El Ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, anunció en marzo un importante recorte fiscal para el Presupuesto 2011, cuyo monto estará entre los US$ 750 millones y los US$ 800 millones, equivalente a un 1,4 por ciento de dicho presupuesto y a un 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Como resultado de este recorte, y de materializarse una inflación promedio del 3,3% como la estimada en la Ley de Presupuestos 2011, el crecimiento real del gasto público para este año sería de un 5,0 por ciento y no de un 6,3 por ciento como lo habría permitido la subejecución del año 2010, donde el gasto real terminó creciendo un 7,0 por ciento versus el 7,8 por ciento contemplado inicialmente por el gobierno.

El recorte presupuestario de 2011 representa un regreso a la responsabilidad fiscal, luego de siete años consecutivos de crecimiento del gasto del Estado a una tasa mayor que el del PIB. En efecto, este año la expansión del PIB real será de casi un 6,0 por ciento y el gasto público, del 5,0 por ciento. Esto es muy positivo pues marca un regreso a la disciplina fiscal, que ha sido uno de los principales atributos de la economía chilena, y además es muy oportuno, pues se hacía muy necesario en la actual coyuntura macroeconómica.

Hay dos razones principales para el anuncio. Primero, al conocerse la ejecución fiscal 2010, la mayoría de los analistas económicos se vieron sorprendidos, ya que reveló un gasto muy superior a lo que se esperaba y además muy concentrado en diciembre, cuando el gasto presupuestario fue un 85,2% mayor a aquel materializado en promedio mensualmente entre abril y noviembre. El gasto público creció casi 2 puntos porcentuales más que el crecimiento del PIB y así el Fisco claramente no tuvo un rol anticíclico en un año de fuerte recuperación del gasto privado en la economía, el que se elevó en un 18,3% frente al 2009.

El mercado interpretó correctamente esto como una señal de que mantener los equilibrios macroeconómicos exigiría un nivel de tipo de cambio nominal más bajo y tasas de interés más elevadas, lo que afectó de manera negativa la competitividad de la economía y su capacidad para lograr un crecimiento alto y sustentable en el mediano plazo.

A comienzos de febrero, incluso antes de que los acontecimientos en Libia hicieran subir los precios del petróleo y consecuentemente generaran temores inflacionarios, Libertad y Desarrollo solicitó una señal de prudencia fiscal y sugirió una cifra para la posible reducción: exactamente US$ 800 millones.

La segunda razón que hace necesario este anuncio de austeridad son los crecientes precios de los combustibles. La baja inflación de febrero (de 0,2 por ciento) fue una buena noticia, porque no reflejó un aumento de relevancia para la inflación de alimentos y confirmó que la inflación subyacente se encontraba bajo control, la que se daba en el contexto de precios semanales de las bencinas con fuertes alzas y precios del petróleo WTI en valores sobre los US$ 105 el barril. Esto llevó a un salto del 3,5 por ciento al 3,8 por ciento de las expectativas inflacionarias a 24 meses de los operadores financieros en la primera quincena de marzo, lo que presionó al gobierno para tomar medidas al respecto.

Ello coincidió con la divulgación de una caída importante del Índice de Percepción Económica de Adimark entre enero y febrero, que al menos en parte se debió a la preocupación de la población por la inflación. La respuesta inmediata del Gobierno no se dejó esperar y, además de señalarse que se tendría “tolerancia cero” con la inflación, se anunció el envío de un proyecto al Congreso con suma urgencia para adelantar la entrada en vigencia del Sistema de Protección ante Variaciones de Precios de Combustibles (SIPCO), que ya se había aprobado en febrero.

Seamos claros. La inflación se encuentra actualmente en un punto de inflexión en Chile. Aún no tenemos un “incendio” declarado en este frente, como sí se vivió a mediados del 2007, cuando la inflación anual subió al 7,8 por ciento, pero igual está ese temor en el inconsciente de las personas. En una economía tan indexada a la inflación como la nuestra, la que además está creciendo aún fuerte y cuyas holguras de capacidad se están cerrando, las expectativas inflacionarias deben manejarse cuidadosamente.

Es por ello que consideramos correcta el alza de 50 puntos base acordada el 17 de marzo por el Banco Central para su Tasa de Política Monetaria (TPM). No era algo esperado por el mercado, en especial luego de los trágicos acontecimientos de Japón, pero era justamente la clara señal que se necesitaba y estableció un verdadero “cortafuegos” para contener las expectativas inflacionarias.

Este incremento fue efectivo en calmar los temores inflacionarios: una reciente encuesta de operadores financieros muestra que las expectativas inflacionarias a 24 meses cayeron del 3,8 por ciento al 3,6 por ciento.

El anuncio de recorte fiscal es otro potente “cortafuegos” contra las expectativas de inflación, que además da un mayor margen de maniobra al Banco Central para sus próximas decisiones respecto a la TPM y favorece que el tipo de cambio, ceteris paribus, pueda mantenerse o verificar un alza.

La decisión del gobierno de ajustarse el cinturón no sólo ayudará al mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, sino que también es coherente con la preocupación que ha mostrado por mejorar la competitividad de la economía, que es clave para tener una tasa de cambio estable y más alta en el largo plazo.

Ricardo Matte es director del Programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo, centro de estudios con sede en Santiago

Chile’s Finance Minister, Felipe Larraín, announced in March an important reduction in the 2011 budget of between US$750 million and US$800 million, equivalent to 1.4 percent of the budget and 0.4 percent of projected Gross Domestic Product (GDP).

As a result, and with an annual average inflation rate of 3.3 percent projected in the 2011 Budget Law, real growth in public spending this year will be 5.0 percent and not 6.3 percent, as would have been permitted by last year’s real public spending increase of 7.0 percent versus the 7.8 percent increase initially contemplated by the government.

The budget cut for 2011 represents a return to fiscal responsibility after seven consecutive years of state spending growing at a higher rate than GDP. In effect, this year real GDP growth will be almost 6.0 percent and public spending 5.0 percent. This is very positive because it signals a return to fiscal discipline, which has been one of the main strengths of the Chilean economy, and the timing is important given the current macroeconomic situation.

There are two main reasons for the announcement. Firstly, most analysts were surprised by the level ofgrowth in public spending last year, which was concentrated in December - spending in this month was 85.2 percent higher than the monthly average between April and November. Public spending grew almost 2 percentage points above GDP growth and the state clearly did not play an anti-cyclical role in a year when private spending recovered strongly, up 18.3 percent from 2009.

The market correctly interpreted this as a sign that maintaining macroeconomic stability would require a lower nominal exchange rate and higher interest rates, which have negatively affected the economy’s competitiveness and its capacity to achieve high sustainable growth rates in the medium term.

In early February, even before events in Libya pushed up the oil price sparking inflationary concerns, Libertad y Desarrollo called for a sign of fiscal restraint and suggested the amount of the possible reduction - exactly US$800 million.

The second reason for the budget reduction is rising fuel prices. Low inflation in February (0.2 percent) was good news - it did not reflect a major increase in food prices and confirmed that underlying inflation is under control–but it occurred in a context of weekly fuel price increases and a WTI oil price above US$105 a barrel. This led to a jump from 3.5 to 3.8 percent in 24-month inflation expectations in the first half of March, putting pressure on the government to take action.

This coincided with a fall in the Adimark Economic Perception Index between January and February, which was at least partly due to inflationary concerns. In accordance with its “zero tolerance” policy for inflation, the government responded immediately by speeding up the enactment of a new fuel price stabilization system (SIPCO by its Spanish initials), which was approved in February.

Let’s be clear, inflation is at an inflection point in Chile. No one is yelling “fire” yet, as happened in mid-2007 when annual inflation surged to 7.8 percent, but the fear is in our subconscious. In our inflation-indexed economy, which is growing strongly and closing its capacity gap, inflation expectations must be carefully managed.

That is why the 50 basis-point rate increase announced by the Central Bank on March 17 is a good decision. It was not expected by the market, especially after the tragic events in Japan, but it was exactly the clear signal that was needed and establishes a “firewall” to contain inflationary expectations.

This increase has been effective in calming inflationary concerns - a recent survey shows that 24-month inflationary expectations have fallen from 3.8 to 3.6 percent.

The government austerity announcement is another powerful “firewall” against inflationary expectations, while also giving the Central Bank greater room to maneuver in future rate decisions and favoring, ceteris paribus, a higher exchange rate.

The government’s decision to tighten its belt will not only help to maintain macroeconomic stability, but is also consistent with the concern
it has shown for improving economic competitiveness, which is key to a higher, stable exchange rate in the long term.

Ricardo Matte is Director of the Economic Program at the Santiago think-tank Libertad y Desarrollo