La decisión de la Unión Europea de excluir a Chile de la lista roja por incumplimientos de propiedad intelectual en su informe de observancia de los mismos a fines del año 2009, representa un reconocimiento a los esfuerzos desplegados por nuestro país sobre el particular.
El informe fundamenta su conclusión sobre la base de la opinión de un importante número de encuestados que describen un positivo desarrollo de la situación de los derechos de propiedad intelectual en Chile y el mejoramiento de las relaciones con el país a este respecto, por la colaboración de su gobierno.
La creación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) y la Brigada Especial de Propiedad Intelectual (BRIDEPI) dentro de la Policía de Investigaciones, entre otros, son hitos destacados que demuestran el desarrollo aludido.
Cabe destacar, por otro lado, que el mismo informe evacuado por la Unión Europea considera a China en un primer nivel crítico de dicha lista; a Indonesia, Tailandia y Turquía, en segundo nivel; y a Argentina, Brasil, Canadá, India, Israel, Corea, Malasia Rusia, Ucrania, Estados Unidos de Norteamérica y Vietnam, en un tercer nivel.
Este reconocimiento de la Unión Europea hacia Chile debiera ser considerado por los Estados Unidos, en vísperas de tomar la decisión de mantener a nuestro país, por cuarto año consecutivo, en la lista roja por incumplimientos en relación a los derechos de propiedad intelectual junto a otros países que no cumplen con mínimos estándares de respeto.
La flexibilización sugerida podría ser complementada con esfuerzos educativos que hagan entender tanto a las autoridades como empresarios y particulares, los beneficios que podrían significar para el progreso de nuestro país el respecto de los derechos de propiedad intelectual tanto propios como ajenos. A mayor abundamiento, esta nueva actitud debiera considerar la capacidad monetaria del gobierno chileno para combatir con éxito la industria internacional de la piratería que aterriza en nuestro territorio y, simultáneamente, hacer los mejores esfuerzos para ayudarnos en la observancia de los derechos, armonizando las instituciones de un país y otro.
Finalmente, la exclusión de nuestro país de la señalada lista roja, motivaría al nuevo gobierno a profundizar en los cambios legislativos necesarios que impidan que en nuestro sistema procesal penal, tanto fiscales como jueces, deban ceñirse a principios excesivamente garantistas que permitan la impunidad de una parte importante de los delitos que se cometen en nuestro país, incluidos aquellos que se refieren a la violación de los derechos de propiedad intelectual.
La decisión de la Unión Europea de excluir a Chile de la lista roja por incumplimientos de propiedad intelectual en su informe de observancia de los mismos a fines del año 2009, representa un reconocimiento a los esfuerzos desplegados por nuestro país sobre el particular.
El informe fundamenta su conclusión sobre la base de la opinión de un importante número de encuestados que describen un positivo desarrollo de la situación de los derechos de propiedad intelectual en Chile y el mejoramiento de las relaciones con el país a este respecto, por la colaboración de su gobierno.
La creación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) y la Brigada Especial de Propiedad Intelectual (BRIDEPI) dentro de la Policía de Investigaciones, entre otros, son hitos destacados que demuestran el desarrollo aludido.
Cabe destacar, por otro lado, que el mismo informe evacuado por la Unión Europea considera a China en un primer nivel crítico de dicha lista; a Indonesia, Tailandia y Turquía, en segundo nivel; y a Argentina, Brasil, Canadá, India, Israel, Corea, Malasia Rusia, Ucrania, Estados Unidos de Norteamérica y Vietnam, en un tercer nivel.
Este reconocimiento de la Unión Europea hacia Chile debiera ser considerado por los Estados Unidos, en vísperas de tomar la decisión de mantener a nuestro país, por cuarto año consecutivo, en la lista roja por incumplimientos en relación a los derechos de propiedad intelectual junto a otros países que no cumplen con mínimos estándares de respeto.
La flexibilización sugerida podría ser complementada con esfuerzos educativos que hagan entender tanto a las autoridades como empresarios y particulares, los beneficios que podrían significar para el progreso de nuestro país el respecto de los derechos de propiedad intelectual tanto propios como ajenos. A mayor abundamiento, esta nueva actitud debiera considerar la capacidad monetaria del gobierno chileno para combatir con éxito la industria internacional de la piratería que aterriza en nuestro territorio y, simultáneamente, hacer los mejores esfuerzos para ayudarnos en la observancia de los derechos, armonizando las instituciones de un país y otro.
Finalmente, la exclusión de nuestro país de la señalada lista roja, motivaría al nuevo gobierno a profundizar en los cambios legislativos necesarios que impidan que en nuestro sistema procesal penal, tanto fiscales como jueces, deban ceñirse a principios excesivamente garantistas que permitan la impunidad de una parte importante de los delitos que se cometen en nuestro país, incluidos aquellos que se refieren a la violación de los derechos de propiedad intelectual.