Las escuelas de Chile les están fallando a sus estudiantes. Esa es la evidencia que comprueban un sinnúmero de informes.

Según el último informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por su sigla en inglés), una medición ampliamente usada para comparar las capacidades de los estudiantes de diferentes países, los alumnos chilenos alcanzaron un promedio de 449 puntos en lectura; ello está muy por encima del resto de Sudamérica, pero 44 puntos detrás del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Chile se incorporó el año pasado. En matemáticas, Chile se ubicó 75 puntos más abajo que el promedio de los miembros de la OCDE.

Si bien estas cifras son decepcionantes, el panorama se ve mucho peor si uno escarba más, afirma Mario Waissbluth, profesor de ingeniería industrial de la Universidad de Chile y coordinador nacional de la iniciativa ciudadana Educación 2020.

En capacidad de lectura, un tercio de los alumnos chilenos de educación secundaria obtuvieron un puntaje en el extremo inferior del rango. Ello se compara con un promedio de menos de 20 por ciento entre los países de la OCDE y de menos del 6 por ciento de una promesa educacional como Corea del Sur.

Aún peor, en la profundamente desigual sociedad de Chile, quienes dejan el colegio sin poder entender lo que leen probablemente ya están entre quienes tienen mayores carencias tanto en términos financieros como geográficos.

“No tendrán ningún futuro, porque viven en áreas empobrecidas, con pocas posibilidades de salir de ahí”, afirma Waissbluth.

Los estudiantes están conscientes de sus desalentadoras perspectivas. Cinco años atrás, miles de estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir que el gobierno invirtiera más de los enormes ingresos del cobre que tiene el país en mejorar las escuelas públicas. Cientos se tomaron los colegios. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue mínima.

Los bajos estándares educacionales de Chile no sólo arruinan las posibilidades de vida de las personas sino que también la posibilidad de desarrollo del país en su conjunto. Las esperanzas de pasar de una economía basada ampliamente en la explotación de los recursos naturales -como el cobre, la madera y los nitratos- a una basada en los servicios y la tecnología parecen remotas si la mitad de la fuerza laboral tiene dificultades para leer.

Numerosos observadores han señalado a la educación como el punto negro en medio de los ejemplares logros de las políticas públicas de Chile y un punto que el país tendrá que abordar si quiere lograr la meta del gobierno de convertirse en una nación desarrollada para fines de la década.

Estándares Más Altos

Con esto en mente, el gobierno impulsó una nueva legislación destinada de manera específica a elevar los estándares educacionales en las deficientes escuelas públicas del país.

Aprobada por el Congreso en enero y promulgada por el presidente Sebastián Piñera el mes pasado, la ley se concentra en mejorar la calidad de la docencia en las salas de clases.

Para que los alumnos de educación secundaria con altos puntajes en la PSU se sientan atraídos a estudiar pedagogía, se les entregarán becas y otros beneficios, mientras que a los estudiantes de educación que tengan un buen desempeño en su examen de grado tendrán un aumento en su sueldo base.

Los profesores también recibirán un pago adicional por trabajar en escuelas con grandes cantidades de estudiantes muy pobres y por lograr altos puntajes en la evaluación docente anual.

Y para aquellos profesores que ya se cansaron, el gobierno lanzará un programa de retiro voluntario a fin de permitir que entre más sangre nueva al sistema.

“La reforma apunta a reevaluar la profesión de pedagogo: queremos darle a los profesores el prestigio social que este trabajo se merece”, dijo a bUSiness CHILE el subsecretario subrogante de Educación, Matías Lira.

Los sueldos de los profesores casi se han triplicado en los últimos 20 años después de que el gobierno militar los diezmara durante las décadas de los 70 y los 80, pero los estándares educacionales se han mantenido bajos.

Eso se debe en parte al Estatuto Docente de Chile, que se estableció hace 20 años y que hace casi imposible despedir a un profesor que cuente con un contrato indefinido.

Con la baja de la asistencia en las escuelas públicas al tiempo que los alumnos migran a la competencia operada por privados, las escuelas a menudo tienen que reducir su personal, señala José Miguel Ossa, gerente de educación de Puente Alto, una de las comunas más pobres de Santiago.

Pero concluye que con frecuencia se ve obligado a dejar partir a talentosos profesores temporales, incluso a algunos que han sido premiados, debido a que sus colegas con contrato son intocables.

“El Estatuto Docente está manteniendo prisionera a la educación y con ella al país en su conjunto”, se lamenta Ossa.

Poder para los Directores

Paralelamente, la ley asignará más responsabilidades a los directores de las escuelas a fin de mejorar los estándares en sus colegios.

Los directores serán designados a través de un nuevo sistema profesional de reclutamiento, similar al que se emplea para seleccionar a altos funcionarios públicos, y tendrán que satisfacer metas anuales de desempeño si quieren mantener sus empleos.

A cambio, podrán armar sus propios equipos de administración y, más controversialmente, despedir hasta el 5 por ciento de los profesores peor evaluados.

No es de sorprender entonces que la medida fuera férreamente resistida por los sindicatos de profesores que convocaron a una serie de huelgas durante el debate del proyecto de ley.

“No es justo culpar a los profesores por lo que ha ocurrido en la educación”, sostiene Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores de Chile.

Según Gajardo, la medida apunta a convertir a los directores de los colegios en una especie de gerentes de empresa, concentrados en el logro de metas con poca consideración por el bienestar de los alumnos o los profesores.

“Quitar estabilidad no mejorará la calidad”, argumenta.

En escuelas subvencionadas, donde los directores ya tienen tales facultades, la diferencia en el desempeño con las escuelas públicas es mínima una vez que se toman en cuenta factores como los antecedentes de los alumnos, afirma Gajardo.

La posición del gobierno difícilmente podrías ser más distinta.

“Si queremos exigirles más (a los directores de las escuelas), tenemos que darles mayor autonomía para poder implementar los cambios necesarios a fin de cumplir estos nuevos objetivos”, argumenta Lira.

En Puente Alto, Ossa acoge de buena forma la medida, pero le gustaría que fuera más allá. “Cinco por ciento es un paso adelante, pero es absolutamente insuficiente”, sostiene.

Con no más de uno o dos profesores en riesgo en cada colegio, el personal sabrá muy bien quien va a ser despedido, lo que dará poco incentivo para que el resto mejore su desempeño, afirma.

Espacio para Mejorar

Según Waissbluth, la ley es un paso en la dirección correcta, pero que el gobierno la describa como “la reforma educacional”, le preocupa.

Los enormes problemas que enfrenta el sistema de educación pública no se resolverán con el puñado de medidas incluidas en la ley, señala.

Ello ha sido reconocido por el gobierno. En un reciente comunicado, el ministro de Educación de Chile, Joaquín Lavín, calificó a la ley solo como un pilar de la reforma más amplia que el gobierno quiere implementar.

Y, durante el debate legislativo sobre la aprobación del proyecto de ley, opositores y partidarios del gobierno acordaron una lista de otras áreas donde se requiere trabajar si el sistema de educación pública de Chile ha de mejorar.

La lista es larga y variada, y muchos de los ítems son temas políticos álgidos que no se revolverán fácilmente. Por ejemplo, una propuesta apunta a una expansión masiva de la educación preescolar, que los expertos en educación ven cada vez más como un factor clave para el futuro desempeño académico de los niños.

La ex presidenta Michelle Bachelet supervisó un ambicioso aumento en la cobertura, de cerca del 12% al 38% en solo cuatro años. No obstante, garantizar que todos los niños reciban una educación preescolar decente requerirá una enorme inversión pública.

Otra prioridad tiene que corresponder a las escuelas técnicas del país. Pese a la enorme expansión de la educación superior durante la última década, sería mucho mejor para miles de jóvenes estudiar oficios de manera que puedan ingresar a la fuerza laboral lo antes posible.

Desafortunadamente, las escuelas técnicas se encuentran en un pésimo estado y rara vez se mencionan en el debate, en perjuicio de los cerca de 400.000 alumnos que atienden, muchos de los cuales provienen de los estratos más vulnerables de la sociedad.

"Estas escuelas han sido abandonadas”, destaca Waissbluth. Una vez más, se necesita más dinero, mucho más dinero.

Pagar por la Educación

Los problemas que enfrentan los jardines infantiles y las escuelas técnicas de Chile reflejan un hecho clave que todos los sectores están comenzando a aceptar: el país necesita gastar muchísimo más en la educación de sus niños que lo que gasta en la actualidad.

Educación 2020 estima que es necesario incrementar el gasto público en educación en US$ 1.500 millones al año a fin de alcanzar los niveles de la OCDE para el término de la década.

“Si el país quiere una buena educación necesita invertir dinero: no hay ninguna fórmula mágica”, concuerda Gajardo.

Pero antes de que eso pueda ocurrir, se requiere un debate sobre cómo debería gastarse el dinero y sobre quién sería el responsable del mismo.

En la actualidad, el sistema escolar público está en manos de los gobiernos municipales, pero las grandes disparidades entre ellos significan que los estándares de gestión pueden variar ampliamente entre una comuna y otra.

Mientras algunas cuentan con grandes departamentos urbanos de educación que tienen hasta 70 empleados, el 60 por ciento de las municipalidades tienen a solo una persona responsable de educación, de los cuales casi un tercio trabajan a jornada parcial.

Waissbluth no se guarda sus críticas. “Son un desastre que debe resolverse”, asevera.

Pero aún hay una interrogantes respecto de cómo esto debería llevarse a cabo.

Según Gajardo, las escuelas públicas deberían dejar de estar en manos de las municipalidades. Asediadas por todos lados por las crecientes necesidades sociales, las municipalidades han sub financiado de manera constante a las escuelas públicas en varios miles de millones de dólares.

“Entregarles más dinero, sin importar cuánto, siempre será insuficiente; es como echar dinero a un pozo sin fondo”, argumenta.

En cambio, Gajardo quiere que las escuelas públicas sean operadas de manera central por el Ministerio de Educación.

Como cabía esperar, Ossa no está de acuerdo. Las municipalidades están en una posición mucho mejor para entender las necesidades locales que el gobierno central, señala, al tiempo que los intentos del ministerio por el control pueden ser contraproducentes. Ossa apunta a una prohibición sobre el uso de fondos para alumnos vulnerables para aumentar los salarios de los profesores.

“Esto es un poco ridículo dado que los salarios corresponden al 80% del presupuesto de educación”, indica.

Sin embargo, el gobierno quiere reducir la participación del Estado en la educación mediante la implementación de un sistema de vouchers que permitirá a los estudiantes escoger entre escuelas operadas por privados, dice Gajardo.

Es una medida que los miembros del Colegio de Profesores están decididos a combatir incluso más férreamente que el cambio anterior. “Creemos que el conflicto será inevitable”, sostiene.

Si bien todas las partes concuerdan en que Chile necesita mejorar sus estándares educacionales con desesperación, cómo ello ha de llevarse a cabo promete ser una fuente de amarga división.

La nueva ley parece un buen paso para dar vuelta el déficit en la educación pública de Chile, pero solo el primero de un camino muy largo y difícil.

Tom Azzopardi trabaja como periodista freelance en Santiago.

Chile’s schools are failing its students. That’s the evidence borne out by a welter of reports.

According to the latest PISA study, a widely used measuring stick for comparing the abilities of students in different countries, Chilean students scored an average 449 points in reading; that’s way ahead of the rest of South America but 44 points behind the average in the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), which Chile joined last year. In mathematics, Chile lagged 75 points behind the OECD average.

But while these figures are disappointing, the picture gets a lot worse if you dig deeper, says Mario Waissbluth, a professor of industrial engineering at the Universidad de Chile and national coordinator of the Educación 2020 citizen's movement.

A third of Chilean high school pupils scored in the bottom rung on reading ability. That compares to an average of less than 20 percent amongst OECD countries and just 6 percent in an educational highflyer such as South Korea.

Worse still, in Chile’s deeply unequal society, those leaving school unable to understand what they read are probably already amongst the most deprived both financially and geographically.

“They will have no future because they live in impoverished areas, with few chances of getting out,” says Waissbluth.

Pupils are aware of their grim prospects. Five years ago thousands of high-school students took to the streets demanding that the government invest more of the country’s huge copper revenues in improving public schools. Hundreds locked themselves inside school buildings. However, the government’s response was minimal.

Chile’s low educational standards not only blight individuals´ life chances but also the country’s chance of development as a whole. Hopes of moving from an economy based largely on the exploitation of natural resources, like copper, wood and nitrates, to one based around services and technology seem remote if almost half the workforce has difficultly reading.

Numerous observers have pointed to education as the black spot amongst Chile’s exemplary public policy achievements, and one the country will have to tackle if it wants to achieve the government’s target of becoming a developed nation by the end of the decade.

Higher standards

With this in mind, the government has pushed new legislation through specifically aimed at lifting educational standards in the country’s failing public schools.

Approved by Congress in January and promulgated by President Sebastián Piñera last month, the law focuses on improving the quality of teaching in the classroom.

High-scoring high school pupils will be attracted into teaching with grants and other benefits while education students who do well in an end of course exam will see their starting pay increased.

Teachers will also be paid extra for working in schools with high numbers of impoverished students and for scoring highly in annual assessments.

And for those teachers who have had enough, the government will launch a voluntary retirement program to allow more fresh blood to be brought into the system.

“The reform aims at revaluing the teaching profession: we want to give teachers the social prestige that this job deserves,” Acting Deputy Education Minister Matías Lira told bUSiness CHILE.

Teachers’ pay has almost tripled in the last two decades after the military government demolished wages through the 1970s and 80s, but educational standards have remained low.

That is partly due to Chile’s 20 year-old teaching statute which makes it almost impossible to fire any teacher on a permanent contract.

With public school attendance falling as pupils migrate to the privately-run competition, schools often have to reduce staff numbers, says José Miguel Ossa, head of education in Puente Alto, one of Santiago’s poorest neighborhoods.

But he finds he is often forced to let go talented temporary teachers, even prize-winning ones, as their colleagues on contracts are untouchable.

“The teachers’ statute is holding the education system prisoner and with it the country as a whole,” laments Ossa.

Power to the principals

In parallel, the law will grant more responsibility to school principals to improve standards in their schools.

Principals will be appointed through a new professional recruitment system, similar to that for selecting senior civil servants, and will have to meet yearly performance targets if they want to keep their jobs.

In return, they will be able to put together their own management teams and, more controversially, sack up to 5 percent of the worst-evaluated teachers.

Unsurprisingly, the measure was fiercely resisted by teachers’ unions that called a series of strikes during the debate over the bill.

“It’s not fair to blame the teachers for what’s happening in education,” says Jaime Gajardo, president of Chile’s national teachers union.

According to Gajardo, the measures aim to turn school principals into something like company managers, focused on the achievement of targets with little regard for the well-being of pupils or teachers.

“Removing stability will not improve quality,” he argues.

In subsidized schools, where principals already have such powers, the difference in performance with public schools is minimal once factors like pupil background are taken into account, Gajardo says.

The government’s position could hardly be more different.

“If we want to demand more from [school principals], we have to give them greater autonomy to be able to implement the changes necessary to meet the new targets,” argues Lira.

In Puente Alto, Ossa welcomes the move but wishes it went further. “Five percent is a step forward but it’s absolutely insufficient,” he says.

With no more than one or two teachers at risk in each school, staff will be well aware who is for the chop, providing little incentive for the rest to up their game, he argues.

Room to improve

According to Waissbluth, the law is a step in the right direction, but the government’s description as “the educational reform,” worries him.

The dire problems facing the public education system will not be solved by the handful of measures included in the law, he says.

The government has recognized this fact. In a recent statement, Education Minister Joaquin Lavín described the law as just one pillar of the larger reform the administration wants to enact.

And, during the legislative debate over the approval of the bill, opponents and supporters of the government agreed on a list of other areas where work is needed if Chile’s public education system is to improve.

The list is long and varied and many of the items are political hot potatoes that will not be easily resolved. For example, one proposal is for a massive expansion of preschool education which education experts increasingly see as critical for children’s future academic performance.

Former President Michelle Bachelet oversaw an ambitious increase in coverage, from around 12% to 38% in just four years. But ensuring that all children receive decent preschool education will require massive public investment.

Another priority ought to be the country’s technical schools. Despite the huge expansion of higher education over the last decade, thousands of teenagers are better served learning trades so they can enter the labor force as early as possible.

Unfortunately, the technical schools are in a terrible state and are rarely mentioned in the debate, to the detriment of the close to 400,000 pupils they serve, many of whom come from the most vulnerable strata of society.

"These schools have been abandoned,” notes Waissbluth. Once again more money, much more, is needed.

Paying for education

The problems facing Chile’s technical schools and nurseries reflect a critical fact that all sides are beginning to accept: the country needs to spend a great deal more on its children’s’ education than it currently does.

Educación 2020 estimates that public spending on education needs to increase US$1.5 billion annually to reach OECD levels by the end of the decade.

“If the country wants good education it needs to invest money: there is no magic formula,” concurs Gajardo.

But before that can happen, a debate is needed on how the money should be spent and who is responsible for the spending.

The public school system is currently in the hands of municipal governments but the huge disparities between them mean management standards can vary widely between one district and another.

While some large urban education departments have up to 70 employees, 60 percent of municipalities have just one person responsible for education almost a third of whom work part-time.

Waissbluth does not spare his criticism. “They are a disaster which must be resolved,” he says.

But a question mark remains over how this should be done.

According to Gajardo, public schools should be taken out of the hands of the municipalities. Besieged on all sides by gaping social needs, these have consistently underfinanced public schools to the tune of several billion dollars.

“Pushing more money their way, however much, will always be insufficient; It’s like throwing money into a bottomless pit,” he argues.

Instead, he wants public schools run centrally through the Education Ministry.

Not surprisingly, Ossa disagrees. Municipalities are much better placed to understand local needs than central government, he says, while the ministry’s attempts at control can be counterproductive. He points to a ban on using funding for vulnerable pupils to increase teachers’ pay.

“This is a little ridiculous given wages account for 80% of the education budget,” he says.

The government, however, wants to reduce state involvement in education by implementing a voucher system that would allow all students to choose between privately-run schools, says Gajardo.

It is a move his members are determined to fight even more fiercely than the previous change. “We believe conflict will be inevitable,” he says.

While all sides agree Chile desperately needs to improve educational standards, how that is to be done promises to be a source of bitter division.

The new law looks like a good step towards turning around Chile’s public education deficit, but just the first on a very long and difficult road.

Tom Azzopardi is a freelance journalist based in Santiago.