Rara vez un desacuerdo comercial que involucra a un activo en Chile capta tal interés a nivel global como ha ocurrido con la disputa surgida entre Codelco y Anglo American en relación a la opción de la cuprífera para adquirir una participación en el complejo Anglo Sur (ex Disputada de las Condes) de la minera británica.

La opción, por hasta un 49% de Anglo Sur, fue otorgada a Codelco cuando la propiedad se vendió a Exxon en 1978 y Anglo American asumió las obligaciones cuando compró la propiedad en el 2002. En virtud del acuerdo, Codelco puede ejercer su opción, que expira en el 2028, cada tres años. Sin embargo, sus condiciones generarían un precio que, hoy en día, es significativamente menor al valor de mercado, lo que la vuelve atractiva para Codelco, no así para Anglo American.

A mediados de octubre, Codelco anunció de manera pública su intención de ejercer la opción en enero de 2012 con financiamiento de la firma japonesa Mitsui, que -a su vez y como parte de la transacción- adquiriría más tarde parte de la participación de Codelco en Anglo Sur.

En respuesta, Anglo American de manera preventiva vendió una participación del 24,5% en Anglo Sur a Mitsubishi Corporation al actual valor de mercado a fin de minimizar el potencial impacto negativo de la acción de Codelco en el valor para sus accionistas. Codelco cree firmemente que esta respuesta no cumple con las condiciones del acuerdo de opción.

Ambas empresas y sus respectivas administraciones están trabajando para proteger legítimamente el valor de los dueños de sus respectivas compañías, objetivo que constituye la responsabilidad legal de sus administraciones y directorios. Reglas del juego claras, como las que se aplican a través de las instituciones legales apropiadas, proporcionan un mecanismo para dirimir diferencias de opinión. Debería permitirse que estas sigan su curso.

Chile ha desarrollado una próspera industria minera basada en el imperio de la ley y el trato no discriminatorio a los inversionistas extranjeros. Este caso puede ser una oportunidad para reforzar el liderazgo de Chile en esta área y para alentar por tanto más inversión en la minería y otras áreas.

Pero hay posibles nubes en el horizonte.

La República de Chile es dueña de Codelco. Debido tanto a su historia como a su importancia para la economía, la compañía -bien naturalmente- inspira fuertes sentimientos de orgullos nacional. Existe el riesgo de que este orgullo pueda agitarse por el resultado de la disputa con Anglo American. Esto se presta para el potencial uso de políticos que valoran más los dividendos de corto plazo que el beneficio de largo plazo para Chile y su pueblo que representan la estabilidad y el respeto de las normas claras, reglas que Chile desarrolló y que los inversionistas extranjeros han aceptado.

Por otra parte, Anglo American es un respetado inversionista global que ha contribuido mucho al desarrollo de Chile y su industria minera, una empresa que ha sido un buen ciudadano empresarial con una larga y prestigiosa historia en el país. No obstante, la tentación es que el ego corporativo, definido por una victoria de corto plazo en este caso, sea prioridad en lugar de la perspectiva de largo plazo, que siempre ha sido una firma de la presencia mundial de la compañía.

Estos dos escenarios riesgosos deberían evitarse para bien de ambas empresas y, de manera más importante, para el bienestar de largo plazo de Chile, su pueblo y su industria minera respetada en todo el mundo. Instamos a los observadores, incluidos los gobiernos de los países sede de las partes involucradas en esta disputa, a apoyar su resolución a través de los mecanismos institucionales establecidos.

AmCham Chile confía en el buen juicio de ambos actores corporativos y sus administraciones. Tenemos fe en las regulaciones e instituciones de Chile. Creemos en que, en definitiva, la disputa se resolverá entre las dos empresas a través de los mecanismos institucionales apropiados. Y, si se permite que el imperio de la ley triunfe, todos ganarán.

Rarely has a commercial disagreement involving an asset in Chile captured such global interest as the dispute that has arisen between Codelco and Anglo American in connection with the former’s option to acquire a stake in the latter’s Anglo Sur property (formerly Disputada de las Condes).

The option, for up to 49% of Anglo Sur, was granted to Codelco when the property was sold to Exxon in 1978 and Anglo American assumed the obligations when it purchased the property in 2002. Under the agreement, Codelco can exercise its option, which expires in 2028, every three years. However, its terms would yield a price that is, today, significantly below market value, making it attractive for Codelco but unattractive from Anglo American’s viewpoint.

In mid-October, Codelco publicly announced its intention to exercise its option in January 2012 with financing from the Japanese firm Mitsui, which could, in turn, subsequently acquire part of Codelco’s stake in Anglo Sur as part of the transaction.

In response, Anglo American preemptively sold a 24.5% stake in Anglo Sur to Mitsubishi Corporation at current market pricing to minimize the potential negative impact of Codelco’s action on its shareholder value. Codelco strongly believes that this response does not comply with the terms of the option agreement.

Both companies and their management are working to legitimately protect the value for the owners of their respective companies – an objective that is the legal responsibility of their management and boards. Clear rules of the game, as applied through appropriate legal institutions, provide a mechanism to settle the difference of opinion. This mechanism should be allowed to run its course.

Chile has developed a thriving mining industry based on the rule of law and non-discriminatory treatment for foreign investors. This case is an opportunity to reinforce Chile’s leadership in this area, thereby encouraging further investment in mining and other areas.

But there are potential clouds on the horizon.

The Republic of Chile owns Codelco. Because of its history and importance to the economy, the company, quite naturally, inspires strong feelings of national pride. There is a risk that this pride could be stirred by the outcome of the dispute with Anglo American. This lends itself to potential use by politicians who value short-term political dividends over the long-term benefit to Chile and its people of stability and respect for clear rules – rules which Chile developed and which foreign investors have accepted.

On the other hand, Anglo American is a respected global investor which has contributed much to the development of Chile and its mining industry – a company that has been a good corporate citizen with a long and prestigious history in the country. But the temptation is for corporate ego, as defined by a short-term victory in this case, to take priority over the long-term perspective, which has always been a signature of the company’s presence worldwide.

Both these risky scenarios should be avoided in the interest of the two companies involved and, more importantly, the long-term wellbeing of Chile, its people and its globally respected mining industry. We encourage observers, including the governments of the countries where the key players engaged in this dispute are located, to support its resolution through established institutional mechanisms.

AmCham Chile has confidence in the good judgment of the two corporate players and their management. We have faith in Chile’s regulations and institutions. We believe that, ultimately, the dispute will be settled between the two companies through appropriate institutional mechanisms. And, if the rule of law is allowed to triumph, everyone wins.