Cuando el Air Force One aterrice en marzo en Santiago, la atención del mundo una vez más se volcará a Chile. Tras el terremoto de 8,8 grados de magnitud y el dramático rescate de los 33 mineros atrapados en Copiapó, Chile tuvo su justa cuota de atención de los medios de comunicación, pero la vista del presidente Barack Obama es más que una oportunidad para las fotos: es una señal de respeto para uno de los más cercanos aliados de Estados Unidos en la región.

Y ese respeto está bien ganado. Según las clasificaciones internacionales, Chile es el país más competitivo de América Latina con el mayor índice de libertad económica. Chile ha sido uno de los grandes ganadores de la globalización con una extensa red de tratados comerciales y se encuentra en vías de convertirse en un país desarrollado para el final de esta década.

Entonces, ¿cuál es el problema?

En la superficie, no hay ninguno. La bonanza que ha experimentado el cobre en los últimos cinco años ha ayudado a pagar la reconstrucción del terremoto y la gestión macroeconómica del país es ampliamente reconocida como ejemplar.

Sin embargo, escarbe un poco más y el panorama no es tan lindo. Bajo el velo de los altos precios del cobre, las empresas chilenas son menos productivas de lo que eran hace una década.

Tras crecer a una tasa del 2,3 por ciento al año entre los años 1986 y 1997, cuando la economía de Chile creció más de un 7 por ciento anual, la productividad -medida como el coeficiente de producción dividida por insumos de capital y mano de obra- cayó un promedio del 1,1 por ciento anual entre el 2006 y el 2009.

“Hemos perdido productividad en los últimos cinco años, lo que ha sido muy perjudicial para nuestra economía”, señala Bruno Baranda, subsecretario del Trabajo.

El Presidente Sebastián Piñera ha convertido en una prioridad el revertir esta tendencia y la productividad creció el año pasado por primera vez desde el 2005, aunque solo un 0,3 por ciento, pero el mayor gasto es el enemigo de la eficiencia.

El terremoto del año pasado, que causó US$ 30.000 millones en daños, con lo que se convierte en uno de los desastres naturales más costosos del mundo, obligó al Presidente Piñera a incrementar el gasto de manera drástica para pagar la reconstrucción.

Dado que los precios del cobre actualmente se sitúan en más de US$ 4,10 la libra tras alcanzar un promedio de US$ 3,42 en el 2010, por sobre los US$ 0,80 del 2003, y que siguen llenando de dólares el Fondo de Estabilización Económica y Social, el financiamiento de la reconstrucción no ha sido difícil.

Aún hay mucho por hacer, en particular en términos de vivienda, pero el dinero está. La mala noticia para los exportadores es la depreciación del dólar -que en la actualidad se negocia en 476 pesos, frente a los 510 pesos de hace unos meses- y la mayor inflación, que ha hecho que el Banco Central de Chile eleve las tasas de interés.

Analistas esperaban una moderada expansión fiscal el año pasado, pero se vieron sorprendidos cuando el gasto público real de Chile subió un 7 %, superando así el crecimiento estimado del PIB del 5,3 por ciento.

“La expansión fiscal fue mayor que lo esperado, especialmente en diciembre, lo que tuvo consecuencias negativas para la tasa de cambio y todos los chilenos terminaron perdiendo”, afirma Ricardo Matte, director del Programa Económico del centro de estudios de Santiago Libertad y Desarrollo.

Recortar el gasto público es clave para la competitividad de Chile en el largo plazo, sostiene, pero la contracción fiscal es difícil dadas las enormes necesidades de reconstrucción.

Afortunadamente, hay otras maneras de impulsar la competitividad y de conducir el crecimiento económico sin recortar el presupuesto o esperar que los precios del cobre caigan, lo que inevitablemente ocurrirá.

La productividad, según Matte, necesita crecer en torno al 1,5 por ciento anual para lograr la meta del gobierno de un crecimiento económico promedio del 6 por ciento, que es mucho mayor que el del año pasado.

“Chile es como un atleta que está fuera de práctica, pero al menos sabemos que podemos lograrlo”, indica. “Es hora de volver a entrenar”.

Hacer que Chile vuelva a estar en forma requiere reformas macro y microeconómicas, sostiene Matte, y con las elecciones municipales en el 2012 seguidas por las elecciones presidenciales en el 2013, este año podría ser la ventana del gobierno para disponer las bases del futuro crecimiento.

La Brecha del Producto

Primero, sin embargo, es necesario que Chile reduzca su brecha del producto. Según un reciente estudio realizado por la consultora estadounidense de gestión McKinsey & Company, la productividad laboral de Chile -medida como el PIB por hora trabajada- equivale a solo el 34 por ciento de la productividad de Estados Unidos.

Cerrar la brecha tendría un “enorme impacto” sobre el crecimiento económico, afirma Alejandro Krell, socio de McKinsey & Company en Chile.

Incluso alcanzar el 76 por ciento de la productividad de Estados Unidos -el máximo al que Chile puede aspirar dadas sus contracciones estructurales - elevaría el PIB per cápita a US$ 27.000 para el 2020 frente a los US$ 19.000 de los actuales niveles de productividad, señala.

A juicio de Krell, cerca de la mitad de producto se debe a “factores operacionales” tales como la falta de estándares en el sector de la construcción, la que impide que los constructores utilicen materiales prefabricados.

En el sector minorista, las numerosas tiendas familiares tienden a ser menos productivas que las más grandes, pero incluso los hipermercados son menos productivos que sus contrapartes estadounidenses, afirma Krell.

Luego están las barreras regulatorias.

Por ejemplo, las tiendas chilenas tienen prohibido cobrar distintas tarifas a los clientes dependiendo del método de pago. “El cheque es una transacción manual que es difícil de procesar, lo que afecta la productividad”, asevera Krell.

Países como Noruega han mejorado la productividad cobrándoles más a los clientes que usan cheques.

“Si las regulaciones no dan un incentivo para que a uno cambie la conducta, entonces es difícil cambiar los hábitos culturales”, concluye Krell.

Obstáculos a la Competitividad

Impulsar la competitividad de la economía de Chile requiere cambios específicos dependiendo de las distintas barreras que enfrenta cada sector.

El Ministerio de Economía, al que se le encomendó la tarea de fomentar la competitividad, creó en noviembre
una entidad de carácter público-privado denominada Impulso Competitivo para identificar obstáculos microeconómicos a la competitividad en 10 sectores de la economía.

El informe, publicado en enero, detalla 300 obstáculos incluidos algunos que son comunes en todos los
sectores tales como las regulaciones laborales, los costos de la energía, la infraestructura, el acceso al financiamiento, las normas de propiedad intelectual y los costos de obtener permisos.

“Este estudio es la semilla para una reforma efectiva a los procesos del Estado”, afirma Andrés Concha, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) de Chile, quien trabajó con el Ministerio de Economía en el diseño del estudio.

Ricardo Matte, quien participó en la comisión metalúrgica, indica que las medidas tomadas por el ministerio para abordar estos obstáculos apuntan a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

“Las Pymes corresponden al 80 por ciento del empleo del país y elevar su productividad mediante una reducción de costos es esencial”, señala Matte.

El ministerio ya ha tomado medidas, impulsando recientemente un proyecto de ley que reduce el tiempo necesario para formar una empresa de 27 a 16 días, y está trabajando en otra legislación.

Alejandro Krell de McKinsey dice que las medidas del gobierno son todos “pasos en la dirección correcta”, pero añade que una mayor cooperación público-privada en áreas como agronegocios y turismo también podría ayudar a la productividad.

Un clima que facilita el emprendimiento y la innovación es importante, pero el estudio muestra que el acceso a suministro energético de menor costo, mano de obra calificada y servicios públicos de calidad también son áreas en que Chile debe mejorar.

Flexibilidad Laboral

El año pasado, se crearon 485.000 nuevos empleos en Chile y el gobierno planea crear otro millón en los próximos tres años.

Si bien estas son buenas noticias para los chilenos -en especial para las mujeres, dado que se espera que ellas ocupen el 70 por ciento de los nuevos puestos de trabajo- la mayor tasa de empleo no es un indicador de productividad.

De hecho, la inflexibilidad laboral es una importante restricción para la competitividad, según el informe Impulso Competitivo. El sistema de seguro de desempleo está en el primer lugar de la lista con el costo de despido equivalente a un 100% del salario anual del trabajador, lo que se compara con el promedio del 54% en la OCDE.

El informe puso de manifiesto además que el alto nivel de informalidad en el sector de pequeñas empresas se debe a la “falta de flexibilidad de la jornada laboral”.

Por ejemplo, solo el 7% de los trabajadores en la fuerza laboral formal tienen cargos de jornada parcial, frente al promedio de la OCDE del 15%. “Los empleos de jornada parcial benefician a mujeres y jóvenes, peor no hay suficientes oportunidades en Chile”, comenta Krell.

Andrés Concha concuerda en que se necesitan cambios para facilitar el acceso de las mujeres a la fuerza laboral. “Hay espacio para mejorar como el trabajo de jornada parcial”, sostiene.

No obstante, un proyecto de ley propuesto por el Presidente Piñera para extender el permiso postnatal de tres a seis meses podría terminar teniendo el efecto contrario.

“Chile ya tiene una muy baja participación de las mujeres en la fuerza laboral y será aún menor con esta ley, ¿qué empresa querrá contratar a un mujer ahora?”, se pregunta Larraín.

El gobierno concuerda en que el mercado laboral necesita ser más flexible, pero esto requiere un amplio consenso político que aún no se ha materializado.

Reforma Educacional

Las reformas del mercado laboral no serán de mucha utilidad si quienes ingresen a la fuerza laboral carecen de las habilidades para hacer su trabajo de manera eficiente.

Chile ha logrado algunos avances en educación, pero casi todos los sectores nombran al capital humano como un obstáculo para la competitividad. Los reclamos específicos incluyen la incapacidad de los trabajadores para hablar inglés, la falta de calificaciones técnicas y la capacitación insuficiente.

“La capacitación y las buenas prácticas laborales son claves para el crecimiento de la productividad”, afirma el subsecretario Baranda.

El Ministerio del Trabajo está trabajando en un nuevo sistema de vouchers que ampliará las opciones de capacitación para los empleadores y los trabajadores en sectores clave, señala, pero la raíz del problema es el sistema de educación pública del país.

Chile mantuvo el lugar número 30 entre 139 países en el Informe de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial y es el número 1 de Sudamérica, pero el resultado está por debajo del puesto número 22 que obtuvo en el 2005 y se ubica en el tercio inferior de los países de la OCDE.

La principal razón, señala Felipe Larraín, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez que contribuyó al estudio, son los malos resultados en educación e innovación.

“Los resultados negativos son entendibles, porque hoy en día las personas de negocios son menos tolerantes al capital humano pobre”, señala Larraín.

Es en la educación primaria donde Chile registra el mayor fracaso, en el lugar número 101 detrás de países como Gambia. Chile tiene un mejor desempeño en educación superior y en capacitación (45º), un área clave de preocupación para las empresas, pero aún se ubica muy lejos de la mayoría de los países de la OCDE.

El gobierno ha tomado algunas medidas para abordar el tema. En febrero, se promulgó una ley para mejorar la calidad de la docencia en la sala de clases al dar a los directores la facultad de despedir a los malos profesores y premiar a los buenos.

Estas medidas deberían generar algún avance en reducir el déficit educacional de Chile, pero requerirá tiempo y dinero, admite Larraín. “No se va a dar de la noche a la mañana; esto es un largo y lento proceso”.

Los Costos de la Energía

Otra barrera a la competitividad son los altos costos de la energía. Los precios de la electricidad en Chile se encuentran entre los más altos de la región y corresponden a más del doble de los de Estados Unidos, lo que afecta de manera directa la productividad.

Para empeorar aún más las cosas, el gobierno anunció recientemente un racionamiento eléctrico, que incluye una disminución del voltaje, como resultado de la actual sequía en la zona central de Chile.

“Necesitamos energía para crecer, pero el racionamiento para el consumo industrial y residencial podría afectar seriamente la productividad y la competitividad”, asevera Larraín.

Para promover el ahorro de energía, el gobierno amplió el horario de verano hasta comienzos de abril, pero las empresas en los sectores agrícola y manufacturero señalan que los costos de la energía en las horas punta al comienzo de la noche son desproporcionadamente altos y deberían reducirse.

El problema, dicen los distribuidores, es la creciente demanda y las restricciones a la capacidad. Con menos generación hidroeléctrica, la demanda peak en el Sistema Interconectado Central (SIC) de Chile se está satisfaciendo con turbinas a diésel, cuya operación cuesta más del doble que las de las centrales a carbón.

No obstante, nuevas plantas a carbón se han visto atrapadas en burocracia y demandas ambientales en tribunales, a veces durante varios años. “La inversión de capital existe, los proyectos existen, la demanda está creciendo y, sin embargo, el inicio de nuevos proyectos de inversión se ha retrasado reiteradamente”, comenta Concha.

Nadie duda que Chile necesite nueva capacidad para crecer, pero se requiere un consenso de manera urgente sobre de dónde debería provenir esa capacidad y de cuánto están dispuestos a pagar los chilenos por una energía más limpia.

Claramente, hay mucho trabajo por hacer para mejorar la competitividad de Chile y cerrar su brecha del producto.

Controlar el gasto fiscal podría ser, como dice Concha, el último “antídoto” contra la “enfermedad holandesa” causada por la dependencia de las exportaciones de cobre, pero no es la única medicina en el gabinete.

El gobierno ha avanzado en promover el emprendimiento y en mejorar los estándares de la educación, pero es necesario hacer más para reducir los costos de la energía y promover la innovación.

Afortunadamente, el Presidente Piñera tiene la oportunidad este año, salvo que ocurran desastres naturales o crisis económicas globales, no sólo de reconstruir Chile, sino de hacerlo más eficiente.

Para las empresas chilenas enfrentadas a la debilidad del dólar y a una incierta situación económica mundial, estas reformas no son solamente cosméticas, son una cuestión de sobrevivencia.

Julian Dowling es editor de bUSiness CHILE

When Air Force One touches down in Santiago in March, the world’s attention will once again shift to Chile. After last year’s 8.8 earthquake and the dramatic rescue of the 33 miners in Copiapó, Chile has had its fair share of media attention, but President Obama’s visit is more than just a photo-op – it is a sign of respect for one of the United States’ closest allies in the region.

And that respect is well earned. According to international rankings, Chile is the most competitive country in Latin America with the highest index of economic freedom. It has been one of the big winners of globalization with an extensive network of free trade agreements, and is on track to become a developed country by the end of this decade.

So what is the problem?

On the surface there isn’t one. The copper bonanza of the last five years has helped pay for the earthquake reconstruction and the country’s macroeconomic management is widely regarded as exemplary.

Dig a little deeper, however, and the picture is not as pretty. Behind the veil of high copper prices, Chilean companies are less productive than they were a decade ago.

After growing at 2.3 percent a year between 1986 and 1997 when Chile’s economy grew at more than 7 percent annually, productivity - measured as the ratio of output to labor and capital inputs -
fell an average 1.1 percent per year between 2006 and 2009.

“We have lost productivity in the last five years which has been very damaging to our economy,” says Bruno Baranda, the undersecretary for the Labor Ministry.

President Sebastian Piñera has made reversing this trend a priority and productivity grew for the first time last year since 2005, albeit only 0.3 percent, but higher spending is the enemy of efficiency.

Last year’s earthquake, which caused US$30 billion in damages making it one of the most expensive natural disasters in the world, has forced President Piñera to drastically increase spending to pay for the reconstruction.

With copper currently running over US$4.40 a pound after fetching an average US$3.42 in 2010, up from US$0.80 in 2003, and continuing to fill the Social and Economic Stabilization Fund with dollars, financing the reconstruction has not been difficult.

Much work still remains to be done, particularly in terms of housing, but the money is there. The bad news for exporters is the depreciation of the dollar – currently 476 pesos down from 510 a few months ago - and higher inflation, which has prompted the Central Bank to raise interest rates.

Analysts expected a moderate fiscal expansion last year but were surprised when Chile’s real public expenditure jumped 7 percent, exceeding estimated GDP growth of 5.3 percent.

“The fiscal expansion was higher than expected, especially in December, which has negative consequences for the exchange rate and all Chileans end up losing,” says Ricardo Matte, Director of the Economic Program at Santiago think-tank Libertad y Desarollo.

Curbing public spending is key to Chile’s competitiveness in the long- term, he says, but fiscal restraint is difficult given the enormous reconstruction needs.

Fortunately, there are other ways to boost competitiveness and drive economic growth without slashing the budget or waiting for copper prices to fall, which they will inevitably do.

Productivity, according to Matte, needs to grow at about 1.5 percent per year to achieve the government’s goal of 6 percent average economic growth, which is much higher than last year.

“Chile is like a runner than has got out of practice, but at least we know we can do it,” he says. “It’s time we got back into training.”

Making Chile fit again requires macro and microeconomic reforms, says Matte, and with local elections coming in 2012 followed by presidential elections in 2013, this year could be the government’s window to lay the groundwork for future growth.

The productivity gap

First, however, Chile needs to reduce its productivity gap. According to a recent study by the U.S. management consultancy McKinsey & Company, Chile’s labor productivity – measured as GDP per hour worked - is just 34 percent of U.S. productivity.

Closing the gap would have a “huge impact” on economic growth, says Alejandro Krell, a partner at McKinsey & Company in Chile.

Even achieving 76 percent of U.S. productivity – the maximum Chile can hope for given structural constraints - would raise per capita GDP to US$27,000 by 2020 versus US$19,000 at current productivity levels, he says.

According to Krell, about half of the gap is due to “operational factors” such as the lack of standards in the construction sector, which prevents builders from using prefabricated materials.

In the retail sector, the numerous mom-and-pop stores tend to be less productive than larger shops, but even the hypermarkets are less productive that their U.S. equivalents, says Krell.

Then there are the regulatory barriers.

For example, Chilean stores are forbidden from charging customers different fees depending on the method of payment. “The cheque is a manual transaction that is difficult to process which affects productivity,” says Krell.

Countries like Norway have improved productivity by charging customers more for using cheques.

“If the regulations do not give you an incentive to change your behaviour then it’s hard to change cultural habits,” concludes Krell.

Obstacles to competitiveness

Boosting the competitiveness of Chile’s economy requires specific changes depending on the different barriers faced by each sector.

The Economy Ministry, which has been tasked with boosting competitiveness, created a public-private entity called Impulso Competitivo, or Competitive Stimulus, in November to identify microeconomic obstacles to competitiveness in 10 sectors of the economy.

The report, published in January, lists 300 hurdles including some that are common across all sectors such as labor regulations, energy costs, infrastructure, access to financing, intellectual property rules and permitting costs.

“This study is the seed for an effective reform of state processes,” says Andrés Concha, president of Chile’s Manufacturers’ Association (SOFOFA), who worked with the Economy Ministry on the study’s design.

Ricardo Matte, who participated in the Metallurgy committee, says the measures taken by the Ministry to address these obstacles are aimed at small and medium-size enterprises (SMEs).

“SMEs account for 80 percent of the country’s employment and raising their productivity by reducing costs is essential,” says Matte.

The Ministry has already taken steps, recently pushing through a bill that reduces the time required to form a new business from 27 to 16 days, and is working on other legislation.

McKinsey’s Alejandro Krell says the government’s measures are all “steps in the right direction,” but adds that greater public-private cooperation in areas such as agribusiness and tourism could also help productivity.

A climate that facilitates entrepreneurship and innovation is important, but the study shows that access to lower cost energy supplies, a well trained workforce, and quality public services are also areas where Chile must improve.

Labor flexibility

There were 485,000 new jobs created in Chile last year and the government plans to create another million in the next three years.

While this is good news for Chileans – especially women since they are expected to fill 70 percent of new positions - higher employment is not an indicator of productivity.

Indeed, labor inflexibility is a major constraint to competitiveness, according to the Impulso Competitivo report. The unemployment insurance system is top of the list with the cost of firing equivalent to 100% of a worker’s annual salary compared to an average 54% in the OECD.

The report also noted that the high level of informality in the small business sector is due to “lack of flexibility in the working day.”

For example, only 7% of workers in the formal workforce hold part-time jobs, compared to the OECD average of 15%. “Part time jobs benefit women and young people, but there aren’t enough opportunities in Chile,” says Krell.

Andrés Concha agrees that changes are needed to facilitate the access of women to the workforce. “There is room to improve in areas like part-time work,” he says.

However, a bill proposed by President Piñera to extend maternity leave to six months from three months may end up having the opposite effect.

“Chile already has very low participation of women in the workforce and it will be even lower with this law, what company will want to hire a woman now?” asks Larraín.

The government accepts that the labor market needs to be more flexible, but this requires a broad political consensus that has not yet materialized.

Education reform

Labor market reforms are not much use if those entering the workforce lack the skills to do their jobs efficiently.

Chile has made some improvements in education, but nearly all sectors list human capital as an obstacle to competitiveness. Specific gripes include the inability of workers to speak English, lack of technical qualifications and insufficient training.

“Training and good labor practices are crucial for productivity growth,” says Undersecretary Baranda.

The Labor Ministry is working on a new voucher system that would expand training options for employers and workers in key sectors, he says, but the root of the problem is the country’s public education system.

Chile maintained its ranking of 30th out of 139 countries in the World Economic Forum’s 2010-2011 Global Competitiveness Report and is top in South America, but this is down from 22nd in 2005 and is in the bottom third of OECD countries.

The main reason, says Felipe Larraín, a Professor of Public Policy at Adolfo Ibañez University which contributed to the study, is bad results in education and innovation.

“The negative results are understandable because today’s businessperson is less tolerant of poor human capital,” says Larraín.

It is in primary education where Chile is failing the most, ranked 101st behind countries like Gambia. Chile fairs better in higher education and training (45th), a key area of concern for companies, but still far behind most OECD countries.

The government has taken some steps to address the issue. In February a law was promulgated to improve teaching quality in the classroom by giving principals the power to fire bad teachers and reward good ones.

These measures should go some way to reducing Chile’s education deficit, but it will take time and money, admits Larraín. “It won’t happen overnight - this is a long, slow process.”

Energy costs

Another barrier to competitiveness is high energy costs. Electricity prices in Chile are among the highest in the region and more than twice as high as in the U.S., which directly impacts productivity.

To make matters worse the government recently announced electricity rationing, including a reduction in voltage, as the result of an ongoing drought in central Chile.

“We need energy to grow but rationing for industrial and residential consumption could seriously affect productivity and competitiveness,” says Larraín.

To promote energy savings, the government has extended summer daylight saving time to early April, but companies in the agriculture and manufacturing sectors say energy costs at peak hours in the early evening are disproportionately high and should be reduced.

The problem, say distributors, is growing demand and capacity restrictions. With less hydroelectric generation, peak demand in Chile’s Central Interconnected System (SIC) is being met by diesel-fired turbines, which cost more than twice as much as coal-fired plants to run.

New coal plants, however, have been caught up in red tape and environmental lawsuits, sometimes for several years. “The investment capital exists, the projects exist, the demand is growing and yet the start of new investment projects has been repeatedly delayed,” says Concha.

No one doubts Chile needs new capacity to grow, but a consensus is urgently required on where that capacity should come from and how much Chileans are willing to pay for cleaner energy.

Clearly, there is much work to do to improve Chile’s competitiveness and close its productivity gap.

Reining in fiscal spending may be, as Concha says, the ultimate “antidote” against “Dutch disease” caused by dependence on copper exports, but it’s not the only medicine in the cabinet.

The government has made progress in promoting entrepreneurship and improving education standards, but more needs to be done to reduce energy costs and promote innovation.

Fortunately, President Piñera has the opportunity this year, barring natural disasters or global economic crises, to not only rebuild Chile but to make it more efficient.

For Chilean companies faced with a weak dollar and an uncertain world economic situation these reforms are not just cosmetic, they are a matter of survival.

Julian Dowling is editor of bUSiness CHILE