En los últimos cinco años, el gasto público en Chile habría registrado un crecimiento real del 67%, en comparación con un 24% real de aumento del PIB. La expansiva política fiscal fue posible debido a la bonanza de los precios del cobre, que llenó las arcas del Fondo de Estabilización Económica y Social de dólares, y cambios al marco regulador. Parte de ese aumento del gasto pudo ser justificable en consideración a la crisis del 2009, sin embargo, no podríamos decir que en el resto de los años la política fiscal cumplió con los objetivos de ser anticíclica y colaborar con el objetivo de un tipo de cambio real alto y tasas de interés bajas. Podríamos decir, en términos simples, que el gobierno se ganó la lotería en ese período y lo celebró con una fiesta, pero con una fiesta más austera de lo que podría haber sido.
Surgen de lo anterior dos aspectos de interés. El primero relativo a la eficiencia de ese mayor gasto público, la cual no habría sido la mejor, dado el comportamiento de la productividad de factores en esos años. Para ser justos, no es fácil asignar en forma eficiente un aumento de gasto tan considerable. La segunda, y que será el tema de esta columna, se refiere al efecto macroeconómico del gasto público sobre los precios, el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación
Un nivel de gasto público mayor, dado su sesgo hacia bienes no transables, presiona al tipo de cambio real a la baja y/o a las tasas de interés al alza, situaciones ambas desfavorables para el crecimiento de la economía en el mediano plazo. En definitiva, el mayor gasto público no es gratis, ya que genera un efecto negativo en las exportaciones y en la inversión. Este efecto podría ser contrarrestado con la eficiencia del gasto, si se logra incrementar la productividad de la economía a través de la provisión de bienes públicos. Sin embargo, como se mencionó antes, la eficiencia del aparato estatal en Chile deja bastante que desear y de hecho es ahí donde debería centrarse el proceso de reformas de este gobierno o de cualquiera.
Las consideraciones anteriores hacen altamente recomendable un cambio de giro en la política fiscal, recomendación que tiene su origen en varias razones macroeconómicas. La primera es que es deseable que la política fiscal tenga un carácter anticíclico, de forma tal de colaborar con los equilibrios macroeconómicos. En la actualidad el gasto privado, tanto de consumo como de inversión, crece a un ritmo mayor a lo que se estimaba hace algunos meses, y es altamente probable que esta situación se acentúe el próximo año. En un escenario de sólido crecimiento -el Banco Central de Chile elevó su proyección para el crecimiento del PIB de Chile en 2010 a entre un 5,0% y un 5,5%-, una política fiscal austera colabora con la contención de las presiones inflacionarias y atenúa la necesidad de tasas de interés más elevadas.
La segunda razón es el comportamiento del tipo de cambio real, que ha mostrado una tendencia decreciente durante 2010. Aunque las exportaciones totales crecen a un ritmo satisfactorio, existen rubros exportadores cuya competitividad se está viendo seriamente afectada, lo que podría generar problemas al país en especial si la boyante situación del precio del cobre tiende a revertirse. Diversos estudios señalan que el nivel de gasto público afecta al tipo de cambio real, especialmente en un contexto de una economía abierta, con bajo riesgo país, como la de Chile. En ese sentido, una política fiscal más austera favorece el desarrollo del sector exportador y alienta la sustitución de importaciones
La tercera razón es que en los últimos años la ejecución fiscal se desvió notoriamente del objetivo de equilibrio fiscal estructural de Chile, política cuyos beneficios para la economía han sido ampliamente alabados y reconocidos. En la práctica, esta política implica gastar sólo la cantidad de ingreso fiscal que queda en cualquier año tras restar el ingreso neto que el gobierno habría recibido si el PIB, el cobre o el molibdeno hubiera estado en sus valores de tendencia de largo plazo. Desafortunadamente, Chile ha gastado más que eso durante algunos años.
Recuperar el equilibrio estructural en un plazo de cinco años exige un crecimiento del gasto público de menos de la mitad del que se registró en promedio en los últimos cinco años; estamos hablando de tasas en torno al 4% real anual. El incremento del 5,5% en la propuesta presupuestaria del 2011 respecto del gasto público proyectado para 2010 es levemente superior a esto, pero todavía se sitúa dentro de un rango aceptable.
Aún si se considera el efecto del terremoto en el gasto público, el presupuesto del 2011 muestra que el gobierno está preparado para ajustarse el cinturón. Si puede mantener esta política durante los próximos cinco años, Chile debería cosechar los beneficios de una política fiscal orientada mucho más a la calidad que a la cantidad.
Cecilia Cifuentes es economista del Programa Económico y Social del centro de estudios con sede en Santiago Libertad y Desarrollo. Su correo electrónico es: [email protected]
In the last five years, Chile’s public expenditure grew 67% compared to a 24% real increase in GDP. This expansionary fiscal policy was possible due to the copper price bonanza, which filled the coffers of the Social and Economic Stabilization Fund with dollars, and changes in the regulatory framework. Part of this increase was justified by the financial crisis of 2009, but in general fiscal policy failed to meet the objective of being anti-cyclical while maintaining a high real exchange rate and low interest rates. Put simply, the government won the lottery and celebrated with a party, but a quieter party than it could have had.