A una pena de 80 días de presidio remitido por un año y al pago de una multa fueron condenados este miércoles tres ex funcionarios del Ministerio Público, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y un privado por su responsabilidad en la comercialización de discos piratas con música, juegos, películas y programas sin costo, entre os años 2005 y 2006.
La sentencia quedó definida por el 7° Juzgado de Garantía tras desarrollarse un juicio abreviado por el cual fueron sentenciados los exonerados miembros de la Fiscalía Nacional, Cristian Flores Banda, Miriam Guzmán Martínez y Ángela Jara Villalón; de la Cancillería, Ian Sandoval González; y Adolfo Castillo Fuentes (Lexisnexis).
De acuerdo al procedimiento, a los cinco se les acusó por vulnerar el Artículo 97 del Código Tributario ( Comercio ilegal y clandestino), por lo que deben cumplir una pena de 50 días de prisión; y a 30 días de cárcel por infringir la Ley de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor.
En lo pecuniario el tribunal les asignó a Flores, Guzmán, Jara y Castillo, el pago de una sanción pecuniaria equivalente al 20 por ciento de una Unidad Tributaria Anual, exceptuándose Sandoval González, quien deberá pagar un 30 por ciento de 1 UTA. A todos se les permitió cancelar en seis cuotas.
Las indagatorias estuvieron a cargo de la fiscal Nancy González, quien pretendía que los imputados fueran sentenciados a penas de 541 días y 61 días, con respecto a los ilícitos acreditados en la causa, y a una multa de 1 UTA.
El Juzgado de Garantía consideró al momento de fallar como atenuante la colaboración prestada por los acusados.
Las pesquisas de la fiscal González, determinaron que entre los años 2005 y 2006 funcionarios del Ministerio Público utilizaron computadores institucionales y personales para grabar, almacenar y vender entre sus compañeros discos compactos de audio y video, en distintos formatos, que eran bajados de la red en forma ilícita.
La irregularidad quedó al descubierto luego de detectarse el envío y recepción de correos electrónicos con listados de los productos ofrecidos, lo cual posibilitaba a los responsables del delito acrecentar sus ingresos, puesto que cada CD era ofrecido a un precio que oscilaba entre los 1.500 y 2.000 pesos.
Incluso una de las acusadas utilizó la valija destinada a la correspondencia de la fiscalía para mandar a regiones la mercancía.
Lo mismo ocurrió con Ian Sandoval, un ex empleado de la Direcon de la Cancillería, quien mantenía y una red de contactos para comercializar los productos piratas. De determinó el uso de un fotolog donde el sujeto actualizaba semanalmente el listado de películas y música que salía al mercado.
Entre los argumentos de los querellantes, entre quienes figuran el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Asociación de Distribuidores de Video (ADV), los implicados mantenían una verdadera industria, puesto que aparte de contar con los elementos tecnológicos para plagiar, comenzaron a envasar y promovieron catálogos con las tapas originales a los CD ofrecidos.
Fuente (Terra.cl)