Chile es visto como un modelo de la eficiencia de libre mercado en una región en donde el proteccionismo está en alza. Sin embargo, los últimos casos de colusión que involucran a farmacias, productores de carne de ave y empresas de buses han empañado esa imagen. Las compañías han negado las acusaciones, que incluyen fijación de precios, acuerdo de cuotas y conspiración para mantener a otros actores fuera del mercado, pero el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile ha impuesto enormes multas.

Antes de que casos como lleguen siquiera a tribunales, las empresas son investigadas -a menudo por años- por la Fiscalía Nacional Económica, o FNE, que es el equivalente chileno a la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En junio, por instrucciones del presidente Sebastián Piñera, la FNE lanzó la primera guía de Chile para el cumplimiento antimonopolio denominada “Guía Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia”.

La guía está pensada para servir como un “trampolín” para que las empresas mediten sobre cómo evitar las trampas de prácticas anticompetitivas y diseñen sus propios manuales de cumplimiento, señaló el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, en un desayuno de AmCham celebrado el 7 de junio.

La libertad económica de Chile ha traído grandes beneficios para las empresas, dijo, pero también ciertos riesgos que deben limitarse. “Nosotros no buscamos reemplazar la economía de mercado, nosotros buscamos fortalecer la economía de mercado”.

La guía es necesaria, explicó, porque algunas empresas chilenas no están conscientes de que sus prácticas comerciales entran en un área gris de la ley de competencia o porque creen, falsamente, que porque han estado haciendo las cosas de la misma manera por años son inmunes al procesamiento.

“No hay que ser como una avestruz y esconder la cabeza”, es mejor que las empresas lo enfrenten, afirmó. “Podemos ser muy duros [con las empresas], pregúntenle no más a las empresas [investigadas] que tan duros podemos ser.”

Si bien los casos de colusión entre las grandes compañías han generado la mayor publicidad, la FNE puede investigar a cualquier compañía en cualquier sector, incluidas empresas estatales, sin importar su tamaño, destacó.

La actual ley de competencia de Chile fue adoptada en el año 1973 por el gobierno militar. En un principio, los recursos para su aplicación fueron pequeños y la legislación no fue parte importante del programa de reforma de Chile, que puso énfasis en la desregulación y liberalización del comercio. Pero eso ha cambiado desde el regreso de la democracia en el año 1990, en especial con la creación del TDLC en el 2003, el que ha ayudado a fortalecer el cumplimiento de la ley.

Hoy en día, el sistema de cumplimiento de Chile, donde las decisiones del TDLC se pueden apelar en la Corte Suprema, es “único” en el mundo y similar solo al de Sudáfrica que fue desarrollado en la década de los 90, destacó.

La FNE puede someter a las compañías a una costosa batalla legal, indicó, pero no es el “sheriff del pueblo” dado que debe someter todos los casos a la revisión del TDLC.

Dicho tribunal tiene la facultad de terminar contratos, disolver compañías o imponer multas de hasta US$20 millones y US$30 millones en casos de colusión. En el 2011, impuso multas por un total cercano a los US$160 millones, que es una cantidad grande para un país pequeño como Chile, subrayó.

Entonces ¿por qué, dadas estas sanciones, las firmas chilenas aún se arriesgan a ser atrapadas? Parte del problema es la escasez de información pública rigurosa. “Si hubiese mejor calidad de información pública, quizás nosotros podríamos ver los problemas más rápido y quizás podríamos tener una opinión distinta de cómo enfrentar esos problemas respecto a cómo está funcionado el mercado”, señaló.

Otro problema, añadió, es la falta de una “cultura de cumplimiento”. A diferencia de Estados Unidos, donde las empresas buscan la asesoría de abogados como una cosa natural, el cumplimiento en Chile aún se considera malo para los negocios, lo que puede generar fricción dentro de las compañías. De hecho, dado que las recompensas de ciertas prácticas dudosas de venta son altas, algunas compañías tienden a pasar por altos los riesgos involucrados, puso de manifiesto.

Por ejemplo, los bonos por desempeño para ejecutivos de ventas pueden traer beneficios para las empresas, pero también pueden ser un incentivo para que los empleados se involucren en prácticas anticompetitivas.

Crear un sistema de “zanahoria y garrote” para los empleados destinado a evitar prácticas riesgosas es esencial para el cumplimiento, pero esto tiene un costo debido a que las empresas deben invertir en crear guías internas, capacitar y hacer un seguimiento, añadió.

Aún entonces, no hay ninguna garantía de que su compañía no será investigada dado que hay una gran área gris en la ley de competencia en donde la interpretación juega un papel clave. Irarrázabal sostuvo que la ley es abierta y flexible sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer.

En consecuencia, la FNE no certifica o aprueba programas. “No podemos escribir cheques en blanco”.

No obstante, aún sin certificación, los beneficios de los programas de cumplimiento superan los costos, afirmó. De manera más importante, pueden ayudar a las compañías a evitar infracciones o detectarlas en una etapa temprana, lo que puede traer como resultado menores multas.

La FNE no tiene los recursos para seguir cada pista y debe ser cuidadosa respecto de interferir en el funcionamiento del mercado, pero si las empresas actúan de buena fe para implementar programas de cumplimiento, entonces la FNE tendrá menos trabajo que hacer, afirmó.

El objetivo no es “congelar” compañías, enfatizó, sino más bien hacerlas meditar sobre los riesgos que podrían estar tomando. En otras palabras, una onza de prevención es mejor que una libra de cura.

Julian Dowling es editor de bUSiness CHILE

Chile is seen as a model of free-market efficiency in a region where protectionism is on the rise. Yet recent cases of collusion involving pharmacies, poultry producers and bus companies have tarnished that image. The companies have denied the charges, which include price-fixing, agreeing on quotas and conspiring to keep other actors out of the market, but Chile’s Competition Tribunal (TDLC) has handed out huge fines.

Before cases like these ever get to court, companies are investigated – often for years – by the Office of the National Economic Prosecutor (Fiscalía Nacional Económica, or FNE), which is the Chilean equivalent of the U.S. Department of Justice’s Antitrust Division. In June, under instructions from President Piñera, it launched Chile’s first antitrust compliance guide titled “Guidelines for Competition Law Compliance Programs”.

The guide is meant to serve as a “trampoline” for companies to reflect on how to avoid the pitfalls of anticompetitive practices and to design their own compliance manuals, said the National Economic Prosecutor, Felipe Irarrázabal, at an AmCham breakfast on June 7.

Chile’s economic freedom has brought great benefits for companies, he said, but also certain risks that must be limited. “We don’t aim to replace the market economy, but to strengthen it.”

The guide is necessary, he explained, because some Chilean companies are not aware that their business practices fall into the grey area of competition law or they believe, falsely, that because they have been doing things the same way for years that they are immune from prosecution.

“You can’t be like the ostrich, and bury your head, it’s better for companies to face it,” he said. “We can be very tough [on companies], just ask those we have investigated.”

While cases of collusion between large companies have generated the most publicity, the FNE can investigate any company in any sector, including state-owned companies, regardless of their size, he pointed out.

Chile’s current competition law was adopted in 1973 by the military government. Enforcement resources were initially small and it was not a major part of Chile’s reform program, which emphasized trade liberalization and deregulation. But that has changed since the return of democracy in 1990, especially with the creation of the independent Competition Tribunal in 2003 which has helped to strengthen enforcement.

Today, Chile’s enforcement system, with the Tribunal’s decisions appealable in the Supreme Court, is “unique” in the world and similar only to South Africa’s which was developed in the 1990s, he noted.

The FNE can engage companies in a costly legal war, he said, but it is not the “town sheriff” since it must submit all cases to the Tribunal for review.

The Tribunal has the power to terminate contracts, dissolve companies or hand out fines up to US$20 million and US$30 million in cases of collusion. In 2011, it imposed fines totaling around US$160 million, which is a large amount for a small country like Chile, he noted.

So why, given these penalties, do Chilean firms still risk being caught? Part of the problem is the shortage of rigorous public information. “If there was better quality information, we could see problems faster and make better decisions,” he said.

Another problem, he added, is the lack of a “culture of compliance”. Unlike in the United States, where companies seek advice from lawyers as a matter of course, compliance in Chile is still considered bad for business, which can generate friction within companies. Indeed, since the rewards of certain dubious sales practices are high, some companies tend to overlook the risks involved, he pointed out.

For example, performance-linked bonuses for sales executives may bring benefits for the company, but they can also be an incentive for employees to engage in anticompetitive practices.

Creating a “carrot and stick” system for employees to avoid risky practices is essential for compliance, but this has a cost as companies must invest in creating internal guidelines, training and monitoring, he said.

Even then, there is no guarantee your company will not be investigated since there is a large grey area in competition law where interpretation plays a key role. “The law is open and flexible about what you can and can’t do,” he said.

As a result, the FNE does not certify or approve programs. “We can’t write blank checks.”

Even without certification, however, the benefits of compliance programs outweigh the costs, he said. Most importantly, they can help companies avoid infractions or detect them early on, which can result in reduced fines.

The FNE does not have the resources to chase every lead and it must be careful about interfering in the functioning of the market, but if companies act in “good faith” to implement compliance programs, then the FNE will have less work to do, he said.

The aim is not to “freeze” companies, he emphasized, but rather to make them think about the risks they may be taking. In other words, an ounce of prevention is better than a pound of cure.