Si alguien aún creía que Chile podría escapar de la crisis financiera que ha afectado al mundo desde fines del 2008, con el discurso de la presidenta Michelle Bachelet a la nación televisado en la primera semana de este año, seguramente debe haber cambiado su opinión.

“El panorama económico del mundo ha cambiado dramáticamente”, sostuvo. “Los mercados financieros internacionales se remecieron como pocas veces en la historia. Los países avanzados ya están en recesión. Los precios del cobre y el petróleo han caído al suelo en pocas semanas. (...) Debemos actuar, y actuar oportunamente. Enfrentar esta crisis internacional será la prioridad de mi gobierno este año”.

Días después, en un desayuno con los corresponsales extranjeros, el ministro de Hacienda de Chile, Andrés Velasco, también advirtió sobre las dificultades que se avecinaban. “El 2009 será el año más difícil, en décadas, para la economía mundial”, señaló.

Pero Chile no está indefenso. Gracias a la política anticíclica vigente desde el 2001, puede darse el lujo de gastar -e incluso tener un importante déficit de presupuesto- sin alterar el plan macroeconómico.

Durante los últimos dos años, Chile ha empleado los ingresos récord del cobre para ahorrar US$ 20.200 millones -o un 12% del PIB- en un fondo de patrimonio soberano, el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES), diseñado precisamente para recurrir a él en tiempos como el que enfrentamos en la actualidad. Además de convertir al país en un acreedor neto, esto significa que a diferencia de muchos otros países que están tratando de salir de la crisis con dinero prestado -o, en el caso de Argentina, recurriendo a los fondos privados de pensiones-, puede hacerlo sin comprometer sus perspectivas de crecimiento a más largo plazo.

A comienzos de enero, el Gobierno anunció un paquete de medidas fiscales por US$ 4.000 millones destinado a estimular la economía local. Es extremadamente amplio y ofrece ayuda a todos desde compradores de viviendas y pequeñas empresas hasta jóvenes desempleados y la cuprífera estatal Codelco.

El Banco Central de Chile también está colaborando. En febrero, recortó la tasa de interés referencial en 250 puntos base a un 4,75% y se prevén nuevos recortes, quizás a un 3%, lo que, a medida que la inflación registra una pronunciada baja, sería equivalente a cerca de un 0% en términos reales.

Pero la crisis ciertamente se está haciendo sentir. En un reciente sondeo de la encuestadora local Opina, publicado por el diario El Mercurio, sólo el 52% de los consultados sostuvo que ya se había visto afectado hasta ahora, pero el 65% reconoció que había efectuado recortes a su gasto personal, donde los desembolsos en alimentos y vestuario figuraron entre los mayores recortes.

“Se puede ver el efecto de la crisis en la tienda”, señala Alejandra Riveros, quien trabaja en el departamento de personal de una de las mayores cadenas de tiendas por departamento de Chile. “Hay muchas ofertas especiales en este momento, pero no hay muchos clientes aprovechándolas”.

Entonces, ¿están haciendo lo suficiente las autoridades? ¿Sus medidas están apuntando a los objetivos correctos y se están implementando de una manera suficientemente oportuna y eficiente? Si la crisis empeora, ¿qué más podrían hacer el Gobierno, el Banco Central y la comunidad empresarial de Chile para evitar que la economía caiga en el abismo?

No Tan Modesto

Comparado con paquetes de estímulo fiscal de varios miles de millones de dólares más anunciados por Estados Unidos y Europa, el plan de US$ 4.000 millones anunciado por Chile parece modesto. Pero en realidad representa un 2,8% del PIB, un porcentaje mayor que el de muchos países más grandes.

El Gobierno espera y prevé que el paquete añada un punto porcentual completo al PIB de 2009, contribuyendo a una tasa de crecimiento de entre un 2% y un 3%. Sin embargo, muchos economistas estás escépticos y temen que Chile podría entrar en una recesión por primera vez desde la crisis asiática a fines de la década de los 90.

De hecho, si el crecimiento del PIB se midiera de acuerdo a una comparación trimestre con trimestre -como es la práctica habitual de los países industrializados- en lugar de compararlo con el mismo trimestre del año previo -como ocurre en Chile-, el país ya podría estar en recesión. Cifras preliminares del Banco Central muestran una contracción del 0,1% entre el segundo y el tercer trimestre del año pasado y, antes de la publicación de las cifras oficiales, analistas prevén que se observe una caída más pronunciada del crecimiento en el último trimestre de 2008.

El empleo es una preocupación clave, no sólo a nivel social y económico sino que también en la arena política, dadas las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en diciembre. En enero, la tasa de desempleo había alcanzado un 8,0%, un alza respecto del 7,2% registrado un año antes, y en las últimas semanas, ha habido informes prácticamente diarios de despidos, en particular en los sectores de la minería, construcción y comercio minorista.

Y aún donde no ha habido despidos, los empleados están pasando apuros. Riveros cuenta que, en la cadena de tiendas por departamento donde trabaja, los empleados han tenido que aceptar una reducción de la cantidad de horas que trabajan y una rebaja proporcional en el salario. Quienes trabajaban 45 horas semanales ahora están trabajando 40, sostiene, mientras que quienes estaban con 30 ahora trabajan 25.

Esa es la razón por la que, como parte del plan de estímulo, el Gobierno se comprometió a desembolsar US$ 700 millones en proyectos de infraestructura, además de los US$ 7.000 millones destinados en el presupuesto de 2009. También es uno de los motivos por los que el plan ha llamado la atención del Banco Mundial como un buen ejemplo de una estrategia fiscal bien enfocada (vea el artículo de nuestra sección Enfoque).

Los proyectos de obras públicas demoran un tiempo extremadamente largo en implementarse, pero además de los US$ 300 millones para la construcción de viviendas nuevas, el Gobierno ha destinado US$ 200 millones para caminos en los que los trabajos de mantenimiento puedan ,ojalá, comenzar casi inmediatamente.

Asimismo, reconociendo que los jóvenes están en una situación particularmente vulnerable, acordó subsidiar los salarios de cerca de 300.000 trabajadores de bajos ingresos y cuyas edades fluctúan entre los 18 y los 24 años. Ello será un alivio para este grupo etario, que tiene una probabilidad tres veces mayor de ser desempleado que el trabajador promedio chileno.

Pero, según Cristián Gardeweg, economista del banco de inversión local Celfin Capital, algunas de las medidas más importantes del plan son los nuevos incentivos que entrega para la capacitación laboral. “Las medidas de empleo y capacitación son difíciles de implementar, pero si se implementan bien, ayudarán mucho a minimizar el impacto de la crisis”, sostiene, “y, en forma igualmente importante, nos ayudarán a salir de la crisis en una posición más sólida, en particular las iniciativas de capacitación”.

Pequeñas Empresas

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Chile crean la mayor parte de los empleos en el país y posiblemente sean las más afectadas por la crisis. Entonces, aún antes del anuncio de enero, el Gobierno estaba tomando medidas para protegerlas.

En noviembre, anunció que iba a triplicar el tamaño de su Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE). También dispuso de más créditos a través de la Corporación de Fomento (CORFO), su agencia de desarrollo económico y -en una apuesta por dar a las pequeñas empresas un impulso a su flujo de efectivo- redujo el pago provisional mensual (PPM) que tienen que hacer a cuenta de sus impuestos anuales a la renta.

Inevitablemente, las Pymes quisieran más. Iván Vuskovic, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña. y Mediana Empresa de Chile (CONAPYME), que representa a unas 500.000 firmas, argumenta que para algunas el PPM representa apenas cerca de un 1% de su ingreso total.

La medida es “como todas las medidas anunciadas por el Gobierno hasta ahora: está bien, pero no es más que un paliativo”, señala.

La crisis ya ha comenzado a afectar a los dueños de almacenes, conductores de taxi, camioneros, dueños de restaurantes y a los cientos de manufactureros que están en la base de la economía chilena, afirma Vuskovic. “No es que hayamos visto muchas quiebras -al menos no aún- pero la gente ciertamente ha comenzado a reestructurar sus negocios y desafortunadamente eso a menudo implica despedir gente”.

Sin embargo, la principal queja de CONAPYME no es contra el Gobierno, sino contra el sistema bancario de Chile. Los bancos locales, menciona, se disponen a prestar dinero sólo a las grandes empresas a expensas de los pequeños.

La agrupación no está sola en las críticas que formula a la banca. De hecho, casi todos en Chile la han responsabilizado en los últimos meses por exacerbar la crisis mediante la restricción del otorgamiento de créditos, asfixiando así a la actividad económica.

El último sondeo del Banco Central sobre las condiciones para el crédito en Chile, publicado en enero, muestra en efecto que los bancos se han vuelto más cautos en la entrega de préstamos, y más de un 85% informó que había vuelto más estrictos los requisitos para el otorgamiento de créditos comerciales en el último trimestre de 2008. De hecho, según la Superintendencia de Bancos, el regulador de la industria, el crédito bancario total registró una ligera contracción en diciembre y en enero, pero también lo hizo la demanda de créditos.

Haciendo Circular el Dinero

Un aspecto del paquete fiscal anunciado en enero que ha sido particularmente elogiado es que incluyera un respaldo directo para las familias de menores ingresos del país. Durante marzo -un mes tradicionalmente costoso para los chilenos cuando los niños necesitan nuevos uniformes y textos de estudio en el comienzo del año escolar- ellas recibirán un pago extraordinario de 40.000 pesos (unos US$ 66).

Avaluado en un total cercano a los US$ 224 millones, estos subsidios ayudarán no sólo a las familias sino también a las empresas. Precisamente debido a que las familias son pobres, es probable que coloquen la mayor parte del dinero de vuelta directamente en la economía, en lugar de ahorrarlo.

Por otra parte, además de reducir las tasas de interés, el Banco Central también ha estado inyectando efectivo en la economía mediante subastas de dólares y a través de otras medidas. El Gobierno puede darse el lujo de hacerlo, con las reservas internacionales que, hasta comienzos de febrero, ascendían a US$ 23.400 millones (más de un 13% del PIB).

Pero esa liquidez tendrá poco efecto si no se coloca a trabajar como créditos. Y ahí está la raíz de las críticas a los bancos.

El tema ha mostrado ser controvertido. Por una parte, los bancos señalan que tienen que proteger su negocio -y de hecho a toda la economía- actuando con discreción, mientras que por otra, el Gobierno y las empresas de Chile los instan a flexibilizar su normativa para ayudar a revitalizar la economía.

El ministro de Hacienda Velasco ha sido particularmente insistente en su llamado a una mayor cooperación de la banca. “Una cosa es actuar con sabiduría y prudencia, lo que todos buscamos y deseamos”, dijo en enero, “pero otra muy distinta es crear situaciones que después se prestan para profecías autocumplidas”.

En su defensa, los bancos destacan que fue el otorgamiento irresponsable de créditos lo que -en primer lugar- llevó al mundo a este desastre. Más aún, el sistema bancario bien capitalizado de Chile es una de sus fortalezas clave de cara a la crisis, añaden.

“Prefiero lejos la actitud de cautela de los bancos chilenos”, señala Hernán Somerville, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF). “Tuvimos nuestra propia experiencia local de una crisis bancaria a comienzos de la década de los 80 y no es algo que quisiera atravesar de nuevo”.

No obstante, Somerville señala que entiende las preocupaciones de Velasco. “Es un ministro de Gobierno y para ser honesto, si estuviera en sus zapatos, probablemente estaría diciendo lo mismo”, reconoce.

“Será un año difícil, sin lugar a dudas, pero aún estoy confiado” sostuvo. Y así también, relativamente, están la mayoría de los economistas.

Puede ser difícil, afirman, pero gracias a las sólidas políticas de Chile, será menos duro que en otros países latinoamericanos y también aquellos industrializados. Y, aun cuando la crisis internacional se agudice o se prolongue, quedan muchas herramientas fiscales.

Si bien es cierto que algunas medidas como la inversión en infraestructura, podrían no ser tan factibles o efectivas en una segunda vuelta. El hecho es que con el paquete anunciado en enero, Chile sólo habrá gastado un quinto de sus ahorros, y no hay muchos países que puedan decir eso.

Las Medidas

Las principales medidas tomadas desde noviembre por el Gobierno de Chile para mitigar el efecto a nivel local de la crisis mundial son:

· Aumento de los activos del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) a US$ 200 millones. Ampliar el alcance del fondo de manera que pueda usarse para entregar créditos a empresas más grandes. Costo: US$ 130 millones.

· Incremento del capital de BancoEstado, el banco estatal. Costo: US$500 millones.

· Establecimiento de un fondo de estabilización de los precios del cobre para pequeñas mineras. Costo durante los primeros 18 meses: US$ 18 millones.

· Gasto adicional en proyectos de infraestructura, incluidos US$ 300 millones para viviendas nuevas y US$ 200 millones para mejoras viales. Costo total: US$ 700 millones.

· Pago extraordinario de 40.000 pesos a 1,7 millones de las familias más pobres de Chile. Costo: US$ 224 millones.

· Eliminación del pago del impuesto de sellos y estampillas a los créditos durante 2009 y su reducción en un 50% en el primer semestre de 2010. Costo en 2009: US$ 628 millones.

· Subsidio a los salarios para unos 300.000 trabajadores de bajos ingresos de entre 18 y 24 años de edad. Costo: US$ 102 millones.

· Subsidios e incentivos para impulsar la capacitación laboral. Costo en 2009: US$ 147 millones.

· Reducción del tamaño del Pago Provisional Mensual (PPM) de las empresas en un 15% para las PYMES y en un 7% para las empresas más grandes. Costo en 2009: US$ 460 millones.

· Inyección de efectivo al Fondo Común Municipal, que se distribuirá entre los municipios más pobres de Chile. Costo: US$ 41 millones.

· Capitalización de Codelco. Costo: US$ 1.000 millones.· Efectivo adicional para las líneas de crédito de factoring de CORFO. Costo: US$ 50 millones.

Gideon Long se desempeña como periodista freelance en Santiago y además trabaja para la BBC.

As the global financial crisis sinks its teeth into the Chilean economy, bUSiness CHILE looks at the government’s response and asks whether it is doing enough to save companies, livelihoods and jobs.

If anyone still believed that Chile could escape the financial crisis that has gripped the world since late 2008, Michelle Bachelet’s televised address to the nation in the first week of this year must surely have changed their minds.

“The world economic outlook has changed dramatically,” she said. “International financial markets are shaking like almost never before. The developed countries are already in recession. The prices of copper and oil have hit the floor in just a few weeks... We have to act and act now. Tackling this international crisis will be my government’s priority this year.”

Days later, at a breakfast for foreign correspondents, Finance Minister Andrés Velasco also warned of the difficulties ahead. “This is going to be the worst year for the world economy in decades,” he said.

But Chile is not without ammunition. Thanks to an anti-cyclical fiscal policy in force since 2001, it can afford to spend - and even run a substantial budget deficit - without upsetting the macroeconomic applecart.

Over the last two years, it has used record copper revenues to save US$ 20.2 billion - or 12% of GDP - in a sovereign wealth fund, the Economic and Social Stabilization Fund (FEES), designed precisely to fall back on in times like the present. As well as making Chile a net sovereign creditor, this means that, unlike so many other countries that are trying to spend their way out of the crisis on borrowed money - or, in the case of Argentina, by raiding private pension funds - it can do so without compromising its longer-term growth prospects.

In early January, the government unveiled a US$4-billion package of fiscal measures to stimulate the local economy. It is extremely comprehensive, offering help to everyone from house buyers and small businesses to unemployed teenagers and the state-owned copper giant Codelco.

The Central Bank is helping too. In February, it slashed its benchmark interest rate by 250 basis points to 4.75% and further cuts are expected, perhaps to 3% which, as inflation drops sharply, would be equivalent to around 0% in real terms.

But the crisis is clearly biting. In a recent survey by local pollsters Opina, published in El Mercurio newspaper, only 52% said they had been affected so far, but 65% acknowledged they had cut down on personal expenditure, with food and clothes as the biggest casualties.

“You can see the impact of the crisis on the shop floor,” says Alejandra Riveros, who works in the personnel department of one of Chile’s biggest department store chains. “There are lots of special offers at the moment but there aren’t many customers taking advantage of them.”

So are the authorities doing enough? Are their measures hitting the right spots and are they being implemented promptly and efficiently enough? If the crisis gets worse, what more could the government, the Central Bank and Chile’s business community do to stop the economy sliding into an abyss?

Not so modest

Compared to the multi-billion dollar fiscal stimulus packages announced by the United States and in Europe, Chile’s US$ 4-billion plan looks modest. But it actually represents 2.8% of GDP, a higher percentage than in many larger countries.

The government hopes and expects the package to add a full percentage point to GDP in 2009, contributing to a growth rate of between 2% and 3%. Many economists are skeptical, however, and fear that Chile might slip into recession this year for the first time since the Asian crisis of the late 1990s.

Indeed, if GDP growth is measured quarter-on-quarter - as is the usual practice in industrialized countries - rather than over the same quarter of the previous year - as in Chile - Chile may already be in recession. Preliminary figures from the Central Bank show a 0.1% contraction between the second and third quarters of the last year and, ahead of the publication of official figures, analysts expect to see a larger dip in the last quarter.

Jobs are a key concern, not only socially and economically but - with the next presidential election due in December - politically. By January, unemployment had reached 8.0%, up from 7.2% a year earlier, and in recent weeks, there have been almost daily reports of lay-offs, particularly in the mining, construction and retail sectors.

And even where there haven’t been lay-offs, employees are feeling the pinch. Riveros reports that, at her department store chain, employees have had to take a cut in working hours and a proportional cut in pay. Those who were working 45 hours a week are now working 40, she says, while those who were on 30 are down to 25.

That is why, as part of the stimulus plan, the government vowed to spend US$ 700 million on infrastructure projects, in addition to the US$ 7 billion earmarked in the 2009 budget. It is also one reason why the World Bank has drawn attention to the plan as a good example of a well-focused fiscal strategy (see article on pg. 24).

Public works projects take a notoriously long time to implement but, as well as US$ 300 million for building new homes, the government has earmarked US$ 200 million for roads on which maintenance work can, it hopes, start almost immediately.

In addition, recognizing that young people are particularly vulnerable, it has agreed to subsidize the salaries of around 300,000 low-income workers between the ages of 18 and 24. That will come as some relief to 18-24 year-olds, who are almost three times more likely to be unemployed than the average Chilean worker.

But, according to Cristián Gardeweg, an economist at Celfin Capital, a local investment bank, some of the plan’s most important measures are the new incentives it provides for training. “The employment and training measures are difficult to implement but if they’re implemented well, they will help a lot in minimizing the impact of the crisis,” he says, “and, just as importantly, they’ll help us emerge from the crisis in a stronger position, particularly the training incentives.”

Small businesses

Chile’s small and mid-sized businesses (PYMEs) create the vast majority of the country’s jobs and are likely to bear the brunt of the crisis. So, even before January, the government was taking steps to protect them.

In November, it announced it was tripling the size of its small business loan guarantee fund (FOGAPE). It has also made more credit available through CORFO, its economic development agency, and, in a bid to give small businesses a cash-flow boost, has reduced the provisional monthly payments (PPMs) they have to make on account of their year-end tax bill.

Inevitably, PYMEs would like more. Iván Vuskovic, president of CONAPYME, an association that represents some 500,000 small businesses, argues that, for some, PPMs represent only around 1% of their total income.

The measure is “like all the measures announced by the government so far - it’s fine but it’s no more than a palliative,” he says.

The crisis has already started to hit the nation’s shopkeepers, taxi drivers, truckers, restaurant owners and the hundreds of manufacturers at the grassroots of the Chilean economy, says Vuskovic. “It’s not that we’ve seen many bankruptcies - at least not yet - but people have certainly started restructuring their businesses and unfortunately that’s often involved laying people off.”

CONAPYME’s main gripe, however, is not with the government but with the Chilean banking system. Local banks, it argues, are geared towards lending only to the big companies at the expense of the little guys.

It is not alone in criticizing the banks. Indeed, just about everyone has blamed them in recent months for exacerbating the downturn by restricting credit, thus strangling economic activity.

The Central Bank’s latest quarterly survey of credit conditions in Chile, published in January, does indeed show that banks have become more cautious lenders, with more than 85% reporting that they tightened commercial credit requirements in the last quarter of 2008. Indeed, according to the Superintendency of Banks, the industry regulator, total banking lending contracted slightly in December and January but, then, so too did demand for credit.

Getting the money moving

One aspect of the January fiscal package that has been particularly praised is the fact that it included direct support for the country’s poorest families. During March - a traditionally costly month for Chileans when children need new uniforms and textbooks at the start of the school year - they will receive a one-off payment of 40,000 pesos (some US$ 66).

Worth a total of some US$ 224 million, these grants will help not only the families but also businesses. Precisely because the families are poor, they are likely to plough most of the money straight back into the economy, rather than saving it.

As well as cutting interest rates, the Central Bank has also been injecting cash into the economy by auctioning dollars and through other measures. And, like the government, it can afford to do so, with international reserves that, as of early February, were running at US$ 23.4 billion (over 13% of GDP).

But that liquidity will serve little purpose if it is not put to work in the form of lending. And that is at the root of criticism of the banks.

The issue has proved divisive. On the one hand, the banks say they have to protect their business - and indeed the entire economy - by acting soberly, while on the other hand the government and Chilean businesses are urging them to relax their rules to help reinvigorate the economy.

Finance Minister Velasco has been particularly insistent in his calls for greater bank cooperation. “It’s one thing to act with wisdom and prudence; that’s what we all want,” he said in January, “but it’s quite another to create situations which can lead to self-fulfilling prophecies.”

In their defense, the banks point out that it was irresponsible lending that got the world into this mess in the first place. Moreover, they add, Chile’s well-capitalized banking system is one of its key strengths in the face of the crisis.

“I much prefer the cautious attitude of the Chilean banks,” says Hernán Somerville, president of the Association of Banks and Financial Institutions (ABIF). “We had our own in-house experience of a banking crisis in the early 1980s and it’s not something I would like to live through again.”

Somerville says, however, that he understands Velasco’s concerns. “He’s a government minister and to be honest if I were in his shoes I’d probably be saying the same thing,” he acknowledges.

“It’s going to be a difficult year, without doubt, but I’m still confident,” he says. And so too, relatively speaking, are most economists.

It may be tough, they say, but, thanks to Chile’s sound policies, it will less tough than in other Latin American and, indeed, industrialized countries. And, even if the international crisis deepens or lengthens, there is still plenty of that fiscal ammunition left.

True, some measures, like infrastructure investment, might not be as feasible or effective a second time round. But the fact is that, with the January package, Chile will only have spent a fifth of its savings - and there are not many countries that can say that.

The Measures

The main measures taken by the Chilean government since November to alleviate the local impact of the global crisis:

· Increasing the assets of the small business loan guarantee fund (FOGAPE) to US$ 200 million. Broadening the fund’s scope so it can be used to underwrite loans to larger companies. Cost: US$ 130 million.

· Capital increase at BancoEstado, the state bank. Cost: US$ 500 million.

· Establishment of a copper price stabilization fund for small mining companies. Cost over first 18 months: US$ 18 million.

· Extra spending on infrastructure projects, including US$300 million for new homes and US$200 million to improve roads. Total cost: US$ 700 million.

· One-off payment of 40,000 pesos to 1.7 million of Chile’s poorest families. Cost: US$ 224 million.

· Waiver of stamp duties on loans during 2009 and their reduction by 50% in the first half of 2010. Cost in 2009: US$ 628 million.

· Subsidy of salaries for an estimated 300,000 low-income workers between the ages of 18 and 24. Cost: US$102 million.

· Subsidies and incentives to boost company training. Cost in 2009: US$ 147 million.

· Reduction in size of companies’ provisional monthly tax payments (PPMs), by 15% for PYMEs and 7% for larger companies. Cost in 2009: US$ 460 million.

· Cash injection for the Common Municipal Fund, to be distributed among Chile’s poorer municipalities. Cost: US$ 41 million.

· Capitalization of Codelco. Cost: US$ 1 billion.· Extra cash for CORFO’s factoring credit line. Cost: US$ 50 million.


Gideon Long is a freelance journalist based in Santiago. He also works for the BBC.