Es interesante que las posturas del Gobierno y de la
oposición sobre el programa de reformas presentado
por el Gobierno -que hace unas semanas estaban tan
alejadas- se han ido acercando, gracias al poder de la
negociación. Está claro que hay todavía mucha más
negociación por delante, pero el hecho de que las partes están
llegando a acuerdos es un avance importante, no solo para el
mundo político, sino también para el país. La posibilidad de llegar
a una serie de acuerdos, y a un camino consensuado sobre temas
tan complejos como los que abordan las más recientes propuestas
de reformas, es una demostración muy clara de la estabilidad y
madurez de la democracia en Chile.

Esta actitud conciliadora es una señal muy tranquilizadora,
no sólo para los chilenos, sino también para los inversionistas
extranjeros, los cuales son elevantes para el futuro crecimiento
de la economía nacional. También, estos acuerdos y principios
de acuerdo han sido bien recibidos por los mercados y la prensa
internacional.

Dejando atrás términos como la retroexcavadora y la aplanadora,
la actitud reciente del Gobierno hacia acuerdos más
consensuales deja un buen sabor, no sólo a los inversionistas
chilenos, sino también a los extranjeros.

Después de la contundente victoria de la Nueva Mayoría en
las últimas elecciones, el nuevo Gobierno buscó aprobar una serie
de reformas destinadas a reducir las desigualdades que existen
en el país y crear una nación más justa para sus ciudadanos. A
pesar del rápido crecimiento de la economía chilena en los últimos
veinte años, los chilenos no sienten que ese crecimiento se ha
dividido de manera igual.

Pero la mayoría parlamentaria que parecía permitir al Gobierno
legislar sin acuerdos amplios con los partidos de la oposición, no ha
sido utilizada así, prefiriendo las autoridades optar por una discusión
con “correcciones al timón”, y reformas más consensuadas y menos
confrontacionales, todo ello con un contexto más democrático.
Los detalles del proceso han sido ampliamente comentados,
tanto en la prensa nacional como en la extranjera, especialmente
la reforma tributaria y ahora también la de educación. A pesar de
las diferencias ideológicas, este proceso ha permitido un acercamiento
hacia un camino común que permitirá lograr para Chile
una legislación menos radical y más aceptable para las distintas
expectativas de todos los chilenos. Es un resultado profundamente
deseable, y el poder de la negociación y los acuerdos que resulten,
darán un elocuente respaldo a la madurez de la democracia en
Chile.

Recently, it has been interesting to observe the alignment of Government and opposition opinion regarding the new administration’s program of reforms, which were so far apart just a few weeks ago. This coming together has been largely thanks to the power of negotiation. While there is still a large amount of negotiating to be done, the fact that parties are coming to a mutual understanding is an important step forward, not only for the political sphere but for the country as a whole. The possibility of reaching a set of agreements, as well as a general consensus on reform issues as complex as those recently proposed, clearly demonstrates the stability and maturity of Chilean democracy.

This conciliatory attitude is reassuring, not just for Chileans but for foreign investors too, who represent such a relevant part of future economic growth in the country. In addition, such agreements and principles of agreement have been well received by the markets and the international media.

By overcoming terms like ‘bulldozer’ and ‘steamroller’, the recent Government stance of seeking agreement based on consensus is a positive move, for both Chilean and foreign investors.

Following the landslide victory of the Nueva Mayoría coalition in the recent elections, the new Government has sought approval for a series of reforms aimed at reducing ongoing inequalities in Chile and creating a fairer country for its citizens. Despite rapid economic expansion in Chile over the last 20 years, Chileans do not feel this growth has been shared equally.

The parliamentary majority that seemed to allow the new Government to legislate without broad consensus with opposition parties has not been used in this way. Rather, the Government has chosen to hold debates with “corrections at the helm”, seeking more consensual and less confrontational reforms, all within a more democratic context.

Details of the process have been widely commented on, in both domestic and foreign media circles, especially those relating to the tax reform and, more recently, the educational reform. Despite ideological differences, this process has permitted a coming together in favor of consensus, allowing Congress to introduce less radical legislation, far more acceptable to the different expectations of all Chileans. This is a profoundly encouraging situation, and the power of negotiation and the agreements that emerge as a result will only reinforce the maturity of democracy in Chile.