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Independientemente de quién gane la segunda vuelta el 17 de diciembre, Chile aún enfrenta muchos desafíos económicos en 2018. La nueva administración llegará en un momento en que Chile está luchando por recuperarse después de cuatro años de crecimiento por debajo de su potencial, dejando al país con pocos ámbitos para estímulos adicionales, ya sean monetarios o fiscales. Lo anterior, ha contribuido al deterioro de las finanzas públicas. Como resultado, es probable que se produzca un espacio limitado para implementar agendas costosas, sin poner en riesgo la posición financiera privilegiada de Chile.
Aunque los participantes del mercado no esperan un crecimiento real del PIB superior al 1,5% en 2017, el optimismo ha comenzado a aumentar, ayudado por el rebote de los precios de los
commodities y la anticipación de cambios políticos, tal vez en el espíritu de otras administraciones más pro mercado en la región. El índice de confianza empresarial IMCE, medido por ICARE, y el índice de confianza del consumidor IPEC, medido por Adimark, han alcanzado sus niveles más altos desde 2014. El índice bursátil IPSA ha subido 25% en CLP y 32% en USD hasta la fecha, al 22 de noviembre, en línea con índices de Mercados Emergentes, mientras que ha superado a la mayoría de los índices globales.
Mientras tanto, la actividad económica ha mostrado algunas señales incipientes de recuperación en la segunda mitad del año, con un crecimiento del PIB real que alcanzó 2,2% en el 3T17, por encima del 1% en trimestres anteriores, principalmente por mayor consumo y la reactivación de la actividad minera. Como resultado, las proyecciones para el crecimiento del PIB real en 2018 también han aumentado, alcanzando el 3% en la última encuesta del Banco Central.
A pesar de la perspectiva más optimista, los riesgos para el crecimiento permanecen. Externamente, las tensiones geopolíticas han aumentado, mientras que la incertidumbre económica de China ha replanteado el liderazgo de dicho país, poniendo mayor énfasis en la calidad sobre la cantidad. Esta situación podría reducir la actividad económica de uno de los socios comerciales más importantes de Chile. En el frente interno, la inversión sigue siendo moderada dada la falta de incentivos claros en muchos sectores, con una recuperación que depende mucho de las políticas de la nueva administración. Además, el ciclo de política monetaria expansiva probablemente ha terminado y la inflación ha comenzado a repuntar. Como consecuencia, los recortes de tasas se han vuelto menos probables y el Banco Central podría avanzar hacia la normalización de las políticas monetarias a fines del próximo año.
Quizás lo más preocupante sean las restricciones estructurales que han surgido en las finanzas públicas. Crecimiento por debajo del potencial y la reducción de las fuentes de ingresos, junto con un mayor gasto, han producido un aumento sustancial de la deuda pública, por encima del 20% del PIB, el nivel más alto que ha experimentado el país en más de dos décadas. Mientras tanto, el déficit fiscal ha alcanzado más del 2% del PIB, con el balance estructural disminuyendo a niveles similares, lo que pone a un presupuesto balanceado fuera de la vista. A pesar de que, según los estándares regionales, Chile todavía es bastante sólido desde el punto de vista financiero, el deterioro de estas cifras provocó una rebaja de las calificaciones de las agencias crediticias en el último año.
Con una nueva administración posiblemente buscando aumentar el gasto a su llegada, puede haber un espacio limitado para maniobras sin afectar aún más las calificaciones crediticias, los
spreads de riesgo y el acceso general al crédito. En este contexto, va a ser importante mantener los objetivos estructurales en las cuentas públicas junto con la creación de nuevos incentivos para aumentar la inversión privada.[:en]
Regardless of who wins the upcoming presidential runoff election on December 17, Chile is still facing many challenges on the economic front heading into 2018. The new administration will arrive at a time when Chile is struggling to recover after four years of below potential growth, which has left little room for further stimulus, either monetary or fiscal, while contributing to the deterioration of public finances. As a result, there will likely be limited room to enact costly agendas without further jeopardizing Chile’s privileged financial position.
Although market participants do not expect real GDP growth to surpass 1.5% in 2017, optimism has begun to rise, helped by rebounding commodity prices and anticipation of political change, perhaps in the spirit of other more pro-market administrations in the region. The IMCE business confidence index, as measured by iCARE, and the IPEC consumer confidence index, as measured by Adimark, have both reached their highest levels since 2014. The benchmark IPSA stock index has risen by 25% in CLP and 32% in USD year-to-date, as of November 22, in line with broader Emerging Markets indices, while outperforming most global indices.
Economic activity has shown some incipient signs of recovery in the second half of the year with real GDP growth reaching 2.2% in 3Q17, up from figures below 1% in previous quarters, mainly on the back of improved consumption and mining activity. As a result, forecasts for 2018 real GDP growth have also been rising, reaching 3% in the latest survey from the Central Bank.
Despite the more optimistic outlook, risks to growth remain. Externally, geopolitical tensions have risen, while China uncertainty has returned with leadership in that country now placing greater emphasis on quality over quantity, possibly leading to reduced activity for Chile’s primary trade partner. On the domestic front, investment remains subdued given a lack of clear incentives in many sectors with recovery likely tied to policy decisions of the new administration. In addition, the monetary easing cycle has likely ended and inflation has begun to pick up. As a result, further rate cuts have become less likely and the Central Bank could move towards policy normalization by the end of next year.
Perhaps more worrisome are the structural constraints that have emerged in the public finances. Below potential growth and reduced sources of revenue, coupled with continued spending, have resulted in a substantial rise in government debt to above 20% of GDP, the highest level the country has seen in more than two decades. Meanwhile the fiscal deficit has reached more than 2% of GDP with the structural balance declining to similar levels, placing a balanced budget further out of sight. Although by regional standards, Chile is still quite financially sound, the deterioration in these figures led to ratings downgrades by credit agencies in the past year.
With a new administration possibly looking to advance spending upon arrival, there may be limited room to maneuver without further affecting credit ratings, risk spreads and overall access to credit.[:]