Los usuarios de litio en el mundo se están poniendo nerviosos. Su problema no es la escasez de reservas -al actual nivel de demanda, hay suficiente para mantener al mercado funcionando por más de 500 años-, sino la seguridad del suministro.

El litio, un metal blanco plateado tan blando que se puede cortar con un cuchillo, ha sido usado por mucho tiempo en la fabricación de lubricantes y vidrio resistente al calor así como también en la industria farmacéutica, primero para tratar la gota y después como un estabilizador del ánimo. Sin embargo, durante los últimos 20 años, también ha surgido como un componente clave de las baterías recargables usadas en los teléfonos móviles, los computadores portátiles y las cámaras digitales.

Estos dispositivos ahora representan más de un cuarto del consumo internacional de litio, señala Patricio de Solminihac, subgerente general Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), el mayor productor de Chile. Y eso sin considerar el desarrollo de autos eléctricos, que también emplean litio en sus baterías.

El problema para las industrias que utilizan litio es que hay sólo un puñado de proveedores. Chile, que corresponde a más del 40% de la actual capacidad de producción a nivel mundial, cuenta con apenas dos productores -SQM y la Sociedad Chilena del Litio (SCL), filial de la firma con sede en Nueva Jersey Rockwood Holdings- y alrededor del planeta hay apenas cerca de otra docena, principalmente en Australia, China y Argentina .

Eso explica por qué, en el 2009, como parte de un programa de US$ 2.400 millones para promover el desarrollo de tecnología de baterías para vehículos eléctricos e híbridos, Rockwood recibió un subsidio de US$ 28,4 millones del gobierno de Estados Unidos para la expansión de su actual planta de carbonato de litio en Nevada y para la construcción de una nueva planta de hidróxido de litio en Carolina del Norte. También explica por qué los usuarios del litio están interesados en pasar al área de producción y exploración e invertir directamente en su producción.

Chile es el candidato obvio. Además de contar con un entorno de negocios seguro y atractivo, tiene alguno de los menores costos de producción de litio en el mundo, destaca Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) de Chile.

El litio, que no existe en la naturaleza como un metal sino solo en diferentes compuestos, se puede obtener a partir de salares -o, en otras palabras, superficies de sal como las que se encuentran en el desierto de Atacama, en la zona norte de Chile- o, de manera más costosa, a partir de ciertos tipos de minerales como en Australia. No obstante, aún entre los países que producen en salares, Chile tiene una ventaja competitiva.

Esto porque las condiciones meteorológicas del desierto de Atacama -usualmente soleadas y con mucho viento- hacen que el proceso de evaporación sea más eficiente, explica Monika Engel-Bader, presidenta de Chemetall, la firma con sede en Munich a través de la cual Rockwood posee SCL. “En Nevada, por ejemplo, donde también usamos un sistema de estanques, las condiciones ambientales no son tan buenas y los costos de producción son un poco más altos”, afirma.

Se dice que los usuarios de litio en Asia, el principal mercado de Chile, han explorado en busca de oportunidades de inversión en el país. Hasta ahora, sin embargo, se han ido con las manos vacías.

Reservado para el Estado

Esto se debe a lo que ahora parece una anomalía histórica. A comienzo de la década de los 80, cuando Chile reformó su legislación minera, abriendo el camino a enormes nuevas inversiones principalmente en cobre, hizo una distinción entre minerales “concesionables” y “no concesionables”.

La mayoría de los minerales, incluido el cobre, se colocaron en la primera categoría, pero el litio y los hidrocarburos fueron definidos como no concesionables. En el caso del litio, eso se debió a que fue considerado material “estratégico” debido a su aplicación en ojivas nucleares y potencial uso en centrales nucleares de fusión.

Sin embargo, la fusión nuclear siguió siendo una posibilidad distante y, al término de la Guerra Fría, Estados Unidos vendió sus existencias estratégicas de litio, pero Chile no cambió su legislación. “Es el único país en el mundo que aún trata al litio como un material estratégico”, destaca Patricio de Solminihac de SQM.

Como resultado, el litio sólo puede ser producido en Chile por el Estado o por empresas estatales (Codelco, la cuprífera estatal, tiene concesiones de litio que no explota). Más aún, destaca Jerónimo Carcelén, abogado experto en minería, si se obtiene una cantidad significativa de litio como subproducto de otras actividades mineras, el Estado debe ser informado y puede reclamar su derecho a comercializarlo (aunque, en la práctica, esto no ocurre).

La excepción a este régimen fueron las concesiones de litio que precedieron la reforma de los 80, en manos de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile en el salar de Atacama y de Codelco en el salar Pedernales, más al sur del desierto de Atacama. Son las concesiones de CORFO las que SQM y SCL han estado explotando desde entonces.

SCL, que produjo por primera vez litio en 1984, nació como una empresa conjunta entre CORFO y Foote Mineral Company, el entonces mayor productor mundial de litio y que fue adquirido posteriormente por Chemetall. CORFO había realizado la exploración, recuerda Engel-Bader, pero necesitaba un socio para desarrollar los recursos y, tras algunos años, vendió su participación en la empresa a Foote.

SQM se remota a la década de los 20 como productor de nitratos, pero solo ingresó al mercado del litio a comienzos de los 90 cuando adquirió el 75% de MINSAL Ltda., empresa conjunta formada en 1986 por CORFO, la empresa minera Amax y la compañía de capitales locales Molymet. En 1995, también pasó a comprar la parte de CORFO.

Eso parece como un duopolio cómodo y, de hecho, hay ciertas críticas a las condiciones en que se permite que SQM y SCL utilicen las concesiones de CORFO. SQM, con ventas de litio por US$ 150 millones en el 2010, paga un canon de arriendo anual de US$ 15.000, más el 6,8% de sus ventas de litio, o un total que bordea los US$20 millones al año.

SCL, por otro lado, no paga ni un arriendo fijo ni un porcentaje de sus ventas de litio, sino que el 10% de las ventas de magnesio y el 3% de las ventas de cloruro de potasio que, según COCHILCO, sumaron US$ 1,4 millones en el 2008. La diferencia, a juicio de Engel-Bader, es que SCL pagó por adelantado su uso de las concesiones de CORFO.

En la estatal Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) de Chile, su vicepresidente ejecutivo Andrés Mac-Lean niega que los contratos fueran un error. “Se firmaron sobre la base de las condiciones de mercado de ese entonces y es fácil ser general después de la guerra”.

Una Camisa de Fuerza Legal

Sin embargo, las empresas tampoco están demasiado contentas con sus contratos. A juicio de COCHILCO, la demanda mundial de litio se duplicó en 10 años al 2008 mientras que su precio casi se triplicó y, tras registrar un mal año en el 2009, se espera de nuevo un sólido crecimiento, donde la demanda posiblemente se duplique nuevamente para el 2020.

La producción de Chile de compuestos de litio se incrementó al pasar de 36.000 toneladas en el 2000 a un máximo de 60.000 toneladas en el 2007 (aunque cayeron a 57.000 toneladas en el 2008 y a un mínimo de 31.000 toneladas en el 2009). En el mediano plazo, no obstante, tanto SCL como SQM enfrentan límites a la producción.

El contrato de SQM caducará en el 2030 y, en cualquier caso, sólo le permite producir el equivalente a 180.000 toneladas de metal de litio. Eso significa unas 960.000 toneladas de carbonato de litio, explica de Solminihac, de los cuales hasta ahora ya ha producido 350.000 toneladas y COCHILCO estima que llegará a su límite para el 2023. En el 2009, la firma habría solicitado un aumento del 20% al límite, pero su petición no fue aceptada.

SCL está en una mejor posición. Su contrato establece un límite de 200.000 toneladas de metal de litio, pero sin fecha de expiración y, según COCHILCO, debería poder continuar produciendo hasta el 2040. Pero eso no basta, afirma Engel-Bader.

“Este es un momento muy importante para las operaciones de litio y los usuarios como los fabricantes de autos quieren tener la seguridad de que podrán seguir proveyéndolos en 20, 30 e incluso en 50 años más”, afirma.

El riesgo es que, si no, miren a otro lado. Y ese es el riesgo para Chile también.

El mercado mundial de litio se avalúo en cerca de US$ 600 millones en el 2010, estima Mac-Lean y -en otras palabras- es pequeño en comparación con el cobre, la principal exportación de Chile. Y tampoco, según parece ahora, es posible que adquiera la importancia de ese otro “oro blanco” -los nitratos- que dominaron la historia social y económica de Chile a comienzos del siglo XX.

De todos modos, otros países están ansiosos por captar una parte del mercado. Y eso incluye a dos de los vecinos inmediatos de Chile: Argentina y Bolivia.

De hecho, se cree que el salar de Uyuni en Bolivia, justo al otro lado de la frontera del desierto de Atacama, es la mayor reserva individual de litio a nivel mundial. El gobierno del presidente Evo Morales ha invertido ahí un monto estimado de US$ 6 millones en una planta piloto de litio y se ha informado que una serie de empresas -incluidas las japonesas Mitsubishi y Sumitomo, las surcoreanas Samsung y el grupo industrial francés Bolloré- han hecho acercamientos con miras a posibles inversiones.

Junto con Chile y Bolivia, la zona norte de Argentina también forma parte del área denominada por la revista Forbes como la “Arabia Saudita del litio”. En la actualidad, Argentina corresponde a un 11% estimado de la capacidad mundial de producción, con apenas una operación en el salar Hombre Muerto, propiedad de la firma estadounidense FMC Corporation, pero una serie de empresas mineras junior -algunas de ellas en sociedad con filiales de grandes fabricantes de autos que habían mantenido previamente conversaciones con Chile- se han involucrado en operaciones de exploración.

Álvaro Merino de SONAMI destaca que en la actualidad hay 14 nuevos proyectos de litio que se están desarrollando en todo el mundo, los que duplicarían con creces la capacidad de producción mundial, pero ninguno de ellos está en Chile. “Se nos está pasando la micro”, se lamenta. “Pese a las ventajas competitivas de Chile, la nueva capacidad se emplazará en otros países a menos que haya un cambio en la legislación”.

Una Solución Rápida

Esa visión es compartida por Monika Engel-Bader de Chemetall. “Chile es la mejor fuente de litio en el mundo, pero (…) necesitamos poder contar con una perspectiva de largo plazo”, sostiene.

Si, para el 2020, el 10% de los autos nuevos son eléctricos, Chemetall necesitará haber duplicado su producción de carbonato de litio, afirma. Dado que los nuevos proyectos tienen un período de puesta en marcha de alrededor de tres años y la producción sólo se podría incrementar de manera gradual, el tiempo apremia, insiste.

Bajo el anterior gobierno de Chile encabezado por la presidenta Michelle Bachelet, se estableció una mesa redonda de Litio -conformada por distintas agencias gubernamentales- para analizar el tema, pero no llegó a más que eso. Sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera, quien asumió como presidente de Chile en marzo del 2010, espera entregar una respuesta más temprana.

El remedio obvio sería modificar la legislación y hacer que el litio sea un mineral concesionable y esa es la solución que prefieren muchos en la coalición de gobierno. No obstante, eso sería una enorme tarea, que exigiría una reforma a la Constitución de Chile, opción que requeriría que el Gobierno consiga el respaldo de la oposición y que, incluso en caso de que esta entregara los votos necesarios, podría demorar años, señala Jerónimo Carcelén.

Según Mac-Lean de COCHILCO, es probable que el gobierno se decida por licitar contratos de operación para el desarrollo de yacimientos de litio individuales. Similar a los denominados Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP) ofrecidos por el gobierno anterior para el desarrollo de reservas de hidrocarburos en la Región de Magallanes, en el extremo sur del país, tienen la ventaja de no requerir un cambio en la ley, destaca Carcelén.

La decisión podría anunciarse a fines de abril, sugiere Mac-Lean, si bien lanzar las licitaciones de los contratos demoraría más. La regulación necesaria podría elaborarse de manera bastante rápida, afirma, pero cada contrato requeriría de una preparación cuidadosa y muy demandante en términos de tiempo.

Un problema es que, si bien el salar de Atacama se ha sondeado en profundidad, hay mucha menos información sobre las reservas de los tres salares -Pedernales, Punta Negra y Maricunga- donde se ofrecerían los denominados Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL). La mayor parte de los estudios que existen son bastante antiguos, señala Mac-Lean.

Sin embargo, hay otra dificultad, destaca Carcelén. La mayoría de las áreas en donde se cree que hay litio ya están sujetas a concesiones mineras para la extracción de otros minerales, ya sea porque genuinamente se están explotando estos minerales o porque las concesiones se adquirieron de manera más especulativa bajo el nombre de otros minerales, pero con miras a su futuro potencial de litio.

El resultado es que el gobierno podría terminar queriendo ofrecer un CEOL en un área en la que ya hay otra empresa produciendo nitratos, por ejemplo. Esa es la desventaja de los CEOL, admite Mac-Lean, pero no es irremontable.

El truco será encontrar una manera de compensar al tenedor de la concesión existente y hay una serie de opciones. Una sería que las firmas que presenten ofertas por los CEOL propongan una compensación financiera; otra sería que el tenedor de la concesión se convierta en socio del contrato.

Ni SQM ni SCL han manifestado públicamente una opinión sobre los CEOL, pero están en conversaciones con el gobierno sobre su posible introducción. “Estamos a favor de un amplio consenso que posibilite un cambio en la regulación (…) y que permita a Chile mantener y fortalecer su liderazgo”, afirma de Solminihac.

El problema, por supuesto, será cómo se dispone el puzzle de concesiones y CEOL y se aseguran acuerdos de compensación justos para los tenedores de las concesiones. Sin embargo, si se logra que funcionen, los CEOL serían una manera rápida y práctica de aflojar la camisa de fuerza legal que somete al litio.

Ruth Bradley trabaja como periodista freelance en Santiago y es ex editora de bUSiness CHILE.

 

World lithium users are getting nervous. Their problem is not a scarcity of reserves - at present level of demand, there are enough to keep the market going for over 500 years - but supply security.

Lithium, a silver-white metal so soft it can be cut with a knife, has long been used to make lubricants and heat-resistant glass as well as by the pharmaceutical industry, first to treat gout and then as a mood-stabilizer. Over the past 20 years, it has, however, also emerged as a key component of the rechargeable batteries used in mobile phones, laptops and digital cameras. 

These gadgets now account for over a quarter of international lithium consumption, says Patricio de Solminihac, executive vice-president and COO of Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), Chile’s largest producer. And that is without counting the development of electric cars which also use lithium in their batteries.

The catch for industries that use lithium is that there are only a handful of suppliers. Chile, which represents over 40% of the world’s current production capacity, has just two producers - SQM and the Sociedad Chilena del Litio (SCL), a subsidiary of New Jersey-based Rockwood Holdings – and there are only another dozen or so, around the world, principally in Australia, China and Argentina.

That explains why, in 2009, as part of a US$2.4 billion program to promote the development of battery technology for hybrid and electric vehicles, Rockwood received a grant of US$28.4 million from the U.S. government for the expansion of its existing lithium carbonate facility in Nevada and to build a new lithium hydroxide plant in North Carolina. It also explains why lithium users are interested in moving upstream and investing directly in its production.

Chile is the obvious candidate. As well as a secure and attractive business environment, it has some of the world’s lowest lithium production costs, points out Alvaro Merino, head of research at Chile’s Mining Society (SONAMI).

Lithium, which does not exist in nature as a metal but only in different compounds, can be obtained either from brines - or, in other words, salt flats like those found in northern Chile’s Atacama Desert - or, more expensively, from certain types of minerals as in Australia. But, even among brine producers, Chile has a competitive edge.

That is because weather conditions in the Atacama Desert – usually windy and sunny - make the evaporation process more efficient, explains Monika Engel-Bader, president of Chemetall, the Munich-based company through which Rockwood owns SCL. “In Nevada, for example, where we also use a pond system, environmental conditions aren’t quite as good and production costs are a bit higher,” she says. 

Lithium users in Asia, Chile’s main market, are reported to have scouted investment opportunities in Chile. So far, however, they have gone away empty-handed.

Reserved for the state

That is because of what now seems an historic anomaly. In the early 1980s, when Chile reformed its mining legislation, opening the way to huge new investments principally in copper, it made a distinction between “concessionable” and “non-concessionable” minerals.

Most, including copper, were placed in the former category, but lithium and hydrocarbons were defined as non-concessionable. In the case of lithium, that was because it was then considered a “strategic” material due to its application in nuclear warheads and potential use in nuclear fusion power plants.

Nuclear fusion has, however, remained a distant prospect and, at the end of the Cold War, the United States sold its strategic lithium stockpiles, but Chile did not change its legislation. “It is the only country in the world that still treats lithium as a strategic material,” notes SQM’s Patricio de Solminihac.

As a result, lithium can only be produced in Chile by the state or state-owned companies (Codelco, the state copper producer, has lithium concessions that it doesn’t exploit). Moreover, points out Jerónimo Carcelén, a mining lawyer, if a significant amount of lithium is obtained as a by-product of other mining activities, the state must be informed and can claim its right to market it (although this doesn’t, in practice, happen).

The exception to this regime were the lithium concessions that predated the 1980s reform, held by Chile’s Economic Development Agency (CORFO) in the Atacama Salt Flat and by Codelco in the Pedernales Salt Flat, further south in the Atacama Desert. It is CORFO’s concessions that SQM and SCL have been exploiting since then.

SCL, which produced its first lithium in 1984, was born as a joint venture between CORFO and Foote Mineral Company, then the world’s largest lithium producer which was subsequently acquired by Chemetall. CORFO had done the exploration, recalls Engel-Bader, but needed a partner to develop the resources and, after a few years, sold its stake in the venture to Foote.

SQM dates back to the 1920s as a nitrates producer but only entered the lithium market in the early 1990s when it acquired 75% of MINSAL Ltda., a joint venture formed in 1986 by CORFO, the Amax mining company and locally-owned Molymet. In 1995, it too went on to buy out CORFO.

That looks like a comfortable duopoly and there is, indeed, some criticism of the terms on which SQM and SCL are allowed to use CORFO’s concessions. SQM, with lithium sales of US$150 million in 2010, pays an annual rent of US$15,000, plus 6.8% of its lithium sales, or a total of around US$20 million a year.

SCL, on the other hand, pays neither a fixed rent nor a percentage of its lithium sales, but 10% of magnesium sales and 3% of potassium chloride sales which, according to COCHILCO, amounted to US$1.4 million in 2008. The difference, according to Engel-Bader, is that SCL paid upfront for its use of CORFO’s concessions.

At the Chilean government’s Copper Commission (COCHILCO), executive vice-president Andrés Mac-Lean denies that the contracts were a mistake. “They were signed on the basis of market conditions at the time,” he says, “and it’s easy to be wise after the event.”

A legal straitjacket 

But the companies aren’t too happy with their contracts either. According to COCHILCO, world demand for lithium doubled in the ten years to 2008 while its price approximately trebled and, after a bad year in 2009, strong growth is again expected, with demand possibly doubling again by 2020.

Chile’s output of lithium compounds has increased, rising from 36,000 tonnes in 2000 to a peak of 60,000 tonnes in 2007 (but dropping to 57,000 tonnes in 2008 and a low of 31,000 tonnes in 2009). In the medium term, however, both SCL and SQM face caps on their output.

SQM’s contract will expire in 2030 and, in any case, only allows it to produce the equivalent of 180,000 tonnes of lithium metal. That means some 960,000 tonnes of lithium carbonate, explains de Solminihac, of which it has so far produced 350,000 tonnes, and COCHILCO estimates that it will reach its limit by 2023. In 2009, it reportedly requested a 20% increase in the limit, but met with a refusal. 

SCL is better off. Its contract sets a limit of 200,000 tonnes of lithium metal but no expiry date and, according to COCHILCO, it should be able to continue to produce through to 2040. But that’s not good enough, says Engel-Bader.

“This is a very important time for the lithium business and users like car manufacturers want to be sure we’ll be able to continue supplying them in 20, 30 and even 50 years’ time,” she says.

The risk is that, otherwise, they will look elsewhere. And that is the risk for Chile too.

The world lithium market was worth some US$600 million in 2010, estimates Mac-Lean, and is, in other words, tiny as compared to copper, Chile’s main export. Nor, on present count, is it likely to acquire the importance of that other “white gold” - nitrates - that dominated Chile’s economic and social history in the early twentieth century.

Still, other countries are hungry for a bite of the market. And that includes two of Chile’s immediate neighbors, Argentina and Bolivia.

The Uyuni Salt Flat in Bolivia, just across the border from the Atacama Desert, is, indeed, believed to be the world’s single largest reserve of lithium. The government of President Evo Morales has invested an estimated US$6 million in a pilot lithium plant there and a number of companies, including Japan’s Mitsubishi and Sumitomo, South Korea’s Samsung and Frances’s Bolloré industrial group, are reported to have made approaches with a view to possible investments.

Along with Chile and Bolivia, northern Argentina also forms part of the area dubbed by Forbes magazine as the “Saudi Arabia of lithium”. Argentina currently accounts for an estimated 11% of world production capacity, with just one operation on the Hombre Muerto Salt Flat, owned by U.S.-based FMC Corporation, but a number of junior mining companies, some of them in partnership with subsidiaries of large car manufacturers that had previously had conversations in Chile, are engaged in exploration operations.

SONAMI’s Alvaro Merino points out there are currently 14 new lithium projects being developed around the world that would more than double world production capacity, but none of them are in Chile. “We’re missing the bus,” he laments. “Despite Chile’s competitive advantages, the new capacity will be in other countries unless there’s a change in law.”

Fast-track solution

That view is echoed by Chemetall’s Monika Engel-Bader. “Chile is the best lithium source in the world but… we need to be able to count on a long-term perspective,” she says.

If, by 2020, 10% of new cars are electric, Chemetall would need to have doubled its lithium carbonate output, she says. Given that new projects have a lead time of around three years and production could only be increased gradually, time is at a premium, she insists.

Under the previous Chilean government headed by President Michelle Bachelet, a Lithium Roundtable, bringing together different government agencies, was set up to study the issue but that was as far as it got. However, the government of Sebastián Piñera, who took office as Chile’s president in March 2010, hopes to provide an early answer.

The obvious remedy would be to change the law and make lithium concessionable and that is the solution favored by many in the government coalition. However, that would be a major undertaking, calling for a reform of Chile’s constitution, an option for which the government would require the support of the opposition and, even in the unlikely event this were forthcoming in sufficient numbers, it could take years, says Jerónimo Carcelén. 

According to COCHILCO’s Mac-Lean, the government’s likely decision will be to tender operating contracts for the development of individual lithium deposits. Similar to the so-called CEOPs offered by the previous government for the development of hydrocarbons reserves in the Magallanes Region of the far south, they have the advantage of not requiring a change in the law, points out Carcelén.

The decision could be announced in late April, suggests Mac-Lean, although issuing tenders for the contracts would take longer. The necessary regulation could be drawn up quite quickly, he says, but each contract would require careful and time-consuming preparation.

One problem is that, although the Atacama Salt Lake has been pretty thoroughly surveyed, there is much less information about reserves in the three salt flats - Pedernales, Punta Negra and Maricunga - where the so-called Lithium Operating Contracts (CEOLs) would be offered. Most of the studies that exist are quite old, says Mac-Lean.

There is, however, another difficulty, points out Carcelén. Most of the areas where lithium is believed to exist are already subject to mining concessions for other minerals, either because these minerals are genuinely being exploited or because the concessions were acquired more speculatively in the name of other minerals but with a view to their future lithium potential.

The result is that the government could find itself wanting to offer a CEOL in an area in which there is another company already producing, say, nitrates. That is the drawback of CEOLs, admits Mac-Lean, but is not insurmountable.

The trick will be to find a way to compensate the existing concession holder and there are a number of options. One would be for bidders on the CEOL to offer financial compensation; another would be for the concession holder to become a partner in the contract.

Neither SQM nor SCL have publicly expressed an opinion about CEOLs, but are in talks with the government about their possible introduction. “We are in favor of a broad consensus that permits a change in the regulation… and allows Chile to maintain and strengthen its leadership,” says de Solminihac.  

The devil will, of course, be in the details of how the jigsaw of concessions and CEOLs is put together and in ensuring fair compensation arrangements for concession holders. If they can be made to work, CEOLs would, however, be a quick and practical way of loosening lithium’s legal straitjacket.

Ruth Bradley is a freelance journalist based in Santiago and a former editor of bUSiness CHILE.