Con los precios de la energía por las nubes y quizás con alzas aún mayores por venir, ¿qué es lo que están haciendo las autoridades y empresas para proteger la competitividad de Chile'?

Apaga tu televisor antes de quedarte dormido o un monstruo parecido a Freddy Kruger va a aparecer y te va a atrapar. Ése es el mensaje de un aviso publicitario en el tren subterráneo de Santiago que alienta a los chilenos a ahorrar energía.

Pero la verdadera pesadilla para las familias chilenas aparece cuando llegan sus cuentas de luz. Según un estudio del gobierno, las cuentas de electricidad consumieron el 20% del presupuesto de las familias de menores ingresos el año pasado, lo que representa un alza claramente superior al 7% del 2003.

"Ésa es una gran diferencia para mí", dice Eliana Jaramillo, quien vive en La Florida, comuna de clase media-baja de Santiago, y que hace aseo en casas de la adinerada comuna de Las Condes. Se queja de que, pese a que casi nunca está en su casa, su cuenta de luz en julio llegó a los 12.000 pesos (unos US$23), casi el doble de la de abril.

El crecimiento económico de Chile se ha acelerado este año y, en el segundo trimestre, llegó a una tasa anual del 6,1%, impulsado por los altos precios del cobre, la principal exportación del país. Sin embargo, los costos de la energía están afectando la producción.

Según ACENOR, una asociación de usuarios de energía de gran envergadura, éstos costos están mellando la competitividad de los exportadores chilenos. " Las industrias más intensivas en consumo eléctrico, son las que han tenido costos operacionales más altos, lo que en algunos casos las ha obligado a reducir sus operaciones o a paralizarlas.", señala Rubén Sánchez, director ejecutivo de la agrupación.

Es difícil cuantificar el impacto, pero según el Banco Central, sólo el efecto directo sobre la industria redujo en cerca de 0,2 puntos porcentuales el PIB en el 2006. Y las primeras evidencias sugieren un efecto mucho mayor este año.

Los inversionistas también están tomando nota. En julio, el banco de inversión internacional Bear Stearns rebajó a "ponderación de mercado" la recomendación de Chile, señalando que el aumento en los precios de la electricidad podría afectar la rentabilidad además de elevar la inflación y generar una política monetaria más restrictiva.

De hecho, los mayores precios de la energía -junto con los crecientes costos de los alimentos- han significado un aumento de la inflación este año. En los primeros siete meses del año, el índice de precios al consumidor (IPC) subió un 3,9%, el mayor porcentaje en más de una década, y el alza podría llegar a casi un 5% hacia fin de año, según economistas encuestados por el Banco Central.

El principal culpable es el uso del diésel para la generación eléctrica debido a las restricciones impuestas a las exportaciones argentinas de gas natural a Chile. Cuando a fines de la década de los 90, el gas argentino estuvo disponible en Chile, generó una fuerte disminución en los precios de la electricidad a medida que las generadoras se cambiaban a la generación a gas, reemplazando viejas y más costosas centrales a carbón.

No obstante, desde el 2004, mientras Argentina se sumergía en una crisis energética, sus exportaciones comenzaron a reducirse gradualmente y pronto podrían detenerse por completo. "Tuvimos un período de seis años de energía muy barata, pero ahora estamos volviendo a la situación que había antes de que estuviera disponible el gas argentino", destaca Alexander Galetovic, profesor de la Universidad de los Andes en Santiago.

Y, para empeorar las cosas, la escasez de gas argentino coincidió con un incremento del precio internacional del petróleo, del que Chile prácticamente no tiene reservas locales. "Dos tercios de nuestra energía es importada y hemos visto que los precios del petróleo han subido un 135% desde el 2003", indica Marcelo Tokman, ministro de Energía de Chile.

La generación a diésel es cuatro veces más cara que la a gas, pero las generadoras eléctricas tuvieron pocas alternativas. Las bajas temperaturas este invierno en Argentina incrementaron la demanda interna, lo que dejó a Chile con cero suministro de gas algunos días y, en el segundo trimestre, las importaciones de diésel costaron a Chile US$290 millones, un alza interanual del 60%.

El problema se ha complicado además por un invierno seco, lo que implica menores niveles de agua en los embalses para la generación hidroeléctrica, que normalmente corresponde a más de la mitad del suministro eléctrico de Chile. En consecuencia, si el tiempo seco se mantiene, las generadoras eléctricas acordaron instalar 585 megavatios en turbinas de emergencia a diésel durante el primer semestre del próximo año.

Eso, espera el gobierno, evitaría una escasez de electricidad, pero no haría nada por los precios. De hecho, en términos de precios, parece que lo peor aún está por venir.

Terapia de Shock

En el Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece a casi todo Chile excepto la zona norte del país, dedicada a la minería, el precio de nudo -el precio regulado al que las generadoras venden a las distribuidoras eléctricas, y que se fija semestralmente en abril y octubre- se ha duplicado durante los últimos cinco años. Y aumentará otro 20% en octubre, con nuevas alzas el próximo año, advierte Sebastián Bernstein, socio de Synex Consulting Engineers.

"No podemos descartar más alzas de precios en los próximos meses", concuerda Rodrigo Castillo, presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas, que agrupa a las principales empresas distribuidoras y de transmisión eléctrica de Chile. Sin embargo, según el ministro Tokman, hay luz al final del túnel.

"Los precios serán más altos en el corto plazo, pero debieran comenzar a bajar a partir del 2010", afirma. Para ese entonces, una serie de nuevas centrales generadoras a carbón debieran estar operativas, incrementando el suministro eléctrico y haciendo que los precios desciendan a sus actuales niveles, si bien no al nivel que ostentaban antes de que se iniciaran las restricciones al gas.

No obstante, los chilenos no pueden vivir en la oscuridad hasta que eso ocurra. Y, en agosto, el gobierno anunció nuevos subsidios por un total de US$33 millones para un millón de familias pertenecientes al 40% más pobre de la población, cuyas cuentas de luz suban en más de un 5% en septiembre y octubre.

"Cuando los precios son extraordinariamente altos, los subsidios para las familias de menores ingresos se justifican, pero no queremos subsidiar de manera permanente las cuentas de luz, porque hemos aprendido del resto del mundo que, para que el sistema funcione en forma adecuada, los precios deben reflejar los costos", sostiene Tokman.

En efecto, Chile sólo tiene que mirar al otro lado de Los Andes para ver qué ocurre cuando los precios se fijan a un nivel inferior a los costos de generación. Los precios de los servicios públicos han estado congelados en Argentina desde el 2002 y la demanda se ha disparado, mientras que las generadoras han postergado o bien cancelado inversiones.

Aún así, esto no significa que Chile tenga que descartar los subsidios, comenta Bernstein. Es más, dado que se aproximan nuevas alzas de precios, el gobierno debiera crear un fondo para costear subsidios de más largo plazo, de lo contrario podría haber "agitación social" y negativas consecuencias políticas, advirtió.

El gobierno también ha anunciado que planea entregar dos ampolletas de consumo eficiente de energía a los beneficiarios del subsidio a un costo total de US$5,6 millones. Según la Comisión Nacional de Energía, esto reduciría las cuentas de luz entre un 8% y un 10% de manera permanente.

Además, el gobierno lanzó campañas de marketing -que incluyen paletas publicitarias y comerciales de televisión- que informan a los consumidores sobre cómo ahorrar energía. Parecen estar prestando atención, pero las campañas están "diseñadas para cambiar la cultura de consumo… no se concibieron como una solución de corto plazo para los altos costos de la energía", según Castillo

Sin embargo, las empresas minoristas y de otro tipo están buscando soluciones de corto plazo a través de programas de eficiencia energética. La cadena de supermercados D&S, por ejemplo, ha reducido desde mayo las cuentas en algunos de sus locales en hasta un 7% a través de una mejora de la eficiencia energética en las horas de mayor consumo, señala Vicente Tredinick, gerente de excelencia operacional e innovación.

Desde el 2004, D&S ha experimentado una variación cercana al 108% en sus cuentas de luz, que alcanzan los US$27 millones anuales, incluido un incremento del 5,58% comprendidos desde diciembre de 2006 a agosto de 2007. " El impacto ha sido importante en las cuentas mensuales de los locales y en general de la compañía… el presupuesto de la cuenta de electricidad mensual y por el periodo de 12 meses en muchos casos no se cumple, siendo afectada por las alzas de electricidad en las tarifas durante el año"

Medidas a Largo Plazo

Pero para las empresas mineras en el norte de Chile, que se han visto obligadas a pasar del gas al diésel tanto para sus operaciones industriales como para la generación eléctrica, no hay respuestas sencillas a corto plazo. Según Sánchez de ACENOR, el cambio les costó US$300 millones en los primeros siete meses del año.

En respuesta, mineras como BHP Billiton y Codelco -la cuprífera estatal chilena- están licitando sus propios proyectos de generación a carbón en una apuesta por garantizar la seguridad del suministro y para poder vender el excedente de energía en el mercado a la vista.

Por su parte, las industrias petroquímica y forestal en los alrededores de la sureña ciudad de Concepción también se han visto fuertemente afectadas. Está el caso de una papelera que encontró más rentable detener la producción y vender la electricidad obtenida a partir de su generador con biomasa de pequeña escala en el mercado a la vista, comenta Sánchez.

"La seguridad energética es clave para las decisiones de inversión, porque, sin ella, los proyectos se cancelarán o se postergarán", destaca Sánchez. Y algunas fábricas incluso están considerando reubicar sus plantas en Perú o Argentina, donde los costos de la energía son menores, añade Bernstein.

Sánchez responsabiliza principalmente a factores externos de los mayores precios de la energía. No obstante, afirma que las generadoras y las autoridades también tienen cierta responsabilidad, porque no se han coordinado unas con otras para decidir cómo y cuándo hacer inversiones en el sector eléctrico.

Los plazos de implementación para las nuevas centrales térmicas alcanzan hasta siete años y, en el caso de las represas hidroeléctricas de gran escala, hasta diez años y más. En consecuencia, las decisiones estratégicas de largo plazo se necesitan ahora si Chile ha de estar mejor protegido contra los futuros shocks en los precios.

Prácticamente sin ningún yacimiento de hidrocarburos propio, pero con abundantes recursos hídricos, la energía hidroeléctrica es una opción obvia. Sin embargo, los propuestos proyectos en la región de Aysén, en el extremo sur del país, enfrentan la oposición de ambientalistas.

Pero no son sólo las inversiones en nueva capacidad las que determinarán los futuros precios de la electricidad. También dependerán de cómo se maneje el crecimiento de la demanda y, en esta área, hay espacio para mejoras, afirma Galetovic.

El gobierno pretende permitir que las generadoras ofrezcan ahorros a los clientes que reduzcan su consumo durante las horas peak, pero la iniciativa es deficiente, sostiene Galetovic. Para que funcione, las generadoras tendrían que anunciar cuándo se dispone de electricidad más barata y se tendrían que instalar nuevos medidores que midan la luz empleada en distintos horarios.

"Todavía usamos medidores con tecnología de los años 50", destaca. Un nuevo medidor cuesta menos de US$100, pero -a juicio de Galetovic- las distribuidoras se han resistido a la tecnología, pues la consideran una amenaza para su negocio.

El punto es que, mientras el operador del sistema interconectado abastece a las centrales eléctricas en torno a los menores costos marginales, las distribuidoras cobran el mismo precio regulado durante todo el día. La solución, según Galetovic, sería desregular la distribución y crear un mercado minorista para la electricidad tal como se ha hecho en países como Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda.

Bajo este sistema, las empresas minoristas de electricidad competirían por vender energía a los consumidores al menor precio, haciendo que las tarifas sean más acordes con los costos y dando a los consumidores un incentivo para usar la electricidad fuera de los horarios peak. En Chile, los candidatos con mayores probabilidades de convertirse en minoristas eléctricas son las grandes cadenas de tiendas por departamento con su acceso a enormes cantidades de clientes, sugiere Galetovic.

No obstante, el Ministerio de Energía descartó una reforma regulatoria, lo que significa que los chilenos no tendrán la opción de escoger a su proveedor energético, ni a sus precios, en el corto plazo. Aún así, si el gobierno y las empresas manejan los mayores precios con cuidado no socavarán necesariamente la floreciente economía de Chile, pero los próximos años podrían ser, de hecho, muy costosos.

Julian Dowling trabaja como periodista freelance en Santiago.

With energy prices soaring and the largest increases perhaps still to come, what are the authorities and companies doing to protect Chile’s competitiveness?

Turn off your TV before you fall asleep, or a Freddy Kruger-like monster will crawl out and get you. That’s the message of an ad in Santiago’s subway to encourage Chileans to save energy.

But the real nightmare for Chilean households is when their electricity bill arrives. According to a government study, energy bills consumed 20% of the budget of low-income families last year, up from just 7% in 2003.

“That’s a big difference for me,” says Eliana Jaramillo, who lives in Santiago’s lower-middle-class La Florida district and cleans houses in the well-to-do Las Condes neighborhood. She complains that, although she’s hardly ever home, she got an electricity bill for 12,000 pesos (some US$23) in July, almost double that for April.

Chile’s economic growth has accelerated this year and, in the second quarter, reached an annual rate of 6.1%, driven by high prices for copper, the country’s main export. Nonetheless, energy costs are hurting activity.

According to ACENOR, an association of large-scale energy users, they are denting the competitiveness of Chilean exporters. “Some of the most energy-intensive industries have been obliged to scale back operations or stop them altogether,” says Rubén Sánchez, the association’s executive director.

The impact is hard to quantify but, according to the Central Bank, just the direct effect on industry shaved around 0.2 percentage points off GDP in 2006. And preliminary evidence suggests a much larger impact this year.

Investors are also taking note. In July, global investment banking firm Bear Stearns downgraded Chile to "market weight,” saying that rising electricity prices could affect profitability as well as raising inflation and prompting a tighter monetary policy.

Indeed, higher energy prices - along with rising food costs - have meant a jump in inflation this year. In the first seven months, the Consumer Price Index (CPI) rose by 3.9%, the highest figure in over a decade, and the increase could reach almost 5% by year-end, according to economists surveyed by the Central Bank.

The main culprit is the use of diesel fuel for power generation due to restrictions on Argentina’s exports of natural gas to Chile. When Argentine gas became available in Chile in the late 1990s, it led to a sharp drop in electricity prices as generators moved into gas-fired generation, replacing old and more expensive coal-fired plants.

But, since 2004 as Argentina itself plunged into an energy crisis, its exports have gradually been curtailed and may soon cease altogether. “We had a period of six years of very cheap energy but now we are returning to the situation before Argentine gas became available,” notes Alexander Galetovic, a professor at Santiago’s Universidad de los Andes.

And, making matters worse, the shortage of Argentine gas has coincided with an increase in the international price of oil of which Chile has virtually no domestic reserves. “Two-thirds of our energy is imported and we’ve seen oil prices go up 135% since 2003,” points out Marcelo Tokman, Chile’s energy minister.

Generating with diesel is four times more expensive than gas, but power producers have had little choice. Cold temperatures in Argentina this winter boosted domestic demand, leaving Chile with zero gas supplies on some days and, in the second quarter, diesel imports cost Chile US$290 million, up 60% from a year earlier.

The problem has also been compounded by a dry winter, meaning lower reservoir levels for the hydroelectric generation which normally accounts for over half of Chile’s power supply. As a result, if dry weather continues, power producers have agreed to install 585 MW in emergency diesel-fired turbines during the first half of next year.

That would, the government hopes, avert an electricity shortage but wouldn’t do anything for prices. Indeed, in terms of prices, it seems that the worst is yet to come.

Shock treatment

In the central grid, the Sistema Interconectado Central (SIC), which supplies almost all Chile except the mining north, the node price - the regulated price, set each April and October, at which generators sell to distributors - has doubled over the last five years. And it will rise by another 20% in October, with further increases following next year, warns Sebastián Bernstein, a partner at Synex Consulting Engineers.

“We cannot rule out more price increases in the coming months,” agrees Rodrigo Castillo, president of the Asociación de Empresas Eléctricas, which groups Chile’s main power distributors and transmission companies. However, according to Minister Tokman, there is light at the end of the tunnel.

“Prices will be higher in the short term but should start to go down as from 2010,” he says. By then, a number of new coal-fired generating plants should be in operation, increasing power supply and bringing prices down back to their present level, although not to that before gas restrictions started.

But Chileans cannot live in the dark until that happens. And, in August, the government announced new subsidies totaling US$33 million for one million households in the poorest 40% of the population whose electricity bills rise by more than 5% in September and October.

“When prices are extraordinarily high, subsidies for low-income families are justified but we don’t want to permanently subsidize electricity bills because we have learned from the rest of the world that, for the system to function properly, prices must reflect costs,” says Tokman.

Indeed, Chile has only to look across the Andes to see what happens when prices are pegged below generating costs. Utility prices have been frozen in Argentina since 2002 and demand has skyrocketed while generators have postponed or cancelled investments.

Still, this does not mean Chile should rule out targeted subsidies, says Bernstein. Indeed, with more price increases looming, the government should create a fund to pay for longer-term subsidies, otherwise there could be “social unrest” and negative political consequences, he warns.

The government has also announced plans to hand out two energy-efficient light bulbs to subsidy beneficiaries at a total cost of US$5.6 million. According to the National Energy Commission, this would permanently reduce electricity bills by 8%-10%.

In addition, the government has launched marketing campaigns - including billboards and TV commercials - informing consumers how to save energy. They appear to be taking notice but, according to Castillo, the campaigns are “designed to change the culture of consumption… they were never intended as a short-term solution for high energy costs.”

Retailers and other businesses are, however, seeking short-term solutions through energy efficiency programs. The D&S supermarket chain has, for example, reduced bills in some stores by up to 7% since May by improving energy efficiency in peak hours, reports Vicente Tredinick, manager for innovation and operational excellence.

Since 2004, D&S has seen its energy bill rise by around 108% to US$27 million a year, including a 5.6% increase in the first seven months of this year, he reports. “There has been an important impact in the monthly bills of our supermarkets… the electricity budget has, in many cases, been exceeded.”

Long-term measures

But for mining companies in northern Chile, which have been forced to switch from gas to diesel fuel for their industrial operations as well as for power generation, there are no easy short-term answers. According to ACENOR’s Sánchez, the switch cost them US$300 million in the first seven months of the year.

In response, mining companies such as BHP Billiton and Codelco, Chile’s state-owned copper producer, are tendering their own coal-fired generating projects in a bid to ensure supply security and to be able to sell surplus power on the spot market.

Petrochemical and forestry industries around the southern city of Concepción have also been hard hit. One paper company found it more profitable to halt production and sell electricity from its small-scale biomass generator on the spot market, says Sánchez.

“Energy security is key for investment decisions because, without it, projects will be cancelled or postponed,” points out Sánchez. And, adds Bernstein, some manufacturers are even considering relocating plants to Peru or Argentina where energy costs are lower.

Sánchez mainly blames external factors for higher energy prices. However, he argues that generators and the authorities also have some responsibility because they have not coordinated with each other in deciding how and when to make investments in the electric sector.

Lead times on new thermal plants stretch to several years and, for large-scale hydroelectric dams, to ten years and more. As a result, long-term strategic decisions are required now if Chile is to be better protected against future price shocks.

With virtually no hydrocarbons deposits of its own but plenty of water resources, hydroelectricity is an obvious choice. However, proposed projects in the Aisén region of the far south face environmental opposition.

But it is not only investment in new capacity that will determine future electricity prices. They will also depend on how demand growth is managed and, in this area, there is room for improvement, says Galetovic.

The government plans to allow generators to offer savings to clients who reduce their consumption during peak hours but the initiative is flawed, maintains Galetovic. For it to work, generators would have to advertise when cheaper power is available and new meters that measure power usage at different times would have to be installed.

“We still use meters with technology from the 1950s,” he notes. A new meter costs less than US$100 but, according to Galetovic, distributors have resisted the technology which they consider a threat to their business.

The catch is that, while the grid operator dispatches power plants in the order of cheapest marginal cost, distributors charge the same regulated price at all times of the day. The solution, says Galetovic, would be to deregulate distribution and create a retail market for electricity as countries such as England, Australia and New Zealand have done.

Under this system, electricity retailers would compete to sell energy to consumers at the lowest price, bringing prices more into line with costs and giving consumers an incentive to use power at off-peak times. In Chile, the likeliest candidates to become electricity retailers are large department store chains with their access to large numbers of clients, suggests Galetovic.

However, the Energy Ministry has ruled out regulatory reform, which means that Chileans will not have the option of choosing their energy supplier, or their prices, anytime soon. Still, if government and companies manage higher prices carefully they need not undermine Chile’s booming economy, but the next few years could be very expensive, indeed.

Julian Dowling is a freelance journalist based in Santiago.