunidades de inversión atractivas”.
La apuesta es que el ingreso de actores internacionales a la economía dinamice los mercados, posibilite nuevas alianzas entre empresas extranjeras y nacionales, y llegue nueva tecnología al país, además de buenas prácticas y fomento de las industrias auxiliares, lo que va en beneficio del ecosistema de negocios nacional, aumentando el empleo y la diversificación de productos y servicios.
Menos que el DL 600
Pero no todos los actores concuerdan en las bondades de la nueva ley. Un ejemplo es Bárbara Vidaurre, directora del Programa Legislativo del think tank Libertad y Desarrollo (LyD), quien argumenta que “lamentablemente no perfecciona el DL 600, el cual ha funcionado muy bien”. Esto, porque las garantías cambiarias, tributarias y jurídicas -que eran plasmadas en un contrato- impulsaban casi un tercio de la inversión extranjera total, lo que, en su opinión, demuestra que daba a Chile una ventaja competitiva a la hora de atraer inversión, aunque no la única.
“Algunas de las garantías que existían en el DL 600, tales como la posibilidad del inversionista extranjero para optar por una invariabilidad tributaria, beneficios relativos a invariabilidad respecto de grandes proyectos mineros y la suscripción de un contrato-ley entre el Estado y el inversionista extranjero, desaparecen con la nueva normativa”, explica. No obstante, comenta que el artículo transitorio permitirá la suscripción de un contrato durante los primeros cuatro años con una invariabilidad tributaria acotada. Si bien el estándar OCDE -precisa- busca dar una garantía de seriedad y estabilidad para incentivar la entrada de capital foráneo, la máxima garantía era dada por el contrato-ley que ahora desaparece, aunque los contratos ya suscritos seguirán plenamente vigentes.
Para Vidaurre la fijación de estrategias de fomento por la autoridad gubernamental siempre conlleva un elemento de incertidumbre, ya que no se puede saber de antemano qué decidirá el Presidente y el Consejo de Ministros en cuanto a política de fomento de la inversión. “Esto será difícil para los inversionistas que ya se han acogido al DL 600 y que estaban acostumbrados a los beneficios que establecía la ley (que se mantendrán mientras sigan vigentes sus respectivos contratos), y es muy difícil prever el contenido de la nueva estrategia, pues podría ser la de fomentar a los clusters, la actividad minera, infraestructura...no hay cómo saberlo”, apunta.
Sostiene que se está enviando una mala señal a los inversionistas con derogar el DL 600 para cambiarlo por una normativa “más débil”, a lo que se suma la incertidumbre generada con la reforma tributaria del año pasado y la desaceleración económica.
“Los lamentables sucesos recientes han puesto en tela de juicio muchos elementos que justamente son los evaluados por el potencial inversionista extranjero. Hasta el momento hemos tenido como país mucho éxito en atraer la inversión por ser una jurisdicción que se caracterizaba por su seriedad y estabilidad, por lo que esperamos que esta crisis sea transitoria para recuperar la confianza”, sostiene.
Por eso, como menciona la presidenta de la AmCham, Kathleen Barclay, será clave cómo la nueva agencia fije las políticas a seguir para mantener un clima favorable para los inversionistas extranjeros, donde la coordinación y los espacios de diálogo serán fundamentales para mantener un clima propicio para hacer negocios en el país.
IED en Chile y la región
Según el informe anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2015 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Chile fue el tercer país receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) en la región durante 2014, registrando flujos por US$ 22.002 millones, 14,2% más que lo recibido durante 2013. Esto a pesar de que, afectadas por la desaceleración económica de la región y los menores precios de los productos básicos de exportación, los flujos de IED en América Latina y el Caribe se redujeron 16% durante el año pasado, alcanzando a US$158.803 millones, lo que corresponde a 13% de los flujos mundiales.
Es así que Chile se ha consolidado entre las 20 economías que más inversión extranjera recibieron durante el año pasado según cifras de la Organización de Naciones Unidas, siendo Estados Unidos su principal inversionista, pues 16,7% de la inversión que ha ingresado desde 2009 proviene de dicho país. Esto es, US$ 16.878 millones.By Alejandra Maturana
In response to the changes underway in Chile, and the subsequent need for improved tools and skills for attracting foreign capital, on 16 June President Michelle Bachelet enacted the new Framework Act for Foreign Direct Investment, thereby replacing the previous legal instrument, Decree Law 600, dating from 1974.
Foto portada reportaje inversion extranjera
Chile is an attractive country for investors, as shown by the growth in Foreign Direct Investment (FDI) over the last ten years. During this period, FDI has risen from US$7.2 billion in 2004 to more than US$22 billion in 2014. This figure, according to the United Nations, means that Chile now ranks among the 20 biggest recipients of foreign investment. FDI in Chile is primarily the result of the country’s large amounts of natural and human resources, as well as its institutional stability and dynamic private sector.
Until recently, FDI was driven by Decree Law 600 (DL 600), enacted in 1974, and which was responsible for attracting almost one third of all foreign capital to the country. However, with a view to updating this legislation in response to the changes currently underway in Chile and to position the economy in line with international levels, on 16 June, President Bachelet signed the new Legal Framework for Foreign Direct Investment into law. This legislation was drawn up under parameters devised by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), of which Chile became an official member in 2010.
During the enactment of the law, President Bachelet stated, “The positioning of Chile as a serious economy, open to the world, managed responsibly and acting as a nexus between the Pacific Rim and Latin America, provides us with advantages that are difficult to overcome in ensuring foreign companies decide to do business in our country”. The President noted how the new legislation had incorporated proposals made by the Presidential Advisory Committee dedicated to this issue (devised under the framework of commitments made by the Government during the passage of the tax reform). She also explained that it conformed to measure No. 46 of the Productivity, Innovation and Growth Agenda.
Like the DL 600, the new law seeks to provide certain guarantees for foreign investors, ensuring them a framework of stability for their investment in Chile. As such, among its main points is a definition of “foreign investor” and “foreign direct investment”, as well as outlining a set of rules applicable to each investment, which may amount to US$5 million in foreign currency received by companies of any size. Furthermore, it guarantees the following: access to the formal foreign exchange market for settling foreign exchange when investments are agreed, such as for the remittance of profit and the repatriation of capital; not to be subject to arbitrary or discriminatory measures (i.e. treating investors in the same way as Chilean companies); and the exemption of sales and services tax on the import of capital goods, in accordance with the provisions of article 12, section B, number 10 of Decree Law 825, dating from 1974. The latter provisions stipulate that any party to a foreign investment project formally agreed to with the State in accordance with the provisions of DL 600, or one which fails to take place in Chile in sufficient quality and quantity, and forms part of a similar national investment project, is considered of national interest to the country and subject to approval by the Ministries of Economy and Finance.
In addition, the new law regulates the purpose of the contracts entered into during the term of DL 600, ensuring the full applicability of the rights and duties acquired by foreign investors under this set of legal rules. It also establishes an exceptional right which stipulates that, within a maximum period of four years, foreign investors may request foreign investment authorization under the terms of article 3 of DL 600, in line with the rights and duties therein established, but with tax invariability for a total rate of 44.45%.
Furthermore, the law establishes a Committee of Ministers for the Development and Promotion of Foreign Investment (composed of the Economy and Finance Ministers, as well as Presidential appointees). The Committee will directly advise the President of the Republic on setting national policy on this area, as well as ensuring the creation of a specialized agency to replace the current Foreign Investment Committee (CIE), while also overseeing the fulfilment of these distinct processes.
Jorge Pizarro Cristi, who until 1 July was Vice President of the CIE, and one of the main advocates of the new law, states that, “This way, for the first time in its history, Chile will have a national policy on foreign investment, which will be integrated as a relevant element into the country’s productive development programs”.
Attracting greater investment
The Minister of Economy, Development and Tourism, Luis Felipe Céspedes, believes that the measures set out under the new law will incentivize increasing numbers of foreigners investing in Chile, “to bring their know-how and to develop their investments”. This is because the new regulations help to ensure serious institutions, with long term outlooks and which are in line with other OECD nations. In turn, this scenario will guarantee that services are provided according to international standards and that the necessary conditions will be generated to ensure investments take place, “quickly, transparently and effectively” in the regions and sectors in need of development, including mining, energy, services and infrastructure.
Minister Céspedes stresses that, “We want to have more and better foreign investment, which is why we are moving beyond a reactive policy of receiving investment, to a proactive one of attracting foreign capital”. He also notes that the new legislation does not only provide guarantees confirming that FDI is welcome in Chile, but that it also recognizes its importance in the current and future economic development of the country.
Accordingly, Kathleen Barclay, President of the Chilean-American Chamber of Commerce, AmCham Chile, believes that by attracting greater investment, certain factors particularly valued by foreign investors should be taken into account. Among these, for example, are: a robust democracy and macroeconomic stability; solid and sustained rates of GDP growth (including high rates of domestic investment); strong institutions operating under a national Constitution that protects private property and ensures non-discriminatory measures against foreign investors; access to the formal foreign exchange market for the distribution of dividends and repatriation of capital; and free trade policies regarding openness to foreign trade and the promotion of imports and exports. Furthermore, as the President of AmCham notes, regulations are required which favor competition for investors, such as tax stability, and employment laws and regulations for key sectors, such as finance, energy and mining.
Kathleen Barclay notes that, “As a bi-national chamber, we don’t believe that the relative degree of development of a country is, in itself, an important measure for evaluating the mechanisms of required investment. Rather, competitiveness in the global foreign investment sphere should be assessed, in conjunction with the growth performance of the country, as well its economic, social and institutional stability”. She also highlights that AmCham Chile is increasingly promoting the double taxation avoidance agreement with the United States and encouraging greater investment flows to Chile.
The new agency
According to the new law, the Foreign Investment Promotion Agency will be responsible for coordinating and implementing the State policy on FDI, as established by the Committee of Ministers. Its aim will be to attract all types of foreign capital and investment to Chile. It will have offices abroad and be subject to regional coordination, as well as holding activities to promote investment, both locally and internationally. The Director will be selected via the Senior Public Sector Management system and if no appointment is made in time for its launch, one will be made as soon as possible.
Jorge Pizarro Cristi explains that, “We are talking about a highly professional body that will be guided by best international practices, and which will provide services throughout all stages of the investment cycle: from the first contact being made with a potential investor seeking to invest in the continent, to when they are already in place in the country and thinking about reinvestment”. Pizarro points out that this definition stems from an evaluation conducted by the OECD specifically for Chile, in addition to research into best international practices in this field. He also stresses that the continuity of the powers of the agency are safeguarded by the new law. Furthermore, he explains the importance of the work of the agency being guided by both the strategy proposed by the Committee of Ministers, as well as a Consultative Advisory Council, composed of individuals from the public and privates sectors.
The President of AmCham Chile states that, “It is extremely beneficial that this agency has considered the establishment of a public-private Consultative Advisory Council, which must be an immediate and genuine space for dialogue (and) that will doubtlessly help to ensure that the policies it implements are in tune with private sector needs”. She also points out that an important aspect in need of clarification is how the agency will concretely contribute to maintaining a favorable climate for foreign investors and how to increase the competiveness of the country in this sphere.
Around the world there are more than 170 agencies focusing on attracting investment, all competing to attract foreign capital to their countries. As such, the Minister of Economy says that despite Chile being highly attractive to investors, “It is unfeasible to just sit around waiting for capital to arrive using this line of argument, especially in an environment in which the continent has progressed significantly in terms of offering attractive investment opportunities”.
The idea is that the arrival of international actors to the economy will make markets more dynamic, enabling new partnerships to be forged between foreign and national companies. The goal is also to attract new technology to the country, as well as good practices, and to develop secondary industries. All of this is beneficial to the national business ecosystem, for example by increasing employment and diversifying products and services.
Less than DL 600
Nevertheless, not all actors agree on the benefits of the new law. One example is Bárbara Vidaurre, Director of the Legislative Program at the think tank Libertad y Desarrollo (LyD), who argues that, “unfortunately it doesn’t improve on DL 600, which has worked very well”. This is because foreign exchange, tax and legal guarantees (which used to be included in a contract) drove almost one third of total foreign investment. Vidaurre believes that this gave Chile a competitive advantage, albeit not the only one, in attracting foreign investment.
“Some of the guarantees in place under DL 600, such as the ability of foreign investors to choose tax invariability, benefits relating to invariability in terms of large mining projects, and the signing of a legal contract between the State and the foreign investor, all disappear under the new regulations”, says Vidaurre. However, she adds that the provisional article will allow the signing of a contract for the first four years with limited tax invariability. She claims that while the OECD standard seeks to provide a guarantee of seriousness and stability to incentivize the arrival of foreign capital, the maximum guarantee was previously provided for by the legal contract, which now disappears. It should be noted, however, that all current contracts will remain in force.
According to Vidaurre, the design of promotion strategies by governmental bodies always entails an element of uncertainty, as it is impossible to know in advance what decisions the President and the Committee of Ministers will take regarding investment promotion. “This will be difficult for investors who have already accepted DL 600 and who are used to the benefits previously established by law (which will be maintained while their respective contracts remain in force), and it’s very difficult to predict the content of the new strategy, as it could be aimed at promoting clusters, mining activity, infrastructure… there’s no way of knowing”, she points out.
She believes that the repeal of DL 600 in place of a “weaker” law sends a negative signal to investors, in addition to the uncertainty generated by the tax reform of last year and the general economic slowdown.
“Unfortunate recent events have called into question precisely those elements that are evaluated by potential foreign investors. Until now, we have had great success as a country in attracting investment because we are a nation characterized by seriousness and stability, which is why we hope that this crisis is temporary and that we soon regain trust”, she notes.
Accordingly, and as mentioned by the President of AmCham Chile, Kathleen Barclay, it is crucial just how the new law determines the policies to be implemented for maintaining a favorable climate for foreign investors. Within this climate, coordination and opportunities for dialogue will be fundamental in ensuring an environment conducive to doing business in Chile.
FDI in Chile and across the region
According to the annual report Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2015, compiled by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Chile was the third biggest recipient of Foreign Direct Investment (FDI) in the region in 2014, recording US$22.002 billion of investment, which is a 14.2% increase on 2013. This scenario is despite the economic slowdown experienced across the region and the lower prices of basic export products. Indeed, in 2014, FDI in Latin America and the Caribbean fell by 16%, totaling US$158.803 billion. This figure represents 13% of global investment flow.
This is why Chile has been ranked as one of the 20 biggest recipients of foreign investment in 2014, according to figures from the United Nations. The United States is the biggest investor in Chile, accounting for 16.7% of all investments since 2009, totaling US$16.878 billion.