Si hay un tema que genera consenso en Chile, es la necesidad de una mejora significativa al sistema educacional del país. Lo que está menos claro es cómo debería mejorarse y quién va a pagar por ello. En esta edición de bUSiness CHILE, nuestro Reportaje Principal analiza las diversas propuestas para financiar la reforma educacional.

La calidad en general pobre de la educación en Chile ha afectado de manera negativa su competitividad global. En un reciente informe del Foro Económico Mundial, la calidad del sistema de educación de Chile ocupó el lugar Nº 91 entre 144 países, por debajo de Argentina (89º) y Colombia (77º). El informe concluyó que la competitividad seguirá viéndose afectada si no se mejora el sistema educacional.

A la larga, el costo total de la reforma dependerá de cuán extensa sea y de cuánto de ese costo se traspase a los contribuyentes. Claramente la educación gratuita para todos sería una propuesta costosa, pero hay variaciones sobre este tema, entre las cuales la más popular es la entrega de mayores subsidios para la educación universitaria.

No obstante, cualesquiera sean las mejoras que se realicen, el dinero tendrá que venir de alguna parte. Y cualquier costo no cubierto por los aranceles educacionales tendrá que provenir del Estado y, en definitiva, de los impuestos. Pero esto, según algunos, no significa necesariamente que los impuestos deban incrementarse. Por ejemplo, reducir las exenciones tributarias y la evasión es una potencial fuente importante de ingresos tributarios. Y un gasto público más eficiente podría hacer que la reforma a la educación fuera más fácil de financiar.

La alternativa de una mayor tributación, principalmente mediante el aumento de las tasas de impuesto corporativo, es simple, fácil de entender y fácil de vender, pero sin lugar a dudas afectará la inversión privada. Esto, a su vez, afectará la creación de nuevos y mejores empleos.

Otra opción que se está analizando es la eliminación de un mecanismo creado en el año 1984 que difiere el pago de impuestos (el Fondo de Utilidades Tributarias, o FUT), según el cual las ganancias no distribuidas a los accionistas se mantienen en la compañía y se gravan según la tasa de impuesto corporativo, que actualmente asciende a un 20%. En virtud de la actual legislación tributaria, estas ganancias retenidas solo se gravan como ganancia personal (normalmente a tasas mucho más altas) cuando se pagan como dividendos. Estas ganancias retenidas o no distribuidas en general se reinvierten en la empresa, lo que ayuda al crecimiento y la creación de empleo con un efecto beneficioso para el país en su conjunto. A la fecha, el mecanismo ha funcionado muy bien pese al hecho de que es vulnerable a ser abusado.

Sin embargo, el plan para incrementar los ingresos tributarios gravaría las ganancias como renta de los accionistas cuando se ganan, no cuando se distribuyen. Esto aceleraría los ingresos tributarios, pero reduciría la reinversión corporativa.

El problema de la reforma educacional es complejo, pero su necesidad es ampliamente aceptada. De cara a la elección presidencial de Chile que se realizará en noviembre, la cuestión que se está debatiendo es cómo se puede financiar esto. Aumentar la tributación podría desacelerar el crecimiento, pero la mejor educación, al menos en el largo plazo, promoverá el crecimiento y la competitividad. Cerrar vacíos legales en el sistema tributario y mejorar la eficiencia de la recaudación son -sin duda- parte de la solución. Pero también lo es un uso más eficiente de los recursos públicos.

If there is one subject that produces a consensus in Chile, it is the need for significant improvement in the country’s education system. What is less clear is how it should be improved and who will pay for it. In this issue of bUSiness CHILE, our Cover Story looks at the various suggestions to finance education reform.

The generally poor quality of education in Chile has negatively affected its global competitiveness. In a recent report by the World Economic Forum (WEF), the quality of Chile’s education system ranked 91stout of 144 countries, below Argentina (89th) and Colombia (77th). The report concluded that competitiveness would continue to be affected if the education system is not improved.

In the end, the total cost of the reform will depend on how extensive it is, and how much of that cost is passed on to the taxpayer. Clearly free education for all would be an expensive proposition, but there are variations on this theme with higher subsidies for university education being the most popular.

But whatever improvements are made, the money will have to come from somewhere. And any costs not covered by tuition fees will have to come from the State, and ultimately from taxes. But this, say some, does not necessarily mean taxes must be increased. For example, reducing tax breaks and evasion is an important potential source of tax revenue. And more efficient public spending could make education reform easier to finance.

The alternative of increased taxation, mainly by raising corporate tax rates, is simple, easy to understand, and easy to sell, but will undoubtedly affect private investment. This will, in turn, affect the creation of new and better jobs.

Another option being discussed is the elimination of a tax deferral mechanism created in 1984 (the Fondo de Utilidades Tributarias, or FUT), whereby earnings not distributed to the shareholders remain in the company and are taxed at the corporate rate, currently 20%. Under the present tax law, these retained earnings are only taxed as personal income (normally at much higher rates) when they are paid out as dividends. These retained or undistributed earnings are generally reinvested in the business, helping growth and job creation with a beneficial effect on the country as a whole. To date, the mechanism has worked very well despite the fact that it is vulnerable to abuse.

But the plan to increase tax revenue would tax profits as shareholder income when earned, not when distributed. This would accelerate tax revenues, but would reduce corporate reinvestment.

The problem of education reform is complex, but the need for reform is widely accepted. With Chile’s presidential election coming up in November, how this might be financed is the question now being debated. Increasing taxation could slow growth, but better education will, at least in the long term, promote growth and competitiveness. Closing loopholes in the tax system and improving the efficiency of collection are undoubtedly part of the solution. But so is more efficient use of public resources.