Andrés Baytelman sabe mucho de delincuencia. Mientras aún estudiaba en la Universidad Diego Portales, el abogado de 36 años participó en el diseño del nuevo sistema de justicia penal de Chile -que recurre a las audiencias orales en lugar de a los procedimientos escritos que se usaban anteriormente- y, una vez que el sistema entró en funcionamiento en Santiago en el 2005, se convirtió en fiscal público.
Ahora el director ejecutivo de Paz Ciudadana, fundación sin fines de lucro que monitorea los indices de delincuencia y entrega asesorías sobre políticas públicas, conversa con bUSiness CHILE sobre los desafíos del país en esta área, dando énfasis a la importancia de aprender de la experiencia de otros países como Estados Unidos, donde trabajó como fiscal de distrito en el área del Bronx en Nueva York antes de hacer un magíster en derecho en la Universidad de Columbia.
En Chile, existe la percepción de que la delincuencia está aumentando. ¿Es eso cierto?

En realidad se mantuvo estable durante los últimos cuatro años. En Paz Ciudadana realizamos una encuesta regular de victimización con Adimark, firma de investigación de mercado, para medir el porcentaje de hogares en los que uno o más miembros han sido víctimas de actos delictivos en los últimos seis meses. En la última encuesta en junio, el resultado alcanzó el 38,2%, lo que se compara con el 41,7% de noviembre y el 37,7% de junio del año pasado.

¿Cómo se compara esa cifra con la realidad de otros países?

Es mucho más alta que, por ejemplo, la de Estados Unidos o Canadá, y mayor que en muchos otros países latinoamericanos. Eso es cierto en el caso de la victimización y aún más cierto en lo que respecta al temor frente a la delincuencia. En Chile, la gente tiene mucho más miedo a la delincuencia que en Argentina, Paraguay o Brasil, todos países donde las tasas de criminalidad se perciben como altas.

¿Por qué tanto temor?

No lo sabemos, pero una posible razón es que la gente no está acostumbrada a la idea de la delincuencia. Una vez que se acostumbran, los niveles de temor disminuyen. Otro factor podría ser una alta tasa de revictimización. En junio, el 20% de los hogares encuestados habían sido víctimas de delitos más de una vez en los últimos seis meses, lo que representa un 75% de todos los delitos cometidos.

¿Cuál ha sido el efecto de la reforma procesal penal?

Los indicadores generales muestran que el sistema ha logrado un buen nivel de eficiencia y eso es mucho decir, puesto que ésta es un área en la que muchos países latinoamericanos han fallado. Está recibiendo más casos y sentenciando a más delincuentes; un 90% de los casos se resuelven dentro de un año y uno de cada cuatro casos terminan con una sentencia, que incluye la cárcel o una sentencia alternativa, o en otras palabras, sin reclusión.

Sin embargo, ha sido más difícil hacer que el sistema funcione en lo que respecta a vincular el trabajo de la policía y la fiscalía con la prevención de la delincuencia, particularmente dado lo que sabemos sobre las estrategias de rehabilitación y prevención de la delincuencia desarrolladas durante las últimas décadas en países como Estados Unidos y Canadá. Estas estrategias realmente aún no funcionan acá.

Los programas que existen en Chile de sentencias sin reclusión y de rehabilitación son muy pobres. La mitad de los delincuentes sentenciados -unos 40.000- han recibido sentencias alternativas, mientras que, en otros 90.000 casos, han recibido una condena reparatoria. Eso es el equivalente al adjournment in contemplation of dismissal en Nueva York, donde se exige al acusado realizar trabajo comunitario o participar en un programa de tratamiento contra las drogas y el alcohol o que vaya a terapia. No tenemos ningún programa así en Chile y eso hace más difícil reducir la tasa de reincidencia.

¿Es un problema de falta de recursos?

Sí, pero no es que no haya dinero, es que los recursos no se están invirtiendo en esta área. Los 40.000 delincuentes que han recibido sentencias alternativas son cubiertos con apenas el 3% del presupuesto total del sistema carcelario.

También es cuestión de responder la pregunta de qué funciona realmente. ¿Cómo haces que los infractores jóvenes vuelvan al colegio? ¿Lo dejas en familias sustitutas y se paga a esas familias? Si no podemos responder preguntas como éstas, entonces estamos desperdiciando nuestros recursos. No contamos con las herramientas para medir la efectividad de estos programas y eso es peligroso, porque por cada estrategia que funciona, hay cien que fallan.

¿Las nuevas cárceles privadas están ayudando a la rehabilitación?
No lo sabemos. Es bueno que se haya puesto fin a las condiciones increíblemente precarias y de hacinamiento que había en las cárceles antiguas. Pero hasta ahora, eso es todo lo que podemos decir.

¿Ayudarían sentencias más duras?

Tenemos que concentrarnos en la pregunta de qué funciona. Ello no se contesta con una estrategia única, ya sea de prevención de la delincuencia, rehabilitación o de persecución. Requiere un conjunto de herramientas de estrategias integradas. Necesitamos que los fiscales y la policía se involucren con las empresas y la comunidad local.

Por ejemplo, cuando fui fiscal, nos dimos cuenta de que casi la mitad de los robos de vehículos en el centro de Santiago ocurrían en un solo estacionamiento. Se trataba principalmente de un tipo específico de auto, con una falla de diseño que lo hacía vulnerable a robos. De modo que no tenía que ver con el robo de autos en general, sino que era un problema particular en un estacionamiento particular. Hoy en día, hay un cartel que advierte a los conductores de ese tipo de auto que se estacionen en un lugar específico bajo la vigilancia de una cámara y los robos han caído casi a cero. Para llegar a este tipo de solución, se necesita que los fiscales y la policía trabajen juntos, y que estén dispuestos a involucrar a la comunidad.

La presidenta Michelle Bachelet se comprometió a crear un Ministerio de Seguridad Pública, pero aún no lo hace. ¿Es algo que debiera hacer?

Se creará con el tiempo, porque la interacción de la que hablo requiere cambios en la forma en que la policía y los servicios sociales operan con el fin de integrarse más. Se ha hablado mucho sobre si será un ministerio o una subsecretaría, lo que ha demorado su creación, pero sí se creará.

¿Cómo se compara la estrategia de Chile contra la delincuencia con la de otros países latinoamericanos?

Chile no lleva la delantera, pero está bien posicionado para asumir con seriedad la prevención de la delincuencia. Otros países latinoamericanos aún están manejando temas estructurales, porque no pueden hacer que su sistema de justicia penal o policía funcionen. No tenemos un problema de corrupción fuera de control y nuestras instituciones básicamente funcionan, pero aún no llegamos ahí. No se trata sólo de la ley; la legislación sólo establece el marco, no resuelve el problema. Ahí es donde tenemos que mejorar, a través de la implementación y la evaluación.

Si tuviera una varita mágica -sin limitaciones políticas o económicas-, ¿qué haría para reducir la delincuencia?

Cambiaría el enfoque de la policía y los fiscales a estrategias específicas y locales de prevención de la delincuencia. Debieran trabajar junto con los municipios y la comunidad local además de con las empresas individuales. Luego pueden abordar uno a uno los problemas a nivel local. Y, por ejemplo, si los robos en el centro se asocian a los vendedores ambulantes, entonces el servicio de impuestos internos debiera involucrarse y la municipalidad debiera revocar los permisos de las tiendas que vendan objetos robados.

Se requerirá un proceso de ensayo y error para descubrir qué funciona, pero no es necesario que reinventemos la rueda. Afortunadamente, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda han gastado mucho tiempo y recursos en desarrollar prácticas policiales superiores y en mejorar la prevención y la rehabilitación. Tenemos que aprender de lo que ha funcionado en el resto del mundo y adaptarlo a las necesidades de Chile, pero no estamos partiendo de cero.

Andrés Baytelman knows a lot about crime. While still at the Diego Portales University, the 36-year-old lawyer participated in the design of Chile’s new criminal justice system - which uses public hearings instead of the previous written proceedings - and, once the new system came into operation in Santiago in 2005, he became a public prosecutor.
Now the executive director of Paz Ciudadana, a non-profit foundation that monitors crime and provides advice on public policy, he talks to bUSiness CHILE about the country’s challenges in this area, emphasizing the importance of learning from the experience of other countries such as the United States, where he worked as a district attorney in the Bronx area of New York before taking a postgraduate law degree at Colombia University.
There’s a perception in Chile that the crime rate is rising? Is that true?

It’s actually held steady over the last four years. At Paz Ciudadana, we carry out a regular victimization survey with Adimark, a market research company, to measure the percentage of homes in which one or more member has been the victim of crime in the previous six months. In the last survey in June, the result was 38.2% as compared to 41.7% in November and 37.7% in June last year.

How does that compare with other countries?

It’s far higher than, for example, the U.S. or Canada and higher than in many other Latin American countries. That’s true for victimization and even truer for fear of crime. In Chile, people are more afraid of crime than in Argentina, Paraguay or Brazil, all countries in which the crime rate is perceived to be high.

Why such a high level of fear?

We don’t know, but one possible reason is that people here aren’t used to the idea of crime. When they get used to it, the level of fear drops. Another factor may be a high re-victimization rate. In June, 20% of the homes surveyed had been victimized more than once in the previous six months, representing 75% of all crimes committed.

What’s been the effect of the new criminal justice system?

General indicators show that the system has achieved a good level of efficiency and that’s saying a lot - this is an area in which many Latin American countries have failed. It’s receiving more cases and sentencing more offenders; 90% of cases are resolved within a year and one in four cases result in sentencing, including either a prison or an alternative - or, in other words, non-custodial - sentence.

However, it has been more difficult to make the system work in terms of linking prosecution and police work to crime prevention, particularly given what we know about the crime prevention and rehabilitation strategies developed over the last two decades in countries like the U.S. and Canada. These strategies are not really working here yet.

The programs that exist in Chile for non-custodial sentences and rehabilitation are very poor. Half of convicted criminals - some 40,000 - have received alternative sentences while, in another 90,000 cases, they have received a conditional discharge. That’s the equivalent of adjournment in contemplation of dismissal in New York where the defendant is required to perform community service or participate in a program such as drug and alcohol treatment or counseling. We don’t have any programs like this in Chile and that makes it more difficult to reduce the rate of re-offence.

Is that a problem of lack of resources?

Yes, but it’s not that there isn’t money; it’s that resources aren’t being invested in this area. The 40,000 offenders who have received alternative sentences are covered by just 3% of the prison system’s total budget.

It’s also a matter of answering the question of what really works. How do you get young offenders back to school? Do you put them in surrogate families and should those families be paid? If we can’t answer questions like that, then we’re wasting our resources. We don’t have the tools to measure the effectiveness of these programs and that’s dangerous because for every strategy that works, there are a hundred that fail.

Are the new private prisons helping rehabilitation?

We don’t know. It’s good that they’ve ended the incredibly precarious, overcrowded conditions of the old prisons. But so far that’s all we can say.

Would stiffer sentences help?

We have to focus on the question of what works. This is not answered by a single strategy, whether crime prevention, rehabilitation or prosecution. It requires a tool kit of integrated strategies. We need prosecutors and the police involved with the local community and businesses.

For example, when I was a prosecutor, we found that nearly half of vehicle thefts in downtown Santiago happened at a single parking lot. They were mainly of a specific type of car, with a design flaw making them vulnerable to theft. So this was not about car theft in general, it was a particular problem in a particular parking lot. Today, there is a warning sign there telling drivers of that type of car to park in a specific place under camera surveillance and the thefts have dropped to almost zero. To get to these kinds of solution, you need prosecutors and the police working together and being willing to involve the community.

President Michelle Bachelet promised to create a Public Safety Ministry, but hasn’t done so yet. Should she?

It will happen eventually because the interaction I am talking about requires changes in the way the police and social services operate in order to become more integrated. There has been a lot of talk about whether it will be a Ministry or an Undersecretariat, which has delayed its creation, but it will happen.

How does Chile’s strategy against crime compare to other Latin American countries?

Chile is not leading the way but it’s well-placed to take crime prevention seriously. Other Latin American countries are still dealing with structural issues because they can’t get their criminal justice system or police force to work. We don’t have an out-of-control corruption problem and our institutions basically work but we haven’t got there yet. It’s not only about the law; the law only establishes the framework, it doesn’t solve the problem. That’s where we have to get better, through implementation and assessment.

If you could wave a magic wand - no economic or political constraints - what would you do to reduce crime?

I would shift the focus of the police and prosecutors to specific, local crime-prevention strategies. They should work together with city hall and the local community and individual businesses. Then they can address problems on a local basis one-by-one. And, for example, if theft downtown is linked to street vendors, then the tax service should be involved and city hall should revoke the licenses of shops that sell stolen goods.

It will take a process of trial and error to figure out what works but we don’t need to reinvent the wheel. Fortunately, countries like the U.S., Canada, the U.K., Australia and New Zealand have spent a lot of time and resources developing better ways of policing and improving prevention and rehabilitation. We have to learn from what has worked in the rest of the world and adapt it to Chile’s needs, but we aren’t starting from zero.