La Dra. Jennifer Vanderhart, experta internacional en cuantificación de daños por infracciones de propiedad intelectual, expuso ante AmCham Chile cómo un sistema sólido de protección no es un lujo regulatorio, sino una condición esencial para atraer inversión, retener talento y consolidar ventajas competitivas en sectores que van desde la tecnología hasta la agricultura de exportación.

Las economías emergentes suelen descubrirlo tarde: la incertidumbre cuesta más que los subsidios. Cuando una empresa decide dónde instalar su centro de I+D, no solo considera incentivos tributarios o costos laborales. Evalúa si el país protegerá lo que va a crear. Si la respuesta es ambigua, el capital se va. Si es clara, se queda y se multiplica.

Esa lógica —la certidumbre jurídica como motor económico— fue el eje del roundtable “U.S. Industry Intellectual Property Rights Norms and Best Practices”, organizado por AmCham Chile el 1 de octubre en sus oficinas de Las Condes. La sesión, moderada por Kathleen Barclay, miembro del directorio de la Cámara, contó con la participación de la Dra. Jennifer Vanderhart, Directora General de Secretariat, firma internacional de consultoría con sede en Washington D.C.

Vanderhart no trajo un discurso teórico, sino 25 años de experiencia cuantificando daños económicos derivados de infracciones a patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales. Ha testificado ante tribunales federales y estatales en Estados Unidos, participado en arbitrajes internacionales y asesorado a empresas en negociaciones de licencias y valorización de activos intangibles. Reconocida por IAM Patent 1000 y Who’s Who Legal como líder en cuantificación de daños, su mirada sobre propiedad intelectual proviene del terreno: las salas de tribunales, las mesas de negociación y los informes periciales donde se define cuánto vale una idea vulnerada.

Incertidumbre es igual a riesgo

La experta abrió su presentación con una tesis directa: “La certidumbre jurídica es un incentivo más poderoso que los subsidios. En entornos donde las protecciones son sólidas, los inventores y creadores permanecen, escalan y reinvierten. Donde no lo son, emigran hacia jurisdicciones con mejor reputación en propiedad intelectual”.

Un sistema robusto genera un círculo virtuoso: mayores ingresos para los creadores, más innovación, ventas legítimas al alza y una recaudación fiscal creciente. Reduce la fuga de talentos y mejora la previsibilidad. Pero Vanderhart advirtió “Tener la ley no basta. Sin cumplimiento efectivo, la norma se vacía”.

El caso de la piratería digital ilustra esa brecha. La estrategia, señaló, debe enfocarse no solo en el usuario final, sino en las herramientas de elusión: modchips, aplicaciones de ripping o servicios ilegales de streaming. Subrayó que las Medidas Tecnológicas de Protección no solo dificultan la copia, sino que permiten modelos de negocio digitales como suscripciones, arriendo o pago por evento. La ausencia de estas protecciones tiene efectos medibles: menor ingreso en industrias creativas, desincentivo a la I+D, caída de la inversión extranjera y, en sectores críticos como los fármacos o dispositivos médicos, riesgo directo para los consumidores.

Contratos, tribunales y variedades vegetales

Desde su experiencia como perito, Vanderhart enfatizó que el valor de la innovación se define en la estructura contractual. Tipo de regalía, porcentaje sobre ventas, hitos, sublicencias, duración o cláusulas de auditoría: cada elemento incide en la rentabilidad real. Fue categórica: “Un mal diseño contractual puede anular el valor de una innovación brillante. Hemos visto casos donde una empresa pierde millones porque no estipuló correctamente los términos de una licencia o no previó mecanismos de control”.

Destacó además la arquitectura judicial estadounidense en materia de propiedad intelectual, reconocida por su eficiencia. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal actúa como garante de consistencia jurisprudencial y dominio técnico. Casos como Panduit y Georgia-Pacific se han convertido en referencia global para el cálculo de daños. En sus palabras: “Un buen diseño contractual y una justicia especializada reducen la litigiosidad y aumentan la confianza de los inversores. La predictibilidad no solo acelera la resolución de disputas; también disminuye el costo del capital”.

Uno de los temas que más resonó entre los asistentes fue la Protección de Variedades Vegetales bajo el Convenio UPOV 1991. Para Chile, cuyo sector agroexportador depende de la biotecnología y del desarrollo de nuevas especies, este estándar es una condición para atraer inversión. Vanderhart explicó que la adhesión a UPOV 91 entrega certeza jurídica a los fitomejoradores, incentiva la I+D agrícola y refuerza la competitividad internacional. Chile exporta cerezas, arándanos, uvas, paltas. Muchas de esas variedades son fruto de años de investigación. Si un productor extranjero puede reproducirlas sin pagar regalías, el incentivo desaparece.

Seguridad, enforcement y política industrial

En su introducción, Kathleen Barclay destacó la conexión entre propiedad intelectual y seguridad. Advirtió que combatir el crimen organizado vinculado a la piratería requiere fortalecer las capacidades de agencias como la Policía de Investigaciones, dotándolas de más recursos y coordinación. La piratería, enfatizó, no es solo un problema comercial: es una economía paralela que financia redes criminales, evade impuestos y compite deslealmente con las industrias formales.

Al cierre, Vanderhart sintetizó su argumento: “Una propiedad intelectual fuerte equivale a una política industrial de bajo costo. No requiere subsidios ni proteccionismo, sino certeza jurídica, enforcement eficaz y coordinación público-privada. Donde la PI es débil, la innovación se disuelve; donde es firme y predecible, florece la inversión”.

Para AmCham Chile, que promueve el estado de derecho y marcos regulatorios previsibles como pilares de la competitividad, la discusión ofrece una hoja de ruta concreta. Chile cuenta con ventajas comparativas en sectores intensivos en innovación —minería, agroexportación, energías renovables, servicios tecnológicos—. Consolidarlas depende de ofrecer garantías sólidas a quienes arriesgan capital para crear algo nuevo.
La propiedad intelectual no es un lujo regulatorio. Es infraestructura económica.