[:es]El reto de regular la migración[:en]The challenge of regulating immigration[:]
04 Julio 2017
[:es]
La inmigración a Chile se ha quintuplicado en los últimos 35 años, pero todavía es necesario el desarrollo de una legislación que facilite la inserción de extranjeros en el país, más aún al considerar su relevante aporte a la economía, el consumo y en áreas especializadas. Actualmente, el gobierno está elaborando una nueva propuesta, a la vez que las empresas se enfrentan al desafío de incorporar normas para la contratación de la fuerza laboral foránea.
Por María Akbulyakova
No solo los países de Europa están enfrentando olas de inmigrantes que llegan en búsqueda de protección y de una vida mejor. En las últimas décadas, Chile -con su fuerte crecimiento económico y nuevas oportunidades laborales- se ha convertido en un centro de atracción, sobre todo para la región latinoamericana. Y mientras que las autoridades están definiendo una nueva política migratoria, el sector empresarial exige soluciones urgentes para abordar las oportunidades laborales que esta representa.
Entre los años 1982 y 2015, según la encuesta Casen, la cifra de inmigrantes residentes en el país se quintuplicó, llegando desde 83 mil a 465 mil personas. Es más, Ricardo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, asegura que el reciente Censo -cuyos resultados se publicarán en 2018-, elevará el número hasta 600-700 mil, ya que incluirá a los extranjeros con permanencia temporal.
A la vez, cerca de la mitad de los foráneos que actualmente residen en territorio nacional llegaron después de 2010. Mientras tanto, Chile todavía se rige por el Decreto Ley Nº 1.094 de Extranjería del año 1975 que “estructura la relación con inmigración en la lógica de amenaza y control que termina precarizando las condiciones de integración para la población extranjera”, afirma Sandoval.
Y eso que Chile, como cualquier estado e incluso más, necesita inmigrantes para el desarrollo económico, demográfico y cultural: todavía muy por debajo del promedio mundial, ya que los extranjeros representan apenas 2,7% de la población, comparado con el 5,1% de Argentina y el promedio de 11,3% en los países desarrollados, según la ONU.
Extranjeros, ¿quiénes son?
La inmigración en el país tiene un fuerte componente sudamericano, con Perú (30%), Colombia (13,6%), Argentina (12%) y Bolivia (10%) encabezando la lista. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado significativamente el flujo de extranjeros desde Centroamérica (Haití, República Dominicana, Cuba) y Venezuela.
La mayoría de los inmigrantes predeciblemente vienen aquí por motivos laborales, con más de 60% en edad de entre 20 y 50 años. Y les va bien: tienen un promedio más alto que los chilenos en ocupación (72,4% comparado con 53,4%) y sueldo ($585.000 versus $456.000). Sin embargo, tanto los recien llegados como las empresas chilenas se encuentran con trabas en su contratación, como visas con limitantes, cuotas para la inserción y problemas con reconocimiento del título profesional.
Legislación en curso
Así, la visa sujeta a contrato -la única laboral hasta hace poco- pone recargos extra al empleador, exigiéndole a pagar el pasaje de vuelta, y limita el tiempo de visa a la vigencia del contrato.
En 2013, el entonces presidente Sebastián Piñera presentó al Congreso un proyecto de ley de migraciones que ampliaba la variedad de visas, pero con la llegada del nuevo gobierno éste quedó congelado y la administración se comprometió a presentar su propio documento, el que quedó agendado para principios de este año. Sin embargo, el documento todavía está en “evaluación financiera”, señalaron en el Ministerio del Interior, sin revelar más detalles. En su reciente cuenta pública, la presidenta Bachelet postergó la fecha para el segundo semestre del 2017.
Para aliviar la situación laboral, en el año 2015 el gobierno introdujo una visa temporaria por motivos laborales, que no tiene las limitaciones de la sujeta a contrato. “Hemos hecho lo que llamamos el ´mientras tanto´. Es decir, mientras no está la ley, hacemos una serie de medidas administrativas, visa temporaria por motivos laborales, de unión civil, modificaciones en tema de acceso a la vivienda, salud y educación, justicia”, explica Sandoval.
Voces críticas
A pesar de los cambios, ahora Chile no cumple la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares que suscribió en 2005, afirma Tatiana Albuja, fundadora del Movimiento de Acción Migrante. Aparte de fijar la igualdad de derechos y deberes de los trabajadores nacionales y extranjeros, el acuerdo establece ocho categorías de visas laborales, como del trabajador por cuenta propia, por temporada, fronterizo y por contrato de prestación de servicios, entre otros.
El sector de comercio y servicios es donde más se desempeñan los inmigrantes: las tiendas, hoteles y restaurantes emplean a un tercio de los residentes extranjeros, 58 mil personas, comenta Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. La ley actual “claramente no está dando cuenta de las complejidades ni de la envergadura que contempla el proceso migratorio que estamos viviendo como país”, asegura.
El tema resulta particularmente importante también para el sector de la agricultura -uno de los más populares entre los migrantes-, que tiene gran cantidad de trabajos de corto tiempo. Es necesario “para temporeros de agricultura tener algún sistema de visa de trabajo por un tiempo definido (como en Israel, Nueva Zelanda)”, afirma Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ahora el contrato que se hace es por faena (de 20-30 días) o por un período determinado, complicando la obtención de la visa.
Mientras tanto, con la variedad de estas normas no basta. “Ahora hay 90 días para encontrar el trabajo, y siendo turista uno no puede trabajar. No entienden el círculo vicioso que se genera: si quieres trabajar, muéstrame tu carnet – si me hace un contrato, podré solicitarlo. Eso genera un vacío enorme”, explica Víctor Hugo Lagos, responsable del programa de atención jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, la organización que ayuda extranjeros a regularizar su situación en el país y a encontrar trabajo. Una posible solución puede ser un permiso laboral amplio que no sea condicionado a un contrato o una promesa de este, como exige la ley actualmente, agrega el experto.
¿Cuotar o no cuotar?
Mientras tanto, para el sector empresarial el mayor problema de la legislación existente es la cuota de 15% de mano de obra inmigrante permitida para contratar por el Código de Trabajo. Ésta tiene varias excepciones (compañías de menos de 25 trabajadores, extranjeros-cónyuges de chilenos y profesionales técnicos, entre otras) que hacen que, según el jefe de Extranjería, “prácticamente no funcione”. Su cambio, adelanta, no fue previsto en la propuesta técnica que el Departamento mandó al Ministerio del Interior para la elaboración del proyecto, pero será un tema de discusión en el Congreso. Así, por ejemplo, podría incorporarse en el reglamento de la nueva ley.
Sin embargo, el sector empresarial tiene una opinión distinta respecto de su importancia. A pesar de que el porcentaje total de inmigrantes en la fuerza de trabajo está por debajo de 3%, algunos sectores con fuerte presencia de inmigrantes -como construcción, agricultura y comercio- consideran 15% como un obstáculo para su desarrollo.
Agricultura, por ejemplo, usa el sistema de contratistas para poder cumplir con la cuota. “Son personas que andan con un grupo de trabajadores y ofrecen un servicio de labores o faenas determinado. El servicio lo hace el contratista y no es nuestra obligación como empleadores exigir que se cumplan este 15%, a pesar de que ahora la mayoría lo cumple”, afirma Ariztía.
En el sector de construcción -donde trabajan más de 11% de inmigrantes residentes en Chile- su tasa en la fuerza laboral es de 3,5%, señala el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado. Sin embargo, admite que algunas empresas ya han llegado al límite. “La cuota de 15% de migrantes es bastante absurda, porque si uno deja entrar al país a una persona que está buscando trabajo, no tiene ningún sentido limitarlo después para hacerlo”, afirma.
Además, favorece la informalidad. A pesar de ser baja (16%), según la Dirección de Trabajo, las denuncias por los extranjeros por vulnerar la normativa laboral han pasado de un poco más de 1.000 en 2014 a más de 900 en lo que va del 2017.
Importancia para el mercado laboral
El aporte de inmigración para el mercado laboral chileno puede ser crucial en los años que vienen. Según un estudio de la fundación Avanza Chile, solo 35% de los cupos laborales que se van a liberar en los próximos 10 años van a alcanzar a ser cubiertos por la mano de obra nacional, la pregunta es “¿quién va a trabajar en el resto para poder financiar el fisco?”, se pregunta el jefe de Extranjería.
Según Manuel Agosin, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ahora “hay escases de la mano de obra en algunas tareas que los chilenos ya no quieren hacer, de baja calificación. Uno lo ve en centros comerciales, supermercados, la gente que limpia son haitianos porque los chilenos no están disponibles”, admite.
En tanto, los inmigrantes residentes cuentan con un promedio más alto de estudios que un chileno (12,6 años comparado con 11 años). La complicación que enfrentan es la revalidación del título profesional: mientras que los venezolanos lo logran con facilidad, los haitianos –muchos de los cuales tienen educación superior- no pueden hacerlo por falta de un acuerdo bilateral, explica Lagos. Además, la única institución que se encarga del proceso es la Universidad de Chile que tiene capacidades limitadas para el gran flujo de extranjeros que llega al país.
Según un estudio de académicos de la Universidad Católica (entre 580 extranjeros), solo 13% de los migrantes lograron convalidar sus títulos, por lo cual menos de 30% trabajan en su rubro. “Hay mucho espacio para trabajadores calificados, en educación y necesitamos más médicos”, advierte Agosin. “Chile tiene un déficit de capital humano vinculado a las tecnologías de información y conocimiento de 4.000 personas al año”, agrega Sandoval.
Aporte demográfico
Los inmigrantes pueden apoyar a nuestro país no solo en términos laborales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELADE), para el año 2050 Chile será el segundo país de la región con mayor porcentaje de la población igual o mayor a los 60 años (30,6%) tras Cuba (38,4%) y el primero en expectativa de vida, que alcanzaría 87,9 años. Dicho resultado dejará a nuestro país en el club de “economías envejecidas”, cuando los recursos económicos consumidos por las personas mayores excederán los consumidos por los niños y jóvenes.
“Además, un alto porcentaje de personas que se están jubilando lo están haciendo con pensiones inferiores al ingreso mínimo, eso significa que nuestra tasa de dependencia, es decir, la cantidad de personas que van a depender del fisco para poder cumplir las necesidades básicas, va a ser cada vez mayor”, advierte Sandoval.
Mientras tanto, las mujeres chilenas tienen cada vez menos hijos: en 2014, según el Banco Mundial, la tasa de natalidad en Chile fue de 1,76 hijos por mujer comparado con 5,1 en 1960. Por lo contrario, sus compatriotas de Perú y Bolivia, por ejemplo, superan la cifra de 2,1, necesaria para la reproducción de la población, con 2,5 y 2,9 respectivamente.
“Eso es el punto, Chile necesita migración, no es solo el tema de cupos de trabajo, sino que la economía demanda consumo. Si cada vez somos menos, ¿quién va a consumir en este país?”, pregunta Sandoval.
Hay amplio consenso en que el país requiere mano de obra calificada o no calificada para suplir la escasez de industrias como salud, educación y tecnología, y que necesita ampliar el volumen de personas jóvenes para contrarrestar los efectos del envejecimiento de la población. El reto es avanzar en una ley de migración, acorde a los tiempos, y que resguarde los derechos de esta nueva ciudadanía, cada vez más creciente.
Recuadro: Apoyo a los trabajadores
La gerente de recursos humanos de Walmart Chile, Mónica Tobar, señala que la empresa cuenta con 1.820 trabajadores de 38 nacionalidades distintas. Por ello, en 2009 crearon el área de Movilidad Global que entrega soporte a los inmigrantes en diversos temas. Por ejemplo, en la realización de trámites de residencia e inserción social y en la inscripción de sus hijos en el colegio. “También nos preocupa la barrera idiomática, por ejemplo, en el caso de los haitianos a los que apoyamos generando nexos con instituciones que les imparten clases de español. Además, estamos impulsando que los contratos estén escritos en español y francés, para que entiendan claramente sus derechos y deberes”, afirma Tobar. La ejecutiva agrega que uno de los pilares de Walmart en el mundo es la diversidad y la inclusión, y que Chile no es la excepción.
“Contar con equipos diversos y un ambiente de trabajo inclusivo es una ventaja competitiva, ya que nos permite ser más creativos”, afirma.[:en]
Immigration to Chile has increased fivefold over the last 35 years. Nevertheless, suitable legislation that facilitates the integration of migrant arrivals into Chilean society remains pending, especially considering the significant contribution of immigrants to the national economy, consumption and a wide range of other areas. Currently, the government is drafting a new immigration bill, while businesses are facing the challenge of incorporating appropriate standards related to the recruitment of foreign employees.
By María Akbulyakova
It is not only European nations that are currently receiving large numbers of migrants in search of safety and a better quality of life. In recent decades, Chile, with its strong economic growth and new possibilities in the labor market, has become a highly attractive migrant destination, particularly within the Latin American region. And while authorities are devising a new immigration policy, the business sector is demanding urgent solutions in response to the employment opportunities arising as a result of this trend.
Between 1982 and 2015, the nationwide socioeconomic CASEN survey shows that the number of immigrants resident in Chile has risen fivefold, from 83,000 to 465,000. Moreover, Ricardo Sandoval, the National Head of the Department of Immigration and Migration, which falls under the remit of the Ministry of the Interior, explains that following the national census of April 2017 this figure will rise to between 600,000 and 700,000, largely because the overall number will also include non-Chileans with temporary-residence status. The results of the census will be published in 2018.
Similarly, almost half of all foreign residents in Chile arrived after 2010. To date, Legal Decree 1,094, which was passed in 1975 to regulate immigration matters, remains in force. Sandoval explains that this Decree “structures the relationship with immigration under the logic of threat and control, which ends up making the conditions for integrating non-Chileans into society highly precarious”.
Chile, just like a number of other countries, and perhaps even more so, needs immigration in order to secure its economic, demographic and cultural development. Levels of immigration in the country are far below the global average, representing just 2.7% of the general population. This compares to 5.1% in Argentina and an average of 11.3% in developed countries, according to the United Nations.
The foreign arrivals: where do they come from exactly?
Immigration to Chile is distinctly South American in composition, with Peru (30%), Colombia (13.6%), Argentina (12%) and Bolivia (10%) topping the list of countries of origin. However, in recent years the arrival of foreigners from Central America (Haiti, the Dominican Republic and Cuba) as well as Venezuela has increased significantly.
The majority of migrants are arriving in search of employment opportunities, with almost 60% aged between 20 and 50 years old. And their efforts are paying off: they enjoy a higher employment rate than Chileans (72.4% compared to 53.4%) and a higher average monthly wage (CLP$585,000 versus CLP$456,000). However, both recent migrant arrivals as well as Chilean businesses are facing distinct obstacles in terms of job recruitment, largely due to the granting of limited visas, workplace quotas and problems related to degree recognition.
Draft legislation in progress
Accordingly, the ‘visa subject to a contract’, which was the only available work visa until recently, places additional responsibilities on the employer, including having to pay for the return ticket of the migrant and limiting the visa to the duration of the employment contract.
In 2013, then-president Sebastián Piñera introduced a migration bill to Congress which sought to expand the variety of visas available. However, following the change of government in 2014, the progress of this bill stalled and the incumbent administration has committed to introducing its own draft legislation.
The bill currently being devised was originally planned for the beginning of 2017. However, the Ministry of Interior has disclosed that this bill remains in the “financial evaluation” stage, without having provided any further information. During her recent public address to the nation, President Bachelet postponed the date on which this bill will be submitted to Congress until the second half of the year.
To ease the labor situation, in 2015 the government introduced a new type of temporary work visa which is not subject to conditions related to an employment contract. “We have created a kind of ‘stopgap’ solution”, explains Sandoval. “While there is no (new) legislation in place, we have taken a series of administrative measures such as a temporary work visa, a civil union, modifications to access to housing, health and education, justice, and so on”.
Critical voices
Despite such modifications, Chile is currently in noncompliance with the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, which it ratified in 2005, says Tatiana Albuja, founder of the Movimiento de Acción Migrante (Migrant Action Movement). In addition to enshrining the equality of rights and duties of national and migrant workers, the Convention also establishes eight categories of work visa, including for self-employment, seasonal labor, frontier workers and project-tied work positions, among others.
In Chile, the trade and services sector is that in which the largest number of migrant workers are employed. As Manuel Melero, President of the Chilean National Chamber of Commerce, Services and Tourism notes, stores, hotels and restaurants employ approximately 58,000 migrant workers. More generally, he adds that current legislation “is clearly not accounting for the complexities or magnitude of the migration process underway in Chile”.
This issue is also particularly significant for the agriculture sector, which is one of the most sought after in terms of migrant jobs and in which there are a large number of short-term posts. It is necessary “for temporary agricultural workers to have some kind of work visa for a specific period of time (as happens in places such as Israel and New Zealand)”, argues Ricardo Ariztía, President of the National Agriculture Society. At present, employees are provided with a short-term contract (of 20 to 30 days) or another pre-determined period, which makes it difficult for them to obtain a visa.
In the meantime, the variety of the regulations in play continues to grow. “Now, a migrant has 90 days to find a job because they are not permitted to work on a tourist visa. Nobody fully grasps the vicious circle that this creates: if a migrant wants to work they have to show their Chilean ID card, but in order to apply for an ID card, they need a contract from an employer. This creates a large vacuum”, says Víctor Hugo Lagos, who is responsible for the legal assistance program at the Servicio Jesuita a Migrantes, an organization which assists foreigners gain the required authorization to live and work in Chile. One possible solution, he adds, would be to grant more general work visas that are not tied solely to one contract or promise thereof, as is the current situation.
Quotas
Regarding the business sector, one of the major challenges of existing legislation is the quota system that stipulates that only a maximum of 15% of the workforce is allowed to be of migrant, as framed under the national Labor Code. There are a number of exceptions to this rule, including companies with less than 25 employees, migrant spouses of Chileans and technical professionals, among others, which according to Ricardo Sandoval means the legislation “does not work in reality”. The Head of the Department of Immigration and Migration explains that no change to this quota was included in the technical proposal submitted by the agency to the Ministry of Interior in order to draft the bill. However, he believes that it will form part of discussions in Congress and, therefore, could be included within the new legislation.
Nevertheless, the business sector is certain of the important role played by this quota. Although the overall total rate of migrant labor in the Chilean workforce is below 3%, certain sectors with a strong contingent of migrant labor, such as construction, agriculture and commerce, contend that the 15% quota acts as a serious obstacle to their further development.
Agriculture, for example, utilizes a system of contractors in order to meet this quota. “The contractors are individuals who accompany a group of workers and offer specific work-related services. The service is provided by the contractor and we, as employers, are not obligated to demand that the 15% is met, despite the fact that nowadays it nearly always is”, states Ariztía.
In the construction sector, which employs over 11% of all migrants resident in Chile, the overall rate of migrant labor is 3.5%, according to Javier Hurtado, Director of Research at the Chilean Chamber of Construction. However, he admits that certain businesses have reached the limit. “The migrant quota of 15% is absurd because if a person looking for work is allowed to enter the country, there is no reason to subsequently limit them in their ability to do so”, he stresses.
Moreover, this condition favors informality in the labor market. Despite being low (16%), according to the Direction of Labor, migrant reports of violations of employment regulation has gone from just over 1,000 in 2014 to more than 900 in just the first half of 2017.
A significant role in the labor market
The contribution of immigration to the Chilean labor market is likely to be crucial over the coming years. According to a study compiled by the Avanza Chile foundation, only 35% of all employment posts due to emerge over the next decade will be filled by Chilean manual labor. Therefore, the question according to Ricardo Sandoval is, “who is going to come and fill the rest of these positions to be able to finance the State’s tax revenue?”
Manuel Agosin, Dean of the Faculty of Economics and Business at the Universidad de Chile, believes “there is a shortage in the workforce in certain areas of work that Chileans no longer want to do, that are unskilled in nature. You can see it in places like shopping centers and supermarkets, where the cleaners are Haitian because Chileans are now unavailable for such work”.
Furthermore, migrants resident in Chile have, on average, a higher education level than locals: 12.6 years of study for the former compared to 11 for the latter. However, the complication in this regard relates to the process of validating their professional qualifications in Chile. Whereas this process is straightforward for Venezuelans, it is more complex for Haitians, many of whom have a college degree. This is because there is no bilateral treaty between Chile and Haiti which governs this particular aspect, explains Víctor Hugo Lagos. In addition, the sole institution with the powers to oversee this validation process is the Universidad de Chile, which has a limited ability to respond to the increasing numbers of migrants entering the country.
According to research conducted by a group of academics from the Universidad Católica, from a sample of 580 foreign migrants only 13% were able to validate their degrees, meaning that fewer than 30% work in their specialist area. “There is ample space for qualified workers, in education for example, and we need more doctors” warns Manuel Agosin. Additionally, “Chile is facing a human capital deficit of 4,000 people a year in terms of information technology and related knowledge”, adds Ricardo Sandoval.
The demographic contribution
Foreign migrants offer Chile far more than simply employment. According to the United Nations’ Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), by 2050 Chile will have the highest rate of persons aged 60 or over (30.6%) in the region, second only to Cuba (38.4%), as well as the highest life expectancy, which is projected to reach 87.9 years old. These statistics will place Chile in the club of ‘aging economies’, which means that national economic resources are consumed at a greater rate by older persons than by children and younger persons.
“In addition, a high percentage of people retiring (in the country) are doing so with pensions lower than the minimum wage. This means that Chile’s dependency rate, which is the number of persons who will be dependent on the government to be able to fulfil their basic needs, will increase over time”, warns Sandoval.
Moreover, Chilean women are having increasingly fewer children: in 2014, the World Bank recorded the birth rate in Chile at 1.76 children per woman, compared to 5.1 in 1960. On the contrary, the birth rates in the neighboring countries of Peru and Bolivia are 2.5 and 2.9, respectively. Both rates exceed the figure of 2.1 which is widely accepted as necessary for successful population reproduction.
“That is the key point: Chile needs migration. It is not only about jobs but also that the economy demands consumption. If the population simply shrinks, who will do the consuming in the country?” asks Sandoval.
There is widespread consensus that Chile requires skilled and unskilled labor to fill the shortage of personnel in industries such as health, education and technology, and that there needs to be an increase in the number of young persons to counter the effects of an aging population. The challenge is to make progress towards migration legislation, according to Chile`s actual needs, and that safeguards the rights of the inmigrants in the country, witch number increases daily.
Text Box: Worker support
Mónica Tobar, Vice President of Human Resources at Walmart Chile, explains that the company employs 1,820 workers from 38 different nationalities. Because of this international composition, the Global Mobility department was created in 2009 to provide support to migrants across numerous areas, for example, in the process of applying for residency, searching for employment and enrolling their children in local schools. “We also focus on the language barrier, such as assisting Haitians by building links with institutions that provide them with Spanish classes. We are also pushing for our contracts to be written in Spanish and French in order to facilitate clear understanding of all rights and responsibilities”, states Tobar.
She adds that one of the worldwide key pillars of Walmart, is to promote diversity and inclusion, and Chile is no exception in this regard. “Having diverse work teams and an inclusive working environment is a competitive advantage as it helps us to be far more creative”, she concludes.[:]
La inmigración a Chile se ha quintuplicado en los últimos 35 años, pero todavía es necesario el desarrollo de una legislación que facilite la inserción de extranjeros en el país, más aún al considerar su relevante aporte a la economía, el consumo y en áreas especializadas. Actualmente, el gobierno está elaborando una nueva propuesta, a la vez que las empresas se enfrentan al desafío de incorporar normas para la contratación de la fuerza laboral foránea.
Por María Akbulyakova
No solo los países de Europa están enfrentando olas de inmigrantes que llegan en búsqueda de protección y de una vida mejor. En las últimas décadas, Chile -con su fuerte crecimiento económico y nuevas oportunidades laborales- se ha convertido en un centro de atracción, sobre todo para la región latinoamericana. Y mientras que las autoridades están definiendo una nueva política migratoria, el sector empresarial exige soluciones urgentes para abordar las oportunidades laborales que esta representa.
Entre los años 1982 y 2015, según la encuesta Casen, la cifra de inmigrantes residentes en el país se quintuplicó, llegando desde 83 mil a 465 mil personas. Es más, Ricardo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, asegura que el reciente Censo -cuyos resultados se publicarán en 2018-, elevará el número hasta 600-700 mil, ya que incluirá a los extranjeros con permanencia temporal.
A la vez, cerca de la mitad de los foráneos que actualmente residen en territorio nacional llegaron después de 2010. Mientras tanto, Chile todavía se rige por el Decreto Ley Nº 1.094 de Extranjería del año 1975 que “estructura la relación con inmigración en la lógica de amenaza y control que termina precarizando las condiciones de integración para la población extranjera”, afirma Sandoval.
Y eso que Chile, como cualquier estado e incluso más, necesita inmigrantes para el desarrollo económico, demográfico y cultural: todavía muy por debajo del promedio mundial, ya que los extranjeros representan apenas 2,7% de la población, comparado con el 5,1% de Argentina y el promedio de 11,3% en los países desarrollados, según la ONU.
Extranjeros, ¿quiénes son?
La inmigración en el país tiene un fuerte componente sudamericano, con Perú (30%), Colombia (13,6%), Argentina (12%) y Bolivia (10%) encabezando la lista. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado significativamente el flujo de extranjeros desde Centroamérica (Haití, República Dominicana, Cuba) y Venezuela.
La mayoría de los inmigrantes predeciblemente vienen aquí por motivos laborales, con más de 60% en edad de entre 20 y 50 años. Y les va bien: tienen un promedio más alto que los chilenos en ocupación (72,4% comparado con 53,4%) y sueldo ($585.000 versus $456.000). Sin embargo, tanto los recien llegados como las empresas chilenas se encuentran con trabas en su contratación, como visas con limitantes, cuotas para la inserción y problemas con reconocimiento del título profesional.
Legislación en curso
Así, la visa sujeta a contrato -la única laboral hasta hace poco- pone recargos extra al empleador, exigiéndole a pagar el pasaje de vuelta, y limita el tiempo de visa a la vigencia del contrato.
En 2013, el entonces presidente Sebastián Piñera presentó al Congreso un proyecto de ley de migraciones que ampliaba la variedad de visas, pero con la llegada del nuevo gobierno éste quedó congelado y la administración se comprometió a presentar su propio documento, el que quedó agendado para principios de este año. Sin embargo, el documento todavía está en “evaluación financiera”, señalaron en el Ministerio del Interior, sin revelar más detalles. En su reciente cuenta pública, la presidenta Bachelet postergó la fecha para el segundo semestre del 2017.
Para aliviar la situación laboral, en el año 2015 el gobierno introdujo una visa temporaria por motivos laborales, que no tiene las limitaciones de la sujeta a contrato. “Hemos hecho lo que llamamos el ´mientras tanto´. Es decir, mientras no está la ley, hacemos una serie de medidas administrativas, visa temporaria por motivos laborales, de unión civil, modificaciones en tema de acceso a la vivienda, salud y educación, justicia”, explica Sandoval.
Voces críticas
A pesar de los cambios, ahora Chile no cumple la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares que suscribió en 2005, afirma Tatiana Albuja, fundadora del Movimiento de Acción Migrante. Aparte de fijar la igualdad de derechos y deberes de los trabajadores nacionales y extranjeros, el acuerdo establece ocho categorías de visas laborales, como del trabajador por cuenta propia, por temporada, fronterizo y por contrato de prestación de servicios, entre otros.
El sector de comercio y servicios es donde más se desempeñan los inmigrantes: las tiendas, hoteles y restaurantes emplean a un tercio de los residentes extranjeros, 58 mil personas, comenta Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. La ley actual “claramente no está dando cuenta de las complejidades ni de la envergadura que contempla el proceso migratorio que estamos viviendo como país”, asegura.
El tema resulta particularmente importante también para el sector de la agricultura -uno de los más populares entre los migrantes-, que tiene gran cantidad de trabajos de corto tiempo. Es necesario “para temporeros de agricultura tener algún sistema de visa de trabajo por un tiempo definido (como en Israel, Nueva Zelanda)”, afirma Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ahora el contrato que se hace es por faena (de 20-30 días) o por un período determinado, complicando la obtención de la visa.
Mientras tanto, con la variedad de estas normas no basta. “Ahora hay 90 días para encontrar el trabajo, y siendo turista uno no puede trabajar. No entienden el círculo vicioso que se genera: si quieres trabajar, muéstrame tu carnet – si me hace un contrato, podré solicitarlo. Eso genera un vacío enorme”, explica Víctor Hugo Lagos, responsable del programa de atención jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, la organización que ayuda extranjeros a regularizar su situación en el país y a encontrar trabajo. Una posible solución puede ser un permiso laboral amplio que no sea condicionado a un contrato o una promesa de este, como exige la ley actualmente, agrega el experto.
¿Cuotar o no cuotar?
Mientras tanto, para el sector empresarial el mayor problema de la legislación existente es la cuota de 15% de mano de obra inmigrante permitida para contratar por el Código de Trabajo. Ésta tiene varias excepciones (compañías de menos de 25 trabajadores, extranjeros-cónyuges de chilenos y profesionales técnicos, entre otras) que hacen que, según el jefe de Extranjería, “prácticamente no funcione”. Su cambio, adelanta, no fue previsto en la propuesta técnica que el Departamento mandó al Ministerio del Interior para la elaboración del proyecto, pero será un tema de discusión en el Congreso. Así, por ejemplo, podría incorporarse en el reglamento de la nueva ley.
Sin embargo, el sector empresarial tiene una opinión distinta respecto de su importancia. A pesar de que el porcentaje total de inmigrantes en la fuerza de trabajo está por debajo de 3%, algunos sectores con fuerte presencia de inmigrantes -como construcción, agricultura y comercio- consideran 15% como un obstáculo para su desarrollo.
Agricultura, por ejemplo, usa el sistema de contratistas para poder cumplir con la cuota. “Son personas que andan con un grupo de trabajadores y ofrecen un servicio de labores o faenas determinado. El servicio lo hace el contratista y no es nuestra obligación como empleadores exigir que se cumplan este 15%, a pesar de que ahora la mayoría lo cumple”, afirma Ariztía.
En el sector de construcción -donde trabajan más de 11% de inmigrantes residentes en Chile- su tasa en la fuerza laboral es de 3,5%, señala el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado. Sin embargo, admite que algunas empresas ya han llegado al límite. “La cuota de 15% de migrantes es bastante absurda, porque si uno deja entrar al país a una persona que está buscando trabajo, no tiene ningún sentido limitarlo después para hacerlo”, afirma.
Además, favorece la informalidad. A pesar de ser baja (16%), según la Dirección de Trabajo, las denuncias por los extranjeros por vulnerar la normativa laboral han pasado de un poco más de 1.000 en 2014 a más de 900 en lo que va del 2017.
Importancia para el mercado laboral
El aporte de inmigración para el mercado laboral chileno puede ser crucial en los años que vienen. Según un estudio de la fundación Avanza Chile, solo 35% de los cupos laborales que se van a liberar en los próximos 10 años van a alcanzar a ser cubiertos por la mano de obra nacional, la pregunta es “¿quién va a trabajar en el resto para poder financiar el fisco?”, se pregunta el jefe de Extranjería.
Según Manuel Agosin, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ahora “hay escases de la mano de obra en algunas tareas que los chilenos ya no quieren hacer, de baja calificación. Uno lo ve en centros comerciales, supermercados, la gente que limpia son haitianos porque los chilenos no están disponibles”, admite.
En tanto, los inmigrantes residentes cuentan con un promedio más alto de estudios que un chileno (12,6 años comparado con 11 años). La complicación que enfrentan es la revalidación del título profesional: mientras que los venezolanos lo logran con facilidad, los haitianos –muchos de los cuales tienen educación superior- no pueden hacerlo por falta de un acuerdo bilateral, explica Lagos. Además, la única institución que se encarga del proceso es la Universidad de Chile que tiene capacidades limitadas para el gran flujo de extranjeros que llega al país.
Según un estudio de académicos de la Universidad Católica (entre 580 extranjeros), solo 13% de los migrantes lograron convalidar sus títulos, por lo cual menos de 30% trabajan en su rubro. “Hay mucho espacio para trabajadores calificados, en educación y necesitamos más médicos”, advierte Agosin. “Chile tiene un déficit de capital humano vinculado a las tecnologías de información y conocimiento de 4.000 personas al año”, agrega Sandoval.
Aporte demográfico
Los inmigrantes pueden apoyar a nuestro país no solo en términos laborales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELADE), para el año 2050 Chile será el segundo país de la región con mayor porcentaje de la población igual o mayor a los 60 años (30,6%) tras Cuba (38,4%) y el primero en expectativa de vida, que alcanzaría 87,9 años. Dicho resultado dejará a nuestro país en el club de “economías envejecidas”, cuando los recursos económicos consumidos por las personas mayores excederán los consumidos por los niños y jóvenes.
“Además, un alto porcentaje de personas que se están jubilando lo están haciendo con pensiones inferiores al ingreso mínimo, eso significa que nuestra tasa de dependencia, es decir, la cantidad de personas que van a depender del fisco para poder cumplir las necesidades básicas, va a ser cada vez mayor”, advierte Sandoval.
Mientras tanto, las mujeres chilenas tienen cada vez menos hijos: en 2014, según el Banco Mundial, la tasa de natalidad en Chile fue de 1,76 hijos por mujer comparado con 5,1 en 1960. Por lo contrario, sus compatriotas de Perú y Bolivia, por ejemplo, superan la cifra de 2,1, necesaria para la reproducción de la población, con 2,5 y 2,9 respectivamente.
“Eso es el punto, Chile necesita migración, no es solo el tema de cupos de trabajo, sino que la economía demanda consumo. Si cada vez somos menos, ¿quién va a consumir en este país?”, pregunta Sandoval.
Hay amplio consenso en que el país requiere mano de obra calificada o no calificada para suplir la escasez de industrias como salud, educación y tecnología, y que necesita ampliar el volumen de personas jóvenes para contrarrestar los efectos del envejecimiento de la población. El reto es avanzar en una ley de migración, acorde a los tiempos, y que resguarde los derechos de esta nueva ciudadanía, cada vez más creciente.
Recuadro: Apoyo a los trabajadores
La gerente de recursos humanos de Walmart Chile, Mónica Tobar, señala que la empresa cuenta con 1.820 trabajadores de 38 nacionalidades distintas. Por ello, en 2009 crearon el área de Movilidad Global que entrega soporte a los inmigrantes en diversos temas. Por ejemplo, en la realización de trámites de residencia e inserción social y en la inscripción de sus hijos en el colegio. “También nos preocupa la barrera idiomática, por ejemplo, en el caso de los haitianos a los que apoyamos generando nexos con instituciones que les imparten clases de español. Además, estamos impulsando que los contratos estén escritos en español y francés, para que entiendan claramente sus derechos y deberes”, afirma Tobar. La ejecutiva agrega que uno de los pilares de Walmart en el mundo es la diversidad y la inclusión, y que Chile no es la excepción.
“Contar con equipos diversos y un ambiente de trabajo inclusivo es una ventaja competitiva, ya que nos permite ser más creativos”, afirma.[:en]
Immigration to Chile has increased fivefold over the last 35 years. Nevertheless, suitable legislation that facilitates the integration of migrant arrivals into Chilean society remains pending, especially considering the significant contribution of immigrants to the national economy, consumption and a wide range of other areas. Currently, the government is drafting a new immigration bill, while businesses are facing the challenge of incorporating appropriate standards related to the recruitment of foreign employees.
By María Akbulyakova
It is not only European nations that are currently receiving large numbers of migrants in search of safety and a better quality of life. In recent decades, Chile, with its strong economic growth and new possibilities in the labor market, has become a highly attractive migrant destination, particularly within the Latin American region. And while authorities are devising a new immigration policy, the business sector is demanding urgent solutions in response to the employment opportunities arising as a result of this trend.
Between 1982 and 2015, the nationwide socioeconomic CASEN survey shows that the number of immigrants resident in Chile has risen fivefold, from 83,000 to 465,000. Moreover, Ricardo Sandoval, the National Head of the Department of Immigration and Migration, which falls under the remit of the Ministry of the Interior, explains that following the national census of April 2017 this figure will rise to between 600,000 and 700,000, largely because the overall number will also include non-Chileans with temporary-residence status. The results of the census will be published in 2018.
Similarly, almost half of all foreign residents in Chile arrived after 2010. To date, Legal Decree 1,094, which was passed in 1975 to regulate immigration matters, remains in force. Sandoval explains that this Decree “structures the relationship with immigration under the logic of threat and control, which ends up making the conditions for integrating non-Chileans into society highly precarious”.
Chile, just like a number of other countries, and perhaps even more so, needs immigration in order to secure its economic, demographic and cultural development. Levels of immigration in the country are far below the global average, representing just 2.7% of the general population. This compares to 5.1% in Argentina and an average of 11.3% in developed countries, according to the United Nations.
The foreign arrivals: where do they come from exactly?
Immigration to Chile is distinctly South American in composition, with Peru (30%), Colombia (13.6%), Argentina (12%) and Bolivia (10%) topping the list of countries of origin. However, in recent years the arrival of foreigners from Central America (Haiti, the Dominican Republic and Cuba) as well as Venezuela has increased significantly.
The majority of migrants are arriving in search of employment opportunities, with almost 60% aged between 20 and 50 years old. And their efforts are paying off: they enjoy a higher employment rate than Chileans (72.4% compared to 53.4%) and a higher average monthly wage (CLP$585,000 versus CLP$456,000). However, both recent migrant arrivals as well as Chilean businesses are facing distinct obstacles in terms of job recruitment, largely due to the granting of limited visas, workplace quotas and problems related to degree recognition.
Draft legislation in progress
Accordingly, the ‘visa subject to a contract’, which was the only available work visa until recently, places additional responsibilities on the employer, including having to pay for the return ticket of the migrant and limiting the visa to the duration of the employment contract.
In 2013, then-president Sebastián Piñera introduced a migration bill to Congress which sought to expand the variety of visas available. However, following the change of government in 2014, the progress of this bill stalled and the incumbent administration has committed to introducing its own draft legislation.
The bill currently being devised was originally planned for the beginning of 2017. However, the Ministry of Interior has disclosed that this bill remains in the “financial evaluation” stage, without having provided any further information. During her recent public address to the nation, President Bachelet postponed the date on which this bill will be submitted to Congress until the second half of the year.
To ease the labor situation, in 2015 the government introduced a new type of temporary work visa which is not subject to conditions related to an employment contract. “We have created a kind of ‘stopgap’ solution”, explains Sandoval. “While there is no (new) legislation in place, we have taken a series of administrative measures such as a temporary work visa, a civil union, modifications to access to housing, health and education, justice, and so on”.
Critical voices
Despite such modifications, Chile is currently in noncompliance with the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, which it ratified in 2005, says Tatiana Albuja, founder of the Movimiento de Acción Migrante (Migrant Action Movement). In addition to enshrining the equality of rights and duties of national and migrant workers, the Convention also establishes eight categories of work visa, including for self-employment, seasonal labor, frontier workers and project-tied work positions, among others.
In Chile, the trade and services sector is that in which the largest number of migrant workers are employed. As Manuel Melero, President of the Chilean National Chamber of Commerce, Services and Tourism notes, stores, hotels and restaurants employ approximately 58,000 migrant workers. More generally, he adds that current legislation “is clearly not accounting for the complexities or magnitude of the migration process underway in Chile”.
This issue is also particularly significant for the agriculture sector, which is one of the most sought after in terms of migrant jobs and in which there are a large number of short-term posts. It is necessary “for temporary agricultural workers to have some kind of work visa for a specific period of time (as happens in places such as Israel and New Zealand)”, argues Ricardo Ariztía, President of the National Agriculture Society. At present, employees are provided with a short-term contract (of 20 to 30 days) or another pre-determined period, which makes it difficult for them to obtain a visa.
In the meantime, the variety of the regulations in play continues to grow. “Now, a migrant has 90 days to find a job because they are not permitted to work on a tourist visa. Nobody fully grasps the vicious circle that this creates: if a migrant wants to work they have to show their Chilean ID card, but in order to apply for an ID card, they need a contract from an employer. This creates a large vacuum”, says Víctor Hugo Lagos, who is responsible for the legal assistance program at the Servicio Jesuita a Migrantes, an organization which assists foreigners gain the required authorization to live and work in Chile. One possible solution, he adds, would be to grant more general work visas that are not tied solely to one contract or promise thereof, as is the current situation.
Quotas
Regarding the business sector, one of the major challenges of existing legislation is the quota system that stipulates that only a maximum of 15% of the workforce is allowed to be of migrant, as framed under the national Labor Code. There are a number of exceptions to this rule, including companies with less than 25 employees, migrant spouses of Chileans and technical professionals, among others, which according to Ricardo Sandoval means the legislation “does not work in reality”. The Head of the Department of Immigration and Migration explains that no change to this quota was included in the technical proposal submitted by the agency to the Ministry of Interior in order to draft the bill. However, he believes that it will form part of discussions in Congress and, therefore, could be included within the new legislation.
Nevertheless, the business sector is certain of the important role played by this quota. Although the overall total rate of migrant labor in the Chilean workforce is below 3%, certain sectors with a strong contingent of migrant labor, such as construction, agriculture and commerce, contend that the 15% quota acts as a serious obstacle to their further development.
Agriculture, for example, utilizes a system of contractors in order to meet this quota. “The contractors are individuals who accompany a group of workers and offer specific work-related services. The service is provided by the contractor and we, as employers, are not obligated to demand that the 15% is met, despite the fact that nowadays it nearly always is”, states Ariztía.
In the construction sector, which employs over 11% of all migrants resident in Chile, the overall rate of migrant labor is 3.5%, according to Javier Hurtado, Director of Research at the Chilean Chamber of Construction. However, he admits that certain businesses have reached the limit. “The migrant quota of 15% is absurd because if a person looking for work is allowed to enter the country, there is no reason to subsequently limit them in their ability to do so”, he stresses.
Moreover, this condition favors informality in the labor market. Despite being low (16%), according to the Direction of Labor, migrant reports of violations of employment regulation has gone from just over 1,000 in 2014 to more than 900 in just the first half of 2017.
A significant role in the labor market
The contribution of immigration to the Chilean labor market is likely to be crucial over the coming years. According to a study compiled by the Avanza Chile foundation, only 35% of all employment posts due to emerge over the next decade will be filled by Chilean manual labor. Therefore, the question according to Ricardo Sandoval is, “who is going to come and fill the rest of these positions to be able to finance the State’s tax revenue?”
Manuel Agosin, Dean of the Faculty of Economics and Business at the Universidad de Chile, believes “there is a shortage in the workforce in certain areas of work that Chileans no longer want to do, that are unskilled in nature. You can see it in places like shopping centers and supermarkets, where the cleaners are Haitian because Chileans are now unavailable for such work”.
Furthermore, migrants resident in Chile have, on average, a higher education level than locals: 12.6 years of study for the former compared to 11 for the latter. However, the complication in this regard relates to the process of validating their professional qualifications in Chile. Whereas this process is straightforward for Venezuelans, it is more complex for Haitians, many of whom have a college degree. This is because there is no bilateral treaty between Chile and Haiti which governs this particular aspect, explains Víctor Hugo Lagos. In addition, the sole institution with the powers to oversee this validation process is the Universidad de Chile, which has a limited ability to respond to the increasing numbers of migrants entering the country.
According to research conducted by a group of academics from the Universidad Católica, from a sample of 580 foreign migrants only 13% were able to validate their degrees, meaning that fewer than 30% work in their specialist area. “There is ample space for qualified workers, in education for example, and we need more doctors” warns Manuel Agosin. Additionally, “Chile is facing a human capital deficit of 4,000 people a year in terms of information technology and related knowledge”, adds Ricardo Sandoval.
The demographic contribution
Foreign migrants offer Chile far more than simply employment. According to the United Nations’ Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), by 2050 Chile will have the highest rate of persons aged 60 or over (30.6%) in the region, second only to Cuba (38.4%), as well as the highest life expectancy, which is projected to reach 87.9 years old. These statistics will place Chile in the club of ‘aging economies’, which means that national economic resources are consumed at a greater rate by older persons than by children and younger persons.
“In addition, a high percentage of people retiring (in the country) are doing so with pensions lower than the minimum wage. This means that Chile’s dependency rate, which is the number of persons who will be dependent on the government to be able to fulfil their basic needs, will increase over time”, warns Sandoval.
Moreover, Chilean women are having increasingly fewer children: in 2014, the World Bank recorded the birth rate in Chile at 1.76 children per woman, compared to 5.1 in 1960. On the contrary, the birth rates in the neighboring countries of Peru and Bolivia are 2.5 and 2.9, respectively. Both rates exceed the figure of 2.1 which is widely accepted as necessary for successful population reproduction.
“That is the key point: Chile needs migration. It is not only about jobs but also that the economy demands consumption. If the population simply shrinks, who will do the consuming in the country?” asks Sandoval.
There is widespread consensus that Chile requires skilled and unskilled labor to fill the shortage of personnel in industries such as health, education and technology, and that there needs to be an increase in the number of young persons to counter the effects of an aging population. The challenge is to make progress towards migration legislation, according to Chile`s actual needs, and that safeguards the rights of the inmigrants in the country, witch number increases daily.
Text Box: Worker support
Mónica Tobar, Vice President of Human Resources at Walmart Chile, explains that the company employs 1,820 workers from 38 different nationalities. Because of this international composition, the Global Mobility department was created in 2009 to provide support to migrants across numerous areas, for example, in the process of applying for residency, searching for employment and enrolling their children in local schools. “We also focus on the language barrier, such as assisting Haitians by building links with institutions that provide them with Spanish classes. We are also pushing for our contracts to be written in Spanish and French in order to facilitate clear understanding of all rights and responsibilities”, states Tobar.
She adds that one of the worldwide key pillars of Walmart, is to promote diversity and inclusion, and Chile is no exception in this regard. “Having diverse work teams and an inclusive working environment is a competitive advantage as it helps us to be far more creative”, she concludes.[:]