Los chilenos están de vuelta en las calles. Tras un breve respiro durante el verano, Chile de nuevo está en los titulares por las protestas sociales. Pero la ubicación ha cambiado; las protestas estudiantiles del año pasado que capturaron la atención del mundo se desarrollaron principalmente en Santiago. Este año, la gente marcha en Calama, ciudad minera del norte del país, y en la sureña Región de Aysén, ambos lugares ubicados a miles de kilómetros de la capital.

Las demandas en cada región difieren -una mayor parte de las ganancias de las mineras del cobre en Antofagasta y menores precios del combustible en Aysén-, pero debajo de estas protestas hay un llamado a una mayor descentralización.

En enero, mientras los bomberos luchaban por controlar los incendios forestales que arrasaban el Parque Nacional Torres del Paine en Aysén, el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, advirtió que habría “cientos de incendios” que extinguir si el Gobierno no abordaba el tema de la descentralización.

Desde entonces, las protestas han ardido a lo largo del país. En marzo, el alcalde Velásquez encabezó una marcha a través de Calama exigiendo que más ganancias de la minería del cobre se invirtieran en la región. En Aysén, los manifestantes quemaron vehículos policiales y bloquearon caminos y puentes impidiendo que los suministros de alimentos llegaran a los residentes hasta que el Gobierno acordara declarar la región una zona libre de impuestos a los combustibles.

Tales demandas no son nuevas. El descontento social en las regiones fuera de Santiago se ha estado fraguando por décadas. Pero hoy en día, quizás inspirado por las recientes protestas en Santiago y en otras partes del mundo, hay una sensación de que el cambio podría estar más cerca que nunca.

El problema es que pese al éxito económico de Chile, sigue siendo uno de los países más altamente centralizado de la región.

La Región Metropolitana de Santiago alberga a más de 6 millones de personas -cerca del 40% de la población- y genera alrededor de la mitad del PIB del país (48,3% en el 2009), según cifras del Banco Central de Chile. De manera crucial, la ciudad también es sede de las principales universidades, organizaciones empresariales y oficinas centrales de casi la totalidad de las mayores empresas del país.

El resto de la población se dispersa por el norte y el sur. Con cerca de 4.300 kilómetros de largo y en promedio solo 180 kilómetros de ancho, los recursos mineros del país se concentran en el norte, mientras que las agricultura, la pesca y el sector forestal se centran principalmente en las regiones del centro y sur del país.

El resultado es una amplia brecha económica entre Santiago y las regiones mineras relativamente pudientes tales como Antofagasta y Atacama, por una parte, y las regiones más pobres concentradas en la agricultura de La Araucanía, Coquimbo y Maule, por otra.

Según el Estudio Territorial de Chile de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado en el 2009, las inequidades territoriales son mucho más altas en Chile que en la mayor parte de los países de la OCDE. El coeficiente de Gini de Chile -índice que mide la desigualdad a través de las regiones- fue de 0,25, el cuarto mayor de la OCDE (basado en cifras del 2004) y superado solo por México, República Eslovaca y Bélgica.

En los últimos años se han logrado algunos avances, en particular en la sureña Región del Bío Bío, azotada por el terremoto del 2010, pero las inequidades regionales siguen siendo una razón clave del alto nivel de inequidad social que tiene Chile en comparación con otros países de la OCDE.

“El proceso de regionalización de Chile está avanzando muy lentamente comparado con otros países de la región”, sostiene Mario Marcel, subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE.

Mientras Bolivia y Colombia se han vuelto mucho más descentralizados en las últimas dos décadas, Chile sigue muy centrado en Santiago, afirma Marcel.

“Incluso dentro de América Latina, donde hay una historia de centralización, Chile se encuentra en el extremo inferior de la escala de descentralización”, señala.

Santiago La Lleva

La centralización en Chile se remonta a la colonización española en el Siglo XVI, cuando Santiago fue establecido como centro militar, religioso y económico del país.

“Chile siempre ha sido una nación controlada desde Santiago, eso no ha cambiado desde los tiempos de la Colonia”, dice Francisco Sabatini, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica en Santiago.

En el pasado, la lógica de la industrialización significaba que se esperaba que las provincias ricas en recursos de Chile se sacrificaran por el bien mayor del país, que era controlado por la elite dueña de las tierras la que se concentraba en Santiago.

Pero esto ha cambiado con la globalización y el desarrollo
económico. Hoy en día, los chilenos a lo largo del país, conectados a través de Internet con grupos alrededor del mundo, están preparados para defender sus derechos y valores globales, como la protección del medio ambiente y la democracia.

Al mismo tiempo, ha aumentado la demanda de una
mayor descentralización. No obstante, este fenómeno es relativamente reciente. No fue sino hasta el año 1974
que las 25 provincias del país (hoy suman 54) se agruparon para formar regiones, cada una con su propio gobierno.

Una reforma constitucional aprobada en el 2005 permitió la formación de dos regiones más -las de Los Ríos y de Arica y Parinacota-, lo que significó que hoy existen 15. Pero si bien la cantidad de regiones ha crecido, sus identidades siguen débiles, señala Sabatini.

“La centralización en Chile es tan fuerte que hasta hace poco las regiones eran conocidas por sus números como los presos”, destaca.

Y, como los presos, las regiones de Chile dependen de asignaciones. Mientras las regiones en otros países de la OCDE como Alemania e Italia se concentran en cómo competir mejor en la economía global, las regiones de Chile están más preocupadas de obtener beneficios del Gobierno central, indica Marcel de la OCDE.

“La descentralización no es solo unilateral, también se trata de cómo las regiones son capaces de desarrollar sus propias identidades”, destaca.

Financiar a las Regiones

El problema no es tanto una cuestión de dinero. Las regiones de Chile reciben financiamiento a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el que ha aumentado de US$1.230 millones en el 2009 a US$1.780 millones en el 2012.

Más aún, el Gobierno ha incrementado la participación del FNDR no vinculado a proyectos específicos del 50% en el 2011 al 63%, lo que significa que los gobiernos regionales pueden decidir si gastan el dinero en caminos, hospitales, escuelas o proyectos de infraestructura.

“El gasto público se ha vuelto más descentralizado”, señala el subsecretario de desarrollo regional del Ministerio del Interior, Miguel Flores. “Es necesario que nivelemos el campo de juego de manera que todos, donde sea que vivan, tengan las mismas oportunidades”.

Las regiones además pueden postular a financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), administrado por la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO), que aspira a promover la innovación y destacar las ventajas comparativas de potenciales inversionistas.

Sin embargo, según estimaciones de la OCDE, la participación total del gasto público administrado por las regiones en Chile aún sigue siendo cercana al 15% lo que se compara cerca del 25% en los países desarrollados.

“No se trata tanto de cuánto dinero recibe cada región, sino
más bien de quién decide cómo se gasta el dinero”, sostiene Marcel de la OCDE.

Aun cuando el financiamiento para las regiones se ha incrementado de manera constante, proyectos de infraestructura muy necesarios aún deben ser aprobados por el Gobierno central lo que significa que las regiones a menudo son lentas en la respuesta a las necesidades de sus habitantes.

Gobernar las Regiones

Parte del problema es la manera en que se organizan los gobiernos regionales. Cada región tiene un intendente, designado por Presidente, quien actúa como el representante del Gobierno central ante el Consejo Regional (CORE), compuesto por hasta 14 consejeros escogidos por representantes elegidos localmente.

“Esta es una estructura híbrida que no genera las sinergias requeridas para el desarrollo de las regiones”, sostiene Marcel.

Su principal debilidad es que el Gobierno central a menudo no se entera de los problemas en las regiones hasta que la gente comienza a protestar en las calles, dice Patricio Navia, cientista político chileno y profesor en la Universidad de Nueva York.

En virtud del actual sistema, los intendentes tienen un incentivo para esconder los problemas sociales en sus regiones del Gobierno central, porque sus empleos dependen de ello, indica Navia. “El resultado es que operan en una burbuja que a la larga explota”.

El Gobierno ha pasado a mejorar este sistema. Una reforma constitucional aprobada en el 2009 permite a los consejeros regionales ser elegidos de manera directa por los residentes de cada región y un proyecto de ley para convertir este cambio en ley está actualmente en el Congreso.

“Esto empoderará a los consejos regionales y aumentará la participación de las comunidades locales”, sostiene Flores.

No obstante, si bien será un paso positivo, el proyecto de ley no va lo suficientemente lejos, señala Navia.

En teoría, los consejeros elegirán al presidente del CORE, mientras que los intendentes prestarán servicios en un rol ejecutivo, pero cómo funcionará exactamente este acuerdo está abierto a debate.

”En la práctica, los partidos políticos nombrarán a sus propios candidatos y el presidente terminará siendo un intendente de facto”, afirma Navia.

De todos modos, otros cambios podrían tener un impacto en cómo se toman las decisiones a nivel regional. Por ejemplo, un proyecto de ley que está en el Senado permitirá que el Gobierno central delegue responsabilidades en áreas como construcción de caminos y mantenimiento de los gobiernos regionales. El Gobierno también está trabajando para fortalecer la capacidad administrativa y el capital humano de los gobiernos regionales.

“Estamos creando un modelo de manera que las responsabilidades puedan transferirse a las regiones sin necesidad de una nueva ley”, comenta Flores. “Esto no tiene precedentes en Chile”.

A medida que Santiago tenga menos control sobre las regiones, la descentralización debería acelerarse a lo largo del país. Sin embargo, esto no está ocurriendo lo suficientemente rápido para las compañías en regiones que tienen dificultades para atraer trabajadores calificados desde Santiago.

Calidad de Vida

Gracias al auge de la minería, la norteña Región de Antofagasta tiene el PIB per cápita más alto (cerca de US$26.000) de cualquier región de Chile, compitiendo con el de países desarrollados, pero hay escasa evidencia de esta prosperidad en ciudades como Calama.

La falta de servicios de educación y salud, junto con la escasez de viviendas y alternativas de entretención, es la principal razón por la que la mayoría de los trabajadores mineros prefiere dejar a sus familias en Santiago y viajar al norte cuando se necesita.

“La infraestructura no se ha desarrollado al mismo ritmo que la industria aun cuando los salarios han aumentado”, señala Juan Carlos Villegas, presidente de Finning South America.

Finning, que suministra maquinaria pesada a las industrias de la minería y la construcción, emplea a cerca de 5.500 personas en Chile, la mitad de las cuales trabaja en Antofagasta.

Pero a medida que crece la demanda por profesionales para la minería, se está volviendo más difícil encontrar personal calificado, asegura Villegas. “Simplemente no se puede capacitar gente en Santiago para que se traslade al norte”, explica.

Como resultado, Finning está invirtiendo US$12 millones en un nuevo centro de capacitación en la ciudad de Antofagasta que se inaugurará en noviembre con US$1 millón en financiamiento de la CORFO. El centro podrá capacitar hasta 650 trabajadores de manera simultánea en industrias relacionadas con la minería.

“Los vamos a capacitar en el norte para que se queden en el norte; es la única forma”, sostiene Villegas.

Incluso Collahuasi, compañía chilena dedicada a la extracción del cobre que tiene su sede central en la ciudad de Iquique, está preocupada. Collahuasi está integrada estrechamente con la comunidad local a través de programas de desarrollo sustentable y capacitación, pero no hay suficientes candidatos para satisfacer la demanda.

“El principal desafío de la descentralización es concentrarse en temas importantes para las familias como la educación y la salud, lo que puede atraer gente desde Santiago”, comenta la portavoz de Collahuasi, Bernardita Fernández.

Este problema no es exclusivo de la industria minera.

Encontrar suficiente mano de obra calificada en regiones con una ventaja competitiva en la acuicultura también es un “serio desafío”, sostiene Ricardo García, presidente de Camanchaca, una de las mayores empresas de pesca y acuicultura de Chile.

Pobre infraestructura y falta de servicios básicos en estas regiones -Atacama, Los Lagos y Aysén- implican que los trabajadores se resisten a vivir ahí. “Esto crea un círculo vicioso [lugares] donde la gente no irá o abandonará, lo que hace aún más difícil que estas regiones se desarrollen”, afirma García.

Camanchaca está trabajando con colegas, institutos y universidades locales para promover la educación relacionada con la acuicultura, pero el riesgo es que los graduados se vayan para buscar una vida mejor en otra parte.

Incluso la Región de Magallanes, que atrae un 70% del turismo de Chile con sus pintorescos paisajes, enfrenta dificultades para atraer trabajadores. Si bien la calidad de vida es mejor que en otras regiones, los costos de la calefacción y el transporte son más altos debido a las malas condiciones climáticas.

El productor canadiense de metanol Methanex, que ha creado más de 2.000 puestos de trabajo directa e indirectamente en la región, tiene una política de contrataciones locales, pero encontrar personal calificado en la industria de petróleo y gas es difícil, señala Paul Schiodtz, vicepresidente senior para América Latina en Methanex.

El desarrollo regional es clave para la sustentabilidad del negocio, sostiene, que es la razón por la que Methanex se ha concentrado en transferir mejores prácticas, en especial en términos de seguridad y medio ambiente, además de respaldar programas universitarios destinados a satisfacer las necesidades de la industria local.

“El dicho de que no es posible tener un negocio exitoso en comunidades pobres es muy cierto”, dice Schiodtz.

Integrar a la comunidad local en la cadena de producción de valor beneficia tanto a la empresa como a los habitantes de la comunidad, pero se necesitan políticas públicas que adapten a la realidad de cada región, señala.

Dada la diversidad regional del país, este es un importante desafío. “El desarrollo económico de Chile depende de su sensibilidad a las demandas regionales”, dice Francisco Sabatini.

Aumentar el gasto público administrado por las regiones y fortalecer a los gobiernos regionales son pasos importantes, pero la descentralización es un proceso gradual.

Entregar más políticas y ofrecer paquetes de beneficios ad hoc puede extinguir las llamas de la agitación social en regiones como Aysén en el corto plazo, pero es simplemente una solución parche.

Una solución de más largo plazo requiere políticas que mejoren la calidad de vida en las regiones y las empoderen para desempeñar un mayor rol en su propio desarrollo. Solo entonces Chile podrá explotar del todo su potencial económico de norte a sur.

Julian Dowling es editor de bUSiness CHILE

Chileans are back in the streets. After a brief respite over the summer, Chile is again making headlines for social protests. But the venue has changed – last year’s student protests that captured the world’s attention were mostly in Santiago. This year, people are marching in the northern mining town of Calama and the southern region of Aysén, both thousands of miles from the capital.

The demands in each region differ – a greater share of copper mining profits in Antofagasta and lower fuel prices in Aysén – but underlying these protests is the call for greater decentralization.

In January, as firefighters battled to control forest fires raging in Aysén’s Torres del Paine National Park, the Mayor of Calama, Esteban Velásquez, warned that there would be “a hundred fires” to put out if the government did not address the issue of decentralization.

Since then, protests have flared up across the country. In March, Mayor Velásquez led a march through Calama calling for more profits from copper mining to be invested in the region. In Aysén, protesters burned police vehicles and blockaded roads and bridges preventing food supplies from reaching residents until the government agreed to declare the region a fuel tax-free area.

Such demands are not new. Social discontent in the regions outside Santiago has been brewing for decades. But today, perhaps inspired by recent protests in Santiago and other parts of the world, there is the feeling that change could be closer than ever.

The problem is that despite Chile’s economic success, it remains one of the region’s most highly centralized countries.

The Santiago Metropolitan Region is home to over 6 million people – about 40% of the population – and it generates about half of the country’s GDP (48.3% in 2009), according to Central Bank figures. Crucially, the city is also home to the country’s leading universities, business organizations and the headquarters of nearly all its largest companies.

The rest of the population is spread out to the north and south. Some 4,300km long and on average only 180km wide, the country’s mining resources are concentrated in the north while agriculture, forestry and fishing are the main sectors in the central and southern regions.

The result is a wide economic gap between Santiago and the relatively well-off mining-intensive northern regions such as Antofagasta and Atacama on the one hand, and the poorer agriculture-intensive regions of La Araucanía, Coquimbo and Maule on the other.

According to the OECD’s Territorial Review of Chile, published in 2009, territorial inequalities are much higher in Chile than in most OECD countries. Chile’s Gini index of inequality across regions (0.25) was fourth highest in the OECD (based on 2004 figures) – exceeded only by Mexico, the Slovak Republic and Belgium.

Some progress has been made in recent years, particularly in the earthquake-hit Bío Bío Region in the southern part of the country, but regional inequalities remain a key reason for Chile’s high level of social inequality compared to other OECD countries.

“The process of regionalization in Chile is progressing very slowly compared to other countries in the region,” says Mario Marcel, deputy director of the Public Governance and Territorial Development Directorate at the OECD.

While Bolivia and Colombia have become much more decentralized in the last two decades, Chile remains very Santiago-centric, says Marcel.

“Even within Latin America where there is a history of centralization Chile is on the low-end of the decentralization scale,” he says.

Santiago rules

Centralization in Chile dates from the Spanish colonization in the 16^th Century when Santiago was established as the country’s military, religious and economic center.

“Chile has always been a nation controlled from Santiago, that hasn’t changed since colonial times,” says Francisco Sabatini, a professor at the Catholic University’s Urban Studies Institute in Santiago.

In the past, the logic of industrialization meant that Chile’s resource-rich provinces were expected to sacrifice for the greater good of the country, which was controlled by the land-owning elite concentrated in Santiago.

But this has changed with globalization and economic development. Today, Chileans around the country, connected by the Internet to groups around the world, are prepared to defend their rights and global values such as environmental protection and democracy.

At the same time, the demand for greater decentralization has increased. But this phenomenon is relatively recent. It was not until 1974
that the country’s 25 provinces (today there are 54) were formed into regions, each with their own government. This administrative structure was comprised of 13 regions from Tarapacá Region in the north to Magallanes Region in the south.

A constitutional reform passed in 2005 allowed two more regions – Los Ríos and Arica and Parinacota – to be created, which means that today there are 15. But while the number of regions has grown, their identities remain weak, says Sabatini.

“Centralization in Chile is so strong that until recently the regions were known by their numbers like prisoners,” he points out.

And, like prisoners, Chile’s regions depend on handouts. While regions in other OECD countries like Germany and Italy are focused on how to compete better in the global economy, Chile’s regions are more concerned about obtaining benefits from the central government, says the OECD’s Marcel.

“Decentralization is not just one-sided, it’s also about how the regions are able to develop their own identities,” he points out.

Funding the regions

The problem is not so much an issue of money. Chile’s regions receive funding through the National Regional Development Fund (FNDR), which has been increased to US$1.78 billion in 2012 from US$1.23 billion in 2009.

Moreover, the government has increased the share of FNDR funding not tied to specific projects to 63% from 50% in 2011, which means regional governments can decide whether to spend the money on roads, hospitals, schools or other infrastructure projects.

“Public expenditure has become more decentralized,” says the Interior Ministry’s undersecretary for regional development, Miguel Flores. “We need to level the playing field so everyone, wherever they live, has the same opportunities.”

The regions can also apply for funding from the Innovation for Competitiveness Fund (FIC), administered by Chile’s Economic Development Agency (CORFO), which aims to promote innovation and highlight comparative advantages for potential investors.

However, according to OECD estimates, the total share of public expenditure administered by regions in Chile is still only about 15% compared to around 25% in developed countries.

“It’s not so much how much money each region gets, but who decides how the money is spent,” says the OECD’s Marcel.

Even though funding for the regions has been steadily increased, badly needed infrastructure projects must still be approved by the central government which means regions are often slow in responding to the needs of their inhabitants.

Governing the regions

Part of the problem is the way regional governments are organized. Each region has an Intendente, or governor, appointed by the President, who serves as the central government’s representative and oversees the Regional Council (CORE), comprised of up to 14 councillors chosen by local elected representatives.

“This is a hybrid structure that does not generate the synergies required for development in the regions,” says Marcel.

Its main weakness is that the central government often does not find out about troubles in the regions until people start protesting in the streets, says Patricio Navia, a Chilean political scientist and professor at New York University.

Under the current system, regional governors have an incentive to hide social problems in their regions from the central government because their jobs depend on it, says Navia. “The result is that they operate in a bubble which eventually bursts.”

The government has moved to improve this system. A constitutional reform approved in 2009 allows regional councillors to be elected directly by the residents of each region and a bill to make this change into law is currently before Congress.

“This will empower the regional councils and increase the participation of local communities,” says Flores.

But while it would be a positive step the bill does not go far enough, says Navia.

In theory, the councillors will elect the president of the CORE while the governor serves in an executive role, but exactly how this arrangement will work is open to debate.

”In practice the political parties will name their own candidates and the president will end up being a de facto Intendente,” says Navia.

Still, other changes could have an impact on how decisions are made at the regional level. For example, a bill before the Senate will allow the central government to delegate responsibilities in areas such as road construction and maintenance to regional governments. The government is also working to strengthen the administrative capacity and human capital of regional governments.

“We are creating a model so responsibilities can be transferred to the regions without requiring a new law,” says Flores. “This is unprecedented in Chile.”

As Santiago loosens its grip on the regions, decentralization should accelerate across the country. But this is not happening fast enough for companies in regions that are struggling to attract skilled workers from Santiago.

Quality of life

Thanks to the mining boom, the northern Antofagasta Region has the highest GDP per capita (some US$26,000) of any region in Chile rivalling that of developed countries, but there is scant evidence of this prosperity in cities like Calama.

The lack of education and health services, combined with a shortage of housing and entertainment alternatives, is the main reason most mineworkers prefer to live with their families in Santiago and commute to the north when necessary.

“Infrastructure has not developed at the same pace as industry even though salaries have risen,” says Juan Carlos Villegas, president of Finning South America.

Finning, which supplies heavy machinery to the mining and construction industries, employs around 5,500 people in Chile, half of whom work in Antofagasta.

But as demand for mining professionals grows, it is becoming more difficult to find qualified staff, says Villegas. “You just can’t get people trained in Santiago to move to the north,” he explains.

As a result, Finning is investing US$12 million in a new training center in Antofagasta city to be opened in November with US$1 million in funding from the Chilean Economic Development Agency (CORFO). The center will be able to train up to 650 workers in mining-related trades simultaneously.

“We will train them in the north to stay in the north, it’s the only way,” says Villegas.

Even the Chilean copper mining company Collahuasi, headquartered in the city of Iquique, is worried. Collahuasi is closely integrated with the local community through sustainable development and training programs, but there are not enough candidates to meet the demand.

“The main challenge of decentralization is to focus on issues important to families such as education and health which can attract people from Santiago,” says Collahuasi spokeswoman Bernardita Fernández.

This problem is not unique to the mining industry.

Finding enough skilled labor in regions with a competitive advantage in aquaculture is also a “serious challenge,” says Ricardo García, president of Camanchaca, one of Chile’s largest fisheries and aquaculture firms.

Poor infrastructure and the lack of basic services in these regions - Atacama, Los Lagos and Aysén - mean that workers refuse to live there. “This creates a vicious circle where people won't go or they leave, which makes it even more difficult for these regions to develop,” says Garcia.

Camanchaca is working with local colleges, institutes and universities to promote education related to aquaculture, but the risk is that graduates will leave to seek a better life elsewhere.

Even Magallanes Region, which attracts 70% of Chile’s tourism with its picturesque landscapes, is struggling to attract workers. While the quality of life is better than in other regions, transport and heating costs are higher due to the poor weather.

Canadian methanol producer Methanex, which has created over 2,000 jobs directly and indirectly in the region, has a policy of hiring locally, but finding qualified staff in the oil and gas industry is difficult, says Paul Schiodtz, senior vice-president for Latin America at Methanex.

Regional development is key to the sustainability of the business, he says, which is why Methanex has focused on transferring best practices, especially in terms of safety and the environment, as well as supporting university programs aimed at meeting the needs of local industry.

“The saying that it is not possible to have a successful business in poor communities is very true,” says Schiodtz.

Integrating the local community into the production value chain benefits both the company and the inhabitants of the community, but public policies are needed that adapt to the reality of each region, he says.

Given the country’s regional diversity, this is an important challenge. “Chile’s economic development depends on its sensitivity to regional demands,” says Francisco Sabatini.

Increasing the share of public spending administered by the regions and strengthening regional governments are important steps, but decentralization is a gradual process.

Sending in more police and offering ad hoc packages of benefits may douse the flames of social unrest in regions like Aysén in the short term, but this is merely a band-aid solution.

A longer term solution requires policies that improve the quality of life in regions and empower them to play a greater role in their own development. Only then will Chile be able to fully tap its economic potential from north to south.

Julian Dowling is Editor of bUSiness CHILE